Sin propuestas: la comedia electoral en medio de la crisis boliviana

“A abril de 2024 las Reservas Internacionales Netas apenas sumaban $us 1.796 millones, de los cuales solo $us 139 millones estaban en divisas líquidas (el resto en oro y otros activos)” (Agencia de Noticias Fides, 2024).

Esta falta de divisas ha dificultado la importación de insumos esenciales, amplificando la inflación y la escasez de bienes básicos. La crisis de combustible —con importaciones de diésel y gasolina restringidas por falta de dólares— ha golpeado el transporte y la producción agrícola, encareciendo aún más los alimentos en los mercados locales. Bolivia se encuentra al borde del abismo económico, con una población que resiente el encarecimiento de la vida y un modelo de desarrollo que muestra señales claras de agotamiento.

Detrás de esta coyuntura hay causas estructurales profundas. Durante años, el país confió en un modelo extractivista rentista (un modelo keynesiano), basado en la exportación de gas natural y otras materias primas, cuyo auge financió más de una década de estabilidad y programas sociales. “Sin embargo, ese “milagro económico” comenzó a agrietarse cuando las reservas de gas se redujeron y los precios internacionales cayeron” (Trigo, 2025). La falta de diversificación productiva dejó a Bolivia vulnerable: al desplomarse los ingresos por gas, también lo hicieron las fuentes de divisas, desatando una crisis financiera. El resultado ha sido una economía estancada, con reservas agotadas y una población enfrentando la inflación más alta en mucho tiempo. Aunque la inflación oficial anual aún es de un dígito, la realidad en los mercados populares es de precios de alimentos y combustibles cada vez más inalcanzables para el ciudadano común. Esta situación de precariedad inédita alimenta la percepción de que el país vive un declive acelerado, generando una “frustración generalizada” entre la gente.

Candidatos “salvadores” sin propuestas concretas

Pese a la gravedad de la crisis, el panorama político rumbo a las elecciones generales de 2025 resulta desolador. Proliferan candidaturas que se promocionan casi en tono mesiánico, prometiendo ser la salvación, pero carecen de planes serios para afrontar los problemas de fondo. De hecho, más del 70% de las organizaciones políticas creadas en las últimas dos décadas desaparecieron tras su primera elección, reflejando la débil institucionalización de los partidos en Bolivia (Sánchez Morales, 2025). Muchos de estos frágiles frentes electorales no son más que trampolines personalistas: plataformas improvisadas para candidatos que se erigen como “salvadores” sin propuestas concretas (Sánchez Morales, 2025). En lugar de debates ideológicos sólidos o programas de gobierno, abundan los slogans vacíos y las promesas populistas inviables (desde gasolina más barata hasta empleos fantasiosos) que subestiman la complejidad de la crisis.

Esta alarmante desconexión entre los candidatos y la realidad del país ha sido señalada por analistas de diversas tendencias. Incluso el presidente Luis Arce –quien hasta hace poco se perfilaba como candidato oficialista– dio un mensaje anual que fue ampliamente criticado por su vacío de soluciones. Su discurso del 22 de enero de 2025 estuvo “lleno de vacíos e insuficiencias, careciendo de propuestas sólidas” para encarar la crisis económica, social y política (Chávez, 2025). En vez de presentar un plan creíble para resolver la escasez de dólares, la inflación o la caída productiva, Arce optó por anuncios genéricos (un “pacto social” ambiguo y la promesa de un Proceso de Cambio 2.0) y por culpar a enemigos externos –la derecha, el “imperialismo”– de todos los males. Como señaló el economista Gonzalo Chávez, fue más un mitin de campaña encubierto que un informe de gestión: un intento de victimización y polarización antes que un ejercicio de autocrítica y solución real (Chávez, 2025).

