La justificación que el Gobierno ha dado al gasolinazo, pretendiendo demostrar su necesidad social, y que sintomáticamente persiste aun después de abrogado el respectivo decreto, se centra en el cálculo de cuántos hospitales, kilómetros de carretera y conexiones de agua potable se podrían financiar con los 380 millones de dólares de la subvención a los […]
La justificación que el Gobierno ha dado al gasolinazo, pretendiendo demostrar su necesidad social, y que sintomáticamente persiste aun después de abrogado el respectivo decreto, se centra en el cálculo de cuántos hospitales, kilómetros de carretera y conexiones de agua potable se podrían financiar con los 380 millones de dólares de la subvención a los carburantes, o con los 600 que le cuesta al Estado su importación.
Tratando de aprovechar la manifiesta capacidad de nuestro alto Gobierno para las matemáticas y su sensibilidad hacia la inversión social, en el ánimo de indagar sobre la realidad de la industria hidrocarburífera en el país, es pertinente formularle las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos hospitales, kilómetros de carretera y conexiones de agua potable se podrían financiar con los, por lo menos, 1.500 millones de dólares que, en el conjunto de los contratos de recuperación suscritos con las empresas petroleras transnacionales, YPFB se compromete a pagarles por concepto de devolución de inversiones, no obstante que la «migración» de sus contratos no les ha privado de la posesión y disfrute de esas inversiones, pues continúan siendo los socios operadores de la explotación en sus respectivas áreas?
2. ¿Cuántos hospitales, kilómetros de carretera y conexiones de agua potable se podrían financiar con los 250 millones de dólares que se les pagó a las transnacionales capitalizadoras de Transredes por sus acciones, no obstante existir en poder del Gobierno abundante evidencia de varios y graves delitos cometidos por ellas contra el Estado boliviano, y que la única inversión que efectuaron se financió con una deuda que también ha sido asumida por YPFB?
3. ¿Cuántos hospitales, kilómetros de carretera y conexiones de agua potable se podrían financiar con los 700 millones de dólares que regalamos anualmente al Brasil en líquidos asociados al gas que le vendemos, a falta de la tan famosa y largamente anunciada planta separadora que sólo cuesta alrededor de 150 millones de dólares?
4. ¿Cuál es el monto anual de la devolución del IVA y del Impuesto a las Transacciones del que se benefician las empresas transnacionales contratistas, no obstante que tales impuestos recaen en última instancia en el consumidor, y cuántos hospitales, kilómetros de carretera y conexiones de agua se podrían financiar con el mismo?
5. Como dicen todos los entendidos, los escasos campos petroleros en actual producción están en declinación y no pueden ya producir el petróleo que satisfaga el consumo interno de carburantes líquidos; por lo tanto, las posibilidades de aumentar la producción de petróleo radican en las reservas de La Paz, Beni y Pando. Al mismo tiempo, la explotación de esas reservas representa la única oportunidad para que YPFB recupere el efectivo carácter de empresa operadora en la producción de hidrocarburos, en condiciones de consumar materialmente la reapropiación nacional de los hidrocarburos, resguardando sólidamente el interés nacional y preservando de gasolinazos a la economía popular.
Si esto es así y, como dice el Gobierno, YPFB no tiene problemas financieros, ¿por qué sólo una pequeña parte de los bloques petroleros correspondientes a esas reservas se ha reservado a YPFB y a su sociedad estratégica con PDVSA (Petroandina)? ¿La gran mayoría de esos bloques declarados disponibles está reservada a las transnacionales que ya tienen en su poder real más del 80% de nuestras restantes reservas hidrocarburíferas?
6. Si, como todo parece indicarlo, el Gobierno pretende acudir a las transnacionales, «a las que saben», como principal medio para aumentar la producción de petróleo entregándoles la mayor parte de nuestras nuevas reservas, es coherente estimularlas comprándoles su producción a mayor precio, como el mismo Gobierno lo declara. Pero si recordamos que antes de la nacionalización Repsol declaró que su costo de producción por barril de petróleo era de diez dólares, y tenemos en cuenta que ese costo, probablemente inflado, no tendría que haber experimentado dramáticos aumentos en los últimos años, ¿no será mucho comprarles a 60 dólares el barril transfiriéndole el costo a la gente vía gasolinazo? Aparte de lo que quieren las transnacionales, no habrá que considerar, un poquito siquiera, lo que la gente pobre de este país quiere y necesita, por ejemplo, comer un poco mejor, tener hospitales, agua potable o carreteras?
7. ¿Cuáles son los movimientos sociales «patriotas» y cuáles los «traidores»? Si los primeros son los que apoyaron el gasolinazo y los segundos los que lo rechazaron, ¿habrá que contar entre los «patriotas» a la Cámara de Hidrocarburos y a su no declarado sindicato de «expertos» y «analistas», esos mismos que dieron perfecta justificación técnica a la capitalización desnacionalizadora de los hidrocarburos y que, a propósito del gasolinazo, han ponderado la «actitud corajuda», la «condición ilustrada» o el «mérito pedagógico» de nuestros altos gobernantes?
Alejandro Almaraz es exviceministro de Tierras del gobierno de Evo Morales.