Semana de paros docentes

CONADU Histórica reclama la reapertura de la mesa de negociación salarial y exige que se solucione el problema del impuesto a las ganancias aplicado al salario y la aplicación de un fondo especial para resolver la situación crítica de las obras sociales universitarias. 

Por otra parte, docentes, referentes en educación, dirigentes sindicales, estudiantes de nivel medio y de los distintos Profesorados de la CABA se reunieron el jueves 16, convocados por el sindicato docente Ademys, para coordinar y construir una gran jornada de lucha por infraestructura, salario y condiciones de enseñanza y aprendizaje a realizarse el jueves 30 de marzo.

Más de 20.000 docentes y trabajadores de la salud en las calles de Córdoba 

La intensa lluvia no impidió que en lo que fue una jornada histórica, más de 20.000 docentes y personal de salud marcharan por las calles de la ciudad exigiendo mayor presupuesto, aumentos que no dejen al salario por abajo de la línea de la pobreza y la derogación de la ley 10694 que consolidó un brutal ataque a los jubilados. 

«No nos paran los descuentos, no nos para Monserrat, no nos va a parar la lluvia, queremos aumento ya», se coreaba desde la cabecera que llevaba una bandera con la leyenda «Salud y educación unidas. Basta de salarios de pobreza, abajo la Ley 10694. ¡PARO PROVINCIAL!» 

En la cabecera, al frente de la movilización, el gazebo de la «Carpa Blanca» que se instaló en pleno centro a pesar de la intentona del gobierno y la policía por impedirlo, marchaba como todo un símbolo junto a la bandera de la Escuela Hospitalaria. 

Fue desde las asambleas escolares y las asambleas de los hospitales y centros de salud que se construyó este paro en común. Algo que las conducciones gremiales, en particular la UEPC, intentaron por todos los medios evitar, dividiendo y desgastando la lucha. Pero en las calles confluyeron las columnas de las escuelas y de la oposición junto a las de la Coordinadora de Salud que votó marchar en común. 

Luego de finalizado el acto de cierre de la movilización, las columnas de la docencia se dirigieron a la intersección de Bv. Illia y Chacabuco, para volver a instalar allí la Carpa Blanca y realizar una asamblea para planificar los pasos a seguir. 

La asamblea resolvió convocar el próximo martes 28 a las 19:00, una marcha blanca junto con salud, además de organizar en las asambleas escolares previstas para la semana próxima, acciones a contra turno para seguir visibilizando en cada zona y localidad el conflicto.  

Julia Gilletta, delegada docente del departamento Capital expresó que: «estamos viviendo un momento histórico, porque la coordinación y organización que empezamos a tener con nuestros compañeros y compañeras de salud también es inédita. Las conducciones sindicales han hecho todo lo posible para no unir nuestras luchas y reclamos, y desde abajo logramos imponer algo que es elemental. Si tenemos al mismo gobierno pagándonos miseria, precarizándonos, pagando jubilaciones de hambre, ¿cómo no vamos a luchar juntos? Necesitamos un paro provincial ya, y esa perspectiva es cada vez más clara, por eso fue una de las propuestas en la asamblea autoconvocada que acabamos de terminar». 

Las y los docentes están en su tercera semana de lucha, el ofrecimiento salarial ha sido siempre el mismo y ha sido rechazado en las asambleas escolares por irrisorio. En distintas formas el gobierno provincial ofrece 40 % de aumento en el básico en cuatro tramos, siendo que los salarios se encuentran muy por debajo de la línea de la pobreza, al tiempo que mantiene los descuentos por día de paro y en un gesto de autoritarismo impuso un aumento por decreto.  

Los Docentes Autoconvocados de Córdoba reclaman: 

• Un sueldo docente de 250.000 pesos de básico inicial para superar la línea de pobreza. Cualquier aumento debe ser indexado en el mes anterior. 
• Mejores condiciones laborales y edilicias, aumento del presupuesto educativo provincial. 
• No a los descuentos, la huelga es un derecho constitucional. 
• Basta de sobrecarga de trabajo y horario. Mecanismos contundentes ante casos de violencia o maltrato laboral. 
• Derogación de la Ley 10729 que impacta en el estatuto y en el escalafón docente. Titularización de PIT, PROA. No al achatamiento del escalafón. 
• Derogación de la ley 10694, restitución urgente del 82% móvil. 

La lucha docente en las calles de Carlos Paz 

En la noche del martes 21 se llevó adelante una acción por parte de docentes y estudiantes autoconvocados, en el marco de la lucha por salario y condiciones laborales, así como por la desastrosa situación de los establecimientos escolares producto de los recortes presupuestarios, que se desarrolla a nivel provincial. 

Alrededor de las 19:00 se fueron concentrando en la plaza de la Municipalidad de Carlos Paz, frente a la terminal de ómnibus, docentes y estudiantes de diferentes escuelas públicas de las distintas localidades de la zona. A pesar de la llovizna, por momentos intensa, se realizó una “semaforeada” de protesta. 

A medida que fueron llegando más trabajadores de la educación y estudiantes, el entusiasmo fue creciendo y la concurrencia se fue trasladando a las diferentes esquinas, para luego marchar hacia el microcentro donde se cortó la esquina neurálgica de 9 de Julio y Lisandro de la Torre, con pancartas exigiendo una verdadera recomposición salarial, denunciando la precariedad edilicia y la estafa contra las y los jubilados. 

Hubo una importante adhesión de los automovilistas con bocinas y saludos de apoyo y de la gente que, desde las veredas, paradas de colectivos y comercios, aplaudían el paso de la manifestación. 

Al finalizar se propuso cerrar con una asamblea en la que intervinieron docentes que llamaron a la marcha del jueves 23 de marzo en Córdoba. 

Ex legisladora del FITU cruzó al ministro de Educación Grahovac 

En pleno desarrollo del conflicto docente y de la salud, el ministro de Educación, Walter Grahovac, realizó declaraciones a medios locales, mostrándose «sorprendido» por la continuidad de la huelga docente tras una oferta salarial que maestras y maestros ya habían rechazado por considerarla insuficiente. 