Del lado de la oposición tradicional, el panorama no es mucho mejor. Tras la convulsión postelectoral de 2019 y la vuelta del MAS al poder en 2020, la oposición de derecha quedó desarticulada y carente de un proyecto claro de país. Persiste un ultrapersonalismo y “autismo” político –como lo describió un columnista– que impide conectar con las necesidades sociales urgentes. Se reciclan las mismas caras de siempre y “sin partidos, sin propuestas, sin militancias”, las fuerzas opositoras bailan alrededor de sus propias egolatrías en vez de aventurarse a construir alternativas programáticas genuinas (Sánchez Morales, 2025). Es decir, mientras el oficialismo encarna un proceso de implosión interna (con la pugna entre “evistas”, “arcistas” “androniquistas” fragmentando el voto popular), la oposición no logra capitalizar el descontento porque tampoco ofrece una visión de cambio estructural que entusiasme a las mayorías. Ambas orillas del espectro político parecen cómodas en la superficialidad: reducen la contienda a ataques personales, promesas fáciles o a revivir viejas consignas, eludiendo el debate de fondo sobre cómo sacar al país de la crisis.

Frustración ciudadana y democracia en entredicho

La consecuencia natural de esta desconexión política es un profundo hartazgo ciudadano. Cada elección renueva la esperanza de encontrar líderes capaces de transformar las desigualdades del país, pero esa ilusión choca una y otra vez con la realidad del caudillismo, la corrupción y la distancia entre gobernantes y gobernados. Lo que debería ser un ejercicio de fortalecimiento democrático termina evidenciando la fragilidad institucional y alimentando el desencanto popular. Muchos bolivianos sienten que, gobierne quien gobierne, no hay un proyecto de país que responda a sus necesidades: el sistema político se ha vuelto una “comedia de enredos” donde todos prometen y nadie cumple, y donde los problemas de siempre (empleo precario, salud y educación deficientes, inseguridad económica) permanecen sin soluciones de fondo.

Este ciclo de promesas vacías y decepciones acumuladas ha derivado en una peligrosa crisis de representación. La población percibe que ni el oficialismo ni la oposición hablan por ella. El Movimiento Al Socialismo (MAS), antaño instrumento aglutinador de indígenas, campesinos y sectores populares, hoy aparece fracturado y sin norte ideológico claro. Retomando a Antonio Gramsci, podríamos decir que “el bloque histórico del MAS sufre una crisis de hegemonía: ya no logra representar los intereses de su base social ni articular un proyecto de futuro creíble” (Machuca, 2024). La ruptura entre el expresidente Evo Morales y el presidente Arce ha dejado un vacío político; ninguna figura consigue encarnar a ese electorado amplio que antes votaba unido en torno al “proceso de cambio”. En las encuestas con miras a 2025, por ejemplo, el joven líder Andrónico Rodríguez –promovido por una facción masista– encabeza la intención de voto con apenas 25%, un porcentaje muy lejos de las mayorías absolutas (50-60%) que el MAS solía obtener en el pasado (Machuca, 2025). Es claro que, dividido, el oficialismo difícilmente podrá ganar en segunda vuelta. Así, el partido que dominó la última década hoy parece haber perdido su capacidad unificadora, confirmando las tesis de Gramsci sobre la erosión de un bloque dominante cuando éste deja de consensuar proyectos comunes.

Del otro lado, la oposición derechista tampoco ofrece una representación convincente. Sus líderes siguen enfrascados en disputas de ego y cálculos cortoplacistas. En palabras de un analista, “persiste el ultrapersonalismo y el autismo político” en esas filas, lo que genera una completa desconexión con las demandas reales de la sociedad (La Razón, 2024). Sin partidos sólidos ni militancias comprometidas, la oposición prefiere explotar la imagen de sus caudillos “sagrados” –sean estos ex mandatarios, cívicos regionales u outsiders de turno– en lugar de aventurarse a construir propuestas coherentes de gobierno. El resultado es un vacío de alternativas: ante la ausencia de narrativas esperanzadoras, muchos ciudadanos caen en la apatía o en la polarización visceral (el “anti-MAS” vs el “anti-derecha”), sin expectativas genuinas de mejora. Elegimos a menudo por afinidad emocional o por rechazo al adversario antes que por evaluar planes de gobierno. Después de votar, la sociedad civil vuelve a la pasividad, dejando de vigilar a las autoridades hasta que estalla la siguiente crisis. Este círculo vicioso de descontrol y desconfianza termina normalizando fenómenos como la corrupción sistemática –donde nepotismo, clientelismo y uso electoral de recursos públicos campean sin castigo (Sánchez Morales, 2025)– y, peor aún, erosionando la fe en la democracia misma.

