El enfrentamiento de clases en Bolivia tiene varios componentes, pero el central de todos ellos es la lucha por la tierra. Por esta razón el conjunto de las contradicciones restantes (autonomías, regalías por hidrocarburos, racismo, etcétera), sin dejar de tener un peso importante en el conflicto actual, adquieren el rol de contradicciones secundarias. En tanto […]
El enfrentamiento de clases en Bolivia tiene varios componentes, pero el central de todos ellos es la lucha por la tierra. Por esta razón el conjunto de las contradicciones restantes (autonomías, regalías por hidrocarburos, racismo, etcétera), sin dejar de tener un peso importante en el conflicto actual, adquieren el rol de contradicciones secundarias. En tanto el imperialismo, viejo socio de las élites de la Media Luna intenta, a través de éstas, voltear al gobierno popular.
Tras varios meses de agudo enfrentamiento político, entre el gobierno boliviano y la derecha de la media luna, finalmente, el Congreso aprobó la convocatoria al referéndum constituyente para el 25 de enero de 2009. Sin embargo subsisten las contradicciones y algunos de los sectores sociales aliados al gobierno se oponen a las reformas consensuadas entre el 3 y 20 de octubre. Por su parte, el presidente Evo Morales afirmó, el 20 octubre al promulgar la ley de convocatoria al referéndum constituyente: «este proceso de cambio no tiene retorno», y además le dijo al pueblo: «que jamás Evo va a mentir o engañar, saben que cuando no puedo hacer lo digo con sinceridad, cuando puedo atender demandas les digo ‘vamos'».
El camino estuvo sembrado de profundas dificultades y luchas, cuyo punto más dramático fue el asesinato de 18 campesinos y estudiantes perpetrado el 11 de septiembre, por una banda de sicarios a las órdenes del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. En la noche de ese trágico día el presidente Evo Morales declaró persona no grata al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, al que ya había denunciado como parte del plan desestabilizador, para darle a continuación dos días para abandonar Bolivia. Con ese acto los prefectos de la Media Luna perdieron a un aliado experto en balcananización y la larga mano de la CIA y el Departamento de Estado recibió una herida de consideración.
Algunos días más tarde quienes hicieron sus valijas y se retiraron del país del altiplano fueron algunos agentes de la DEA. De esta manera en menos de un mes Washington sumó varios reveses políticos, que los medios de comunicación de derecha de toda América Latina calificaron negativamente. LA NACIÓN de Argentina expresa en un artículo del 16 septiembre: «¿Por qué expulsó, entonces, Morales al embajador si, al parecer, no existía tal conspiración? Las versiones son variadas, e incluyen el timing político, su alineamiento con el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el narcotráfico».
Pese a la campaña mediática de la derecha, las pruebas de la injerencia de la DEA en la política interna de Bolivia siguieron aumentando y el 1º de noviembre, el presidente Morales congeló las relaciones con la agencia antinarcóticos estadounidense: «Quiero comunicarles -es una decisión personal- a los comandantes de las fuerzas armadas, de la policía nacional, como también a los ministros y embajadores, que a partir de hoy día se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la DEA norteamericana», dijo en Chimoré, localidad cocalera de Cochabamba. En el mismo discurso no sólo denunció la acción desestabilizadora de la Drug Enforecement Agency, también dio datos sobre vuelos clandestinos, transporte de bultos no identificados ni declarados, casas de espionaje, etc. «Existieron agentes de la DEA que realizaron espionaje político, financiando a grupos delincuenciales para que atenten contra la vida de las autoridades, por no decir del presidente», dijo Morales. Y denunció que «esas actividades han sido permanentes. Hasta ahora se han detectado al menos siete casas llamadas ‘de seguridad’, cuando son casas de control político, espionaje, control de llamadas telefónicas que hacen en el territorio nacional».
La acción desestabilizadora imperialista comenzó a partir del momento en que Evo Morales fue elegido presidente y uno de los organismos imperialista que más ha trabajado para desestabilizar al gobierno es la Agencia de Cooperación Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que apoyando a ONGs fantasmas subvenciona y apoya a la oligarquía boliviana.