El ministro del gobierno de Schiaretti afirmó que la docencia hace «un paro de 48 horas y encima pegado a un feriado posterior que hace un fin de semana muy largo que afecta aún más la continuidad pedagógica». Esto avivó la bronca del personal de educación que ve degradadas sus condiciones laborales y la calidad y continuidad pedagógica por el ajuste que está significando en la educación (y la salud) los salarios por debajo de la línea de pobreza que obligan a la docencia a cumplir con jornadas extenuantes, tener más de un trabajo, hacer «changas» de diverso tipo para cubrir la canasta básica familiar. 

La docente y ex legisladora del Frente de Izquierda, Laura Vilches, salió al cruce en la red social Twitter donde expresó: «Indignante que este tipo que no pisa hace años una escuela diga que «metimos un feriado largo» con la huelga. Ofrecen una miseria, trabajamos en condiciones de mierda y vamos a salir a las calles mientras organizamos fondos de huelga para paliar los descuentos.» 

Luego agregó que: «La bronca crece y no la van a frenar con migajas. Los 6.000 millones que gastaron en la publicidad de su gobierno no les faltaron, ahí no cae la recaudación. Ese argumento solo aparece cuando los docentes o salud reclamamos para que se reconozca nuestro laburo y dedicación. Con más razones vamos a fortalecer el paro y movilización común con lxs trabajadorxs de salud este miércoles y jueves, para pelear por una perspectiva de paro provincial que vaya contra la política de hambre que tienen @JSchiaretti y Grahovac.» 

Gran jornada de lucha docente en Bariloche 

El último Congreso de UnTer votó paro y movilización en la primera semana de clases. Acompañando el paro, hubo acciones seccionales. En Bariloche cientos de docentes se acercaron hasta el Consejo Escolar con coloridos e ingeniosos carteles contestando a todas las provocaciones del gobierno. 

En el micrófono abierto se expresaron muchas voces de las distintas escuelas, que coincidían en denunciar la propuesta salarial como totalmente insuficiente. No solo se expresaron por lo salarial, también lo hicieron por las condiciones de escuelas, como la ESRN 44, por la invasión de roedores que hizo suspender las actividades.  

En el mismo sentido se expresaron les docentes del Bachillerato Popular Furilofche que vienen reclamando el pago de salarios y el aporte al mantenimiento que actualmente no recibe un peso para limpieza o sostener el lugar, cuando es un Bachillerato que consiguió los títulos oficiales hace dos años. 

Culminada la acción, el grueso de docentes se dirigió a la sede del sindicato para realizar la asamblea que finalmente votó rechazar la conciliación obligatoria propuesta por el gobierno y exigirle a CTERA un paro nacional el 4/4.  

Además, en la asamblea fue contundente el reclamo de las escuelas especiales de la ciudad como la escuela especial 19 y la laboral 6, que actualmente reclaman el funcionamiento del transporte que garantice la asistencia de les estudiantes que de otra manera no pueden llegar a las escuelas. También reclaman la solución inmediata de múltiples problemas edilicios.

Docentes de nivel inicial de Almirante Brown exigen protección

Docentes de nivel inicial realizaron una manifestación en la Plaza de Burzaco debido a las agresiones y amenazas que sufrió el personal del jardín N°945 de Ministro Rivadavia luego de una denuncia por abuso, con argumentos inverosímiles, realizada por una madre de un alumno. La acción fue convocada por los jardines del distrito para reclamar el resguardo de las autoridades ante estas situaciones que culminan en linchamientos por parte de algunas familias y extraños. 

«Es una problemática que se extiende por los jardines de toda la provincia de Buenos Aires, fueron muchos los casos que terminaron en severas agresiones al personal y en la vandalización de los edificios escolares. Los antecedentes indican que al investigarse los hechos se concluye que los abusos se producen en el entorno familiar, sin embargo, un sector de la comunidad termina canalizando la bronca contra quienes trabajan en las instituciones escolares», explicaron las docentes. 

Durante las intervenciones que sucedieron en el marco de la protesta las maestras expusieron el desamparo que sufren desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y desde el Frente Gremial que, según informaron las organizadoras de la manifestación, «les metieron miedo para que no se realice la medida de fuerza». 

Por otro lado, denunciaron el trato antiprofesional y amarillista que tuvo el medio de comunicación Crónica TV el miércoles 15 cuando concurrieron al Jardín y emitieron opiniones condenatorias contra docentes, fogoneando la ira y sin dar la posibilidad de que se pueda verter los argumentos de la otra campana. 

«El año pasado se produjeron otros casos similares, pero lo sucedido en el jardín 904 y el 959 hicieron destrozos en el edificio y agredieron al personal fue el que desató un paro distrital lanzado por el Frente Gremial, en esa oportunidad se comprometieron a armar una mesa intersectorial para evitar más sucesos de esta índole, pero las docentes denunciamos que no funciona, que más bien buscan calmar las aguas y desactivar la auto organización», explicaron. 

De la acción también participó parte de la Comisión Directiva del Suteba Tigre, una de las seccionales dirigidas por la Multicolor, quienes además de traer el apoyo se encargaron de asesorar a partir de la experiencia que obtuvieron con algunos casos similares en su distrito. 

CABA: Se suman denuncias contra la directora de La Banderita 

Mónica Casalini es la directora de la Primaria Banderita Argentina de Retiro, que recibe alumnos de la Villa 31.  Acumula denuncias por “maltrato infantil” y en varias oportunidades la comunidad se movilizó para pedir su remoción, pero la respuesta de la ministra de Educación, Soledad Acuña, fue ir a apoyarla y titularizarla. En la web del Gobierno de la Ciudad la directora es destacada como una “mujer que inspira” y que a “su compromiso pedagógico también le suma la contención social”. 

Sin embargo, entre julio y diciembre del año pasado, la comunidad educativa movilizó varias veces a La Banderita para exigir la renuncia de Casalini por violencia a los chicos. Tras esas marchas todo empeoró. En medio de los reclamos, la ministra Acuña brindó su apoyo a Casalini. Fue a la escuela y se sacó fotos con la directora. El apoyo oficial no terminó ahí. La ascendieron. Casalini estaba como directora suplente. En febrero titularizó. 