De hecho, pensadores críticos latinoamericanos como Franz Hinkelammert han advertido que, en nuestra región, el Estado a menudo funciona más como “aparato de opresión” que, como Estado de derecho, dada la parcialidad de la justicia y la corrupción endémica (Machuca, 2024). Bolivia no es la excepción: la captura del sistema judicial para perseguir rivales –practicada tanto por el gobierno de Arce como anteriormente por el entorno de Morales– ha convertido al aparato estatal en instrumento de facción, minando la credibilidad de las instituciones. Cuando amplios sectores perciben que el gobierno solo atiende a sus propios intereses y que la oposición solo busca recuperar el poder para los suyos, la legitimidad de todo el sistema democrático se pone en entredicho. Hoy por hoy, la confianza pública en órganos fundamentales (Tribunal Electoral, justicia, Parlamento) está por los suelos. Según un estudio reciente, menos de 3 de cada 10 bolivianos confían en su órgano electoral y la mayoría ve la política con escepticismo y resignación (Sánchez Morales, 2025). Esta situación es sumamente peligrosa: la deslegitimación democrática puede abrir la puerta a salidas autoritarias o a estallidos de violencia, si la población siente que las vías institucionales ya no sirven para canalizar sus demandas. El divorcio entre dirigentes y ciudadanía –esa “alarmente desconexión” entre gobernantes y gobernados– ha gestado un caldo de cultivo donde germinan la frustración y la desesperanza, dos enemigos mortales de la democracia.

Impacto y Reforma de la Subvención a los Combustibles en Bolivia

La subvención a los combustibles fósiles en Bolivia se ha disparado a niveles insostenibles: en 2024 costó cerca de $us 4.000 millones, el doble que el año anterior (Brújula Digital, 2024), y para 2025 el Gobierno aún proyecta destinar en torno a $us 2.900 millones (alrededor del 10% del presupuesto nacional). Este enorme gasto ha erosionado las finanzas públicas y las reservas del Banco Central. Bolivia importa más del 50% de la gasolina y 86% del diésel que consume (Brújula Digital, 2024); la factura en divisas por combustibles pasó de representar 4% a 9% del PIB (International Monetary Fund, 2024, p. 6), drenando rápidamente las reservas internacionales (a fines de 2024 las líquidas caían a niveles críticos (RT Staff Reporters, 2025)) y agravando el déficit fiscal (hoy en torno al 9% del PIB). En el plano social, si bien la subvención ha mantenido bajos los precios internos (conteniendo la inflación y protegiendo la canasta básica), sus beneficios están mal distribuidos: al ser universal, termina favoreciendo desproporcionadamente a los grandes consumidores de combustible. La agroindustria del oriente –con alto consumo de diésel (3,3 millones de litros diarios solo en ese departamento) y abundante capital transnacional– junto con la minería (p.ej. cooperativas auríferas) se cuentan entre los principales beneficiarios, al punto que el Gobierno ha priorizado su abastecimiento incluso en plena escasez (RT Staff Reporters, 2025). Una parte importante del diésel subvencionado ni siquiera llega al consumidor local, desviándose al contrabando (se estima que el país pierde unos $us 600 millones al año por esta vía) (Buttermann, 2025).

