La persecución a Cristina Kirchner es parte de una estrategia que oscila entre las cortinas de humo y el disciplinamiento social. La utilización brazo mediático-judicial para atacar a los opositores se ha transformado en una característica del gobierno de Macri. El arbitrario pedido de desafuero y detención contra la actual senadora y ex presidenta argentina, […]
La persecución a Cristina Kirchner es parte de una estrategia que oscila entre las cortinas de humo y el disciplinamiento social. La utilización brazo mediático-judicial para atacar a los opositores se ha transformado en una característica del gobierno de Macri.
El arbitrario pedido de desafuero y detención contra la actual senadora y ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es una muestra del derrumbe del Estado de derecho y de la crisis democrática en la que ha unido al país el gobierno de Mauricio Macri.
La medida, del cuestionado juez Claudio Bonadío, tiene, además, la clara intención de crear una «cortina de humo» que oculte el nuevo «tarifazo» (aumento de las tarifas de luz, gas y agua), la reforma laboral (que destruye gran parte de los derechos que los trabajadores argentinos) y la reforma jubilatoria (que golpea, aún más, el ya desgastado poder adquisitivo de uno de los sectores más vulnerables del país, los jubilados).
El autoritarismo y la persecución desatada por el gobierno de Macri no tiene precedentes en la democracia argentina y solo se equipara con las oscuras épocas dictatoriales.
La suma de los poderes fácticos se encuentra hoy en las manos de un sector que piensa imponer un salvaje modelo neoliberal a como dé lugar. El poder financiero, el mediático, el judicial, el político y el represivo se encuentran bajo el control de los sectores que hoy gobiernan el país.
El único poder que aún está en disputa es el de la organización y la protesta social. Para tener el control de la calle, el gobierno pone en marcha políticas de represión y disciplinamiento.
Desde la llegada de Cambiemos al gobierno argentino, comenzó una persecución política sin reparos. Se despidió a miles de trabajadores del Estado acusándolos de «kirchneristas». Se persiguió (y se persigue) a los periodistas cuyas voces no se alineaban con el discurso oficial (los casos de Víctor Hugo Morales y Roberto Navarro fueron los más trascendentes, pero como ellos hay miles).
La represión se transformó en una constante. Santiago Maldonado es el caso más emblemático. El joven Maldonado fue víctima del accionar de la Gendarmería argentina. Mientras apoyaba el reclamo mapuche contra los territorios usurpados y vendidos al empresario extranjero Benetthon, en medio de una brutal represión, Maldonado desapareció y luego de tres meses fue hallado sin vida a la vera del río, cerca de donde se lo vio por última vez huyendo de la Gendarmería que disparaba a mansalva (el lugar ya había sido registrado en dos oportunidades por las Fuerzas de Seguridad, sin encontrar ningún rastro del joven). Aun hoy, cinco meses después de su desaparición y dos meses después del hallazgo de su cuerpo sin vida, se desconoce cómo murió, pero se sabe que fue durante esa represión. Tiempo después, las fuerzas represivas asesinaron al joven Rafael Nahuel en un nuevo acto contra los pueblos originarios.
La persecución a los opositores políticos mediante la utilización del brazo mediático-judicial ha sido otra marca característica del autoritarismo del gobierno de Macri.
La estigmatización mediática es el primer engranaje de un mecanismo que tiene como fin eliminar cualquier voz que pueda intentar denunciar y poner un freno a un modelo económico y social que atenta contra la gran mayoría de los argentinos.
Los medios instalan en el «sentido común» una serie de prejuicios que sirven de basamento para que jueces y fiscales inescrupulosos actúen con arbitrariedad y avasallen el Estado de derecho. La norma parece ser «todo kirchnerista es culpable hasta que se demuestre lo contrario».
Esta lógica de estigmatización mediática y utilización del Poder Judicial para eliminar a los opositores políticos es un fenómeno que no se da solamente en Argentina. El accionar de la Red Globo y juez Sergio Moro contra el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio «Lula» Da Silva, tiene enormes similitudes con el accionar del Grupo Clarín y el juez Claudio Bonadío contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y no es el único paralelo que se puede hacer en la región.
La denuncia de Bonadío contra Cristina Kirchner no tiene asidero jurídico, ni político y no podría implementarse si no fuera parte de una decisión de los grupos de poder a los que responde el presidente Mauricio Macri.
Cabe recordad que, según aseguró el periodista ultraoficialista Luis Majul, Macri tiene una «lista negra» de 500 personas que «tienen que estar presas», entre ellos: dirigentes sociales, políticos y sindicales.
Bonadío, un juez que fue apartado de la causa AMIA por sospechas de «parcialidad», y que fue denunciado por el ex fiscal Alberto Nisman quien lo acusó de «encubrimiento», ahora intenta procesar a la ex presidenta por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, una decisión de Política Exterior que fue tomada de manera soberana como acto de Estado y que fue aprobada las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso argentino. Una medida no judicializable. Cabe recordar que la esta denuncia ya había sido presentada y que el juez Federal Daniel Rafecas la «desestimo» por la inexistencia de delito.
La lista de presos políticos aumenta cada día durante el gobierno de Macri. A la líder social Milagro Sala, se sumaron innumerable cantidad de detenidos, los últimos (hasta hoy) el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y lo dirigentes sociales Luis D’Elia y Fernando Esteche.
Esa «lista negra» en la que Macri va tachando a sus opositores es larga. El sueño más preciado del mandatario es tachar en esa lista a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien en su nuevo rol de senadora se presenta como la voz más contundente para desafiar el autoritarismo del gobierno.
El destino dirá hasta donde llega la degradación democrática a la que el gobierno de Cambiemos está llevando a la Argentina o si la sociedad organizada es capaz de ponerle un límite.
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