La abogada Raquel Saravia, representante legal de la familia de un niño de 10 años que denunció haber sido golpeado por Casalini, pidió en junio la separación del cargo de la directora. “Los delitos que le atribuyen están contenidos en el artículo 91 del Código Penal. Si la justicia funcionase como debería esta mujer debería recibir una pena que va de los 3 a 10 años de prisión efectiva. Lamentablemente en la Ciudad no hay justicia independiente, porque ante la grave denuncia de agresión a un menor de edad, no hicieron lugar al pedido que realizamos, y el nene tuvo que buscar vacante en otra escuela porque Casalini lo seguía hostigando y maltratando”. 

Un recolector de residuos devenido “guardaespalda” 

También el marido de Casalini, Osvaldo Marini, recorre la escuela y da órdenes como si fuera un directivo más, pero no tiene ningún cargo. Ni siquiera es docente. Según denuncian, amedrenta y hostiga al personal docente y no docente, como “guardaespalda” de la directora, aunque en realidad trabaja en relación de dependencia para Ecohabitat S.A., una empresa contratada por el gobierno de la Ciudad para la recolección de residuos y la higiene urbana. 

Desde que asumió Casalini hace dos años, pasaron 24 personas por el equipo de conducción, entre vicedirectores y secretarias, todos renunciaron. Uno de ellos era Patricio Inostrosa, secretario de la escuela que murió atropellado cruzando la avenida a dos cuadras de La Banderita, mientras lo llamaban insistentemente porque estaba demorando en llegar de una capacitación.    

La CABA cierra jardines maternales 

Existen más de 30 escuelas secundarias que cuentan con jardín maternal para facilitar la cursada de padres y madres. 

Desde el 2022, el ministerio de Educación porteño comenzó a cerrar y fusionar varios de estos jardines, argumentando problemas edilicios y una baja en la matrícula. Desde la comunidad educativa aseguran que ambos argumentos no son ciertos.  

En 2018, la cartera que comanda Soledad Acuña intentó cerrar 14 comerciales nocturnos a los que acuden jóvenes y adultos que trabajan durante el día. La resistencia de la comunidad obligó a la ministra a dar marcha atrás. 

Cuatro años después, Acuña comenzó un proceso de vaciamiento de algunos secundarios por la parte más sensible: el cierre de los jardines maternales que alojan en sus edificios. 

Estos espacios se crearon a partir del Programa Primera Infancia. Hasta el año pasado había 39 jardines maternales, pero en 2022 cerraron al menos dos: el San José Obrero, ubicado en California 787 de La Boca; y Sueñitos, en Luis Herrera 3460 de Villa Lugano.  

“Primera Infancia tiene más de 20 años y fue creciendo a medida que las escuelas medias veían que había muchas mamás y papás que querían terminar sus estudios y no tenían con quién dejar a sus hijos”, cuenta Damián Drescher, docente y trabajador del programa. 

A partir de los 45 días las familias pueden dejar a sus hijes mientras cursan sus estudios. “Para cerrar estos jardines, desde el Ministerio argumentan que hay baja matrícula y exigen que por lo menos haya 10 estudiantes que necesiten dejar a sus hijes. Ahí es cuando entramos en una contradicción entre el derecho a las familias al acceso a la educación, tanto padres como hijes, y el ajuste que plantea el gobierno porteño que dice que si no hay 10 pibes en el maternal es un gasto”, agrega. 

El docente afirma que hay otros jardines con amenazas de cierre. El Mundo de Revés ubicado en la secundaria EEM N° 2 del DE 10; el Tinku dentro del colegio N° 5 de Balvanera; “y también el Nochecitas, que se encuentra en el mismo edificio de la escuela EEM N° DE 19 de Villa Soldati y todo indica que será absorbido por otro jardín. Lo último que nos dijeron de esta escuela es que ‘está a prueba’”. 

En los últimos días, otro maternal se sumó a la lista de posibles cierres. Se trata del jardín que comparten el Colegio 11 Hipólito Yrigoyen y el Comercial N° 1 Joaquín V. González, al que buscan trasladar al barrio de San Telmo por falta de inscripciones y por no estar dadas las condiciones de infraestructura escolar. 

Para Sebastián Angeloni, profesor de Historia del Yrigoyen, “ambos argumentos son dos grandes falacias: la infraestructura la tiene que garantizar Acuña, y la baja en la matrícula es por falta de publicidad de las escuelas nocturnas, no hay ningún tipo de incentivo para que los pibes sepan de la existencia de estos secundarios. Es una decisión política para vaciarlos”. 

La falta de lactarios y nuevos jardines provoca un colapso en el nivel inicial. La Constitución porteña en su artículo 24 ordena al Estado local otorgar vacantes desde los 45 días de vida en adelante, algo que la ministra de Educación, Soledad Acuña, infringe sistemáticamente. 

De acuerdo a los datos sobre falta de vacantes, el año pasado, sobre la base del sistema de inscripción on line, se solicitaron 41.611 vacantes para niñes de 45 días a 5 años, pero el gobierno de la Ciudad otorgó solo 19.416. El 53,4% de los inscriptos no obtuvo vacante en los jardines de infantes de la CABA. 

Morales reprime en Jujuy a familias que reclaman por falta de personal 

Durante la mañana del 14 de marzo familias de la Escuela de Frontera de La Quiaca tomaron la institución porque desde el ministerio de Educación no dan respuestas a los reclamos que vienen llevando adelante por el retraso en la designación del personal de servicios generales y maestras que necesita la institución. También reclaman por falencias edilicias y falta de gas. Una de las consecuencias de todas estas carencias es, por un lado, que al día de la fecha hay grados enteros que no tuvieron clases y, por otro lado, no se puede suministrar un correcto servicio del comedor escolar, cuestión que en tiempos de ajustes e inflación perjudica a niños y niñas que dependen del comedor para tener un desayuno o una comida diaria. 

Luego de la protesta en la Escuela las familias se movilizaron por la ciudad y se dirigieron a cortar la ruta 9 para que su reclamo sea escuchado, luego de meses de que no hay respuestas desde las autoridades del área. La respuesta del Gobierno provincial fue enviar efectivos de la policía para reprimir a las familias movilizadas, en su mayoría mujeres. 

