Siete de cada 10 mujeres bolivianas sufrieron alguna vez en su vida algún tipo de violencia sexual, desde acoso, abusos deshonestos, estupro y violaciones, revela el informe «Violencia Sexual contra las Mujeres», difundido este miércoles por la Defensoría del Pueblo. El documento señala que anualmente se registran más de 14 mil denuncias de violencia sexual […]
Siete de cada 10 mujeres bolivianas sufrieron alguna vez en su vida algún tipo de violencia sexual, desde acoso, abusos deshonestos, estupro y violaciones, revela el informe «Violencia Sexual contra las Mujeres», difundido este miércoles por la Defensoría del Pueblo.
El documento señala que anualmente se registran más de 14 mil denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, de las cuales 60% suceden en los hogares de las víctimas. «Las cantidades reales son obviamente mayores, si consideramos los casos que no llegan a la prensa, los que se quedan en los escritorios de los administradores de justicia o los que no son siquiera denunciados», consideró el defensor del Pueblo Rolando Villena.
El estudio fue realizado entre 2011 y 2012 en lasciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Pando. «Aunque tiene un enfoque integral sobre las causas y los efectos, hace hincapié en el tratamiento que se le da a las denuncias y los procesos judiciales iniciados por las víctimas, en la mayor parte los casos solas y en otros, apoyadas por entidades de derechos humanos, entre ellas nuestra propia institución», manifestó el Defensor.
Los problemas que enfrentan las víctimas para que sus procesos avancen son el cambio de investigadores o fiscales, limitado número de forenses, falta de gratuidad, discriminación en razón de género, actitudes machistas por parte de jueces y fiscales, desconocimiento de procedimientos judiciales, falta de medios técnicos y periciales para la recolección de pruebas.
Los casos son abandonados porque las víctimas temen represalias o porque los procesos son largos y revictimizadores, los abogados transan con los agresores, algunos fiscales y jueces interponen sus oficios en favor de los agresores o las víctimas no están lo suficientemente preparadas como para afrontar el proceso.
A estos datos se suman los de una investigación realizada por la administración de justicia en el país que señala que del 100% de los expedientes de casos revisados en materias relacionadas con los derechos de las mujeres, el 71,2% fue rechazado por los fiscales por falta de pruebas, y de éste el 41% corresponde a delitos sexuales. De los casos que llegan a estrados judiciales sólo el 0,04% concluye con una sentencia. (1)
A partir de reportes de la Policía Boliviana, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana estima que entre 2005 y 2012 los casos de agresión sexual a menores (violación, estupro y abuso deshonesto) subieron de 1.076 a 3.602, lo que significa un incremento del235%. Sólo los registros de violación aumentaron de 777 en 2005 a 2.386 en 2012, un incremento de 207%. Es decir de dos por día se elevaron a seis.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, Bolivia presenta el mayor índice de violencia de género en América Latina y el segundo en violencia sexual, solo superada por Haití. La representante en Bolivia del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) Miriam Taborga comparó los datos con los niveles que alcanza una «pandemia» y demandó a que esta realidad sea considerada como un tema de salud pública pues afecta al 15% de la población femenina en Bolivia.
El fiscal general de Bolivia Ramiro Guerrero manifestó preocupación por los datos del informe y demandó a las autoridades a trabajar en políticas de Estado para enfrentar esa situación. El Parlamento estudia actualmente un proyecto de ley que tendrá como objetivo garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ese proyecto abarca tres ámbitos de acción: la prevención, protección y sanción de ese delito, e incluirá hasta 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto, la pena máxima en Bolivia, para los asesinos de mujeres. (2)
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Senadores Gabriela Montaño pidió a los operadores de justicia actuar de manera decidida contra la violencia hacia mujeres y niños, en alusión a las recientes denuncias de violencia a una mujer policía por parte de su esposo y a la violación a un menor de edad perpetrada por un profesor en Chuquisaca. Montaño aseguró que una «enorme cantidad» de casos de violencia contra la mujer e infantes que quedan en impunidad debido a la «inacción» del Órgano Judicial y del Ministerio Público. «Además en muchos casos por una prepotencia por parte del operador de justicia por encima del derecho ciudadano».
Al respecto, el Ministerio de Justicia conformó una comisión que se desplazará al departamento de Pando con el fin de indagar denuncias de violación a indígenas tacanas de la comunidad El Retorno, informó el jueves el director general de Justicia Indígena Originaria Campesina Nelson Cox y recordó que la ministra Ayllón instruyó la conformación inmediata de una comisión que se desplazará en próximos días para asumir las acciones de defensa de las víctimas.
Habitantes de la comunidad indígena tacana de El Retorno denunciaron en enero de este año la vulneración de sus derechos, además de agresiones y la violación de al menos nueve mujeres, entre ellas dos menores de edad, en una disputa con barraqueros por tierras destinadas a la producción de almendra. El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra los acusados, pero ninguno de los denunciados se encuentra detenido y el proceso de investigación avanzó lentamente en seis meses.
Por otro lado, el director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Anthony Lake instó este miércoles a tomar medidas urgentes para combatir la violencia contra la niñez, y hacer visible lo invisible, luego de presentar un informe que revela que unos 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron violencia sexual y explotación. Se estima que 1,2 millones de niños son víctimas de trata cada año, según un informe de 2005 de la Organización Internacional del Trabajo.
Notas:
1. Un equipo de alto nivel del Consejo de la Magistratura inició una inspección ocular a los juzgados cautelares y de familia, en los que identificó faltas, que después de una evaluación, darán lugar a procesos disciplinarios. «Así como en Santa Cruz y Cochabamba en La Paz veo que hay muchas falencias, estamos a la espera de los informes del equipo multidisciplinario de alto nivel y si corresponde iniciaremos los procesos disciplinarios», advirtió la presidenta del Consejo Magistratura Cristina Mamani. La magistrada personalmente inspeccionó los juzgados de familia para identificar anomalías e irregularidades en el trabajo de los funcionarios judiciales y su relación con problemas como la mora procesal, la retardación de justicia y la corrupción. El Consejo de la Magistratura en el marco de sus atribuciones remitirá antecedentes a los jueces disciplinarios, quienes deberán valorar si los funcionarios observados incurrieron o no en faltas leves, graves o gravísimas, enfatizó.
2. La ministra de Justicia Cecilia Ayllón informó el martes que en la ciudad de Santa Cruz concluyó la elaboración de la política pública y los protocolos de atención a las víctimas, para erradicar toda forma de violencia en contra de la mujer y la aplicación de la Ley 348. El documento será socializado de tal manera que una vez aprobado por organizaciones sociales, la sociedad civil y autoridades sea presentado a la población, apuntó la autoridad. En cuanto a las determinaciones emanadas del encuentro, Ayllón mencionó que de manera coincidente se identificó la necesidad de diseñar una política comunicacional dirigida a la población en general, con el propósito de dar a conocer la normativa que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia.
Agregó que la mayor capacitación del personal de las instituciones involucradas en la temática también fue una de las determinaciones que emergió de la reunión, toda vez que la normativa comprende la etapa de atención a víctimas, además de las acciones preventivas.