«Los padres solicitan que contratemos a sus hijos», aducen los empleadores
Sólo 25 por ciento de los 200 mil jornaleros que levantaron en Sinaloa la zafra hortícola que acaba de concluir -la cifra oficial revela que 12 mil de ellos son niños- fueron registrados por sus patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las 17 familias que controlan los 140 campos de la entidad, agrupadas en la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa (Caades), reportaron que sus dividendos por la exportación de tomate, pepino, chile y berenjena, entre otras legumbres, fueron de 250 millones de dólares.
Hilario Gastélum Galván, director de Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, afirmó que la baja incidencia de seguridad social entre los jornaleros «habla de la gravedad del problema, porque esto no es sólo el tema de la salud, sino del derecho a las incapacidades, riesgos de trabajo, ahorro para el retiro y otras prestaciones, que no se tienen».
Informó que unos 12 mil menores laboran en las instalaciones de las empresas hortícolas de Sinaloa, conocidas como empaques, concentrados en los municipios de Elota, Culiacán, Navolato y Guasave. Sin embargo, María Teresa Guerra Ochoa, doctora en derecho laboral y especialista en este caso, señaló que la cifra de niños que realizan esas labores asciende a 20 mil.
«Los agricultores dicen que tienen que emplear niños porque los padres lo solicitan, y yo les pregunto que si les piden aumento salarial y mejores condiciones laborales ¿por qué no se los dan?», manifestó. Apuntó que en los campos las condiciones de vida siguen siendo precarias, los jornaleros viven en galerones con una letrina para el uso de 20 familias; son condiciones de pobreza extrema.
En Sinaloa se siembran unas 70 mil hectáreas, explotadas por 17 familias, entre ellas las Bátiz, Carrillo, Demerutis, Tarriba, Bon y Andrade, que tienen en su poder 140 campos agrícolas, según ha documentado Guerra Ochoa en su libro Los trabajadores de la horticultura sinaloense, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Gastélum Galván señaló que los menores no cuentan con seguro social porque la Constitución prohíbe el trabajo infantil, pero el solo hecho de que laboren es una aberración; por esta y otras irregularidades, durante el ciclo hortícola que recién terminó fueron sancionadas 12 empacadoras con multas de hasta 155 salarios mínimos, que es el monto máximo, pero muchos de estos negocios reinciden. Es necesario reformar la ley para aumentar el monto de las sanciones, pero además medidas de carácter social, que involucran a diversas dependencias, para el mejoramiento de la vida de los jornaleros».
Cada año llegan a Sinaloa unos 200 mil jornaleros procedentes de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán y Chiapas, para cultivar tomate, pepino, chile y berenjena, que se exporta sobre todo a Estados Unidos.
La Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa ha informado que los dividendos por los envíos de legumbres, preponderantemente tomate, acienden a unos 250 millones de dólares.
El programa Jornaleros, de la Secretaría de Desarrollo Social, atiende en la entidad a 115 mil agricultores. Su coordinador, Arturo López Ruiz, informó que son unos 20 mil niños los que llegan a la región junto con sus familias, procedentes sobre todo de los estados del sureste del país.
El 21 de marzo pasado inició en Sinaloa el programa Monarca, mediante el cual autoridades federales y estatales, así como agricultores, buscan erradicar de los surcos la mano de obra infantil. «Los productores se comprometieron a no contratar niños, pero se siguieron viendo en los campos y se hizo una investigación, con lo que llegamos a la conclusión que quienes se comprometieron fueron los agremiados a la confederación y otros que no están afiliados lo siguen haciendo», afirmó.
Entre 4 mil y 5 mil niños, añadió, deberían estar en las aulas o en las guarderías del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, «y no lo hacen, y lo más lógico es que tengan alguna actividad laboral». El funcionario federal negó contar con datos sobre la incidencia de jornaleros asegurados ante el IMSS, pero reconoció que es «alta, aunque esto no significa que no tengan atención ante problemas de salud».
Por otra parte, los productores agropecuarios del país sostienen una disputa con el gobierno federal en demanda de subsidios. El pasado miércoles tuvieron una reunión en el Senado de la República con el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, porque pretenden que se prorrogue por seis meses un decreto emitido durante el gobierno de Vicente Fox que los exime del pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social por ser trabajadores eventuales. El funcionario les advirtió que no será posible porque no han mejorado las condiciones laborales de los jornaleros y siguen empleando niños.
María Teresa Guerra Ochoa, autora de Los trabajadores de la horticultura sinaloense, lamentó que el gobierno federal haya restringido drásticamente la atención a jornaleros; «optó por privatizar algunos de los servicios que ofrecía, como el de trabajadores sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, que antes sumaban 130 y ahora apenas hay 29 para todos los campos del estado, y el resto forman parte de las empresas y a ellas sirven».
La relación directa entre Fox y los grandes horticultores del país (es el negocio de algunos de los hermanos y mejores amigos del ex mandatario), hizo que éste les subsidiara el pago de cuotas, señaló la investigadora.