El ajuste de los gobiernos nacional y provincial afecta a toda la comunidad educativa y se expresa en este tipo de problemas tanto en lo edilicio como en la designación de personal. En el resto de las escuelas de La Quiaca como en distintos lugares de la provincia se repiten reclamos que tienen estos denominadores comunes. Esta es la realidad de la educación pública bajo el gobierno de Morales, muy alejado del relato de ser la provincia que más invierte en educación. 

Y agregaron que «Morales se la pasa de campaña mostrando una provincia que no existe. Hace campaña mostrando escuelas nuevas, pero no se garantizan todos los insumos necesarios para que funcionen ni se crean nuevos cargos y en las escuelas ya existentes se repiten los problemas: falta de personal, estructuras edilicias precarias, falta de gas o agua. Los salarios son bajísimos y hay miles de docentes esperando un cargo y, sin embargo, en todos los niveles educativos las clases comienzan sin docentes. Las conducciones gremiales deben ponerse a la cabeza de organizar una lucha conjunta de toda la comunidad educativa.» 

Juan Luis Véliz: “Hay que unificar la lucha de docentes, padres y alumnos contra el ajuste en la Educación en Tucumán” 

El ciclo lectivo arrancó con protestas de docentes, padres y alumnos que pusieron al descubierto la crisis educativa que atraviesa la provincia -y el país- producto de las políticas de ajuste presupuestario que está llevando adelante el gobierno del Frente de Todos, con el apoyo de Cambiemos, para cumplir con el programa del FMI. 

Desmintiendo a Jaldo, Manzur y al ministro de Educación, Pablo Litchmajer, que días antes habían asegurado que las escuelas estaban en perfectas condiciones para el inicio de clases, padres y alumnos de numerosas escuelas de toda la provincia salieron a protestar para denunciar las pésimas condiciones edilicias y de infraestructura, la falta de personal auxiliar para limpieza y tareas de mantenimiento, falta de agua, ventiladores, cortinas, mobiliario para los alumnos, etc. Estos reclamos se dan en medio de una ola de calor y rebrote epidemiológico de Covid-19 y dengue, y se multiplicaron en escuelas como la José Mármol, Patricias Argentinas, escuela especial Niño Jesús, Técnica Nº3, Instituto Técnico de la Banda del Río Salí, Escuela Comercio de Concepción, y numerosas escuelas de los Valles Calchaquíes, donde los padres tomaron los establecimientos obligando al ministro a tener que presentarse en persona. 

Poco antes de estas protestas, miles de docentes se movilizaban contra el acuerdo salarial que estipula un aumento de 17,5 % hasta mayo y en total 33,5% para los primeros siete meses del año, cuando la inflación supera el 100% anual. Un acuerdo traidor firmado por los gremios ATEP, UDT, AMET y APEMyS, dando la espalda a las asambleas de delegados por escuelas que votaron un salario inicial de 250.000 pesos. Hoy hay miles de docentes con salarios que no llegan a los 90.000 pesos, y con jornada extendida. 

“La lucha de docentes, padres y alumnos es contra el mismo ajuste en Educación. Recordemos que este gobierno estableció un recorte del 15% en las partidas presupuestarias para este año. Las consecuencias las vemos todos los días en las aulas, con un ausentismo creciente por el aumento de la pobreza; la sobrecarga laboral y la precarización en la docencia y en el personal auxiliar; las pésimas condiciones de cursada para nuestros alumnos, que ni agua tienen en algunos casos. Es necesario empezar a unificar las peleas en asambleas comunes de padres, alumnos y docentes, para discutir cómo encarar una pelea conjunta, movilizándonos y exigiendo a los gremios que rompan la tregua con el gobierno para reclamar plata para Educación y no para esta deuda fraudulenta”, sostuvo Juan Luis Véliz, delegado de la escuela El Puesto y referente de la Agrupación Marrón Docente. 

La crisis en Educación también suscitó un cruce verbal entre funcionarios del gobierno y de la oposición macrista, como José Canelada o el candidato a gobernador radical, Roberto Sánchez, quienes aseguraron que para este gobierno la Educación no es una prioridad. “Son unos caraduras, ahora se llenan la boca hablando de Educación por puro cálculo electoral. Creen que nos olvidamos de que cuando fueron gobierno ellos también ajustaron, cerraron escuelas y reprimieron a los docentes. La única fuerza política que se opone al ajuste en el Congreso y en las calles, que forma parte de las luchas docentes y de estudiantes, es el Frente de Izquierda. Para el próximo 24 de marzo la denuncia del ajuste en Educación será una de las consignas que vamos a llevar a la plaza”, declaró Véliz. 

Clase pública sobre Genocidio al Pueblo Mapuche Tehuelche 

Desde la cátedra de DD HH y Derechos de los pueblos originarios se invita a la Clase Pública sobre Genocidio al Pueblo Mapuche Tehuelche. Responsabilidad de Roca y Vintter, que se realizará el miércoles 29 de marzo de 2023 a las 16:00 a través de la plataforma Zoom de la FADECS. Es una actividad que se enmarca en el mes de la memoria, y cuyo tema integra la currícula genocidio del siglo XIX en la región. 

La convocatoria es a una clase abierta, a la que se pueden sumar todos los interesados en el tema del genocidio, los hechos y sus responsables. Por lo cual, tomará la forma de un conversatorio en el que expondrán: 

Lucas Curapil. Lic. en Servicio Social. Dir. Dto. Lenguas Originarias. Fadel 

Griselda Calfuñanco. Abogada 

Romina Diaz. Estudiante Adscripta de la cátedra. 

Ana Calafat. Prof. Adjunta de Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Originarios 

Unirse a la reunión Zoom 

29 de marzo de 2023 a las 16 horas 

Sala institucional de FADECS 

ID 86403915443 

Clave 349331 

Grupos religiosos destruyen obras de arte en la UNCuyo 

Un grupo de unas 50 personas, aproximadamente, se manifestó en la tarde del lunes 20 en el Rectorado de la UNCuyo y, tras rezar el rosario, procedieron a destrozar las obras de artistas reconocidxs y estudiantes de la FAyD. Se ensañaron especialmente con la obra de Cristina Pérez, «El velorio de la cruz». 

La exposición, que hace foco en la trayectoria del patriarcado sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres y las disidencias, había recibido la crítica de sectores de alumnos y profesores de la FFyL de la UNCuyo y del Arzobispado. 