¿Cómo salir de este laberinto? Desde una perspectiva crítica, la solución no pasa por un “gasolinazo” neoliberal (que trasladaría de golpe el costo a las mayorías), sino por reorientar la política de subsidios: reemplazar la subvención indiscriminada por subsidios focalizados que protejan a los sectores populares y productivos vulnerables (transporte público, pequeños productores campesinos, etc.), emprender una transición energética que reduzca la dependencia de hidrocarburos importados, y aplicar medidas de justicia redistributiva (por ejemplo, gravar a las empresas que más se han beneficiado del diésel barato) para que el ajuste no recaiga a los de abajo.

Hacia una agenda económica de transformación

Frente a este panorama de crisis estructural y vacío programático, es imperativo replantear el proyecto de país desde una perspectiva crítica. No se trata de inventar promesas demagógicas de campaña, sino de construir una agenda seria de transformaciones económicas que aborde las raíces de nuestros problemas. A continuación, se proponen algunas medidas y enfoques que podrían integrar esa agenda de cambio:

• Fortalecimiento de la producción nacional e industrialización con valor agregado

Es urgente superar el modelo primario-exportador. Bolivia debe industrializar sus recursos naturales en vez de exportarlos en bruto. Esto implica invertir en plantas de procesamiento de gas, litio, minerales y productos agropecuarios, de modo que el país exporte combustibles procesados, baterías de litio, metales refinados y alimentos elaborados, capturando mayor valor agregado local. Solo así se crearán empleos de calidad y se dejará atrás la dependencia de los vaivenes de las materias primas. Experiencias pasadas enseñan que la industrialización dirigida por el Estado, con planificación estratégica, puede impulsar el desarrollo –tal como sucedió en países asiáticos– siempre y cuando se combata a la par la corrupción y la ineficiencia burocrática. En este sentido, resulta vital una economía con control nacional de los recursos y diversificación productiva.

• Políticas activas de exportación y equilibrio de la balanza de pagos:

Para resolver la escasez de divisas, el país debe exportar más y depender menos de las importaciones no esenciales. Esto requiere una política exterior económica agresiva: abrir nuevos mercados para productos bolivianos, renegociar acuerdos comerciales desfavorables y apoyar con incentivos fiscales a sectores con potencial exportador (por ejemplo, manufacturas textiles, alimentos orgánicos, turismo comunitario, litio industrializado). Al mismo tiempo, se deben identificar y sustituir importaciones superfluas mediante producción local (lo que fortalece la soberanía económica). Medidas como créditos blandos y asistencia técnica a exportadores, junto con un tipo de cambio competitivo, pueden incrementar el ingreso de dólares de manera sostenible (Machuca, 2024). El objetivo central es lograr un equilibrio en la balanza de pagos, evitando déficits crónicos. Un balance de pagos sano restablecería paulatinamente las reservas internacionales y reduciría la vulnerabilidad externa. Cabe destacar que incentivar ciertas inversiones extranjeras estratégicas –bajo condiciones estrictas de transferencia tecnológica y sociedades público-privadas donde Bolivia conserve mayoría accionaria– podría contribuir también a generar divisas sin ceder soberanía. No obstante, cualquier apertura al capital externo debe supeditarse al proyecto nacional de desarrollo y no al revés.

• Soberanía alimentaria y revolución agroecológica:

La reciente crisis ha evidenciado la peligrosidad de depender de la importación de alimentos básicos. Es imprescindible avanzar hacia la soberanía alimentaria, apoyando al campesino, cooperativas y pequeños productores para que aumenten la producción de granos, hortalizas, carne y lácteos destinados al consumo interno. El Estado debe proveer semillas, riego, maquinaria y asistencia técnica, promoviendo una agricultura sostenible y climáticamente inteligente. Además de garantizar el abastecimiento interno a precios justos, esto diversifica la economía rural más allá del cultivo de coca o de la soya de exportación. Un país que alimenta a su población sin depender del exterior es un país verdaderamente soberano. Invertir en agricultura y ganadería local no solo reducirá la factura de importaciones, sino que generará empleos rurales, frenará la migración campo-ciudad y mejorará los ingresos de miles de familias campesinas, reduciendo la pobreza en el área rural.

