El contexto político. Este país ha puesto de manifiesto que existen dos visiones, dos formas de entender y de vivir en el país… una es la de los que han pretendido hacernos creer de que la democracia es el gobierno de las leyes (por supuesto las que ellos aprobaron en los gobiernos anteriores y cuyos […]
El contexto político.
Este país ha puesto de manifiesto que existen dos visiones, dos formas de entender y de vivir en el país… una es la de los que han pretendido hacernos creer de que la democracia es el gobierno de las leyes (por supuesto las que ellos aprobaron en los gobiernos anteriores y cuyos actuales jueces fueron nombrados por ellos mismos), los que quieren un país que se niegue a cambiar e incluir a los que no han sido parte de la historia oficial, los que tienen miedo a los cambios, los que son parte de una clase media que ha crecido con la sombra del racismo y del trauma del cerco indígena. La otra es la de las mayorías que han decidido apostar por ellos mismos para construir una patria de todos donde se construya la igualdad y la participación para aprender a «vivir bien».
En la Asamblea Constituyente estas dos posiciones se han confrontado ideológicamente en el marco de la Democracia formal manejada por las minorías, porque las condiciones de nuestra inclusión pasaban por la participación en las formas democráticas de la colonialidad, para lograr consolidar la propuesta de mayorías de refundar un nuevo país que tenga un Estado Plurinacional que nos contenga a todos.
Nuestra mayoría realizó todos los intentos políticos para permitir la inclusión de las minorías para que todos se sintieran parte del nuevo país, sin embargo los grupos de poder regionales se atrincheraron institucionalmente en los comités cívicos, en los medios de comunicación, el Senado, algunas clases medias y en PODEMOS como organización política, marcando un discurso racista, excluyente y de confrontación.
La última etapa, la del debate impuesto de la capitalía es precisamente el corolario de la confrontación buscada por la minoría de este país, bajo los argumentos engañosos de una legalidad sentenciada por jueces puestos por anteriores gobiernos para que la Asamblea trate su tema – reivindicación histórica republicana de los dirigentes de Sucre, que «olvida» que el reparto de poderes de la guerra federal de 1899 se asienta sobre la masacre de los dirigentes de los pueblos indígenas- por sobre los intereses del conjunto del país que defina una visión de descentralización, autonomías y desarrollo para todos los departamentos incluido el de Chuquisaca, que es precisamente la labor encomendada a la Asamblea Constituyente.
Los Movimientos Sociales en Sucre.
Tales circunstancias han permitido constatar al pueblo boliviano que el debate particular de la capitalía en última instancia persigue la división del país y en definitiva el fracaso de la Asamblea Constituyente, puesto que bajo este argumento, hace más de tres meses que la Asamblea se ha visto impedida de sesionar por el bloqueo permanente que se ha realizado en torno al teatro Mariscal Santa Cruz, sede del cónclave. Los intentos políticos de acercamiento y conciliación fueron vanos; primero a través del diálogo infructuoso con el Comité Interinstitucional que sin consultar al pueblo de Chuquisaca se negó a tratar las propuestas de desarrollo y de coadministración estatal que se hicieron en el marco del nuevo Estado, y en segunda instancia en las calles con la sistemática agresión a constituyentes, periodistas y funcionarios que acompañan el proceso de la Asamblea Constituyente.
El argumento de la legalidad esgrimido por los comiteistas cae por su propio peso cuando los bolivianos conocemos que quienes administran la justicia son parte de los aprestos sediciosos de la oposición y por si fuera poco, el mayor argumento para defender su posición ha sido el de las patadas y los insultos racistas con los que los grupos de choque universitarios y de la alcaldía han buscado imponer al país el traslado de los poderes.
Todavía más cuando se ha hecho evidente que quienes en realidad están comandando las medidas políticas del comiteismo, son digitadas desde el Comité Cívico de Santa Cruz cuyos dirigentes ostentosamente se han hecho presentes en los momentos claves, además de enviar a las confrontaciones a grupos paramilitares de la «juventud cruceñista», que han marcado el renacer partidario de la Falange Socialista Boliviana (FSB) partido de orientación fascista, racista y que ha marcado públicamente su horizonte político en la destrucción de la Asamblea Constituyente.