Referentes de la cultura, la política e intelectuales ya expresaron su repudio por redes sociales. 

Acerca de la promesa presidencial del 8% del PBI para educación 

Por Laura Marrone 

En su discurso inaugural de las sesiones del Congreso nacional 2023 el presidente Alberto Fernández prometió enviar un Proyecto de ley para que el financiamiento de la educación pase del 6 al 8% del PBI. 

Según el último dato de distintas estimaciones en 2020, se calcula la asignación total en educación en 5% del PBI y con posterioridad, se produjeron ajustes y quitas presupuestarias en la asignación de recursos para la educación. Uno se pregunta entonces cómo hará el gobierno para llegar a ese objetivo. 

A veces hay que pellizcarse para saber si estamos escuchando bien o estamos en una pesadilla. El gobierno del FDT, con el aval de Juntos por el Cambio, ajustó (en menos) $50.000 millones el presupuesto votado en 2022. Éstos fueron quitados a la provisión de dispositivos electrónicos, a la construcción de jardines de infantes y a otros rubros. En el presupuesto 2023 el FDT redujo aún más la inversión en educación, disminuyendo la asignación en un 9% con respecto al 2022. Ésta quedo reducida a solo el 5% del presupuesto nacional, contrastando con la asignación destinada a satisfacer la deuda externa que es más del doble: 10,5%. Ese total promete ajustarlo de modo que, inflación mediante, alcance el 1,33% del PBI. Entonces, ¿cómo se llegaría al 8%? 

Para que se entienda bien: el estado nacional no es garante de la financiación de la educación sino solo de una cuarta parte, aproximadamente, ya que el resto lo ponen las provincias. Desde que se votaron las leyes de reforma del estado en los 90, la educación en todos sus niveles, salvo universitario, pasó a ser responsabilidad de estas últimas. Esto fue una exigencia de los organismos internacionales a fin de que el estado nacional dispusiera de fondos para pagar la deuda externa. En 2006, ante la crisis de las provincias, el gobierno de los Kirchner promovió la sanción de la actual Ley de Financiamiento que estableció una tablita por la que, al 2010, se debía arribar a una inversión en educación del 6% del PBI. El estado nacional debía aportar el 40% del incremento para llegar a ese compromiso. Según el Observatorio Argentino de la educación se llegó a ese monto en 2009, 2013 y 2015. El Banco Mundial en su página web afirma, en cambio, que a ese porcentaje no se llegó nunca, siendo el más alto el de 2015: 5,8%. Las dos fuentes, sin embargo, coinciden en que, desde entonces, venimos a la baja llegando en 2019 a 4,7% y el último dato que poseemos es del 2020: 5%. Por estas diferencias, el mencionado Observatorio estima que el total adeudado a educación desde 2006 a 2022 ascendería a U$D 26.000 millones. 

Señalemos solo algunos indicadores de las consecuencias de este desfinanciamiento. En casi todas las provincias, docencia y familias denuncian falta de vacantes, especialmente en el nivel inicial. Irónicamente, en vísperas del 8 de marzo, organismos oficiales y opositores se desgarran las vestiduras supuestamente sosteniendo los derechos de la mujer, pero no dicen nada de las familias que deambulan desesperadas por no tener espacios educativos públicos gratuitos para dejar a sus niños pequeños cuando van a trabajar. También callan ante les estudiantes de las localidades rurales o ciudades pequeñas que no tienen acceso a estudios superiores. Nada dicen de la falta de mantenimiento de las escuelas, sobre todo actualmente en que la ola de calor puso al rojo la necesidad de acondicionadores y/o ventiladores en grados y cursos, situación simétrica a la del invierno, con escuelas sin calefacción adecuada a los fríos de la estación. Las becas son insuficientes. Los comedores escolares, por otra parte, son fuente de desnutrición por la mala calidad de los alimentos. 

La famosa 5ta. hora y/o jornadas extendidas están siendo muy dificultosas de instrumentar debido a que los edificios escolares son compartidos por varias instituciones y a que la docencia, en general, debe recurrir al pluriempleo para llegar a fin de mes con lo que se le produce superposición horaria. El salario de un cargo testigo para el primer cuatrimestre de 2023, firmado por las 5 centrales sindicales (CTERA, UDA, AMET, CEA y SADOP) será de $130.000 en mayo, lo que equivale a casi la mitad de la canasta básica que estima ATE-INDEC o al alquiler de una vivienda de tres ambientes. El pluriempleo supone escaso tiempo para la preparación de la tarea de aula y para la formación docente continua que la docencia debe realizar en horarios extra jornada laboral, en la mayoría de los casos, pagando a empresas privadas pues el Estado solo brinda escasos cursos. 

A esta realidad de insuficiencia en el presupuesto debemos agregar la desigualdad que se crea entre las jurisdicciones según la realidad de cada una de ellas y las políticas de sus gobiernos. Así, para un promedio nacional de gasto por alumne de $83.172,08 a diciembre de 2020, tenemos en el extremo superior a Neuquén con $231.338,27 y a Santiago del Estero con $74.021. Una diferencia de 3 a 1.  

Respecto del salario docente, ocurre algo similar. La provincia de Jujuy terminó en diciembre de 2022 con un salario bruto para el maestro de grado sin antigüedad de $87.074 en tanto que Tierra del Fuego tuvo un salario de $179.712. 

Pasando en limpio, el gobierno nacional hace campaña electoral por una nueva ley de financiamiento, siendo que la existente no la cumplió y que, un futuro aumento, recaería en las provincias. Además, no dice de dónde saldrían esos fondos ya que se ha comprometido con el FMI y los bancos a pagar los usurarios intereses de la deuda pública que se come los saldos de nuestra balanza comercial. 

Desde el 2011, el FITU viene reclamando en su plataforma política que el financiamiento de la educación debe elevarse al 10% del PBI y renacionalizarse la responsabilidad del mismo en el estado nacional. De este modo, además de suficiente, su distribución debería garantizar igualdad de derecho para cada estudiante de cualquier lugar del país. Para dimensionar de qué hablamos señalemos que solamente con garantizar medio punto más del PBI actual se podrían construir 5.000 jardines de infantes de 3 aulas cada uno y pagar el salario de 50.000 docentes para su funcionamiento durante en un año. Así se podría dar una respuesta real al drama de la escolaridad de la primera infancia en nuestro país. 