• Estrategia alternativa para el litio:

El litio es el “oro blanco” del siglo XXI y Bolivia posee las mayores reservas mundiales en el Salar de Uyuni. Sin embargo, hasta ahora su explotación ha sido mínima y marcada por la intermediación de capitales extranjeros en condiciones poco ventajosas. Una alternativa audaz, es vender directamente carbonato de litio a países vecinos como Brasil, sin pasar por corporaciones transnacionales. Un acuerdo bilateral con Brasil –que busca asegurar insumos para su industria de baterías– podría proveer a Bolivia ingresos en divisas considerables de inmediato. Pero a diferencia de los contratos opacos firmados recientemente con empresas de China o Rusia (que han sido incluso suspendidos por la justicia boliviana por falta de transparencia), este acuerdo debe negociarse con total transparencia y soberanía, garantizando que la mayor parte de los beneficios quede en Bolivia.

La venta directa de litio, así como su industrialización local en plantas estatales o mixtas, permitiría que el país retenga un porcentaje mucho mayor de las ganancias. Además, librarse de la tutela tecnológica extranjera en la cadena del litio sentaría un precedente de independencia en un rubro estratégico. En paralelo, Bolivia podría liderar una alianza regional del litio junto a naciones como Argentina, Chile y México, para coordinar precios justos y evitar la depredación foránea de este recurso (una suerte de “OPEP del litio” desde el Sur Global). El litio bien podría ser la palanca para un nuevo modelo de desarrollo, siempre que se administre con visión de futuro y no como un botín político.

• Reformas institucionales y pacto nacional para el desarrollo:

Ningún plan económico prosperará sin un mínimo de estabilidad política e institucional. La fragmentación del MAS y la falta de una oposición responsable hacen necesario un nuevo pacto nacional. Retomando ideas de Gramsci y Lenin, la izquierda boliviana requeriría reconstruir un bloque histórico amplio, un frente nacional-popular que incluya a movimientos sociales, sectores progresistas e incluso a las bases desencantadas tanto del masismo como de la oposición. Este frente podría impulsar un gobierno de transición o al menos una agenda común para enfrentar la emergencia económica, con el compromiso de rescatar las instituciones del Estado de su partidización. Una reforma profunda del sistema judicial, por ejemplo, es ineludible para restablecer la confianza de la gente (un poder judicial independiente que rompa con su uso como arma política). Del mismo modo, se debe democratizar la toma de decisiones dentro de los partidos: el liderazgo caudillista debe dar paso a mecanismos de deliberación colectiva y renovación dirigencial. Solo con más democracia –tanto en el Estado como al interior de las fuerzas políticas– podrá la sociedad boliviana asumir un rol activo y vigilante para que se ejecuten las transformaciones económicas propuestas. En última instancia, se trata de recuperar la política como herramienta al servicio del bien común, y no como espectáculo o comedia de enredos.

Retomar el horizonte de un cambio real

Bolivia se encuentra en una encrucijada histórica. La crisis múltiple que golpea al país –económica, social, política– ha expuesto las fisuras de un modelo agotado y de un sector dirigencial más preocupado por su supervivencia electoral que por el destino nacional. Una elección sin propuestas reales, donde los candidatos rehúyen debatir soluciones de fondo, amenaza con ser poco más que una comedia electoral estéril que prolongue la agonía de la población y profundice el desencanto con la democracia. Pero esta situación, por grave que sea, también abre una oportunidad: la de pensar y construir un nuevo proyecto de país.

Esa construcción exige beber de nuestras mejores tradiciones de pensamiento crítico –desde el marxismo hasta la filosofía de la liberación de Franz Hinkelammert– y también aprender de los errores del pasado. Implica entender, como advertía Carlos Marx, que las masas organizadas deben luchar con un propósito claro de transformación estructural, evitando desgastarse en acciones aisladas o en disputas mezquinas (Machuca, 2024). Implica reconocer, como señalaba Gramsci, que la crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y que en ese interregno surgen fenómenos morbosos. Hoy Bolivia vive su propio interregno: el viejo modelo económico y político se desmorona, pero lo nuevo aún no cuaja. Llenar ese vacío con esperanza concreta es la tarea de esta generación.

