Repsol YPF S.A. tiene un contrato de operación en el campo Margarita, la reserva más grande de gas del país; parte de este campo se encuentra sobrepuesta a la Tierra Comunitaria de Origen del pueblo indígena guaraní de Itika Guasu. Si la APG – IG aceptara las condiciones de REPSOL YPF no podría realizar protesta pública alguna a lo largo de los 20 años de duración de contrato que tiene la empresa con el Estado boliviano.
Las negociaciones entre la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu (APG – IG) con la multinacional petrolera Repsol YPF S.A. se encuentran tensionadas debido a la actitud de la empresa, así lo ha denunciado la organización indígena en un comunicado publico (http://www.derechos.org/nizkor/econ/ruptura.html)
A decir de la APG IG, la propuesta de negociación de REPSOL YPF lo que busca es «condicionar al pueblo guaraní por 20 años a cambio de entregar recursos económicos que ni siquiera serán administrados por la APG….»
Además, la propuesta de REPSOL YPF pone en duda la posesión ancestral del territorio guaraní, «por lo que es condición fundamental que REPSOL YPF reconozca sin lugar a dudas la propiedad de nuestro territorio de Itika Guasu», asegura el comunicado.
Se debe mencionar que la ONG internacional Intermon Oxfam, quien denunció en el mes de Julio a la empresa Repsol YPF S.A. de violar los derechos indígenas en el Perú, a través de la encargada del programa de extractivas. María Dolores López Gómez, con conocimiento del comunicado de la APG IG manifiesta sobre este caso que «Repsol YPF tenía la oportunidad de demostrar, tal y como ha manifestado reiteradamente, que respeta los derechos humanos y la legalidad internacional, con la firma de un convenio justo y consensuado con el pueblo guaraní de Itika Guasu de Bolivia. Sin embargo, a la luz de las propuestas realizadas por la multinacional, vemos que la defensa que hace la petrolera de los contenidos de su Responsabilidad Social Corporativa, y fundamentalmente aquéllos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, están vacíos de contenido. Sus acciones desmienten su discurso»,
Asimismo, la organización de Derechos Humanos Equipo Nizkor, especializada en otra cosas en Derecho Internacional de Derechos Humanos, al conocer el caso, en una declaración pública (http://www.derechos.org/nizkor/econ/ruptura.html) asegura que si la APG – IG aceptara las condiciones de REPSOL YPF no podría realizar protesta pública alguna a lo largo de los 20 años de duración de contrato que tiene la empresa con el Estado boliviano.
También, Nizkor asegura que la corporación española con su propuesta no muestra una actitud favorable para consolidar un escenario de estabilidad que pasa por la negociación y acuerdo con las comunidades indígenas que son propietarios de la tierra donde se encuentran el gas.
Repsol YPF S.A., a través de su filial en Bolivia, tiene un contrato de operación en el campo Margarita, la reserva más grande de gas del país; parte de este campo se encuentra sobrepuesta a la Tierra Comunitaria de Origen del pueblo indígena guaraní de Itika Guasu, por lo que según lo establece el contrato y la norma sectorial vigente, la empresa debe llevar a cabo un buen relacionamiento con las comunidades indígenas afectadas quienes ponen como base de acuerdo, el respeto al derecho nacional e internacional, esto es, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Política del Estado boliviano en el articulo 171, en el Convenio 169 de la OIT y en la recientemente aprobada Declaración de los de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.