Sin embargo el conflicto entre el gobierno del MAS y las élites de Oriente, al mismo tiempo que expresa el choque entre un pueblo soberano y el imperialismo es algo más. En el centro de la contradicción se encuentra el intento, que hasta ahora marcha a paso lento, de Reforma Agraria impulsada por el oficialismo para eliminar el latifundio y diversificar la producción agropecuaria de Bolivia. Los terratenientes de la Media Luna, verdaderos «barones» feudales, enriquecidos con las exportaciones de soja, la especulación inmobiliaria, y su asociación con las transnacionales petroleras, no están dispuestos a que se les ponga coto a sus astronómicas ganancias.
Reforma agraria de 1953 y el origen de la oligarquía de Oriente
En 1952 se produce en Bolivia la histórica revolución liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). En los primeros años el pueblo insurrecto desbordó la propuesta programática del MNR; los mineros, que tuvieron un papel descollante, expulsaron a los barones del estaño, impulsaron la nacionalización de las minas y la creación COMIBOL. Por su parte las masas indígenas y campesinas tras años de exclusión, pobreza y mal trato imponían la reforma agraria que fue una de las más drásticas de América Latina. Así, casi 50 años más tarde, los indígenas del altiplano boliviano transitaban por un camino similar al que recorrieron las masas campesinas mexicanas lideradas por Emiliano Zapata y Pancho Villa. Los indígenas de Cochabamba y del altiplano tomaron la justicia por sus manos, invadieron haciendas, ocuparon tierras y en un solo acto acabaron en Occidente con el régimen de haciendas (el cacicazgo) y el pongueo (trabajo gratuito indígena en las haciendas).
Al desterrar la estructura de las haciendas, la Reforma del ´53 permitió volver al régimen de comunidades o ayllus. Sin embargo el Estado se desentendió de ellas y durante casi medio siglo las comunidades se autogobernaron en medio del territorio rural, pero abandonadas, prácticamente sin ningún tipo de acompañamiento público y sin inversión estatal significativa. Esta Reforma Agraria inconclusa, no proveyó a las comunidades campesinas-indígenas -las legítimas dueñas de sus territorios- los medios de producción para desarrollar una producción agropecuaria moderna y competitiva. La consecuencia fue su empobrecimiento y el mantenimiento, con muchísimas dificultades, de una mínima economía de subsistencia, asentada en el minifundio. De allí que en Bolivia, ser campesino se transformó en ser pobre y excluido. Paralelamente, durante todo este tiempo debieron enfrentar el avance de las mineras, de las transnacionales, de las empresas privadas, de los terratenientes.
En las comunidades del altiplano de Bolivia persisten dos «formas» organizativas: la Comunidad o Ayllu originario y el Sindicato Agrario. Hoy, cuando se habla de la comunidad se remite a estas dos formas organizativas. El ayllu es la forma de organización sociopolítica más antigua, es la base de la existencia de las comunidades de hoy. Históricamente la comunidad indígena pasa del ayllu a la hacienda y esa situación se mantiene entre finales siglo XIX hasta 1953; a partir de ese año pasan de la hacienda al sindicato agrario y más tarde del sindicato agrario a la comunidad. La conformación de los sindicatos agrarios fue realizada copiando las formas sindicales de los mineros agrupados en la COMIBOL que surgió como un actor político determinante con la Revolución Nacional de 1952. En muchos casos, se dio una combinación entre las formas comunitarias y las sindicales dando lugar a los sindicatos campesinos, que han desarrollado un papel importante en todo el proceso que llevó al MAS al gobierno.
Entre las medidas progresivas de la revolución del ´52, se encuentra la creación y el desarrollo de YPFB a partir del excedente generado por las minas de COMIBOL. YPFB, concebida a partir del modelo de YPF de Argentina realizó sus trabajos de exploración y explotación en Santa Cruz y Tarija especialmente. Como hemos visto, el MNR, no tenía como fin la restauración de los derechos indígenas, su política perseguía terminar con el régimen feudal de la hacienda porque era identificado como un freno para el desarrollo capitalista de la agricultura y para el desarrollo de un sistema de trabajo de salario libre. Es decir: el propósito de la política agrarista del MNR fue crear una burguesía agroindustrial en las tierras bajas de Bolivia que pudiera abastecer el mercado interno primero y luego exportar, y así, diversificar la economía del enclave minero. Está política de apoyo estatal a la empresa privada, estaba en consonancia con el financiamiento que Estados Unidos dio a la revolución desde 1956 y el modelo desarrollista que se consolidaba en el tercer mundo. A estos años se remonta el maridaje entre el imperialismo yanqui y la oligarquía cruceña. De esta manera la revolución del ´52 sentó las bases del latifundio y de las empresas agroexportadoras en Oriente, la zona más rica de Bolivia.
