Una conjura de terratenientes de la oriental región de Santa Cruz, que propician supuestas tomas de sus propias tierras con fines desestabilizadores, según denunció del gobierno, se ubica hoy en el centro del acontecer noticioso boliviano. La ministra de Gobierno (Interior), Alicia Muñoz, formuló la denuncia tras informar al presidente Evo Morales sobre un enfrentamiento […]
Una conjura de terratenientes de la oriental región de Santa Cruz, que propician supuestas tomas de sus propias tierras con fines desestabilizadores, según denunció del gobierno, se ubica hoy en el centro del acontecer noticioso boliviano.
La ministra de Gobierno (Interior), Alicia Muñoz, formuló la denuncia tras informar al presidente Evo Morales sobre un enfrentamiento registrado el pasado miércoles, con un saldo de dos heridos, en la zona de Guarayos, Santa Cruz.
El choque fue protagonizado por campesinos pobres que tienen tomado un predio y una fuerza civil organizada por el terrateniente Luis del Río para desalojar a los labriegos.
La ministra lamentó que tras los enfrentamientos actúen empresarios y terratenientes y descartó el uso de la fuerza en el conflicto, a tiempo de señalar que la solución debe darse mediante el diálogo.
Condenó el hecho de que los patrones, para mantener sus injustos privilegios, lleguen al extremo de incitar a las tomas de tierras y enfrenten a campesinos pobres contra colonos indígenas a quienes manipulan.
La ministra señaló que, pese a esas maniobras, el gobierno ratifica su política de repartir tierras fiscales entre labriegos y reverir al Estado, con el mismo fin, parcelas improductivas y aquellas cuyos poseedores no acrediten títulos legales de propiedad.
Subrayó que ello no implica de ninguna manera afectar predios productivos, como quieren hacer creer los terratenientes cruceños, a los que emplazó a mostrar los títulos legales de las tierras que explotan.
Los empresarios del agro de Santa Cruz, según el ministro de Desarrollo Agropecuario, Hugo Salvatiera, pagan a indígenas para que aparenten tomar tierras, con el fin de propiciar conflictos y desestabilizar al gobierno.
Familiares de los dos heridos en el incidente en Guarayos afirmaron que el terrateniente Del Río -ligado al ex dictador Hugo Banzer y denunciado por corrupción- pagó 50 bolivianos (poco más de seis dólares) por persona, al grupo que intentó, sin conseguirlo, desalojar a los ocupantes.
Del Río dice ser dueño del predio tomado, pero el organismo de tierras verificó que la propiedad pertenece en realidad al Estado, pues el empresario carece de títulos legales.
Al ratificar que los conflictos deben superarse sin violencia y mediante el diálogo, la ministra Muñoz informó del envío de una fuerza policial con el fin de impedir nuevos enfrentamientos en Guarayos.
En esa línea, el jefe de la Policía, general Isaac Pimentel, dijo que su personal está en emergencia para evitar enfrentamientos por tomas de tierras en los departamentos (provincias) de Santa Cruz, La Paz, Copacabana y Oruro.
Subrayó que el despliegue de fuerzas no tiene como objetivo reprimir a los campesinos ni desalojar parcelas tomadas, sino evitar choques como el de Guarayos.