Los magistrados determinarán si existieron violaciones graves a los Derechos Humanos durante las revueltas ciudadanas en el poblado mexicano de San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo del año 2006.
Al dar a conocer las conclusiones sobre la investigación de la insurrección popular en el municipio de San Salvador Atenco México, el ministro mexicano José de Jesús Gudiño Pelayo resolvió que «no hay en México leyes ni reglamentos que normen el uso de la fuerza por parte del Estado».
Agregó que «estas importantes omisiones legislativas, reglamentarias e incluso protocolarias quedaron evidenciadas con los hechos de Atenco».
El ministro Gudiño Pelayo añadió que las carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad, sumadas a la inexistencia de legislación acerca del uso de la fuerza pública, quedaron a la vista en los operativos de Atenco.
Asimismo, sostuvo que «existen elementos para considerar que la violencia fue permitida, alentada y en esa medida avalada por los superiores de los policías participantes en los operativos».
De acuerdo al dictamen de los 100 detenidos durante la revuelta popular, 9 de cada 10 denunciaron abusos policiales, 8 de cada 10 presentaron lesiones, 7 de cada 10 aseguraron haber sido capturados al interior de un domicilio particular.
Además, de las 50 mujeres aseguradas al menos 30 denunciaron agresiones sexuales.
El ministro mexicano contabilizó al menos 11 violaciones a los Derechos Humanos, durante los operativos policíacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
De los resolutivos emitidos no podrán adjudicarse responsabilidades, sino que únicamente se podrá identificar a las personas que cometieron violaciones graves a las garantías individuales. Esto es así debido a que el alto tribunal carece de facultades para juzgar a los presuntos responsables.
La comisión investigadora entregó 40 cajas con alrededor de 200 mil hojas de material. El trabajo entregado es de aproximadamente 2 mil 500 paginas