La sangre llegó al río y los prefectos (gobernadores) de seis de los nueve departamentos de Bolivia -que generan más de la mitad del PBI nacional- decidieron «romper relaciones» con el presidente Evo Morales. Se anuncia una semana movida, en la que varios sectores se manifestarán a favor y en contra del gobierno socialista. […]
La sangre llegó al río y los prefectos (gobernadores) de seis de los nueve departamentos de Bolivia -que generan más de la mitad del PBI nacional- decidieron «romper relaciones» con el presidente Evo Morales. Se anuncia una semana movida, en la que varios sectores se manifestarán a favor y en contra del gobierno socialista.
Los prefectos de la región conocida como la «media luna» -Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando- sumaron el sábado en la noche a los líderes de La Paz y Cochabamba a su cruzada contra el reglamento impuesto por el oficialismo en la Asamblea Constituyente -que le permite a la izquierda redactar la nueva Carta Magna casi en soledad-, la ley agraria y un proyecto para recortar el poder de los prefectos.
La pelea tiene un trasfondo claro: las autonomías departamentales, que ahora deberán aprobarse en una Asamblea Constituyente controlada por el oficialismo y en la que la oposición quedó casi como figura decorativa. Morales no se cansa de decir que quiere «autonomías para el pueblo y no para la burguesía». Y considera -polémicamente- que éste fue el mensaje del masivo «Sí» a la autonomía en el referéndum del 2 de julio pasado en toda la media luna, pese al triunfo del «No» a nivel nacional.
La resolución firmada por los prefectos en la ciudad de Trinidad determina «romper la relación con el Poder Ejecutivo Nacional. No concurrir a ninguna convocatoria que realice el señor presidente de la república, en tanto no se modifique la línea gubernamental de vulneración de la ley y desestabilización institucional de las autoridades elegidas por el voto popular». Una medida simbólica pero clara en el mensaje.
Los prefectos están en una suerte de limbo jurídico: legalmente deberían haber sido elegidos por el presidente de la república -ya que Bolivia es un país unitario- pero la administración de Carlos Mesa apeló a un artilugio legal para que el pueblo «seleccione» a sus prefectos y el presidente los nombre. Formalmente, siguen siendo «representantes del Poder Ejecutivo» pero el Movimiento al Socialismo (MAS) sólo conquistó tres de los nueve departamentos y hoy el gobierno identifica a esos poderes regionales como trincheras de la oposición a su «revolución en democracia».
«Si hay transparencia en el manejo de la plata del pueblo, si hay honestidad, ninguna de las autoridades nacionales debemos tener miedo al pueblo y a sus instituciones», dijo el primer mandatario al justificar su decisión de impulsar un proyecto que incluye la fiscalización de la gestión de los prefectos y otorga al Congreso facultades para censurarlos y, eventualmente, destituirlos.
Ayer, domingo, la pelea siguió a través de solicitadas: los empresarios cruceños y el partido Unidad Nacional salieron a pegarle al Ejecutivo y a preparar el clima para un conjunto de acciones de protesta que comenzarán mañana con un tractorazo de la agroindustria apoyado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. «Estamos movilizando a todos los sectores, desde movimientos sociales y barrios hasta empresarios. La única forma de demostrar que este gobierno quiere un régimen totalitario era dejarlo hacer, ahora lo estamos viendo y mucha gente no está dispuesta a que esto siga así», le dijo a Clarín el dirigente cívico Daniel Castro, quien adelantó que esta semana se convocará una Asamblea de la Cruceñidad para decidir los pasos a seguir, además del Gran Encuentro Nacional de la Bolivia Democrática, en Cochabamba, para «defender la legalidad, la democracia y la unidad de la patria que se encuentra en peligro».
Además, está previsto el arribo a La Paz de una marcha indígena con la finalidad de «cercar el Senado» -controlado por la oposición- que tiene en sus manos la ley de tierras recientemente aprobada por Diputados y resistida por la agroindustria. El gobierno no oculta su apoyo a los marchistas y ya suena la amenaza de acabar con la Cámara alta en la Asamblea Constituyente.
Ofensiva opositora
La política boliviana parece avanzar a paso firme hacia el esquema venezolano: la derecha no se cansa de denunciar que el país camina hacia la dictadura mientras el gobierno descalifica a los opositores acusándolos de ser meros representantes de quienes «perdieron sus privilegios». Si el temor original de los sectores acomodados era que Evo «se caía en seis meses» y no se sabía qué vendría luego, el nuevo fantasma es que «se quede 20 años» con una oposición incapaz de contrapesar su poder. El reciente «golpe» oficialista para controlar la Asamblea Constituyente terminó de convencerlos de sus pronósticos. Por eso el bloque conservador, arrastrado del poder por ola nacionalista indígena, se atrinchera ahora en Santa Cruz, la región más rica y dinámica.
No hay que olvidar que el ciclo de puebladas boliviano se dio con dos velocidades diferentes: mientras en el occidente indígena los partidos tradicionales implosionaron, en el oriente sobrevive una importante hegemonía «liberal» que da a la oposición espacios de acción y de legitimidad.
A diferencia de los gobiernos anteriores, el mandatario tiene un gran capital político -sostenido en la nacionalización de los hidrocarburos y en la firma de nuevos contratos petroleros- que contrae la capacidad de reacción del abanico opositor. Sin embargo, pese a sus desventajas, sus adversarios saben que no pueden rehuir esta batalla a riego de perder la guerra. Y esta semana pondrán toda la carne al asador.