La subvención a los combustibles fósiles en Bolivia se ha disparado a niveles insostenibles: en 2024 costó cerca de $us 4.000 millones, el doble que el año anterior, y para 2025 el Gobierno aún proyecta destinar en torno a $us 2.900 millones (alrededor del 10% del presupuesto nacional). Este enorme gasto ha erosionado las finanzas públicas y las reservas del Banco Central. Bolivia importa más del 50% de la gasolina y 86% del diésel que consume; la factura en divisas por combustibles pasó de representar 4% a 9% del PIB (International Monetary Fund, 2024, p. 6), drenando rápidamente las reservas internacionales (a fines de 2024 las líquidas caían a niveles críticos (RT Staff Reporters, 2025)) y agravando el déficit fiscal (hoy en torno al 9% del PIB).
En el plano social, si bien la subvención ha mantenido bajos los precios internos (conteniendo la inflación y protegiendo la canasta básica), sus beneficios están mal distribuidos: al ser universal, termina favoreciendo desproporcionadamente a los grandes consumidores de combustible, es decir, a los grandes empresarios de la agroindustria del oriente –con alto consumo de diésel (3,3 millones de litros diarios solo en ese departamento) y abundante capital transnacional– junto con la minería (p.ej. cooperativas auríferas) se cuentan entre los principales beneficiarios, al punto que el Gobierno ha priorizado su abastecimiento incluso en plena escasez (RT Staff Reporters, 2025). Una parte importante del diésel subvencionado ni siquiera llega al consumidor local, desviándose al contrabando (se estima que el país pierde unos $us 600 millones al año por esta vía) (Buttermann, 2025).
¿Cómo salir de este laberinto? la solución no pasa por un “gasolinazo” neoliberal (que trasladaría de golpe el costo a las mayorías), sino por reorientar la política de subsidios: reemplazar la subvención indiscriminada por subsidios focalizados que protejan a los sectores populares y productivos vulnerables (transporte público, pequeños productores campesinos, etc.), emprender una transición energética que reduzca la dependencia de hidrocarburos importados, y aplicar medidas de justicia redistributiva (por ejemplo, gravar a las empresas que más se han beneficiado del diésel barato) para que el ajuste no recaiga a los de abajo.
Milton Machuca Cortez. Consultor en investigación y analista político.
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