El miércoles 22 de agosto se realizó en México DF el Foro «Impunidad y libertad de expresión: Solución para los periodistas», organizado por la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados. Esta es la ponencia que presentó Teodoro Rentería Arróyave, Vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
Si hubiera el interés político por llevar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra los informadores, nos estaríamos ahorrando este Foro, que nos reúne y cuyo título lo dice todo: «Impunidad y Libertad de Expresión: solución para los periodistas», organizado por la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados, y lo más importante, no tendríamos la vergüenza nacional de que nuestro México ocupe el primer lugar en el mundo, sólo por debajo de Irak que sufre una guerra de intervención por parte del imperio, en asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y demás atentados contra los hacedores de la comunicación social.
Son 68 los periodistas asesinados desde 1983 a la fecha. Lo que resulta inadmisible es que en lugar de que el fenómeno disminuyera, en los últimos 7 años aumentó más del doble y se presentó otro, dentro de la descomposición social que vivimos: las desapariciones forzadas, que suman nueve, en el mismo periodo.
Expliquémonos: De 1983 al 2000, fueron asesinados 34 colegas, o lo que es lo mismo en 17 años fueron sacrificados dos periodistas por año, y de 2000 a la fecha, son otros 34, el problema se recrudeció, a tal grado que el promedio anual es ahora de 5 periodistas sacrificados.
No sólo eso ha ocurrido, como lo dejamos anotado líneas arriba, se presentó en estos últimos siete años, en que se entronizó el llamado gobierno del cambio, el fenómeno de las desapariciones forzadas; son 9 en nuestros registros, dos de los compañeros desaparecidos, fueron hallados muertos, pero continúa la incertidumbre de los otros 7, los dos ya forman parte de la lista lúgubre.
En una nueva actitud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, da a conocer la multiplicación de agresiones y amenazas a periodistas en lo que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, a tal grado que ya supera en el mismo periodo a las ocurridas en el último año del cruel foxismo.
La CNDH comunica que se han integrado 49 expedientes por agresiones o amenazas contra periodistas, lo que indica que se ha superado la tendencia de la gestión del ahora afortunadamente ex presidente, Vicente Fox Quesada, que registró un promedio de 45 casos por año y que a la fecha reporta la mayor incidencia de ataques contra comunicadores desde 1988, más o menos el aumento es de 10 por ciento.
Todo ello sin sumar aún las últimas agresiones, como la detención-secuestro de 4 reporteros en Monclova, Coahuila, por parte de elementos del Ejército Mexicano.
Además, es de reconocerse la disposición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de revisar las listas de las víctimas del periodismo, no en el simple ejercicio de empatar cifras, sino en el compromiso de que ninguno de los casos quede impune
Vayamos al meollo de esta descomposición social creciente de las agresiones y atentados a periodistas y sus medios. La pregunta de por qué se ha agudizado, es simple y lacerante la respuesta, porque lo que se pretende es socavar las libertades de prensa y expresión y acabar con el derecho a la información, como ya está ocurriendo en varias partes de la República, principalmente en los estados fronterizos. La autocensura y el cierre de medios se presentan como actos cotidianos de defensa a la integridad física de los informadores. Lamentable e inaceptable situación en pleno Siglo XXI.
Si a lo anterior agregamos las supuestas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que nos han impuesto y que son sólo leyes mordaza, revísense los artículos 13 y 14 en la federal y los correspondientes en las estatales, estaremos de acuerdo en que las informaciones gubernamentales, que son patrimonio de los pueblos, se esconden en los meandros de la figura legal de la reserva, como otro atentado más a las disposiciones constitucionales.
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