Seis grandes obstáculos impiden la vigencia plena del derecho a consulta previa en Bolivia, según la denuncia internacional de los pueblos indígenas de tierras altas y bajas, recogidas en un estudio regional que muestra la realidad que se vive en los países andinos.
La investigación denominada «El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú», muestra los rasgos fundamentales de la situación de este derecho en los países andinos y sus perspectivas inmediatas. El estudio, elaborado por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y OXFAM, puede ser descargado en su integridad de la web de la Plataforma Energética.
Las conclusiones del estudio para el caso boliviano señalan textualmente lo siguiente:
«El Estado plurinacional creado por la Constitución de Bolivia de 2009, integrado por diversas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos cuyos derechos sean plenamente respetados, especialmente por el Estado, es todavía una meta por alcanzar. A pesar de las importantes reformas constitucionales y del desarrollo legislativo de los derechos constitucionales, los avances en la implementación son todavía limitados y los pueblos indígenas siguen -en buena medida- viviendo en situación de indefensión y de extrema pobreza y vulnerabilidad».
«Si bien la incorporación del derecho internacional en el derecho interno, la constitucionalización del derecho a la consulta previa y el diseño de normas de aplicación para las actividades hidrocarburíferas son avances importantes, aún existe dispersión en las normas que se han aprobado y quedan todavía áreas importantes por regular, como la explotación minera y forestal».
«Es necesario adoptar un procedimiento legal para la aplicación y el ejercicio del derecho a la consulta previa, que asegure su vigencia efectiva, llene los vacíos, armonice las distintas regulaciones y ponga fin a la dispersión procedimental que existe en ciertos niveles del Estado y que ha obstaculizado la aplicación de este derecho».
«Promover el desarrollo económico acelerado mediante la inversión extranjera en actividades extractivas sin un adecuado proceso de consulta previa y sin la participación de las comunidades en todas sus fases vulnera el concepto de desarrollo que ellas defienden y que está reconocido en la nueva Constitución. Por esta razón, resulta necesario promover el respeto del derecho a la consulta previa por medio del diálogo y de la búsqueda de consensos, usando como marco de referencia el derecho internacional, la Constitución Política y las leyes bolivianas».
«Debido a que el derecho a la consulta previa está reconocido en normas internacionales que Bolivia ha firmado y ratificado, su violación podría acarrear responsabilidad internacional del Estado boliviano».
«Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que la representación lograda con la elección de un Presidente indígena se podría debilitar tanto con acciones encaminadas a atraer inversiones incumpliendo los límites y requisitos establecidos por la Constitución Política, como con el distanciamiento de las organizaciones que lo apoyaron para llegar al poder y con la falta de consenso y participación adecuada de las comunidades indígenas en el diseño, realización y consolidación del Estado plurinacional».
«Los desafíos actuales del Estado boliviano pueden ser enfrentados mediante procesos de consulta previa, que deben verse como espacios de diálogo real y sincero para la búsqueda de consensos, en los que los miembros de los pueblos y naciones indígenas sean no solo partícipes de su futuro sino artífices del mismo».
Los obstáculos
Los obstáculos anotados por la investigación van desde la elaboración de normas que restringen el derecho colectivo de la consulta hasta el extremo de acelerar inversiones e iniciar trabajos de exploración petrolera de manera unilateral y sin consulta, además de ausencia de resultados en la remediación ambiental y la atención de las demandas de los afectados.
Según el estudio –«El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú», elaborada por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y OXFAM- los principales obstáculos que han sido denunciados internacionalmente por los pueblos indígenas de Bolivia pueden resumirse en los siguientes:
1. INSEGURIDAD JURÍDICA: elaboración de nuevas normas y reglamentos que restringen el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados e informados respecto de proyectos de explotación de recursos naturales en sus territorios. Emisión de decretos supremos que amplían o crean nuevas zonas de exploración y explotación y flexibilizan las normas ambientales. Como ejemplo se puede mencionar el incremento del área reservada para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el Bloque Madidi, mediante el Decreto Supremo 29224, sin realización de consulta previa.
