El abandono de los senadores de la oposición del hemiciclo congresal evitó la noche de este martes la sanción del proyecto de Ley de «Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz». La medida legal anticorrupción se aprobó en grande en la sesión plenaria y cuando los parlamentarios se […]
El abandono de los senadores de la oposición del hemiciclo congresal evitó la noche de este martes la sanción del proyecto de Ley de «Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz».
La medida legal anticorrupción se aprobó en grande en la sesión plenaria y cuando los parlamentarios se disponían a considerar en detalle un diputado del opositor Poder Democrático Social (Podemos) pidió la comprobación del quórum.
El presidente del Congreso, Álvaro García Linera, tras constatar la ausencia del quórum reglamentario, no tuvo otra opción que suspender la sesión al promediar las 22.30 y sin fecha, aunque anticipó que será después del 25 de enero, jornada de la realización del referendo constitucional.
La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que contempla nuevos delitos y que estos no prescriben, busca ayudar a luchar contra la corrupción de manera más contundente porque existen varios tropiezos con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Al abandonar el Parlamento, García Linera afirmó que la actitud de los senadores opositores es la muestra de un «Senado obstruccionista».
Para el Vicepresidente el boicot de los opositores es una muestra clara que en Bolivia los partidos tradicionales se oponen la lucha contra la corrupción y que son las mismas personas que están haciendo propaganda contra el No a la nueva Constitución.
«No estoy muy seguro cuándo podamos convocar a una nueva sesión de Congreso para trabajar la aprobación en detalle, pero me temo que como el día jueves clausuramos el Congreso y desde el día viernes entramos en sesiones preparatorias para elegir nuevas directivas, seguramente se va postergar pasado el 25 de enero», explicó.
Por su parte el subjefe de bancada en Diputados del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, dijo que los opositores han demostrado una vez más que protegen la corrupción y la impunidad.
«El pueblo es testigo de quiénes se oponen a erradicar la corrupción, son esos parlamentarios que no quieren que se apruebe la Constitución Política del Estado», agregó.
OPOSICIÓN
Por su parte el senador de la alianza opositora Podemos, Walter Guiteras, consideró que con la Ley «Marcelo Quiroga Santa Cruz», se realizará una «cacería de brujas» contra los políticos que se opongan al Gobierno de Evo Morales.
«Con esta ley se ingresa a la «caza de brujas» y con un operador del MAS, ex presidente de la Comisión Económica de Diputados, en la Contraloría (Gabriel Herbas), tiene el circuito completo para meter a la cárcel, por la vía de este mecanismo de ley, a quienes resulten ser sus ocasionales contrincantes políticos», advirtió el opositor.
El senador que tiene más de 20 años de transitar en la política, dijo que el MAS pretende tener todo el poder en sus manos, sin importarle el fondo de la corrupción.
No obstante dijo que no teme que se investigue las acciones de quienes actuaron en política en el pasado, en el presente o en el futuro.
Considera que el accionar político no debe servir para ningún sistema de acumulación de riqueza proveniente de los fondos públicos pero tampoco puede ser un instrumento de represión a quién se anime confrontarse políticamente con el MAS.
ALCANCES DE LA LEY
El proyecto incluye nuevos delitos de corrupción pública no previstos en el Código Penal como el enriquecimiento ilícito, cohecho transnacional, el uso indebido de los bienes y servicios públicos, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia y el agravamiento de otros ya vigentes.
Además contiene normas de carácter procesal penal, como la imprescriptibilidad de las acciones de los delitos de corrupción pública; así como las medidas de carácter institucional, como la creación del Ministerio de Lucha contra la Corrupción.
Asimismo, plantea ampliar las competencias de la Unidad de Investigación Financieras (UIF) dándole poder que le permita alcanzar a casi todas las actividades económicas y financieras, que incluyen a las ONG, las cooperativas de ahorro y crédito cerradas.
Incluye también a los courriers y empresas de envío de dinero, de compra-venta de vehículos, comerciales de metales y piedras preciosas, inmobiliarias y otras.
Se podrá investigar y acumular pruebas de lavado de dinero y delitos de corrupción pública y una vez realizados estos, emitir antecedentes al Ministerio Público. Sus informes y actuaciones tendrán valor probatorio correspondiente, lo que no sucede hoy. No se aplicará el secreto bancario o de otro tipo a sus actividades.