El 16 de marzo las autoridades hicieron oficial el «descubrimiento» de la que llaman la alberca, que constituye la fosa clandestina más grande del país y posiblemente de América Latina, en la que se encontraron más de 250 cadáveres apilados por los grupos criminales vinculados al narcotráfico. Se sabe que la alberca es tal vez […]
El 16 de marzo las autoridades hicieron oficial el «descubrimiento» de la que llaman la alberca, que constituye la fosa clandestina más grande del país y posiblemente de América Latina, en la que se encontraron más de 250 cadáveres apilados por los grupos criminales vinculados al narcotráfico. Se sabe que la alberca es tal vez la mayor del lugar, ya bautizado como «el predio de la muerte», pero ciertamente no la única pues alrededor hay las señales de muchas más. El «descubrimiento» oficial hecho en un lugar llamado Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz en el estado del mismo nombre, se hace después de que desde hace meses el Colectivo Solecito Veracruz integrado por familiares y amigos de los cientos de desaparecidos en el estado lo habían verdaderamente descubierto y exigido la intervención judicial al nuevo gobierno del panista Miguel Ángel Yunes que sucedió al del gobernador criminal priista Javier Duarte, hoy prófugo y buscado por la policía.
Rosario de espantos
Yunes, que tomó posesión a principios de año, basó su campaña electoral en la denuncia de los crímenes y en la promesa de castigo de Javier Duarte, un siniestro personaje responsable de haber sembrado el terror en la población veracruzana como cómplice de los poderosos y violentos cárteles que operan en el estado (Los Zetas, Cártel Jalisco Nueva Generación, principalmente) que asesinaron a cientos de personas durante los seis años de su gobierno. Duarte debió renunciar a la gubernatura antes del fin de su periodo. La acumulación de denuncias y evidencias de sus numerosos crímenes y de la escandalosa deuda contraída por su gobierno para su enriquecimiento personal, obligó a la dirección del PRI a expulsarlo del partido, no sin antes recibir del presidente Peña Nieto, quien lo protegió hasta el último momento, un favor final al permitirle escapar y mantenerse hasta hoy «desaparecido».
El caso de las gigantescas fosas de cadáveres clandestinas de Veracruz, horroroso como es evidente, es la cúspide de un rosario de espantos en el mismo estado que se integran al horror que desde hace más de diez años se ha convertido en algo casi cotidiano en todo el país. El procurador del nuevo gobierno veracruzano, que fue quien hizo pública la existencia de ese cementerio clandestino, se tardó más de cien días en presentarse en el lugar. Pero como funcionario que también fue de la administración anterior de Duarte, Jorge Winckler declaró sin tapujos y con conocimiento de causa: «En Veracruz hay fosas como ésta por todos lados, en 45 municipios, todas ellas cavadas durante el gobierno de Duarte». Aunque el puerto de Veracruz es «el epicentro de las narcofosas», existen también en otros municipios: Alvarado, Cosamaluapan, Sayula de Alemán, Coatzacoalcos, Minatitlán, Tres Valles, Tierra Blanca, Iztaczoquitlán, «en el norte de la entidad y en otros muchos lados». Reconoció igualmente que las cifras reales de las víctimas se han ocultado y afirmó que hay «2 mil 348 investigaciones abiertas». (Proceso, 19.03.2017). Y no se crea que en el nuevo gobierno veracruzano se han reducido los asesinatos, de ninguna manera: se han cometido 600 homicidios en sus primero tres meses.
El horror que desde hace años abruma con su funesta secuela depresiva, está siendo documentado en ocasiones puntualmente. Por ejemplo, se ha sabido con las investigaciones efectuadas después de la salida de Duarte que los «levantones», es decir, los secuestros de personas han sido realizados muchas veces por los delincuentes con la complicidad descarada de las policías de todo género. Tampoco son nuevas las formas utilizadas en Veracruz, en todo el país se han encontrado fosas repletas de cadáveres. Son tristemente célebres las de los cadáveres de decenas de inmigrantes centroamericanos en Tamaulipas en 2010.
El gobierno en el banquillo
Pero el cinismo del gobierno mexicano no tiene límites. Esta condición se ha visto con evidencia en los foros internacionales en los que la situación de la gravedad extrema de la crisis de los derechos humanos por la que atraviesa México se discute, se analiza e incluso se hacen recomendaciones para evitarla como es el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En tales ocasiones los representantes del gobierno mexicano hacen alarde de formalismo retórico que muy mal se complementa con la realidad macabra prevaleciente en el país. Realidad que con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre del 2014, sobrepasó las fronteras y horrorizó al mundo entero.