2. APURO POR LOGRAR INVERSIONES: el derecho a la consulta previa y el cumplimiento de los requisitos ambientales son percibidos por el propio Estado como un obstáculo para las inversiones.
3. INICIO DE TRABAJOS DE EXPLORACIÓN SIN HABER REALIZADO UNA CONSULTA PÚBLICA: Como ejemplo se puede mencionar el caso de PETROANDINA, que inició trabajos en noviembre de 2008 en el Bloque Lliquimuni sin consultar a la población de la Tierra Comunitaria de Origen Moseten. La actividad futura de PETROANDINA se dirige hacia el interior del Parque Madidi.
4. FALTA DE ATENCIÓN DE LA AFECTACIÓN SOCIO-AMBIENTAL YA OCASIONADA: problemas de salud; afectación de los sistemas de producción; modificación de las migraciones internas; disminución de la cantidad y calidad de las fuentes de agua; empobrecimiento de los suelos agrícolas; disminución de la pesca, fauna, flora y biodiversidad en general y afectación del equilibrio que constituye la base de la reproducción étnica y cultural.
5. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y CONCESIONES SIN CONSULTA PREVIA: se siguen negociando contratos para la explotación de hidrocarburos sin la adecuada consulta ni participación, omitiendo las propias leyes y con escasa transparencia.
6. FALTA DE RESULTADOS EN LAS QUEJAS PRESENTADAS: los procesos que inician las comunidades afectadas por acciones de la industria petrolera con frecuencia reciben respuestas que favorecen a las empresas.
El estudio, en el acápite sobre el derecho a la consulta previa en la práctica de las actividades hidrocarburíferas, menciona que «se debe resaltar que para superar los obstáculos mencionados se ha iniciado el proceso de elaboración de normas centrales en la materia, tales como la ley de hidrocarburos, la ley general de consulta y la ley de la madre tierra, las cuales deben ser aprobadas en consulta con las comunidades».
«Recientemente, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) acordó conformar plataformas técnicas para la elaboración de una propuesta de ley sobre Derecho de Consulta Previa y Consentimiento, así como para la participación en la elaboración de las demás leyes que los afecten», agrega.
Pueblos indígenas ratifican defensa de su derecho
Un informe de la agencia Erbol asegura que las autoridades de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) han pedido al presidente Evo Morales presentar pruebas sobre su acusación de chantaje.
El miércoles el Jefe de Estado afirmó que los pueblos indígenas de tierras altas y bajas usan la consulta para chantajear a las empresas petroleras, porque se quieren quedar con las regalías, bajo el argumento de que contaminan el medio ambiente.
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, aseguró que es su gobierno el que soborna a los pueblos indígenas para no aplicar la consulta, señala la nota de Erbol.
«Yo diría más bien que es el gobierno que busca cómo sobornar para dividir a los movimientos indígenas para que no se pueda hacer la consulta previa e informada de la forma orgánica. Las empresas bolivianas actúan igual que las transnacionales, para engañar a los pueblos indígenas», sostuvo Chávez.
El presidente de la CIDOB indicó que el Primer Mandatario debe ser más específico y decir qué pueblos son los que sobornan. «Que presente pruebas porque está mellando la dignidad de los 34 pueblos. Debemos acercarnos, haber hermano (Evo Morales) dónde es que se está chantajeando, haber hermano pongámonos de acuerdo», declaró a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Por su parte, el Jiliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Sergio Hinojosa, exhortó a Morales ser consciente de sus palabras y escuchar a los indígenas.
«Como Ayllus y Markas y Suyus en alguna instancia somos dueños de los recursos naturales. El Presidente tiene que ser más consciente y escuchar las demandas de consulta como está en la Constitución y derechos internaciones de los pueblos indígenas», enfatizó.
Tanto Chávez como Hinojosa, le pidieron al Presidente del Estado que presente pruebas y que el CONAMAQ continuará con la socialización de la consulta en los 16 suyus de tierras altas.
«No sé por qué ha salido eso del Presidente (acusación de chantaje) que diga, que aclare qué Suyu está chantajeando. Para nosotros como CONAMAQ es un mandado la consulta», afirmó Hinojosa a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.