Pero, también decimos de dónde se pueden sacar esos fondos. Sostenemos y lo demostramos una y otra vez, que esto es posible si se deja de pagar la usuraria deuda externa ya que, aunque haya mejora de las exportaciones y de la producción, el pago de intereses de la deuda se come todo el saldo exportador. La deuda sigue creciendo mientras la miseria y la desigualdad para el pueblo trabajador es cada vez mayor. Por eso, más allá de este programa, en cada lugar de trabajo, en cada provincia, venimos sumando nuestro compromiso diario para reclamar por cada uno de los derechos que la política del FDT, de JxC y los anuncios de Milei destruyen. 

Movilización de integradores escolares: denuncian ajuste en discapacidad y falta de presupuesto 

Marco Ballesi y Micaela Sabater 

El viernes 17 nos movilizamos los prestadores y familias de personas con discapacidad. Reclamamos el aumento del nomenclador, pago a mes vencido, en contra de la precarización laboral y pase a planta permanente en el gremio docente, junto con el aumento de las pensiones por discapacidad y un plan integral de obras ante la crisis de la infraestructura escolar tras años de ajuste. En el marco de distintas movilizaciones por los cortes de luz, de docentes por reclamo salarial y condiciones edilicias. 

El inicio del ciclo lectivo 2023 vino acompañado de un marzo caliente con una inflación anual del 102,5% y una ola de calor sin precedentes. Pero lo que sí tiene precedentes son los problemas edilicios y falta de recursos en las aulas de los colegios de la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. La ola de calor deja expuesto el vaciamiento del presupuesto de educación, el paupérrimo servicio que brindan las empresas privatizadas como Edenor y Edesur y aumentos de salarios muy por debajo de la inflación. 

El calor y el mal funcionamiento de los servicios muestran sus consecuencias más duras en los alumnos y trabajadores de la educación que ante el faltante de luz, agua, ventiladores se descompensan, por los cortes de luz se suspenden las clases, haciendo imposible el desarrollo de las clases con normalidad. 

Ante una situación que es evidente para todos, y que se expresa en las numerosas movilizaciones, cortes, paros, suspensiones de clases en los colegios, ningún gobierno ha dado una respuesta favorable para los trabajadores de la educación, las familias y los estudiantes. Desde Alberto Fernández que dice, cínicamente, que la preocupación de los docentes es no pagar ganancias y que «la inflación es autoconstruida», hasta el Gobierno de la Ciudad que recortó un 78,1% el presupuesto educativo. Tanto el ministro de Economía del Frente de Todos, como el Jefe de Gobierno de la Ciudad pusieron un tope a las paritarias del 60%. Y a los APND (Acompañantes Personales No Docentes) que trabajamos como monotributistas en los colegios con personas con discapacidad, nos impusieron un aumento del 24% en cuotas no acumulativas, mientras que a las personas con discapacidad les recortan los tratamientos. 

El problema no es solo el calor sino «en especial la falta de medidas para paliar y la falta de infraestructura escolar» denunció la Legisladora porteña Alejandrina Barry ante el rechazo por parte de Larreta de tratar el proyecto de emergencia para garantizar las condiciones de cursada y de trabajo en las escuelas porteñas, que presentó el Frente de Izquierda Unidad. Actitud similar a la que tuvieron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio el año pasado en el Congreso Nacional ante el proyecto presentado por Nicolás Del Caño del FIT-U para declarar la Emergencia en Discapacidad. 

Voces desde las escuelas y en las calles 

Valen, que trabaja como integradora escolar APND en una escuela pública en la Ciudad, cuenta que «la escuela no tiene la infraestructura necesaria para que los chicos puedan estudiar con este calor. El nene con el que estoy yo tiene TEA y lo sensorial lo afecta más, todo el tiempo me está diciendo que tiene mucho calor y transpirando». Por otro lado, Patricia, en una escuela en Lugano, cuenta que la comunidad educativa realizó un corte y un abrazo al colegio, como forma de manifestarse por la falta de infraestructura. 

Juliana, también de Ciudad, comenta que, “es imposible concentrarse para estudiar cuando están pensando todo el tiempo en no descomponerse o en que se quedaron sin agua fría. Y el colegio no puede cubrir la demanda de comprar otro ventilador para ningún aula». 

La historia se repite cruzando la General Paz. Ariel, quien trabaja como APND en una escuela primaria de Ciudadela, nos cuenta que desde el jueves 9 de marzo al martes 14 no hubo clases y comentaba que «el nene que acompañó esta diagnosticado con TDAH -trastorno por déficit de atención e hiperactividad-, con el calor que sufre en el aula es muy difícil que se pueda concentrar y no este fastidioso». 

Coordinar reclamos, luchas y unir fuerzas 

Estas son las consecuencias del desfinanciamiento sistemático que padece el sistema educativo gobierno tras gobierno, a ambos lados de la grieta, como también en el área de discapacidad, ya que a lo que apuntan ambas coaliciones gobernantes es a recolectar todas las divisas posibles para pagar la deuda ilegal, ilegitima y fraudulenta con el FMI, a costa de nuestras condiciones de vida y laborales. A costa de la educación y derechos de millones de pibas y pibes. 

Los APND, los docentes, los no docentes, los estudiantes y las familias somos los que vivimos la realidad en las escuelas cada día. Es por eso por lo que tenemos que organizarnos en unidad entre los distintos sectores de la comunidad educativa, creando instancias de coordinación junto a otros trabajadores para pelear por condiciones de laburo, estudio y salarios. 

Es preciso tejer estas alianzas entre quienes integramos la comunidad educativa, junto a otros sectores, no solo para garantizar condiciones de cursada y trabajo de hoy, combatir la ola de calor, si no para prepararnos para enfrentar los ataques de los gobiernos actuales y los que vengan. Todos los partidos políticos, el kirchnerismo, peronismo, radicales y libertarios, están de acuerdo en su plan de ajuste para descargar la crisis sobre los trabajadores y pagar la deuda al FMI. 

Tenemos que organizarnos de manera independiente y construir una fuerza política capaz de pelear por todos nuestros derechos y que la crisis la paguen los que la generaron.  

