Una deuda de la democracia. Los establecimientos penales son «basureros humanos». Denuncian una verdadera operación de limpieza social, dirigida contra pobres y jóvenes Radio La Cantora es un Proyecto de Comunicación Popular dedicado a los derechos humanos de los ciudadanos privados de su libertad. Es llevado adelante desde fuera y desde dentro de la cárceles, […]
Una deuda de la democracia. Los establecimientos penales son «basureros humanos». Denuncian una verdadera operación de limpieza social, dirigida contra pobres y jóvenes
Radio La Cantora es un Proyecto de Comunicación Popular dedicado a los derechos humanos de los ciudadanos privados de su libertad. Es llevado adelante desde fuera y desde dentro de la cárceles, para difundir los reclamos y las demandas de los detenidos. Azucena Racosta, profesora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y coordinadora del Proyecto, y Fabián Sampietro, quien al momento de los hechos que va a relatarse gozaba de libertad, fueron detenidos hace pocas semanas en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en una operación que en nada corresponde a un sistema democrático. Para esclarecer los hechos y revisar cuál es la situación de las cárceles argentinas, APM entrevistó a Racosta, quien unos días después de su detención fuera liberada sin acusación alguna.
¿Por qué no nos cuenta que sucedió en Trenque Lauquen?
Es para nosotros una tarea cotidiana, asistir a compañeros del colectivo de trabajo de La Cantora que se encuentran privados de la libertad. Ese es el caso de Miguel, que, el día que nos detuvieron, era trasladado para un reconocimiento a la Fiscalía de Trenque Lauquen. Lo que ocurrió es de público conocimiento, salvando las distancias con la prensa amarilla, que nos calificó como «grandes delincuentes» y no, como militantes de los derechos humanos que somos. Sabemos que para esta prensa, aliada históricamente a las dictaduras militares, los defensores de los derechos humanos somos «delincuentes». Nos estaban esperando y al llegar a la fiscalía notamos un gran operativo policial, al que se sumaron luego efectivos penitenciarios, pero no nos llamó la atención porque esto es una rutina en los tribunales cuando trasladan a detenidos. Llegamos a la fiscalía caminando, habíamos dejado nuestras pertenencias y el auto en el hotel, en el que nos habíamos alojado dos horas y media antes de que nos detuvieran. Según la causa, este operativo fue realizado por un trabajo de «inteligencia» del Servicio Penitenciario Bonaerense (de la provincia de Buenos Aires). Ellos evidentemente habían «chupado» mi teléfono y así se enteraron de nuestro viaje. Según nuestra lectura, eligieron Trenque Lauquen, por ser un pueblo pequeño, alejado. Esto no lo hubieran podido hacer con nosotros en los Tribunales de La Plata (ciudad capital de la provincia) por ejemplo, en donde realizamos visitas periódicas. Les hubiera resultado engorrosa la operación de «plantarnos» un arma de guerra.
¿Por qué consideran ustedes que el Servicio Penitenciario querría involucrarlos en un delito de ese tipo?
Veníamos asistiendo a un importante grupo de internos que se habían declarado en huelga de hambre. Con esta modalidad denunciaban las irregularidades judiciales y las pésimas condiciones de vida carcelaria. Estas huelgas estaban siendo silenciadas entre el poder político, el judicial y el servicio penitenciario. Nosotros rompimos el cerco y difundimos las huelgas de hambre y los puntos que denunciaban los compañeros: la violación de los artículos l8 de la Constitución Nacional y en la misma dirección, del artículo 30, que prescribe que «Las prisiones son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos…». Esas normas establecen además que «todo rigor innecesario hace responsables a las autoridades que lo ejerzan…». Por su parte, la Ley de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires dice que inexcusablemente deben ser respetados los derechos a la salud, la educación, el trabajo y buena alimentación, y fija las condiciones que deben darse para que esos derechos puedan hacerse efectivos: «convivencia en un medio que satisfaga condiciones de salubridad e higiene…».
¿Creen que existe alguna relación entre lo que les sucedió a ustedes y los hechos ocurridos por ese entonces en el penal de Magdalena, provincia de Buenos Aires, donde decenas de presos terminaron muertos, sin que la Justicia haya aclarado lo acontecido?
