Los departamentos más ricos de Bolivia, que aportan un 80 por ciento del PIB del país, realizan un paro de hasta 48 horas para protestar contra un proyecto de Constitución aprobado por el oficialismo que consolida el poder del presidente Evo Morales. El movimiento inició este martes en el norteño departamento de Pando pero lo […]
Los departamentos más ricos de Bolivia, que aportan un 80 por ciento del PIB del país, realizan un paro de hasta 48 horas para protestar contra un proyecto de Constitución aprobado por el oficialismo que consolida el poder del presidente Evo Morales.
El movimiento inició este martes en el norteño departamento de Pando pero lo fuerte se dará el miércoles cuando se unan la poderosa Santa Cruz, Tarija, Beni, Cochabamba y Chuquisaca, según una convocatoria hecha por sus autoridades el lunes.
En esa misma jornada, los dirigentes anunciaron una huelga de hambre para el próximo 3 de diciembre y retaron al presidente Morales a que se someta a un referendo aprobatorio de su mandato.
En Pando el paro fue acatado en su totalidad este martes, según la policía, que registró incidentes. Algunos dueños de radios, afines a Morales, denunciaron hostigamientos de parte de autoridades regionales adversas al mandatario.
El paro en los 6 departamentos es en protesta por los episodios de violencia el fin de semana en la sureste Sucre, donde en un liceo militar fue aprobada en primera instancia la nueva Constitución boliviana sin participación de la oposición y en medio de protestas que provocaron la muerte de tres manifestantes.
Un uniformado que el jefe de la policía de Bolivia, general Miguel Vásquez, había dado por muerto el domingo apareció este martes vivo.
Tras esas jornadas de violencia los gobernadores y líderes civiles opositores decidieron el paro que se generalizará el miércoles a las seis regiones mencionadas, según informó el titular de Santa Cruz, Rubén Costas, convertido en el gran opositor de Morales.
«El paro cívico desde el miércoles abarca a las seis regiones y hay la iniciativa de interponer un juicio de responsabilidades contra los mandos policiales y militares por la masacre de Sucre ya que el señor presidente Evo Morales, como Poncio Pilatos, se lavó las manos» de las muertes, dijo Costas al convocar la protesta.
También se protesta por una reciente medida del gobierno de quitar recursos a las regiones, del impuesto a los hidrocarburos, para financiar un bono para ancianos.
La implantación de ese bono está en estudio en el Senado en La Paz, de mayoría opositora, bajo el asedio de campesinos oficialistas, que formaron un cerco humano que prometieron no levantar hasta tanto la medida no haya sido aprobada.
Ya la semana pasada, por cuenta de este tema, cinco departamentos se habían declarado en «desobediencia civil» aunque esta medida no se concretó en hechos.
Poco antes de que se declarara la huelga regional, el vicepresidente boliviano, Alvaro García, denunció que en los departamentos opositores «hay un plan», con «resistencia civil, ocupación de instalaciones públicas, promover algunas movilizaciones y bloqueos del sector del transporte».
«Hay una guerra económica que ya la ha denunciado el jefe de Estado. También hay la decisión de intentar aprobar una carta de una autonomía de facto, que es golpista. Eso sí es golpismo», expresó García.
Desde el inició del gobierno de Morales, en enero de 2006, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando -que proveen la riqueza gasífera y agroindustrial del país- han reclamado la implementación de modelos de autonomía que les permita tener mayor poder político y un control de sus recursos.
En La Paz el presidente Morales formuló el lunes un firme alegato en favor de la nueva Constitución, durante un multitudinario mitin de adherentes que abarrotó la plaza de armas de La Paz.
La nueva Constitución «va a acabar con mucha gente que tiene grandes tierras sin trabajar, pero también respeta la privacidad, el Estado comunal, la colectividad estatal y privada», señaló.
La Constituyente fue convocada el 6 de agosto de 2006 y desde el comienzo mostró las profundas divisiones regionales y políticas de Bolivia, hasta el punto de que no logró aprobar ni siquiera el primer artículo.