El día de ayer el ecocidio adquirió una nueva prenda para disfrazar el saqueo y se llama “Comité de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Subcuenca del Alto Atoyac, Puebla y Tlaxcala”.
No es un afán de no querer darles el beneficio de la duda, el problema es que de duda hay poco. Por lo menos en Puebla, cada vez que las palabras “ordenamiento” y “ecológico” aparecen juntas en un asunto gubernamental se convierten en un banderazo para la mercantilización de la naturaleza, basta recordar la Reserva Ecológica Atlixcayotl donde ahora en lugar de árboles hay coches y en lugar de tierras de cultivo hay supermercados, escuelas privadas y fraccionamientos exclusivos. Es decir, que los planes gubernamentales “ecológicos” no sólo no cumplen su presunto propósito, sino que además se convierten en un mecanismo de saqueo de recursos y desplazamiento de poblaciones.
Esa suspicacia se alimenta en éste caso específico, hay que agregar, por dos elementos importantes. El primero es que en un acto de hipocresía y en un intento de burda legitimación convocan a integrar ese nuevo organismo al movimiento de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, integrantes del Congreso Nacional Indígena, a quienes no sólo no han escuchado, sino que han reprimido ambos gobernadores de la actual administración poblana y y por el gobierno federal de López Obrador. No es sorpresa que el movimiento de Pueblos Unidos rechazara públicamente la invitación a estar en ese Comité, pues es en realidad una invitación a legitimar el saqueo, el despojo y el deplazamiento de sus propias comunidades.
El segundo es que hace poco más de un año el gobierno poblano y el tlaxcalteca hacían una consulta a modo del entonces anteproyecto para el “Plan Metropolitano Puebla Tlaxcala” que pretendía el “Desarrollo de un Sistema Urbano-Rural policéntrico con ciudades y localidades interrelacionadas.”, que dicho de otra manera pretendía urbanizar las zonas rurales y usarlas como reservas de recursos saqueables. Además, incluía un “Sistema Metropolitano del Agua” hablaba de sustituir pozos artesanales por agua tratada y una nueva “gestión del agua” que abre la puerta a privatizaciones, a la sobre explotación de acuíferos y a la criminalización de las formas de gestión del agua de los pueblos de la región.
Tomando solo los puntos que más saltan a la vista del proyecto se puede ver que la palabra reordenamiento y ecológico realmente implicarán despojo y seguirán apostando a la política de saqueo y ecocidio que otros gobiernos y éste se han empeñado en ejecutar a pesar de que el planeta está atravesando un colapso climático de graves dimensiones.
El planteamiento del Comité, el discurso de la secretaria Albores y lo que aparece planteado en los sitios web de los gobiernos de Puebla y Tlaxcala están plagados de lugares comunes que usan los gobernantes para esconder planes devastadores, como que “se promoverá la formulación de programas para el uso adecuado del territorio y en el que participarán la academia, organizaciones sociales y empresariado” o que “los tres niveles de gobierno cumplen con la obligación de proteger las reservas territoriales”. No plantea la consulta a los pueblos y comunidades que se verán afectadas, esconde bajo un lenguaje eufemístico y presuntamente democrático las prácticas caciquiles que en todos esos municipios han permitido la instalación de empresas que están generando un ecocidio sistemático.
Tras el planteamiento del impulsar el aprovechamiento de esas zonas y generar “beneficios económicos para las familias” se anuncia nuevamente ese proceso de guerra neoliberal ahora bautizada como progresismo, el de destrucción-despoblamiento y reconstrucción-reordenamiento para generar nuevos negocios.
Externamos nuestra preocupación por lo que venga después de la instalación de éste Comité, consideramos que quiénes realmente deben de opinar sobre el uso del territorio son los pueblos que históricamente han defendido la tierra, el monte y el agua. Que un proceso de verdadera defensa, cuidado y restauración del medioambiente no vendrá desde arriba, menos desde el doble discurso y la transformación que no ha hecho más que reforzar y no desmantelar las prácticas criminales de Estado y corporaciones.