Una semana antes de los hechos ocurridos en el penal de Magdalena, titulamos nuestro comunicado como «Las cárceles del exterminio», titular que fue ratificado por el suicidio en masa los internos de Magdalena, donde murieron 32 jóvenes, hecho públicamente conocido. Suicidio en masa que intentó repetirse en el pabellón 10 de la unidad 9 de La Plata, hace quince días. Una nueva y horrorosa respuesta a la violencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, y que no se analiza. Cabe agregar que lo de Magdalena no terminó; en ese mismo penal, la semana pasada, una reyerta interna dejó un saldo de once jóvenes heridos. La tarea de La Cantora, evidentemente no es bien vista por un sector de los penitenciarios, particularmente por aquellos que añoran las viejas épocas, en las que la corrupción y la violencia no tenían control alguno y menos aún difusión. Lo que hicieron fue tratar de frenarnos. El chivo expiatorio es nuestro compañero Fabián Sampietro que se encontraba excarcelado, que tiene antecedentes penales y por sobre todas las cosas, porque Sampietro no es cualquier detenido. Nuestro compañero es una persona conocida en el ámbito penitenciario y gubernamental por sus intensas luchas por los derechos de todos en las unidades penales, y molestaba mucho más que continuara con esta lucha gozando de su libertad.
Pero existen organismos del Estado que están al tanto de lo que usted denuncia.
La Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el Patronato de Liberados y el colectivo de trabajo del Proyecto de Comunicación Popular La Cantora pueden dar cuenta de la tarea que Sampietro venía realizando en beneficio de su propia vida, de su libertad y de la de otros que aún están en condición de detenidos.
¿Entonces…?
Consideramos que fuimos el fusible de la interna penitenciaria, interna que se viene librando desde la intervención al Servicio Penitenciario en el año 2004, entre sectores que no quieren perder los negocios que realizan en las unidades penales, y los que propician el cambio. También fuimos víctimas de otra interna allegada a sectores del gobierno que están en pugna, y por supuesto de la interna judicial. Fabián Sampietro es hoy el rehén de esos sectores, que a lo largo de los años hicieron de las cárceles un basurero humano, un lugar en donde arrojan los desechos que va tirando el sistema capitalista, desechos que reditúan sabrosos dividendos a la industria de la pobreza. Con Sampietro preso, hay un sector que le está diciendo al otro quien tiene el poder real.
¿Podría referirse a cómo ven ustedes las condiciones en que viven actualmente las personas privadas de su libertad?
Las condiciones carcelarias en la provincia de Buenos Aires son de absoluta violación a los derechos humanos de los internas y de las internas, y las venimos denunciando desde hace más de 10 años. Cuando el nacimiento del proyecto La Cantora decíamos que el aparato represivo de la dictadura estaba intacto dentro de las cárceles. En la actualidad lo dicen también sectores del Estado, como la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Comisión por la Memoria, entre otros. El poder político, el judicial y la sociedad están informados de esta situación. Es de público conocimiento que las cáceles están superpobladas, que los presos viven hacinados, que la alimentación es precaria y de mala calidad, que la atención de la salud es pésima, que los obligan a dormir sin colchones, que en la mayoría de los penales los detenidos y detenidas están caminando sobre aguas servidas, que no hay vidrios en las ventanas, que quienes habitan las cárceles son jóvenes pobres de alrededor de 20 años de edad.
Y en ese escenario…
Los internos optan por auto-agredirse permanentemente por la falta de respuesta a sus reclamos. Estamos hablando de reclamos que se calificarían como menores: un colchón, artículos de higiene, lavandina por ejemplo, un medicamento, comida. Ante la negativa, los internos se cortan o en el peor de los casos se prenden fuego. Ni hablar de las reyertas internas, de las que provocan algunos sectores del servicio penitenciario con bandas de detenidos que trabajan para ellos, a cambio de prebendas y beneficios. El sistema carcelario es claramente inconstitucional, es la modalidad con la que los sectores de poder eliminan a las nuevas generaciones de jóvenes pobres. En los ´70 fue con la dictadura, en los ochenta con la guerra de Malvinas, en los noventa con las cárceles de la pobreza, creadas por un Estado que de no lograr los cambios que se propone, se consolidará como Estado Penitenciario. En estos sitios se viola el derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la buena alimentación, no se cumple absolutamente con lo que dice ley, una ley que, por otra parte, claramente fue escrita para proteger a las clases privilegiadas.