En ese contexto es que las organizaciones sociales del país deciden marchar a Sucre, para defender su creación histórica, su visión de país y un futuro diferente que saben que pasa por afirmar una verdadera democracia en la convivencia. Llegaron más 1500 dirigentes y representantes, que desde el inicio percibieron la agresión de la ciudad cuando se les negó la posibilidad del cobijo y alojamiento, se amenazó a quienes les dieran alimentación y por si fuera poco, fueron golpeados y vilipendiados públicamente en su presencia pacifica, que no buscaba la confrontación sino expresar que los olvidados de este país son la mayor fuerza del cambio expresado en la Asamblea Constituyente.
La Asamblea cambia de lugar de sesiones.
En este contexto de agresión generalizada, la directiva de la Asamblea Constituyente decidió reiniciar sesiones apenas a 17 días del término legal para su conclusión. No quedaba otra opción en el marco de la ley de convocatoria que cambiar el lugar de las sesiones, para tener el resguardo necesario para garantizar el proceso constituyente.
La directiva de la Asamblea en una decisión responsable trasladó las sesiones al palacio de la Glorieta, en los extramuros de la misma ciudad de Sucre, donde tiene su establecimiento la escuela militar. El objetivo central era el de permitir la conclusión del proceso deliberativo de la Asamblea sin dar lugar a la provocación de los grupos de choque que desesperadamente buscaban heridos y muertos para enarbolarlos como «héroes de la capitalía», y que junto a los políticos reciclados que dirigen el comité interinstitucional se encontraban en abierta sedición frente a las propuestas de mayoría de la Asamblea Constituyente.
En este nuevo contexto se fijaron tres cordones de seguridad, el de la policía, el de los movimientos sociales y el militar, que en precarias condiciones asumieron su labor de resguardar el reinicio de las plenarias. Fueron días de lluvia con escasos alimentos compartidos en olla común y acampando a campo traviesa en medio del barro y sin embargo existía la férrea convicción de que se estaba protegiendo el sueño común de los bolivianos.
El escenario de la confrontación.
Sin embargo, tal situación exacerbó los ánimos del comité interinstitucional que creían tener controlada la situación, y a través de los medios de comunicación convocaron a los estudiantes a intervenir la Glorieta para impedir el desarrollo de la Asamblea Constituyente. Llegaron al mismo tiempo 10 micros y 4 flotas de la «juventud cruceñista» enviados por quienes en realidad tienen el mando del conflicto, el Comité cívico de Santa Cruz. Algunos venían armados, mientras la alcaldía a través de sus funcionarios repartía palos y cachorros de dinamita, los medios de comunicación emitían reportes de heridos y convocaban a la población a concentrarse en el Tejar.
En definitiva, la estrategia de la oposición no terminaba de funcionar si no se conseguían «mártires» así que cerca de las 6 de la tarde los medios de comunicación empezaron ha hablar de un muerto – provocado por un arma de cal.27 no reglamentaria, luego se supo- convocando a la población a la «venganza y al odio a los paceños y masistas». Su plan funcionaba, la ciudadanía asumió como una afrenta a Sucre y empezó a fraguarse un espíritu de cuerpo, con el que se realizaron ofensivas más agresivas, con los que se produjeron nuevos heridos y más muertos.
Esta parte de la historia concluye con el vandalismo desatado luego en la ciudad, con el asalto a las estaciones policiales y al comando, azuzado desde el canal 13 universitario, el retiro consiguiente de las fuerzas policiales dejando la ciudad sumida en el caos, mientras el comité interinstitucional celebraba su victoria sobre los heridos y muertos.
No fue casual que en el proceso Tuto Quiroga, Brankovic y los dirigentes de PODEMOS enarbolaran las demandas chuquisaqueñas y desde las dirigencias cívicas y prefecturales de la media luna se convocara a la desobediencia civil y a la toma de instituciones públicas. Se cierra el círculo sedicioso de la oposición, con el desconocimiento público de la aprobación «en grande» de la nueva Constitución Política del Estado, con la pretensión de la media luna y de Sucre en particular de declararse con «Autonomías de facto», con la acusación abierta y descarada del Comité Interinstitucional y los Comités Cívicos del oriente al gobierno por los hechos luctuosos ocurridos en la ciudad de Sucre y que pretenden convertir en el trampolín político de la acción sediciosa y justificada.
