La mirada desde la sociedad Desde la perspectiva de la sociedad civil, los movimientos y sectores populares no solamente tienen la cualidad de otorgar y componer la base social de un gobierno y de un proceso, cuando lo respaldan y/o han sido los agentes protagónicos de su constitución; sino que también cumplen el rol de […]
La mirada desde la sociedad
Desde la perspectiva de la sociedad civil, los movimientos y sectores populares no solamente tienen la cualidad de otorgar y componer la base social de un gobierno y de un proceso, cuando lo respaldan y/o han sido los agentes protagónicos de su constitución; sino que también cumplen el rol de mediadores y catalizadores de la relación que se establece entre el Estado y la sociedad. La fuerza y la potencia de la mediación dependen del peso específico y el protagonismo que los sectores sociales juegan en la coyuntura y el proceso.
Este atributo mediador permite que las organizaciones sociales representen a las masas frente al Estado, pero también a la inversa; es decir, al Estado frente a las masas, sobre todo cuando por efecto de su propia participación e iniciativa, o como resultado de la cooptación que puede efectuar el propio Estado, forman parte y son gestores del proceso social. Los sectores sociales se constituyen en mediadores y potenciales catalizadores, porque se dirigen, demandan e interpelan al Estado como representantes y dirigentes, pero al mismo tiempo representan al Estado (en tanto forman parte y lo constituyen), respeto del pueblo y la sociedad, porque son gestores de sus propias reivindicaciones.
En el caso del actual proceso de cambio y transformación democrático cultural, los sectores campesinos y colonizadores, que constituyen una de las masas poblacionales mayoritarias del país; indudablemente son uno de los pilares de sustento social más importantes que cuenta el gobierno (y de la que puede excluirse a sectores autoidentificados como pueblos indígena originarios, por la ruptura y conflictiva relación que ha detonado en la represión de Chaparina por el asunto del TIPNIS). Sin embargo, en lo que compete al papel de mediadores y catalizadores entre el Estado y las masas, puede afirmarse que obnubilados por las iniciativas de inclusión social y el desmontaje de las lógicas señoriales que prevalecían, pero olvidando su condición de explotados, han ido perdiendo aquella calidad de mediadores, porque prefieren representar cada vez más al Estado y al gobierno de Evo Morales frente al pueblo, que defender y abanderar las demandas y tareas populares inconclusas frente al Estado, lo que por cierto permitiría además, resolver su propia condición de explotados.
Una muestra de este extremo que va anulando paulatinamente la oportunidad para que estos sectores populares interpelen y transformen aquel Estado republicano y neoliberal que se resiste, es que prácticamente se han convertido en portavoces y defensores de la gestión gubernamental (especialmente la dirigencia campesina y de colonizadores, autodenominados como interculturales). El agravante es que ni siquiera han alzado sus voces para denunciar e impedir asuntos que les competen directamente. Es el caso por ejemplo del desmontaje de la reconducción comunitaria del proceso agrario que pretende ampliar el periodo para la verificación de la FES, que es tan determinante para establecer la legalidad sobre la propiedad de la tierra; el asunto de la permisibilidad autorizada por ley para introducir transgénicos en las plantaciones agrícolas; o la despenalización y perdonazo que se ha otorgado por Ley 337 a grandes terratenientes y productores agropecuarios que ilegalmente quemaron y desmontaron bosques y tierras desde 1996 en una extensión de 4,5 millones de hectáreas (¡), que muy bien podían haber sido revertidas para atender la demanda de campesinos y colonos, así como resolver los problemas de avasallamiento de tierras que abruma al Oriente del país… Y todo ello, sin hablar de otros temas que hacen al proceso de cambio, pero que incuestionablemente van quedando en el olvido.
En el caso de los sectores proletarios y mineros que histórica y socialmente deberían constituir la vanguardia del proceso de transformación y otro de los pilares estratégicos de sustento social, pero sobre todo de orientación programática; la situación no es más optimista que la anterior. Tampoco se puede apreciar y se extraña, aquel papel protagónico y vanguardista que históricamente había constituido a la clase obrera (y especialmente minera), en el referente ideológico y político del país, que marcaba y orientaba las tareas nacionales de liberación y lucha contra el capitalismo.
