Aunque teóricamente se espera lo contrario, las relaciones entre el pueblo y el Estado tienden naturalmente a la confrontación y la disputa, principalmente por el tipo de uso y la administración que se hace de aquel poder delegado en las urnas. Esta tensión permanente que se produce en la interacción y las relaciones entre ambos […]
Aunque teóricamente se espera lo contrario, las relaciones entre el pueblo y el Estado tienden naturalmente a la confrontación y la disputa, principalmente por el tipo de uso y la administración que se hace de aquel poder delegado en las urnas. Esta tensión permanente que se produce en la interacción y las relaciones entre ambos actores (cuando van más allá de la dinámica normal de la cotidianidad), es lo que explica y permite mejorar y profundizar o, por el contrario, degenerar y envilecer la democracia, entendida ésta como el gobierno del pueblo.
Cuando se impone el efecto negativo de la dinámica, entonces se deriva hacia formas de gobierno generalmente autoritarios y déspotas que buscan imponer sus designios al margen de la voluntad o el mandato popular. Entre los termómetros más efectivos y claros para medir esta dinámica, encontramos a los conflictos sociales, las movilizaciones y las protestas. En la duración, magnitud y extensión que abarcan estos momentos de crisis, no solo se establece la gravedad de la situación y los acontecimientos, sino también sus alcances de cara a la gobernabilidad y la estabilidad de un régimen.
Teniendo en mente estas ideas y los conflictos y tensiones sociales que en el caso de nuestro país, Bolivia, son bastante más recurrentes (tanto porque se han acumulado innumerables deudas y tareas históricas, como porque somos un pueblo rebelde permanentemente convocado por una vocación transformadora), me viene a la mente la frase que titula este artículo, atribuida a un expresidente, que denota exactamente todo lo contrario. Es decir, que este pueblo sería más bien proclive al abuso y la arbitrariedad, hasta el punto de poderse sembrar nabos sobre sus espaldas.
Tan controvertida afirmación que definitivamente no parece tener la menor consideración sobre el temperamento y carácter del pueblo, se explicaría en la dejadez, el quemimportismo, la abulia, la pasividad o el abandono que suele apoderarse, sin explicación razonable o, por otra parte, como resultado de haber caido preso del miedo, la confianza extrema o de la malicia/astucia de quienes gobiernan.
Y viene a colación todo lo anterior, cuando revisando solo y muy someramente lo sucedido en este primer semestre de la tercera gestión gubernamental del presidente Evo Morales, se advierte una sistemática y amplia aprobación de medidas orientadas a operativizar y llevar a la práctica la decisión de exacerbar el extractivismo y la explotación salvaje de los recursos naturales y la Madre Tierra. Me refiero a los Decretos Supremos 2195 de noviembre de 2014, 2298 de marzo, 2366 y 2368 de mayo y 2400 de junio del presente año, relacionados todos ellos a la exploración y explotación hidrocarburífera. A ellos que se adjunta el paquetazo de nueve leyes y decretos anunciados por el Presidente en vísperas del aniversario de la gesta libertaria de la ciudad de La Paz, y que corresponden a los acuerdos de la Cumbre Agropecuaria del agronegocio.
La gravedad del asunto no está relacionada únicamente con la cantidad de medidas adoptadas, que equivalen a un paquetazo extractivista, sino que llegan hasta el punto de NO perdonar siquiera la condición de las Áreas Protegidas del país (donde se pretendía conservar algunos espacios de naturaleza, biodiversidad y bosques), tampoco respeta los derechos de los pueblos indígenas a los que se les niega y conculca sus derechos constitucionales a la autodeterminación y la consulta de buena fe, libre, previa e informada, con el argumento de que los procesos de consulta son largos; sino que a la par de ello, también arremete (en consonancia con los intereses agroindustriales del agronegocio), con un conjunto de medidas orientadas a expandir la frontera agrícola, quemar y chaquear grandes extensiones de bosques y biodiversidad, e introducir cultivos extensivos para su comercialización y exportación como commodities, en desmedro de la seguridad y la soberanía alimentaria y nacional del país. Es decir, medidas que al final contraerán un país y un pueblo esquilmado, a pesar de los circunstanciales y siempre insuficientes ingresos que se obtendrán por la venta y enajenación de nuestros recursos.
Por eso no resulta impertinente preguntarse si no se están sembrando nabos en las espaldas del pueblo… y hasta cuándo será posible hacerlo.
Arturo D. Villanueva I. es Sociólogo, boliviano. Cochabamba; Bolivia. Julio 17 de 2015.
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