Grupos criminales vinculados con policías y autoridades secuestran periódicamente en un sitio del meridional estado mexicano de Oaxaca a inmigrantes de América Central y piden rescates de entre 2.000 y 10.000 dólares por cada uno, denunció un sacerdote católico que afirma ser testigo de tales delitos. «Las mafias tienen la complicidad de la policía y […]
Grupos criminales vinculados con policías y autoridades secuestran periódicamente en un sitio del meridional estado mexicano de Oaxaca a inmigrantes de América Central y piden rescates de entre 2.000 y 10.000 dólares por cada uno, denunció un sacerdote católico que afirma ser testigo de tales delitos.
«Las mafias tienen la complicidad de la policía y del municipio para secuestrar a los inmigrantes, que llegan hasta este punto exhaustos, hambrientos, pero con la mira clara de seguir hasta Estados Unidos», aseguró a IPS vía telefónica desde ciudad Ixtepec el sacerdote Alejandro Solalinde.
En esa localidad oaxaqueña de unos 24.000 habitantes, ubicada no muy lejos de las costas del océano Pacífico, se encuentra un centro de trasbordo de los trenes de carga que corren desde la frontera con Guatemala hacia el norte de México. En los vagones, que arriban a Ixtepec dos veces por semana, llegan en cada ocasión unos 250 inmigrantes.
Solalinde fue golpeado y detenido por policías municipales de Ixtepec el 11 de enero, cuando acompañaba a un grupo de inmigrantes en busca de 12 de sus compañeros, que habían sido secuestrados. Los agentes detectaron al grupo y sin mediar palabras los atacaron, incluido al religioso.
Poco antes, los inmigrantes habían entrado a una vivienda donde hallaron las pertenencias de sus 12 acompañantes de origen guatemalteco y salvadoreño y huellas de sus secuestradores, entre los que, según testigos, estaban algunos policías.
México, paso tradicional de emigrantes desde América del Sur, América Central y, en menor proporción, de Asia y de Medio Oriente, todos con rumbo a Estados Unidos, es un duro escollo para ellos, pues sufren abusos de todo tipo, según denuncian grupos humanitarios.
El sacerdote Solalinde, que es el coordinador de Movilidad Humana de la Diócesis de Tehuantepec, sostiene que Ixtepec es uno de los puntos críticos.
Tras su reciente detención, que no duró por más de cinco horas, por parte de la policía municipal de esa localidad, volvió a ocuparse del tema. Según sus fuentes, de los últimos secuestrados, tres aún permanecen cautivos. El resto fue liberado luego de pagar rescates.
Para completar el dinero exigido por los secuestradores, los inmigrantes debieron entregar todo lo que traían y pedir ayuda de sus familiares en América Central y en Estados Unidos.
«Aquí (en Ixtepec) hay una impunidad total con el delito y los abusos contra los inmigrantes. El último secuestro estuvo precedido por otros cinco desde el 12 de diciembre», afirmó Solalinde, de 62 años de edad y que desde hace poco más de un año se ocupa de brindar ayuda y tratar de proteger a los viajeros que llegan a ese punto.
«Lo que nosotros hacemos es llegar el momento que arriba el tren. Entonces les sugerimos a los inmigrantes que mientras no vuelva a partir el tren (lo que sucede dentro de cuatro o cinco horas o a veces al día siguiente) permanezcan juntos en la estación para evitar los abusos o los secuestros», explicó.
«Les damos alimento, medicina y lo que podamos. Pero lo más importante es que no nos movemos de allí mientras esperan la salida de tren, lo que disuade en algo a los secuestradores y policías», añadió.
Según dijo el sacerdote, ha intentado instalar un albergue para inmigrantes en Ixtepec, pero «las mafias se oponen y eso creo que ha hecho fracasar nuestros planes». Solalinde indicó que ha recibido amenazas de muerte.
Fuera de este religioso y algunos voluntarios, en Ixtepec no hay nadie más de la sociedad civil que vele por los derechos de los inmigrantes.
El gobierno de Felipe Calderón, que asumió en diciembre, prometió que hará su máximo esfuerzo por garantizar los derechos de los viajeros centroamericanos, pero las denuncias sobre abusos no se han detenido.
Activistas y políticos opositores acusan a las autoridades de aplicar el doble rasero, pues cuando se trata de los derechos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos reclaman con vehemencia, pero hay poca acción cuando se trata de los centroamericanos en México.
Para llegar a Estados Unidos, los indocumentados de América Central pagan más de 3.000 dólares a traficantes de personas, según diversos informes. Pero esa cantidad no es suficiente, pues en su paso por México son obligados a desembolsar mucho más y sufren asaltos o son secuestrados como en Ixtepec.
Además, muchos resultan lisiados o mueren cuando intentan subir a los trenes de carga, otros son atacados por pandillas juveniles o resultan víctimas de violaciones sexuales.
El estatal Instituto Nacional de Migración señala que cada año las detenciones y deportaciones de inmigrantes en la frontera sur superan las 250.000.
México comparte 1.149 kilómetros de fronteras con Guatemala y Belice.