Sucede que aquel golpe materialmente desarticulador e históricamente demoledor que se produjo el año 1986, cuando (inclusive militarmente) se asedió, hostigó y reprimió la Marcha por la Vida que protagonizaron los mineros, sirvió para implantar el modelo neoliberal por medio del D.S. 21060 que, bajo el eufemismo de la llamada «relocalización», echó de sus fuentes laborales a decenas de miles de obreros y cuya consecuencia más nefasta fue el largo periodo de desideologización de la clase obrera del país. Ahora, transcurridas algunas décadas, podemos advertir más claramente su resultado, porque aquellas gloriosas y combativas organizaciones como la FSTMB y la COB por ejemplo, han quedado vaciadas de aquel contenido ideológico y estratégico que las había caracterizado, lo que implica la pérdida de su principal arma y la batuta de la conducción y liderazgo nacional.
Aquel golpe artero que materialmente desarticuló ideológica y físicamente a la clase obrera del país, casi inmediatamente se complementó con el surgimiento y posterior proliferación de las cooperativas mineras que, a tiempo de constituirse en un sucedáneo perverso del sindicalismo minero, dio paso a un extractivismo salvaje y depredador. La elevación internacional de los precios de las materias primas que va aparejada a un auge coyuntural de ingresos, constituye la motivación para dar paso a uno de los sectores que más daños socio-ambientales produce, al mismo tiempo de cobijar las peores relaciones de explotación laboral y de trabajo, que van en consonancia con aquella lógica de enriquecimiento y acumulación individual propios del capitalismo extractivista que fue propiciado por el neoliberalismo.
Bajo estas circunstancias de desacumulación y extravío ideológico, como de una coyuntura favorable de precios internacionales que exacerba el extractivismo, la explotación y la tentación del enriquecimiento rápido, terminan por configurar un escenario poco propicio para que la clase obrera y los mineros recuperen aquel protagonismo vanguardista, hegemónico y programático que habían tenido históricamente. Peor aún, seducidos por el prebendalismo y la supuesta oportunidad para extender y reproducir canonjías, beneficios e ingresos provenientes de la bonanza económica, estos sectores proletarios y mineros, nada menos que por medio de sus organizaciones nacionales y departamentales representativas, deciden optar por el apoyo circunstancial y electoral a la candidatura oficial, antes que plasmar una relación programática e ideológica que no solo hubiese contribuido a perfilar aquel horizonte claro de transformaciones que está inserto en la Constitución, sino que le habría permitido reconstituirse como clase vanguardista, liberando al gobierno del penoso coyunturalismo electoralista que lo limita a reproducirse sin ninguna perspectiva estratégica ni programática. Solo como ejemplo, tal es la lógica extractivista prevaleciente y tanta la preferencia por el lucro y la acumulación inmediata que están por encima del establecimiento de una relación armoniosa con la naturaleza y la construcción de un nuevo tipo de relaciones de producción social comunitaria y asociativa; que a pesar de los más de 8 años transcurridos desde que se inició el proceso de transformaciones, hasta ahora no ha sido posible siquiera cambiar el Código minero ultraliberal imperante, o construir una nueva Ley del Trabajo que responda al nuevo tipo de sociedad y Estado que la Constitución manda.
La perspectiva desde el estado
Desde la perspectiva del Estado, el tiempo de desperdicio del proceso también tiene sus propias manifestaciones.
La prematura electoralización del proceso ha venido a constituir la mejor forma para pervertir y desvirtuar iniciativas que podrían contribuir a su profundización. Por ejemplo, en vez emprender y priorizar tareas y acciones de liberación nacional, descolonización y construcción del socialismo comunitario para Vivir Bien como manda la Constitución Política del Estado, se prefiere ordenar que los ministerios y el aparato público se dediquen a respaldar la campaña electoral y emprender acciones de impacto mediático.
Llama la atención este criterio, porque al margen de estar asociada a una práctica repudiada de reproducir el gobierno a toda costa (incluyendo acuerdos y concesiones con sectores tradicionalmente reaccionarios y opositores, que constituyen un lastre y pretenderán imponer sus intereses por encima del mandato popular de transformaciones), se lo hace a sabiendas de que no existen adversarios electorales de ninguna significación. Es más, ni siquiera es razonable y expresa un total contrasentido, alentar el apoyo y buscar la adhesión a la candidatura oficial, si paralela y sistemáticamente se ataca, descalifica y excluye a todas aquellas expresiones y sectores sociales que hacen conocer su criterio, pero que no son del gusto oficial, aunque sí podrían contribuir al reencauzamiento del proceso en diversas áreas.
Se ha mencionado que la decisión de electoralizar prematuramente la coyuntura, está asociada a la idea de contribuir a que se mantenga un estado de alerta y movilización permanentes en las organizaciones y movimientos sociales afines. Es decir, que puedan prevenirse situaciones de reflujo y declinación que podrían afectar la marcha del proceso. Sin embargo, paralelamente se alientan prácticas prebendales y de cooptación que se han hecho patentes en diversas organizaciones sociales, provocando divisiones y disputas que solo las debilitan y restan fuerza social al proceso.
