Algunos creen, de manera ingenua, que los centros de poder mundial permitirán que países de escasa importancia económica recuperen espacios de soberanía y dignidad, aduciendo que esa situación no modificará ninguna variable macro económica. El razonamiento es exactamente inverso, ya que, desde su particular punto de vista, si se tolera que los «chicos» se pasen […]
Algunos creen, de manera ingenua, que los centros de poder mundial permitirán que países de escasa importancia económica recuperen espacios de soberanía y dignidad, aduciendo que esa situación no modificará ninguna variable macro económica. El razonamiento es exactamente inverso, ya que, desde su particular punto de vista, si se tolera que los «chicos» se pasen de la raya, los menos débiles y medianos podrían, basados en el ejemplo anterior, tornarse más rebeldes y respondones. Lo anterior se relaciona con la asfixia moral y económica que el neoliberalismo ha impuesto a Bolivia. El 17 de octubre de 2003, en heroica gesta que costó 67 muertos y centenares de heridos, al grito de industrializar el gas si, exportarlo no, el pueblo puso en fuga a Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), con lo que frustró los propósitos de enajenarlo a precios de baratillo.
La conmoción social encumbró en el gobierno a Carlos Mesa, quien, el 18 de julio último, convocó a un referéndum vinculante, que, pese a lo enrevesado de las preguntas, no pudo impedir que la ciudadanía se pronunciara por recuperar la propiedad de los hidrocarburos. La consulta originó que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad una nueva ley sectorial de claro contenido nacionalista. El Imperio podía tolerar la caída del gobierno de turno, movilizaciones, consultas populares y otros actos de rebeldía. Pero en el momento en el que se pretendió rescatar para el país la propiedad del gas y del petróleo y obtener el 50 % de los beneficios de su explotación, se desató sobre Bolivia el diluvio universal.
Las presiones fueron encabezadas por el Secretario de Estado de EEUU para la región andina, Charles Shapiro, quien dijo que llegaba al país a defender los intereses norteamericanos. Los representantes del Banco Mundial, del BID, la CAF y de la Unidad Europea anunciaron el fin de la ayuda económica, con lo cual Bolivia pasaría a la condición de interdicto. Marco Aurelio García, asesor del presidente Lula, recalcó que los contratos firmados con Petrobrás no podían modificarse sin mutuo acuerdo. En otras palabras, todo debería mantenerse intocado durante los próximos 40 años. Este razonamiento, de apariencia impecable, no considera que Bolivia entregó gratuitamente a las compañías alrededor de 12.000 millones de dólares en reservas probadas de gas y petróleo y campos descubiertos por la petrolera estatal. Los contratos violaron la Carta Magna y se comprobó que varias petroleras cometen delitos de contrabando y defraudación impositiva.
Las presiones externas se complementaron con las internas. Los rumores de golpe de Estado, digitado desde EEUU por GSL, se sumaron a declaraciones de autonomías primero y de federalismo después por parte de dirigentes cívicos de Tarija y Santa Cruz, regiones en las que se hallan las mayores reservas de gas y de petróleo. La Cámara Nacional de Hidrocarburos (CNH), que agrupa a las petroleras, integra la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), de manera que es imposible diferenciar los puntos de vista de ambas entidades. El vocero de la CNH, Carlos Alberto López, dice que las protestas regionales buscan evitar que la riqueza energética de Bolivia quede en las entrañas de la tierra en las próximas décadas, al no brindar a las empresas incentivos suficientes. Esos incentivos implican incumplir la ley y dejar al país ingresos ridículos olvidando que existe en el mundo una creciente crisis energética.
La correlación de fuerzas en las que el movimiento popular defiende la unidad nacional es demasiado desfavorable. No se ha conocido pronunciamientos de sectores laborales o políticos latinoamericanos que censuren la agresión Imperial contra Bolivia ni los intentos por balcanizarla. No hubo repudio al Ministro de Defensa argentino, Jorge Pampurro, por declarar que «la libanización» de Bolivia es inminente. Tampoco se rechazó el anuncio de Mark Falcoff, asesor del Vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, según el cual el país sudamericano será borrado del mapa. La verdad es que ideal bolivariano debería servir no sólo para huecos discursos de circunstancia.