El gobierno boliviano y la oposición se reunieron hoy, por segunda vez en la semana, en medio de un clima de tensión y enfrentamientos verbales, en busca de una solución a la crisis política que vive el país, y el único acuerdo alcanzado fue continuar las negociaciones este domingo en un nuevo debate.

Hasta ahora «no hay resultados», admitió el vicepresidente Alvaro García Linera, en representación del gobierno, pero indicó que «se están explorando distintas opciones» y que se está «avanzando» porque «hay voluntad» de seguir trabajando para destrabar la crisis, que afecta al Senado tras el reciente retiro de ese recinto de la bancada opositora de derecha.

En el centro de las discusiones se mantiene el sistema de votación en la Asamblea Constituyente, que debe redactar la nueva Carta Magna, la reforma a la ley agraria sobre redistribución de tierras ociosas y la fiscalización de los gobernadores que impulsa el Ejecutivo.

El presidente Evo Morales, poco antes de partir en una gira de trabajo a Holanda, llamó a los líderes de los partidos políticos de oposición con representación parlamentaria a reflexionar sobre sus medidas de presión y dialogar «sin condicionamientos e imposiciones», pues hasta ahora se mantienen en desobediencia civil.

Puntualizó que el Poder Ejecutivo a su cargo nunca ha roto el diálogo con sector político o social alguno del país altiplánico. «Somos de la cultura del diálogo y siempre estamos abiertos a él, pero no puede haber diálogo para constitucionalizar el latifundio en el país; esperamos la reflexión de los grupos que están en algunas movilizaciones de derecho», dijo.

En tanto, García Linera criticó la agresión sufrida el viernes por el presidente Morales en Santa Cruz, el epicentro de la oposición de derecha y de los terratenientes, donde un grupo de estudiantes lanzó piedras a su vehículo, y dijo que es legítimo disentir pero «afectar a la investidura presidencial es algo que devalúa a la sociedad».

En contra de las posiciones oficiales, desde hace nueve días se mantienen piquetes de huelga de hambre en ocho departamentos del país, con cerca de 150 ayunantes de Unidad Nacional, encabezado por el magnate cementero Samuel Doria Medina.

Durante la víspera se sumaron al ayuno 17 mujeres del Comité Cívico cruceño.

Walter Guiteras, senador opositor por el derechista partido Poder Democrático y Social (Podemos), comentó que mientras los movimientos sociales no arriben a la ciudad de La Paz para exigir al Congreso Nacional la inmediata aprobación de una nueva ley de reforma agraria, es posible llegar a acuerdos en la mesa de negociaciones con García Linera.

«Pero estamos con los días y con las horas contra el reloj» para lograr consensos. Pero una vez que las marchas campesinas arriben a la sede de gobierno, «las decisiones ya no estarán en manos de los representantes de la bancadas políticas o en los grupos que marchan, sino en las regiones, en los comités cívicos y los departamentos», advirtió Guiteras.

Tres de las cuatro columnas de indígenas, campesinos y colonizadores que se dirigen hacia la sede de gobierno entrarán a la ciudad el próximo lunes.

Esos sectores dijeron que van a La Paz pese a que la oposición tiene cerrado el Congreso, pues van a exigir la reforma agraria, y «si los senadores no quieren trabajar vamos a pedir su renuncia inmediata».