Usted está formulando severas acusaciones…
Y no es para menos. Las formas de hostigamiento y tortura van desde las agresiones físicas a las psicológicas. Esa es la respuesta del personal penitenciario a los requerimientos de los internos. Los internos son tratados por el personal penitenciario como al enemigo y no como a las personas a la que deben asistir y resguardar en su integridad física y psicológica. Las poblaciones carcelarias son dopadas en masa. A efectos de ejemplificar, según información brindada por el Servicio Penitenciario a la Secretaría de Derechos Humanos, en la Unidad N° 9 de La Plata, con una población de 1433 personas, se consumen 18.657 dosis de psicofármacos por mes. Si tomamos en cuenta datos más generales comprobamos que, siendo el promedio de la población carcelaria de 24.942 personas, se consume un total de 269.544 pastillas tranquilizantes por mes. En la Unidad N° 8 de Los Hornos, por ejemplo, con una población de 209 mujeres, se consumen 6.520 psicofármacos. En la Unidad N° 3 de San Nicolás, con una población de 543 detenidos, el consumo es de 8.460. La Unidad N° 29 tiene una población de 157 internos y el consumo asciende a 7.434 pastillas. Estoy hablando del consumo mensual según datos oficiales, sin contar el tráfico de estupefacientes. Otra de las formas de hostigamiento y que provoca graves consecuencias a los privados de la libertad y a sus familias, y que involucra a otro de los grandes negocios del Servicio Penitenciario, es la desmedida cantidad de traslados, que generan a su vez desmedidos costos de financiamiento. La División Traslado de Detenidos insume un promedio mensual aproximado de 60.000 pesos en vales de nafta (1.520 vales), 10.000 pesos mensuales para reparación de automotores, a los que debe sumarse los sueldos y viáticos del personal. En el rubro viáticos se destinan 120.000 pesos mensualmente. Son 245 las personas que allí se desempeñan, incrementándose este número los días viernes, con personal de otras unidades. Durante el año 2004 la División Traslados de Detenidos ha efectuado 114.222 desplazamientos de detenidos. Hay internos que no alcanzan a estar 15 días en una unidad; así sus vidas son de transito, lo que provoca secuelas psíquicas y físicas graves, tanto para él como para su familia.
Nos está hablando del infierno…
Efectivamente es así. Sabemos ya que no hay un solo derecho sino que hay múltiples derechos que están en disputa. Que las cárceles son el sistema de control para los sectores devastados por la política económica. Que allí no van a pagar los grandes delincuentes, que estos no son juzgados con el mismo código penal con el que juzgan a los «pibes chorros». Que los miles de jóvenes pobres que pueblan las cárceles deberían estar trabajando, estudiando. Que son jóvenes de los que el Estado no se hizo cargo cuando debía haberlo hecho. Si en esta disputa de poder no avanzan los cambios propuestos, las cárceles serán una bomba de tiempo para el gobierno. El juicio a las Juntas de la pasada dictadura juzgó a los militares genocidas; veremos a quienes se juzgará por el genocidio que perpetró la democracia de los Carlos Menem y Eduardo Duhalde. ¿Sabremos con nombre y apellido quienes son los responsables de los miles de inocentes muertos por hambre, desnutrición o abandono? Entre esos muertos silenciosos cuento a los miles que asesinaron en las cárceles de la democracia. Para tener una idea, en lo que va del año, las cárceles bonaerenses se llevaron la vida de 97 jóvenes, sólo por muertes traumáticas. A esas hay que sumarles la cifra de los muertos por enfermedades, en su mayoría por falta de atención médica. En 2004, según datos oficiales, fueron doscientas las muertes traumáticas. Multipliquemos por los años de democracia para saber a cuántos jóvenes pobres asesinaron las cárceles bonaerenses. ¿Pediremos como sociedad Juicio y Castigo a los responsables de este nuevo genocidio? O seguiremos pidiendo que sean eliminadas las «clases criminales», es decir la clase que conforma la mayoría de los argentinos, que responden al estereotipo del delincuente: «pobres, morochos y jóvenes». Pedimos la libertad inmediata de nuestro compañero Fabián Sampietro y el esclarecimiento de los hechos por parte del gobierno. Que se investiguen las áreas de inteligencia.