Horas después de la represión militar para evitar la ocupación de instalaciones petroleras – que provocó un muerto y varios heridos – el sur boliviano se encontraba al filo del desborde. En la tarde de ayer (miercoles 18), pobladores enardecidos de la localidad de Yacuiba secuestraron y desarmaron a unos 50 policías y militares, al […]
Horas después de la represión militar para evitar la ocupación de instalaciones petroleras – que provocó un muerto y varios heridos – el sur boliviano se encontraba al filo del desborde.
En la tarde de ayer (miercoles 18), pobladores enardecidos de la localidad de Yacuiba secuestraron y desarmaron a unos 50 policías y militares, al tiempo que una multitud ocupaba la planta de Transredes, operada por Shell, donde destruyeron vehículos y saquearon bienes de esta empresa encargada del bombeo de gas hacia Argentina.
La provisión no había sido cortada. En la localidad de Villamontes, donde Derman Ruiz, de 37 años, murió desangrado ayer por un proyectil de arma de fuego, se respiraba una tensa calma. «El gobierno nos ha mentido, dicen que los militares no usaron armamentos letales. Pero no es verdad», denunció el dirigente Juan Carlos Gutiérrez.
Con estas medidas extremas, los habitantes de la provincia Gran Chaco buscan forzar en su favor la resolución de un conflicto de límites con la vecina O’Connor, ambas ubicadas en el departamento de Tarija. Y la pelea no es por poca cosa: quien logre la jurisdicción sobre el disputado cantón Chimeo accederá al megacampo de gas Margarita (en manos de Repsol-YPF) y se quedará con unos 45 millones de dólares anuales de regalías.
«La decisión (de militarizar los campos) ha sido asumida para mantener y preservar la paz y el orden institucional en la provincia Gran Chaco y también para… honrar nuestros compromisos con los mercados externos, particularmente con la Argentina», justificó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Una guerra paralela se desarrollaba entre el poder central y el gobernador de Tarija, Mario Cossio, para deslindarse la responsabilidad de haber dejado que la sangre llegara al río, en un momento sensible en el que comienza a debatirse las atribuciones de las autonomías regionales en la nueva Constitución y comenzó una campaña liderada por Chuquisaca y apoyada por Santa Cruz para trasladar la sede de gobierno a Sucre.
«Nuestro único delito es no compartir la ideología del gobierno central», disparó el opositor gobernador tarijeño, promotor de la autonomía. Cossio vio resbalarse el sillón presidencial en 2005, cuando la renuncia del entonces presidente Carlos Mesa abrió una sucesión presidencial que lo tenía como segundo candidato después del presidente del Senado Hormando Vaca Diez. Pero el rechazo social los dejó fuera de carrera.
Los tarijeños están sentados sobre el 85% de las reservas de gas de Bolivia, las segundas de Sudamérica, y dicen que son «los únicos bolivianos por voluntad propia» ya que decidieron no ser parte de Argentina en un cabildo popular en 1826.
Ayer se buscaba a contrarreloj el reinicio del diálogo. La población no se conformaba con viceministros, reclamaba una comisión conformada por «quienes deciden de verdad». Esto terminó de enojar a Evo Morales, quien, según el diario Folha de Sao Paulo, en la cumbre energética de Isla Margarita, discutió ásperamente con Lula Da Silva por su decisión de nacionalizar, el 1º de mayo, las refinerías de petróleo, en manos de Petrobras.