Se instalarán cámaras en las aulas de una escuela de CABA. ¿Para qué? 

Por Martin Suárez 

Desde la comunidad educativa denuncian que la directora del establecimiento firmó el acta bajo presión y que «fue amenazada» con su patrimonio. ¿La instalación viola la intimidad de las y los menores? 

Desde hace varios años, la gestión PRO en la Ciudad pretende avanzar con la instalación de cámaras en diferentes edificios de escuelas porteñas. La intentona no nació durante las últimas dos administraciones del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sino desde el segundo mandato de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo porteño. En más de dos ocasiones (2011 y 2017), la justicia local tuvo que intervenir para frenar la puesta de dispositivos de filmación continua dentro de instituciones educativas públicas, para evitar la violación del derecho a intimidad de niñas, niños y adolescentes consagrada en la Constitución Nacional. 

Macri quiso llevar adelante la instalación de cámaras en más de 90 escuelas y Larreta recogió el guante e intentó hacer lo propio en varios edificios escolares, tras las tomas estudiantiles del 2017. En esta ocasión, trabajadores y trabajadoras de la educación de la escuela pública Técnica Hicken denuncian que es inminente que la cartera educativa instale cámaras dentro de tres aulas de este edificio, que se encuentra en pleno corazón de Palermo. 

Todo comenzó como un rumor de radio pasillo, pero con el correr de los días pudieron confirmar que el ministerio de Educación porteño, al mando de Soledad Acuña, iba a avanzar con la instalación de dispositivos de filmación continua en el interior de varias aulas de la escuela Hicken, que se encuentra en el Jardín Botánico de la Ciudad, a pasos del Parque 3 de Febrero y del Jardín Japonés. 

“La directora nos confirmó que el 28 de diciembre del año pasado, último día de trabajo administrativo escolar, vinieron representantes de la supervisión escolar del distrito y la obligaron a firmar un acta, donde ella, como máxima autoridad de la escuela, aceptaba poner tres cámaras dentro de tres aulas”, cuenta Julio, nombre ficticio que determinó el trabajador para ocultar su identidad por temor a posibles represalias. La justificación planteada por la supervisión para llevar adelante la puesta en marcha de los dispositivos fue que las cámaras apuntarían solamente a los carros de las computadoras y que iban a encenderse solo durante la noche. 

Las y los docentes increparon a la directora de la institución por haber firmado el acta y le cuestionaron por qué llevo adelante la rúbrica del documento. Argumentó que prácticamente no le dieron opción y que aprovecharon el último día de trabajo, mientras la escuela cerraba, para obligarla a poner su firma, bajo el argumento de que en esas aulas no hay rejas en las ventanas y que las cámaras no iban a prenderse de día durante la cursada. Además, le dijeron que, si no firmaba, iba a hacerse cargo con su patrimonio si llegara a faltar cualquier dispositivo informático. En concreto: ante esa amenaza, la directora decidió poner su firma. 

Previo a la firma, propuso una alternativa viable: que los carros con las computadoras sean trasladados al pasillo central del colegio, que es amplio, y que las cámaras, en todo caso, se instalen en ese lugar, pero no dentro de las aulas. La respuesta de la supervisión fue que eso no iba a ser posible porque durante el día circulan estudiantes por el pasillo. Sin darse cuenta, los representantes de la supervisión escolar reconocieron que las cámaras no iban a encenderse exclusivamente durante la noche. 

“Pese a la ilegalidad de la instalación de esos dispositivos de control, el solo hecho de sugerir la puesta a punto de los mismos insinúa que quienes trabajamos dentro de la escuela somos los que podríamos llegar a robar las computadoras”, advierte otro docente a este medio. A raíz de esta situación, surgen varias preguntas: si son las únicas aulas que no tienen rejas en las ventanas, ¿por qué no las colocan? ¿Sabe el gobierno porteño que con estas cámaras viola el derecho a la intimidad de los jóvenes y adolescentes que allí estudian? ¿Qué se esconde realmente detrás de la instalación de estas cámaras? 

Las preguntas están, pero las respuestas no aparecen. La instalación de esas cámaras -dijeron desde el Ministerio- se da respecto a “los espacios seguros que estamos instalando para guardar los materiales de valor como las computadoras”, según Tiempo Ar que se comunicó con la cartera educativa. 

Los intentos fallidos en la instalación de cámaras 

En agosto de 2011, la Justicia porteña suspendió la instalación de cámaras de seguridad en escuelas de la Ciudad, tras una medida que le impidió al gobierno de Mauricio Macri avanzar con la iniciativa de colocar los dispositivos en 90 establecimientos escolares, tanto jardines de infantes, primarias como secundarias. La decisión fue tomada por la jueza Elena Liberatori, al hacer lugar a un recurso de amparo que iniciaron algunos padres para evitar que sus hijos queden registrados por videocámaras en esas instituciones educativas. 

El fallo –que alcanza a las escuelas a las que asisten hijas de los querellantes– advirtió que existe “un conflicto de derechos o intereses” donde “por un lado, se encuentra el legítimo interés del Estado local en la protección de sus bienes y edificios pero, por el otro, entra en juego el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional”, y que “no debe perderse de vista que lo que aquí se encuentra en juego es el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas públicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó en su fallo la jueza. 

En noviembre de 2017, durante la primera gestión de Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, la ministra Soledad Acuña iba a instalar cámaras en varias escuelas que habían sido tomadas por estudiantes. Fue la propia Elena Liberatori que, una vez más, prohibió la instalación de esos dispositivos de vigilancia al considerar, nuevamente, que se viola el derecho a intimidad de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Para dictar la medida, la jueza tuvo en cuenta que no está claro en el «Protocolo del servicio de vigilancia y seguridad electrónica en establecimientos educativos», dónde irían ubicadas las cámaras de vigilancia, ya que por un lado dice en la periferia de los establecimientos y luego infiere que se ubicarán en el interior del mismo. Tampoco estaba claro en ese protocolo de funcionamiento de dichas cámaras, los horarios en que funcionarían y si es o no en horario escolar. 