El gobierno de Peña Nieto tuvo que aceptar, ante el clamor de protestas nacional y la denuncia de muchos sectores en el extranjero, la intervención de expertos internacionales que contribuyeran en la aclaración del crimen de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Ciertamente la presencia del Grupo Internacional de Expertos Independientes, vinculado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvo una positiva influencia para el desmantelamiento de lo que el procurador de la República Murillo Karam había llamado «la verdad histórica» del caso (la incineración en el tiradero de Cocula de los 43 estudiantes), pero una vez que el gobierno de Peña consideró que la presión había bajado no tardó en expulsar «diplomáticamente» a los cinco expertos y archivar sus conclusiones devastadoras para la versión oficial que sostiene sobre el caso de la noche de Iguala.
La llegada de Trump ha significado casi un terremoto para las estructuras del gobierno mexicano, acostumbrado durante décadas a ser un fiel subordinado de Washington. Comenzando por la cumbre misma. Peña Nieto y su hombre más influyente que actúa como su principal diplomático, Luis Videgaray, se han visto como principiantes en su trato con el energumeno presidente estadounidense y de hecho han mostrado sin remedio que su papel tradicional de cortesanos del gobierno imperialista los incapacitó para tener una pronta y firme respuesta frente a las amenazas de Trump. No obstante, han tratado de sacar a flote su precaria situación ante las exigencias del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Aunque tardía y tibiamente Peña y su secretario de Relaciones Exteriores han acudido a la escena internacional a buscar apoyo para su confrontación con Trump. Ciertamente han aceptado hacer declaraciones conjuntas con otros gobiernos sobre Trump siempre sin abandonar la «moderación» diplomática para evitar una colisión frontal, la que evitan a toda costa esperando llegar finalmente a un acuerdo con quien están destinados a cohabitar como subordinados.
Recientemente, a principios de marzo en Ginebra, en la reunión anual del Consejo de los Derechos Humanos (CDH) de la ONU, el punto de la situación de los derechos humanos en México se incluyó en la agenda y personajes mexicanos estuvieron presentes. El gobierno de México envió al subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas y por parte de las organizaciones no gubernamentales enfocadas a la defensa de los derechos humanos en México estuvieron presentes dos delegados: Olga Guzmán Vergara y Michael W. Chamberlin quienes presentaron ante la reunión el informe de la Open Society Justice Initiative, Atrocidades innegables,
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Al Hussein, en su vista al país en 2015, en pleno momento de las repercusiones directas del caso de Ayotzinapa, en forma inaudita para este tipo de visitas, hizo varias recomendaciones al gobierno mexicano, una de las cuales fue que para cortar la espiral de violencia que aqueja al país se estableciera con urgencia un consejo asesor internacional que colaborara con el gobierno para lograr la erradicación de la violencia. Por supuesto, Peña ni de lejos estuvo, ni está dispuesto a aceptar tal recomendación. El representante oficial a la reunión de Ginebra se entrevistó con Hussein y durante su intervención en el pleno se refirió a la política de Trump atentatoria de los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos en EUA, pero en una clásica postura de doble moral no se refirió al trato que reciben los inmigrantes centroamericanos cuando entran a México en su paso hacia el país norteño. Y para no dejar la menor duda de que los jerarcas gubernamentales priistas pretenden seguir sin aquilatar la situación alarmante del país, aludió el hecho de que también en EUA y en Italia hay 80 mil personas no localizadas. La respuesta que el representante del centro de defensa de los derechos humanos Fray Juan de Larios, Michael W. Chamberlin hizo en una entrevista a tales conceptos vale la pena citarla: «sí puede ser que las tasas sean muy altas, pero ni en Italia, ni en Estados Unidos hay movimientos de madres buscando a sus hijos, ni carpetas de investigación por desaparición forzada, ni esos países están sembrados con cadáveres». (Proceso, cit.).
Hacia un estado policiaco-militar
Mientras tanto el gobierno de Peña sigue armándose en forma inaudita. Las fuerzas armadas mexicanas son las segundas más grandes de América Latina, aunque con su alto ritmo de crecimiento no sería una sorpresa que se acercaran pronto a las dimensiones de las brasileñas. ¿Contra quienes están destinadas tantas armas? No precisamente para una guerra contra Trump pues dichas armas son compradas al Pentágono con créditos multimillonarios concedidos por el propio gobierno de Washington.
Los representantes de los estados miembros del CDH, latinoamericanos, europeos y asiáticos son conscientes que la situación de México se hace cada vez más peligrosa e incontrolable. Las cifras oficiales no dejan margen para atenuar la situación alarmante del país: hoy se calcula en 30 mil los desaparecidos en México en los últimos diez años cuando en los veinte años de guerra civil en Guatemala se reportaron 20 mil o durante las dictaduras chilena y argentina, 3 mil y 15 mil, respectivamente.
