América Latina siempre fue un importante atractivo a la codicia extranjera, sobre todo de los países del Norte. Durante el proceso de extracción de riquezas naturales en suelo latinoamericano, se destaca Potosí y el simbólico Cerro Rico. La avaricia por el oro y la plata transformaron la minería en un importante instrumento de saqueo. Junto […]
América Latina siempre fue un importante atractivo a la codicia extranjera, sobre todo de los países del Norte. Durante el proceso de extracción de riquezas naturales en suelo latinoamericano, se destaca Potosí y el simbólico Cerro Rico. La avaricia por el oro y la plata transformaron la minería en un importante instrumento de saqueo. Junto a estos desalojaron los pueblos originarios, se estableció un régimen de esclavitud. Más de 1 millón de personas murieron como resultado de las condiciones precarias y exhaustivas de trabajo las cuales eran sometidos los pueblos convertidos en esclavos por los saqueadores a quienes la historia insiste en nombrar conquistadores.
Pasados más de 500 años, cambiaron las formas, pero no los objetivos. En la Argentina, la minería sigue siendo una de las principales fuentes de interés por parte de las empresas extranjeras. Los intereses y los métodos no han cambiado sustancialmente. La invasión de ayer dio lugar a la negociación por vía institucional de hoy. Lo que fue genocidio, hoy es validado por el Estado por medio de mecanismos de represión y regulación de movimientos sociales. Luchar por los derechos está previsto en la constitución, pero mientras no moleste a los neoinvasores con dólares en sus bolsillos y promesas de inversión. Hace 500 años los saqueos llegaban vía marítima, hoy llegan a través de rondas de negociación que son una subasta de recursos. Hoy, Argentina cuenta con 55 Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs), todos ellos de extracción de recursos naturales.
Las evidencias de que el Estado y las corporaciones trabajan juntas para contener la resistencia en los territorios y así garantizar los negocios de los cuales sólo las empresas ganan son nítidas. El Grupo Benetton, uno de los motivos del enfrentamiento entre el gobierno de la provincia del Chubut y la comunidad Mapuche culminó en la desaparición del militante Santiago Maldonado. El grupo Benetton posee concesiones mineras en las provincias de Chubut, Santa Cruz, San Juan y Río Negro.[1]
La ley antiterrorista es una forma jurídica de deslegitimar la protesta social y proteger a los inversores, terratenientes -muchos de ellos invasores de tierras indígenas con el aval del Estado- y al propio gobierno en detrimento de la voluntad del pueblo y de la legítima propiedad de tierras de los pocos indígenas que quedaron después de su casi exterminio.
La Ley antiterrorista fue aprobada en junio de 2007. La Argentina como miembro de La Financia lAction Task Force on Money Laundering (FATF) fue presionada para la promulgación de esta ley. El FATF había adelantado que en caso que no se promulgue una Ley antiterrorista con sus recomendaciones, consideraría a Argentina como «pais no confiable para las inversiones».
La FATF, es grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero, también conocida por su nombre en francés como Grouped’actionfinancière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el G7. El propósito público de la FATF es desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Por esta presión se aprobó la Ley 26.268. Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Modificación de la Ley Nº 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. La aprobación de esta ley en la Cámara de Senadores, solo tuvo la oposición de Ruben Giustiniani. La Ley, expresa como punto fundamental el agregado del artículo 213 en el Código penal. Este artículo da lugar a la interpretación de una Jueza/Juez respecto que es un acto terrorista.
El texto agregado es el siguiente: Artículo 213 ter.- Se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características: a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) Estar organizada en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas. En función de las críticas recibidas por diversas organizaciones de DD.HH. se promulgó la Ley 26.734, en diciembre de 2011 que modifica la Ley 26.268. La Ley 26.734 modifica el artículo 41 quinquies, incorporando la figura de los DD.HH. y/o sociales, Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional. Asimismo modifica el fuero de la ley, siendo la misma el fuero federal, según el artículo 7, Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente, e)Los delitos previstos por los artículos 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis y 306 del Código Penal.
Las votaciones para su promulgación han sido, 134 votos afirmativos y 90 negativos en la cámara de diputados, y 39 votos a favor y 22 en contra en la cámara del senado. Los votos negativos han sido de la UCR, PRO y Coalición Cívica entre otros, siendo que la ley previa, Ley 26.268 la han votado en forma afirmativa.[2]
En el año 2014, la oposición al kirchnerismo intentó derogar la ley antiterrorista a partir de su aplicación contra la imprenta Donnelley. Esta empresa fue adquirida por uno de los principales tenedores de bonos de Argentina y en forma posterior cerró dejando sin empleo a 400 personas en forma directa. Esta derogación no ha sido efectiva en función de la mayoría del FPV (Frente para la Victoria) y aliados en ambas cámaras.
Sobre la derogación de la ley antiterrorista Mauricio Macri expresó en el 2014 «no está bueno que inventen permanentemente instrumentos que lo único que hacen es generar desconfianza» y acusó al Ejecutivo de utilizar «la Ley Antiterrorista para casos desopilantes»[3]. Para Mauricio Macri, actual presidente, reprimir las protestas del pueblo Mapuche y la desaparición de Santiago Maldonado, no es desopilante.
Los partidos de mayor representación en las elecciones de los últimos años en Argentina -FPV, CC, PRO, UCR- votaron y sostienen la ley que permite en términos legales la represión de los movimientos populares con las fuerzas represivas del estado.
Santiago Maldonado y la comunidad mapuche son emblemas de la que es hoy la democracia. La garantía delos privilegios de las corporaciones. No se lucha por nada distinto de lo que fue hace 500 años. La diferencia es que hoy son llamados terroristas, una confusión de roles difícil de entender cuando pensamos que Santiago fue desaparecido por el Estado y en democracia por aquellos que deberían tratar de proteger y cuidar de la integridad física de ciudadanos y ciudadanas. La pregunta que nos hacemos en Virginia Bolten es: ¿Qué hacemos con el terrorismo del Estado?
Notas:
[1] http://www.cholilaonline.co
[2] http://www.larevuelta.com.a
[3] http://tn.com.ar/politica/l