«El marco normativo que rige actualmente al servicio en cuestión permite la filmación en todo momento y en todo lugar dentro de los establecimientos educativos», «el medio elegido aparece prima facie como desproporcionado respecto de la finalidad perseguida», sostuvo la jueza. 

Escuela 22 de El Maitén, Chubut, cerrada 

Por Darío Balvidares  

El día 28 de febrero, integrantes de la comunidad educativa de la Escuela 22 de la localidad de El Maitén en Chubut, presentaron en la Defensoría de niños, niñas y adolescentes de esa provincia un escrito exigiendo explicaciones por el cierre indefinido del establecimiento. La escuela alberga a 300 estudiantes y en el mismo edificio funciona también la Escuela de Adultos 604. 

Es el gobierno provincial de Mariano Arcioni debe dar explicaciones de por qué la escuela permanece cerrada. 

Refieren, los padres, en la presentación realizada a la Defensoría que: “Desde agosto de 2022 personal que trabaja en la escuela percibió temblores y estruendos, suspendiéndose las clases presenciales por tres semanas y volviendo a las aulas sin ninguna explicación certera ni arreglo alguno. En dicha oportunidad sí vino un ingeniero que inspeccionó algunos lugares del edificio y debía presentar un informe”. 

Si bien reanudaron las clases, nadie en la comunidad recibió ninguna explicación oficial sobre el tema, que no parece ser para nada simple. 

“En el mes de noviembre la situación de temblores y estruendos se repitió y fue percibida por más personal de la escuela. Las clases se volvieron a suspender y el gobierno apuró un plan de contingencia que hizo que hasta fin de ciclo se funcionara en 9 espacios de diferentes instituciones y organizaciones del pueblo”, relatan en el escrito presentado. 

Los espacios a los que fueron derivados lxs estudiantes poco tenían de adecuación para las tareas escolares, “nuestros hijas e hijas estuvieron con tres horas diarias de “clases”, en espacios sin recursos, no aptos para ellos y ellas, sin recreo, sin merienda, sin poder jugar, correr, hablar fuerte, y otros comportamientos habituales en edad de crecimiento”. 

Además, de los problemas de gas detectados, el edificio escolar no cuenta con mantenimiento desde hace mucho tiempo, refieren los padres y madres, incluso problemas que fueron detectados por el ingeniero que inspeccionó la estructura y tres meses después eleva un informe donde se especifica que están comprometidos unos depósitos de agua sobre donde se asienta parte del edificio, que a pesar de haber sido vaciados, no existe informe que indique el origen de los temblores, aun cuando se verifican roturas y fisuras. 

La comunidad educativa manifiesta que no saben si se abrió algún expediente, si se comenzó algún tipo de obra o si hay algún arreglo en marcha. 

Pero no es sólo lo referente al edificio, sino que en estos días se les comunicó desde el equipo directivo que habrá un “plan de contingencia”, que incluye, otra vez, que los niños y niñas deambulen por espacios no adecuados ni acondicionados para la actividad escolar. La oposición de padres y madres no se hizo esperar y se concentraron en las afueras de la escuela. Fueron citados a una reunión, junto a autoridades de la región, supervisaras y el delegado administrativo. 

En la reunión se enteraron de que “no había aún número de expediente para las obras de la escuela, no había plan de obra, no había fecha de inicio, no había fecha de licitación”. 

Pero la propuesta de precarización continúa con los ofrecimientos de hacinamiento en “el edificio del Anexo del Instituto de Educación Superior Nº 804, en el que se propone juntar de a 50 niños y niñas por aula (…) y el edificio cedido por la Municipalidad donde funciona la Dirección de Cultura, agrupando el primer ciclo en dos espacios de 25 y una de 14 (se anexan fotos) en el que las sillas quedan pegadas al calefactor, no hay matafuegos, hay agua de bomba y solo dos baños”. La propuesta muestra, claramente, la preocupación gubernamental por la realidad institucional y de infraestructura de la educación pública. 

El escrito presentado a la Defensoría, manifiesta la preocupación acuciante de los padres y madres de los 300 alumnxs de la Escuela 22 de El Maitén, donde no todo es espectáculo turístico: “Estamos desamparados ante un Estado que no está cumpliendo con el deber de garantizar la educación (…) Queremos que se respete el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad que nuestra constitución y las leyes garantizan. Queremos una escuela que funcione para las y los hijos del pueblo”, remata el texto presentado a la Defensoría. 

Pero mientras esta realidad ocurre, el gobernador Mariano Arcioni inaugura el ciclo lectivo en la Escuela Provincial N° 12 “Almirante Guillermo Brown” de Rada Tilly, en su discurso destacó “la vocación y el compromiso de los docentes que permitieron que el inicio de clases se desarrollara con normalidad en toda la provincia”. 

Sin embargo, otra realidad indicaba lo contrario por que el lunes 27 “la Asociación de Trabajadores de la Educación Chubut, lleva adelante un paro de actividades y movilización de todas las regionales de la provincia, en reclamo de una mejor oferta salarial. En Rawson se realizó una manifestación en las puertas del Ministerio de Educación“. Tal vez por ese motivo el gobernador Arcioni y el ministro de Educación, José María Grazzini, el subsecretario de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares, Martín Alaníz; la directora general de Educación Primaria, Lorena Valcovich; la directora general de Nivel Inicial, Gimena  Alemano y otros funcionarios se fueron a Rada Tilly, es decir a 396 km. en automotor o en avión. 

Los discursos de los políticos plagados de cínico sentimentalismo, con adulaciones que resultan inverosímiles frente a la evidencia, son cuando menos insolentemente promiscuos: “A los niños y niñas, familia y toda la comunidad educativa quiero desearles que tengan un gran ciclo lectivo 2023. Que aprendan mucho, a la escuela no sólo se viene a estudiar sino a hacer amigos y personas de bien. Escuchen, aprendan y sean solidarios con sus compañeros“, dijo Arcioni en el acto en Rada Tilly. 

Esta es la muestra cabal de la impostura de Arcioni, que escapa de la realidad que lo interpela, junto a sus “cortesanos” y se atreve a sentenciarles a lxs estudiantes: “…escuchen, aprendan, sean solidarios…”, un ejemplo típico del maestro ciruela, para no abundar. 

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Anred, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Revista Tramas, Tiempo Argentino, rebelión.org 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.