Llegar a viejo en Bolivia es toda una odisea, no sólo porque la esperanza de vida apenas llega a los 63 años, sino también porque muy pocos tendrán el beneficio de una jubilación. Los datos son alarmantes y muestran que si no cambia de raíz el sistema de pensiones y la actual estructura de la […]
Llegar a viejo en Bolivia es toda una odisea, no sólo porque la esperanza de vida apenas llega a los 63 años, sino también porque muy pocos tendrán el beneficio de una jubilación.
Los datos son alarmantes y muestran que si no cambia de raíz el sistema de pensiones y la actual estructura de la economía, asentada en la informalidad y el subempleo, nueve de cada 10 bolivianos no gozarán de los beneficios de la jubilación y literalmente estarán obligados a trabajar hasta morir.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan, en números redondos, que sólo el 10 por ciento de la fuerza laboral boliviana cotiza en el sistema de pensiones y está habilitada para tener algún día su jubilación, otro 10 por ciento ha dejado de cotizar y su situación es incierta, mientras que el restante 80 por ciento está totalmente al margen del sistema de pensiones y, si todo sigue igual, nunca tendrá una jubilación.
En cifras absolutas, esto quiere decir que, en el actual sistema privado, 3,8 millones de ciudadanos, que hoy trabajan o buscan trabajo, no tienen derecho a la jubilación, que otro medio millón de bolivianos tendrán serios problemas a la hora de obtener una renta para la vejez y que sólo otro medio millón estará en condiciones de recibir un apoyo económico cuando ingrese a la tercera edad.
Y esto no tiene visos de cambiar: el proyecto de transformación del actual sistema privado, elaborado por las organizaciones sindicales, ha sido paralizados en el Congreso boliviano.
Desgracia de muchos
Los informes estadísticos muestran que en el actual sistema privado de pensiones, –controlado por las Administradoras privadas (AFPs), por la Zurich Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria– están afiliadas formalmente 1.024.294 personas, pero que sólo 495.396 cotizan regularmente.
«Esto quiere decir que el 52 por ciento de los afiliados no tendrá jubilación, o tendrán rentas miserables, puesto que bajo el actual sistema privado de pensiones sólo se jubila u obtiene una renta de jubilación correspondiente al mínimo para sobrevivir, quienes han cotizado constantemente y en determinados montos, muchos más altos que lo que le permite los ingresos mensuales promedio a la inmensa mayoría de bolivianos», dice el economista Santiago Ibarra.
Casi todos los afiliados al sistema son trabajadores dependientes, por lo que apenas el 4,3 por ciento de los afiliados son trabajadores por cuentapropias e independientes.
Los excluidos
Las cifras oficiales están mostrando que la población protegida es muy reducida y se circunscribe al personal que figura como empleados regulares, en planilla y con contratos formales, de las empresas privadas formales y del Estado.
Fuera del sistema y sin posibilidades de jubilación están los trabajadores que son eventuales, que no figuran en planillas o están subcontratos por las empresas privadas, el personal eventual y consultores de las reparticiones públicas.
Los desempleados, campesinos, la mayor parte de los obreros y trabajadores informales están también al margen de todos estos beneficios futuros, por lo que la jubilación tiende a ser un beneficio para muy pocos, lo que muestra la inviabilidad e injusticia de este sistema privado, además de sus grandes limitaciones e insuficiencias.
Cuestionamientos
Desde los sectores sociales, los cuestionamientos al sistema privado de pensiones son mayores y apuntan a su radical transformación para que este derecho llegue a las mayorías y para que deje de ser un gran negocio para las AFPs, que ganan muchos millones con los aportes que reciben de los trabajadores.
«El 70 por ciento de la población mayor de 55 años está excluida del sistema de pensiones (…) Este sistema no está hecho para garantizar el derecho a la jubilación de los trabajadores, sino para generar millonarias ganancias a las AFP», asegura Ibarra.
El economista advierte que «en la medida en que la inmensa mayoría de la población percibe ingresos mensuales inferiores a lo necesario para realizar cotizaciones mensuales que le permita en el futuro una renta jubilatoria aproximada al mínimo necesario para vivir, de hecho, la actual ley excluye a las mayorías pobres del derecho a una renta de jubilación o, en su caso, también de hecho, las compele a jubilarse a los 65 años de edad con pensiones mínimas».