Esta decisión de electoralizar la coyuntura, además de volcar la atención ciudadana hacia asuntos sin mayor trascendencia; retrasa y posterga indefinidamente la necesidad impostergable de encarar y efectivizar las tareas estratégicas de transformación económica, social y política. No puede ignorarse que aquella convicción de irreversibilidad del proceso que había hecho carne en el pueblo al aprobarse la nueva Constitución, sea puesta en duda por el afán de reproducir el gobierno y caer en la tentación de su control total, porque el pueblo percibe que los objetivos han cambiado y que predomina la instrumentalización y copamiento del aparato para fines sectarios y para disfrutar de la bonanza económica. Es decir, que ya no importa el proceso, sino lo que pueda obtenerse de él.
Parecería como si se hubiese perdido la aptitud para comprender el verdadero sentido de los hechos, porque sencillamente está ganando la comodidad y la tentación de disfrutar y congratularse de los beneficios y réditos coyunturales de la riqueza y la abundancia generada por los precios altos de las materias primas y la renta de los hidrocarburos. Porque innegablemente resulta muy gratificante para las autoridades de gobierno, estar cotidiana y permanentemente agasajados y participando de eventos de entrega de obras que se hacen parte de una campaña electoral, en vez de encarar las tareas nacionales estratégicas que sí resultarían verdaderamente más exigentes y duras, en vez de continuar con aquel activismo de 12 o 14 horas de estar deambulando por el país en diverso tipo de eventos totalmente superficiales y secundarios para los fines del proceso.
En otro campo, también es preocupante la acentuación de prácticas rentistas, patriarcales y asistencialistas que, a título de redistribuir la riqueza originada principalmente en la explotación y exportación de materias primas, está convirtiéndose en una rutina de otorgación de bonos, aguinaldos y otros pagos e incentivos. Lo que al principio tuvo la virtud de atender sectores tradicionalmente desprotegidos, cada vez más se convierte en prebendas y nuevos mecanismos para captar el agradecimiento y un apoyo electoral circunstancial, que a la larga constituyen obligaciones permanentes cuya sostenibilidad es incierta porque no se puede esperar que permanentemente se mantengan los precios internacionales que hoy alimentan esa sensación de bonanza.
Es aún más preocupante esta cultura rentista que se va imponiendo, porque al margen de estar sustentada en la ilusión de una economía en bonanza y un país próspero, como si ello fuese a perdurar indefinidamente, alienta el consumismo, el incremento desmesurado del gasto, el derroche, la expansión del mercado, etc. Es decir, no tiene la precaución elemental de garantizar la creación de fuentes de trabajo estables y permanentes, fortalecer y diversificar el aparato productivo, establecer y desarrollar nuevos emprendimientos y relaciones de producción comunitaria y asociativa, que constituyen la única forma efectiva para garantizar la sostenibilidad de las obligaciones contraídas en forma de rentas, aguinaldos, etc. Se opta por el fácil expediente de entregar bonos, premios y otros incentivos que crean obligaciones a futuro, sin promover y desarrollar el cambio en las relaciones de producción y el establecimiento de nuevos emprendimientos productivos sociales y comunitarios, que si efectivamente podrían garantizar a futuro una equitativa y sostenible distribución de la riqueza.
Finalmente, también debe hacerse mención respecto de aquella actitud intolerante, caprichosa y sectaria que pretende imponerse como criterio único y sin aceptar otras ideas que son expresión connatural del abigarramiento y plurinacionalidad de nuestra sociedad; porque al prevalecer aquella no se tendrá la capacidad para abrirse a la participación, el aporte y el criterio diverso y diferente de todos los sectores y bolivianos que forman parte de este proceso. De mantenerse aquella actitud, solo queda el riesgo de perder la oportunidad, de mantener un tiempo de desperdicio del proceso y de comenzar a transitar por el peligroso camino de la claudicación. Entendemos que la construcción de este proceso de cambio le ha tomado al pueblo muchos sacrificios, vidas y décadas de lucha, para que sea reducido y empobrecido de esta manera. Cuanto más tiempo se pierda, más nos habremos alejado y menos oportunidades tendremos todos para cumplir y alcanzar las tareas de transformación y cambio que nos señala la Constitución, y más se habrá contribuido a desperdiciar el proceso.
Arturo D. Villanueva Imaña. Sociólogo. Cochabamba (Bolivia)
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