Desde 1989 hasta 2005, fueron dilapidados casi 1.500 millones de bolivianos, bajo el justificativo de «gastos reservados», que sólo fueron explicados verbalmente a los contralores generales del periodo neoliberal, quien después de escuchar las justificaciones, destruía la documentación para que nadie sepa jamás sobre la verdad del destino de esos dineros del Estado Detalles liberados […]
Desde 1989 hasta 2005, fueron dilapidados casi 1.500 millones de bolivianos, bajo el justificativo de «gastos reservados», que sólo fueron explicados verbalmente a los contralores generales del periodo neoliberal, quien después de escuchar las justificaciones, destruía la documentación para que nadie sepa jamás sobre la verdad del destino de esos dineros del Estado
Detalles liberados por las actuales autoridades, aseguran que desde Jaime Paz Zamora (1989-1993), hasta el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), se destinaron a «gastos reservados», la estremecedora cifra de 1.468.342.923 bolivianos, traducidos en un promedio anual de 89.442.208 bolivianos.
Estos dineros, nunca merecieron fiscalización, control o auditaje como el resto de las cuentas públicas. Según la costumbre de la época, los ministros del interior sostenían reuniones reservadas con el Contralor General de la República a quien presentaban sus informes que tras ser aprobados, eran destruidos.
Con estas prácticas, siempre resultaba un misterio el destino que tenían estos dineros «reservadamente» dilapidados por los ministros del interior neoliberales. Podían servir para comprar apoyo político en el parlamento, corromper a sindicalistas o simplemente para el enriquecimiento de quienes administraban el Estado.
Jaime Paz Zamora (1989-1993) y sus ministros del interior, Guillermo Capobianco y Carlos Saavedra Bruno, dilapidaron nada menos que 166.040.480 bolivianos. Como eran dineros para gastarlos en lo que mejor les pareciera, se desarrollaron verdaderas «fiestas» para la repartija de enormes sumas que hasta ahora y quizá nunca, serán justificadas.
Eran los tiempos de la mega coalición. En el congreso se definía que uno de sus asociados, llegaría al Poder mediante el voto concertado de sus parlamentarios, toda vez que en las sucesivas elecciones jamás consiguieron el cincuenta más uno de votos.
El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), tuvo un verdadero festín de gastos junto a sus ministros Germán Quiroga, Carlos Sánchez Berzaín, Franklin Anaya y Víctor Hugo Canelas. Dispusieron nada menos que 256.247.034 bolivianos. Un verdadero récord en la compra de apoyo político, represión y corrupción de sindicalistas.
Eran los años en que se vendían las empresas del Estado a precio de «gallina muerta» y Sánchez Berzaín circulaba por el parlamento, maletín en mano para comprar el apoyo y voto de los legisladores que se dejaban corromper. Para eso sirvieron los dineros reservados.
Pero, semejante suma, que alimentó la «timba» entre partidos de la mega coalición, tenía que merecer un nuevo récord y éste llegó con el siguiente gobierno que ya le tocaba a Hugo Banzer Suárez (1997-2001), el dictador redimido en «demócrata». Junto a sus ministros del interior, Guido Nayar, Walter Guiteras, Guillermo Fortún y Leopoldo Fernández, hicieron desaparecer, nada menos que 512.790.592 bolivianos. Como eran «reservados» nadie tenía que saber su destino final.
No le alcanzó la vida a Bánzer para seguir gastando, pero le sucedió su «delfín» Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002), que en sólo meses, le hizo una «yapa» de 145.345.117 bolivianos, junto a sus ministros, José Luís Lupo y Oswaldo Antezana Vaca Díez. Entre Banzer y Quiroga, pignoraron al Estado la friolera de 658.135.709 bolivianos.
Pero, en el «pasanaku» del poder, el 6 de agosto de 2002 volvía a tocarle el turno a Gonzalo Sánchez de Lozada, quién junto a sus ministros Alberto Gasser Vargas y Yerko Kukoc del Carpio, en poco más de 14 meses de gobierno, gastaron 259.972.133 bolivianos, hasta que fueron echados por el pueblo en las jornadas de octubre.
Le sucedió el vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert (2003-2005). Durante su gestión, se destinaron a «gastos reservados» 93.487.885 bolivianos, utilizados junto a su Ministro de Interior, Alfonso Hugo Ferrufino Valderrama.
En 2005, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llegó a la presidencia por determinación constitucional. Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), junto a sus ministros Saúl Lara y Gustavo Ávila, ejecutaron 34.459.682 bolivianos en los pocos meses de gobierno que culminaron con la elección de Evo Morales Ayma como Presidente de la República.
SE ACABO LA FIESTA
El 24 de abril de 2006, se acabaron los «gastos reservados». Ese día se aprobó el decreto 28686 que eliminó definitivamente esos corruptores presupuestos. A partir de entonces, el gobierno de Evo Morales, decidió que los dineros destinados a la Seguridad del Estado, sean controlados, fiscalizados y auditados como el resto de las cuentas públicas.
No más dineros para la corrupción, la compra de conciencias o enriquecimiento de sus administradores. En adelante, los recursos destinados a la seguridad, son empleados en actividades como las cumbres presidenciales, eventos internacionales, visitas de mandatarios y operaciones para preservar el orden público.
En ese sentido, los gastos auditados durante el gobierno de Evo Morales y sus ministros Alicia Muñoz y Alfredo Rada, apenas llegan a 14.427.161 bolivianos en casi cuatro años de gestión, con un promedio anual de apenas 4.8 millones de bolivianos.
La fiesta de los gastos de la época neoliberal, se acabaron definitivamente y ese parece ser otro gran logro del actual régimen democrático, que pretende su reelección en diciembre.