No será fácil. Requerirá unidad en la diversidad –un bloque amplio que anteponga el interés nacional a las rencillas faccionales– y una ciudadanía vigilante que empuje a sus líderes más allá de la comodidad. Requerirá también honestidad intelectual para diagnosticar la crisis sin maquillajes y valentía política para tomar decisiones difíciles (redirigir subsidios, enfrentar oligopolios, revisar pactos fiscales con transnacionales, etc.). Sin duda, habrá resistencias de aquellos que se benefician del orden existente. Pero la alternativa –seguir por el camino de la inercia y la improvisación– solo augura un agravamiento del colapso, con consecuencias impredecibles para la democracia y el tejido social.

En última instancia, lo contrario de la política sin propuestas es la política con principios y proyecto. La Bolivia post-crisis debe aspirar a algo más que a sobrevivir: debe proponerse vivir con dignidad, justicia y autonomía. Convertir la actual frustración en acción colectiva transformadora es el gran desafío. Si se logra articular esa agenda económica de corte popular y soberano, acompañada de profundas reformas institucionales, quizás podamos dejar atrás la tragicomedia electoral y dar paso a un nuevo capítulo histórico donde la esperanza tenga asidero real. Como reza el adagio atribuido a Lenin, “hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas”; Bolivia podría estar adentrándose en esas semanas definitorias. Que nos encuentre, entonces, con propuestas en mano y el pueblo empoderado, listos para convertir la crisis en oportunidad y la resignación en un porvenir diferente. Solo así esta comedia de errores podrá devenir, al fin, en una auténtica transformación social.

Por lo pronto, el escenario pre-electoral sigue dominado por la comedia amarga de un oficialismo dividido, que amenaza con prolongar la inestabilidad en lugar de resolverla. Las próximas semanas dirán si el MAS fracturado encuentra alguna síntesis o si, por el contrario, la crisis de liderazgo termina pavimentando el retorno de aquellos a quienes solía derrotar.

Referencias

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Brújula Digital. (2024, 21 de agosto). En un año la subvención a los hidrocarburos se duplicó y alcanzará los $us 4 mil millones. https://brujuladigital.net/economia/2024/08/21/en-un-ano-la-subvencion-a-los-hidrocarburos-se-duplico-y-alcanzara-los-us-4-mil-millones-36574

Buttermann, A. (2025, 13 de marzo). Bolivia turns to crypto as fuel crisis deepens. bne IntelliNews. https://www.intellinews.com/bolivia-turns-to-crypto-as-fuel-crisis-deepens-371517/

Chávez, G. (2025, 21 de enero). Análisis crítico sobre el discurso presidencial de Luis Arce: ¿un inicio de campaña o un informe insuficiente? El Popular Hoy. https://www.elpopularhoy.com/bolivia/analisis-critico-sobre-el-discurso-presidencial-de-luis-arce—un-inicio-de-campana-o-un-informe-insuficiente-_a67913253ecdf6f808a238d6b

International Monetary Fund. (2024, March 7). Bolivia: 2024 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Bolivia (IMF Country Report No. 25/34). https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/03/07/Bolivia-2024-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-543210

La Razón. (2024, 21 de diciembre). Política marciana. https://larazon.bo/politico/2024/12/21/politica-marciana/

Machuca Cortez, M. (2024, 13 de noviembre). Bolivia. La crisis que exige unidad y transformación. Resumen Latinoamericano. https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/11/13/bolivia-la-crisis-que-exige-unidad-y-transformacion/

Machuca Cortez, M. (2025, 9 de mayo). Dividir para perder: el efecto Andrónico y la oportunidad para la oposición. Rebelión. https://rebelion.org/dividir-para-perder-el-efecto-andronico-y-la-oportunidad-para-la-oposicion/

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