Luego de seis años y ocho sentencias, dos mujeres que fueron víctimas de hostigamiento y abuso sexual al interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), siguen en búsqueda de justicia pues aunque siete de esas sentencias encuentran culpable al agresor, el proceso no puede concluir. En el 2012, dos mujeres que fueron […]
Luego de seis años y ocho sentencias, dos mujeres que fueron víctimas de hostigamiento y abuso sexual al interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), siguen en búsqueda de justicia pues aunque siete de esas sentencias encuentran culpable al agresor, el proceso no puede concluir.
En el 2012, dos mujeres que fueron víctimas de hostigamiento y abuso sexual en la CNDH por parte de Arturo Zárate Vite, quien entonces fungía como Coordinador de Comunicación Social, dijeron en entrevista para SEMlac que ha sido un proceso agotador y desgastante, ya que a pesar de que se han emitido ocho sentencias, siete de ellas condenatorias, no pueden dar por terminado este asunto ya que el agresor usa los recovecos legales para aplazar su castigo.
«Ha sido un proceso muy duro, primero por cómo nos trataron en la CNDH donde nos revictimizaron terriblemente. Y el proceso penal ha sido desgastante ya que el agresor ha sido encontrado culpable siete veces y hemos pasado de que se le otorgue una condena de más de nueve años de cárcel a seis años. Tal parece que este proceso no concluirá hasta que el señor sea absuelto sin importar nuestros testimonios y pruebas», explica una de las víctimas, quien solicitó que se resguardara su identidad.
En enero de 2015, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la CDMX emitió una primera sentencia en la que declaró culpable al agresor y fue condenado a nueve años y nueve meses de prisión y al pago de una multa.
Después de esa sentencia, la defensa del imputado interpuso una apelación y en julio de 2015 la primera sentencia condenatoria fue revocada. En septiembre de 2016, el mismo Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la CDMX lo declaró inocente.
Las víctimas entonces interpusieron una apelación ante este fallo y en 2016 el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito revocó la absolución.
El agresor interpuso un amparo y en marzo de 2017 el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito lo encontró culpable, y él interpone otro amparo (11/2017). En abril de 2017 el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito lo condena a nueve años de prisión y al pago de una multa.
Nuevamente al agresor interpuso un amparo (136/2017) y en febrero de 2018 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito lo encuentra culpable, pero reduce la condena a seis años de prisión y una multa. Ante esta sentencia, nuevamente se interpuso un amparo y las víctimas están en espera de la resolución.
«No sabemos cuánto más va a tardar este proceso. Nos preguntamos si es hasta que él sea declarado inocente. No entendemos cómo es que después de tantas sentencias siguen revisando y revisando el caso» explica la víctima.
Y añade: «Es muy difícil probar el hostigamiento, nosotras presentamos periciales en psicología, cartas, audios, correos electrónicos, mensajes de celular. Pero más allá de probar todas las insinuaciones del agresor, lo importante era probar cómo nosotras lo rechazábamos. El costo ha sido muy alto, muchos años, la pérdida de nuestros trabajos y no ha habido reparación en ningún sentido».
«La misma institución -la CNDH- que violentó nuestros derechos tampoco recibe ninguna sanción, ningún llamado de atención, nada, porque el sistema judicial no está pensado para eso, cuando es la prevención hacia lo que se tendría que aspirar, es decir a que el agresor entienda cuál ha sido su falta y a que la institución establezca procedimientos serios de denuncia y seguimiento ante estos casos», explica.
Al interior de la CNDH las víctimas interpusieron una queja en el órgano Interno de Control en marzo de 2012 y este resolvió hasta septiembre de ese año, es decir, seis meses después. La sanción fue la inhabilitación del trabajador por seis meses; sin embargo, este castigo llegó meses después de que las víctimas se habían visto forzadas a renunciar y de que el propio agresor se había retirado del cargo.