Ante esta atroz situación el gobierno prepara una nueva propuesta legislativa, pero las señales y los textos de los proyectos que ya se conocen sobre ella no son para nada alentadores. Desde que el gobierno de panista de Felipe Calderón sacó al ejército y la Marina de sus cuarteles en 2007 para emprender la guerra contra el narcotráfico, la intención manifiesta de un gobierno surgido de una batalla electoral encarnizada en la que la victoria estaba bajo la sospecha de un fraude electrónico, era imponer una situación de terror y amedrentamiento en el país. La lucha fue muy sangrienta y encarnizada: comenzaron a contarse los cadáveres y los desaparecidos. Los militares literalmente aterrorizaban y siguen aterrorizando a las poblaciones de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y demás lugares en que han intervenido. Pero esta intervención militar ha sido sin marcos legales, arbitraria y sin medida. Las cifras son tremendas, los militares matan a discreción. La Marina mata a 30 personas por una que hiere lo cual, según los que saben, indica que hay ejecuciones sumarias. El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos ha sido explícito y sin tapujos en sus declaraciones, si el ejército está encargado, ante la impotencia y corrupción de la policía, de la seguridad interior debe haber una legislación «que proteja su actividad».
Estamos en vísperas de cambios muy drásticos de la política nacional. El año electoral de 2018 promete ser de pronósticos reservados. En su reciente Congreso el PRI, con Peña Nieto a la cabeza mostró su cara más agresiva. Retadores y jactanciosos los priistas se preparan para seguir en el poder con una victoria que aparece muy difícil y cuesta arriba en 2018. Todavía no se perfila ningún personaje priista en un panorama muy flaco en el cual su figura más destacable es la del muy mediocre secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong quien en las encuestas que ya se hacen sobre la popularidad de los posibles candidatos para el 2018 se encuentra muy debajo de López Obrador de Morena, Margarita Zavala del PAN y de otros postulantes.
La importancia que tienen las cuestiones de los derechos humanos en la actual situación política del país se ha venido a corroborar nuevamente con la postulación tempranera de Emilio Álvarez Icaza como candidato a la presidencia de la República por parte del movimiento-partido titulado Ahora o Nunca. Álvarez fue durante cuatro años, de 2012 a 2016, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y antes, de 2001 a 2009, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Pertenece a la franja muy influyente del progresismo intelectual, académico y profesional mexicano, de hecho muchos de sus apoyos son parte de los círculos que hasta ayer apoyaban a López Obrador (AMLO). Pero el giro cada vez más conciliador de este último, su más que evidente esfuerzo por acercarse al grupo de la gran burguesía dominante y sus frecuentes actitudes soberbias y autoritarias están mostrando con evidencia que el papel de AMLO es el de «serenar», como él insistentemente declara, los ánimos cada vez más iracundos y rebeldes de amplios sectores de la población.
Un episodio reciente ocurrido durante la visita de AMLO a Nueva York es sintomático de la relación que este personaje, un político tradicional formado en el PRI, después miembro y presidente del PRD y ya dos veces candidato presidencial en 2006 y 2012, mantiene con las bases populares. Uno de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que se encontraba también en gira en Nueva York, se acercó a él cuando salía en su coche del acto con sus simpatizantes. AMLO en vez de detenerse, saludarlo y oír lo que éste le preguntaba, a saber, su relación con Ángel Aguirre el gobernador perredista de Guerrero en los días de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, se alejó de él rápidamente. Las versiones son diversas: unos dicen que AMLO llamó al padre «provocador» y otras que sólo le deseo suerte en su lucha. Sea lo que fuere, es evidente que AMLO ha sido por completo ajeno a la lucha de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y esto se debe a que sus vínculos con el PRD en Guerrero lo relacionan con muchos de los personajes políticos que gobernaban el estado la noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014.
El estado canceroso de la situación del país con la corrupción imperante en los sistemas político y jurídico, la impunidad virtualmente garantizada de las fuerzas de seguridad abocadas a las prácticas de ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones, el reinado de los más acaudalados grupos nacionales y extranjeros, todo ello aunado a las amenazas del poderoso vecino del norte que con el presidente Donald Trump se adentra en un caótico y peligroso curso lleno de incertidumbre, ante esta situación las aspirinas reformistas y populistas o los tratamientos de choques represivos serán simples detonadores de contradicciones cada vez más insolubles y dramáticas.
Ante este panorama es del todo vigente el esfuerzo de agrupamiento y acciones comunes que un conjunto de grupos socialistas han emprendido en el Foro Socialista que el próximo 1° de abril presentarán en la capital de la República la posición que los socialistas tenemos frente a la crisis del capitalismo en México y en el mundo entero. De sus perspectivas y sus esfuerzos organizativos independientes, socialistas y revolucionarios dependerá mucho la solución positiva de las luchas próximas de los trabajadores y sus aliados de los sectores oprimidos del país.
Fuente original: http://werkenrojo.cl/mexico-siguen-los-crimenes-contra-los-derechos-humanos/