Constitución Política aprobada en Grande.
El otro escenario fue el del reinicio de las sesiones de la Asamblea Constituyente, con 147 constituyentes pertenecientes a 10 fuerzas políticas de las 16 que poseen representación, es decir con casi el 58% de los asambleístas elegidos que hacen a más del quórum reglamentario (128 constituyentes) para la instalación de la plenaria.
En un ambiente precario y con las mínimas condiciones técnicas para su desarrollo, los constituyentes reiniciaron su trabajo, convencidos de que estaban expresando a las mayorías que han decidido apostar por ellos mismos para construir la patria de todos, donde se construya la igualdad y la participación para aprender a «vivir bien». Se realizó la modificación del Reglamento de debates para permitir que dicho cónclave pudiera terminar su trabajo en el tiempo estipulado por ley, es decir hasta el 14 de diciembre y luego se procedió a la aprobación del trabajo realizado por las 21 comisiones de trabajo, lográndose cerca de las 10 de la noche del día sábado, una nueva Constitución Política del Estado aprobada en grande.
Pero no todo terminó allí, pues frente a la arremetida de los grupos de choque capitalinos, los constituyentes se dispersaron y en su gran mayoría se dirigieron por los medios disponibles, a la ciudad de Potosí distante a 2 horas – carretera de la Glorieta. Otros volvieron a la ciudad de Sucre por los extramuros y se encerraron para cubrirse de la turba, mientras algunos como el constituyente Félix Cárdenas corría peor suerte al caer en poder de pobladores que le propiciaron una golpiza. Situación que se multiplicó en toda la ciudad con los policías y sospechosos de ser paceños o pertenecer al MAS.
Los retos del presente.
En definiva, los hechos que ocurrieron y que hoy son distorsionados por los medios de comunicación para acusar a la mayoría de «dictadura», nos han permitido poner en evidencia los dos proyectos de país que pugnan por construir hegemonía en esta confrontación política que históricamente carga con las utopías de quienes siempre fueron excluidos del poder y la palabra; y la de los otros, esa minoría señorial que sólo quiere conservar su propiedad y su poder patrimonial.
Mientras los pocos buscan crear una arremetida política contra el nuevo Estado, enfrentando cada una de las medidas populares impulsadas por el actual gobierno y acusando de ilegal y dictadura a la mayoría, van construyendo un discurso que busca la deslegitimación política del nuevo proyecto de país, y cuyo puntal fundamental es la violencia de los grupos de choque junto al discurso de medios de comunicación y los recursos políticos de PODEMOS que pretenden instituir una vez más el lenguaje racista y discriminador contra los que buscan construir una patria para todos.
La mayoría ha logrado transcurrir por una etapa importante, pero en la que los retos políticos se multiplican. Si bien este es un camino sin retorno -que es lo que no termina de entender la oposición- es más necesario que nunca dotarnos de una estrategia política que articule a los movimientos sociales en el proceso de cambio que vivimos en Bolivia. Un elemento central es ahora el nuevo texto constitucional aprobado en grande, que se convierte en el proyecto político de las mayorías para cambiar el país, y que necesita ser apropiado por las organizaciones sociales, ampliando su deliberación como proyecto colectivo en construcción.
Otro aspecto fundamental pasa por apuntalar el reconocimiento de liderazgos locales que permitan la continuidad del proceso, y que sean capaces de generar esperanza y fuerza en los movimientos sociales respecto al rumbo histórico que estamos construyendo juntos. Ello será posible si también somos capaces de construir medios alternativos de comunicación social y una conciencia política crítica que contrarreste la acción ideológica de los medios de comunicación privados, que son uno de los eslabones esenciales de la oposición.
Somos la expresión del sueño colectivo de la mayoría de los bolivianos y tenemos la responsabilidad histórica de construirlo todos juntos, sin idealizar a los propios movimientos sociales pero basados en ellos, en su legitimidad histórica que han hecho posible el cambio; aceptando que este es un proceso de largo aliento en el que tenemos que ser capaces de sumar conciencia y voluntades para que la revolución en Democracia sea posible…pese a los que viven en el pasado de la exclusión y el señorialismo y se niegan a ser parte del cambio, y que aún así tendrán su espacio en este pluriverso del país que somos…