Desde el Gobierno de la Ciudad se presentó ayer un informe que da cuenta de la existencia de alrededor de 4000 trabajadores bolivianos en condiciones de suma explotación, unos 1600 talleres y fábricas situados en distintos barrios de la Capital, mientras que otros 11.000 inmigrantes de ese país trabajan en negro. Lo que les debería […]
Desde el Gobierno de la Ciudad se presentó ayer un informe que da cuenta de la existencia de alrededor de 4000 trabajadores bolivianos en condiciones de suma explotación, unos 1600 talleres y fábricas situados en distintos barrios de la Capital, mientras que otros 11.000 inmigrantes de ese país trabajan en negro.
Lo que les debería resultar imposible de explicar es cómo teniendo toda esa información, no se hizo nada al respecto. Para evitar dar respuesta se llevan adelante los mega operativos que iniciaron esta semana. Los inspectores de cuanta dependencia pública pudieran vincular a los casos salieron a clausurar talleres. Ese fue el encargo que recibieron, y lo están cumpliendo.
A su vez, desde el Ministerio del Interior, se anunció que en estos operativos participará la policía que se encargará de comprobar si los inmigrantes ilegales tienen antecedentes penales como si fuera responsabilidad de ellos la existencia de trabajo en condiciones de esclavitud.
La pantalla como siempre servirá para tapar las viejas trampas, las vinculaciones existentes entre esta modalidad de trabajo, las mafias que traen desde Bolivia a los trabajadores engañados, los fabricantes, las marcas grandes que tercerizan su producción en estos talleres, y los funcionarios del Estado, tanto Argentino como Boliviano que conociendo los movimientos de dichas mafias les permitan manejarse con impunidad.
Por otro lado están los trabajadores de los talleres clausurados. Desde organizaciones como la Unión de Trabajadores Costureros (UTC), quienes desde el año pasado vienen denunciando casos de trabajo esclavo, se plantean que hará el gobierno con estas personas. Esta elaboró un proyecto de ley que garantizaría la expropiación de las maquinas para ser usadas por los trabajadores damnificados.
La UTC tiene como sede La Alameda, un local ocupado por la Asamblea 20 de diciembre ubicado entre las calles Directorio y Lacarra. Allí ayer se vivió un episodio de acoso cuando manifestantes agrupados en torno a los dueños de talleres fueron a atacarlo responsabilizando a la UTC de las denuncias que están llevando a las clausuras.
Muchos de los que participaron luego explicaron que fueron obligados por sus empleadores.
El próximo domingo a las 18 la UTC convoca a un plenario que se realizará en su sede y están organizando un marcha que se realizaría el 10 de abril hacia la Jefatura de Gobierno Porteño.