Los recursos naturales en el Neoliberalismo
A partir de 1985, luego de las sangrientas dictaduras narcofascistas llegan las «reformas estructurales» impulsadas por el FMI y el Banco Mundial. Ya a partir del gobierno dictatorial de Banzer, en 1971, las regiones de Santa Cruz y Tarija comienzan a cobrar mayor auge económico, pero con la introducción del neoliberalismo en el ´85 y el desguace de las empresas estatales, las burguesías de la Media Luna ven como su poder político y económico se dispara hacia las nubes.
Tras la liquidación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), las minas más importantes fueron privatizadas y adquiridas por empresas multinacionales; otras fueron cerradas. A los llamados cooperativistas mineros se les entregaron sectores marginales de la minería, que tras el auge del valor de los metales les permitió transformarse en una suerte de pequeña burguesía minera. En tanto, los ricos yacimientos petrolíferos de los departamentos de Oriente -Santa Cruz y Tarija- eran entregados a las multinacionales del área como Petrobras, Repsol-YPF, British Petroleun, PanAmerican, entre otras, que hicieron un negocio multimillonario. Al mismo tiempo esto permitió que la oligarquía oriental incrementara sus fuertes vínculos con las transnacionales petroleras y gasíferas. En 2004 del detonante que hizo estallar la llamada Guerra del Gas fue el Proyecto Pacific LNG, mediante el que se pretendía construir un gasoducto que llegara hasta el Pacífico chileno, para exportar gas a California. Esa iniciativa contaba entre sus principales impulsores al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el actual senador por Tarija, Roberto Ruiz Bass Werner, que pertenece a PODEMOS el partido político de Jorge Quiroga. El proyecto, que procuraba exportar el gas en condiciones «africanas», fracasó por la amplia rebelión de masas que culminó con el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Losada, que debió exiliarse en los EEUU.
Tras la asunción de Evo Morales a la presidencia, se estatizaron el 51% de las ganancias de las petroleras y se declaró propiedad del pueblo boliviano a todas las reservas hidrocarburíferas. Estas medidas fueron un paso trascendente, ya que durante la etapa neoliberal de esas ganancias no quedaba prácticamente nada para el Estado boliviano y las petroleras eran dueñas de los hidrocarburos y de las reservas. Al mismo tiempo que se nacionalizaron varios campos petroleros y comenzó un proceso para la refundación de YPFB. Sin embargo esta política dista de estar acabada y todavía hay numerosas críticas hacia el gobierno de sectores que impulsan la estatización total de la explotación y comercialización de los hidrocarburos.
En tanto, la Nueva Constitución Política del Estado que deberá ratificarse en el próximo referéndum afirma taxativamente en su artículo 349: «Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del Pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo[…]».
Y el artículo 352 dice: «La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. En tanto el artículo 359 afirma: «Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado».
Concentración de la tierra
Cuando en Bolivia se alude a concentración de la tierra en pocas manos no es una metáfora, ya que el 91 % de las tierras cultivables de Bolivia son de propiedad de latifundistas vinculados a los partidos políticos de la derecha y algunos medios de comunicación. En 2006, la Comisión Especial de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios señaló en un informe que, los grandes propietarios de tierras, que son el 5 % de la población son dueños del 89 % de los campos. Los medianos, que representan el 15 % de los habitantes, son dueños del 8 %, en tanto que los pequeños productores, que conforman el 80 % de la población, poseen tan sólo el 3 % de las tierras.
La aplicación de las recetas neoliberales impulsadas por el imperialismo, se tradujeron políticas agrarias que el Banco Mundial denominaba como «reformas agrarias asistidas por el mercado» y que dieron lugar a la constitución de gigantescos latifundios en los llanos amazónicos de Bolivia en manos de corporaciones transnacionales, inversionistas de países vecinos -fundamentalmente brasileños- y poderosos grupos de poder local: «los barones del oriente».
Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que este centenar de familias controlan 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos que trabajan en otros cinco millones de hectáreas y que subsisten a duras penas en los minifundios, degradados por la sobreexplotación agrícola y la baja productividad.
En Santa Cruz, según los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 15 acaudaladas familias disponen de medio millón de hectáreas de tierras fértiles y cercanas a los mercados, que equivalen, en superficie, a 25 veces el tamaño de toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es de 20 mil hectáreas y en las que viven un millón de personas. Durante los gobiernos militares de Hugo Banzer 1971 – 1978 y de García Mesa 1980- 81 en la región del Oriente, el Chaco y la Amazonía, empleados del gobierno permitían muchas transferencias de tierras ilegales a facciones políticas ligadas al poder. Posteriormente, el Consejo Nacional de la Reforma Agraria acabó legalizando muchas de estas propiedades. En 1992 la masiva corrupción en la distribución y saneamiento de tierras salió a la luz y llevó al gobierno de Jaime Paz (1989- 1993) a cerrar el CNRA y crear una comisión para poner fin al caos en la administración de tierras. Posteriormente Gonzalo Sánchez de Lozada, durante su primera presidencia (1993 – 1997) firmó un acuerdo con el Banco Mundial para impulsar un programa de administración de tierras. El resultado fue la llamada Ley INRA de 1996 que es vista por algunos como parte de un conjunto más amplio de leyes que fueron sancionadas en América Latina en ese momento, con el fin de alentar el mercado de tierras. En los nueve años posteriores, hasta el ascenso a la presidencia de Evo Morales, se intentó vanamente llevar adelante lo que hasta ahora se denomina «saneamiento» de tierras. La propuesta central del saneamiento de tierras es establecer el cumplimiento de la Función Económica y Social – FES – y la legalidad de la adjudicación o adquisición de títulos de propiedad dentro de un límite de 10 años a partir de 1996. En la letra de la ley el Estado quedaba habilitado para recuperar la propiedad y la tierra queda disponible para redistribuirse entre aquellos que la necesiten, cuando las empresas agrícolas grandes no cumplieran esos requisitos.
El Banco Mundial y las oligarquías sellan la alianza sojera
A partir de mediados de la década del ´80 el Banco Mundial, promovió, planificó, financió y creó las condiciones de infraestructura para el desarrollo del cultivo de la soja y los agroderivados en Santa Cruz. En este Departamento el cultivo de la oleaginosa comenzó de cero hasta lograr la espectacular cifra de aproximadamente un millón de hectáreas por año. A esto se sumó la cadena agroindustrial de aceites, alimentos balanceados y las exportaciones. La soja y sus derivados son exportados a través de puertos en el Océano Pacífico a más de 2.000 kilómetros de distancia o por la vía fluvial hasta el Río de la Plata en el Atlántico. Este modelo agro-exportador sólo se ha podido sostener gracias a los subsidios estatales a los combustibles, la expansión de la frontera agrícola con la consecuente e indiscriminada tala de bosques húmedos tropicales, y en la existencia del latifundio. La concentración de tierras y los negocios agroindustriales dio pie para el afianzamiento de la élite de la burguesía de la Media Luna, que está constituida por un centenar de familias, conectadas con capitales multinacionales. Estos clanes ejercen el control y el dominio sobre el conjunto de la actividad agropecuaria, la industria, la explotación de la riqueza forestal, el comercio exportador, la banca y los grandes medios de comunicación; y se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia estableciendo gigantescos latifundios en las regiones orientales y del sur del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). Como ejemplo se puede citar a Branco Marinkovic, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, y su familia junto al clan de los Cronembol y dos transnacionales, una peruana y otra norteamericana, controlan toda la industria del aceite de soja y girasol. Además poseen casi la quinta parte de las acciones del Banco Económico. En tanto un tercio de la producción y exportación de soja y oleaginosas es controlada por empresarios brasileños, varios de los cuales arriendan y/o compran tierras a los latifundistas nacionales. Otro tercio de la producción y exportación de tierras la controlan empresarios argentinos, rusos y pequeños productores menonitas canadienses y japoneses. Como se señala más arriba, es el Estado quien ha subvencionado hasta ahora los combustibles y logrado convenios internacionales a través de la Comunidad Andina de Naciones para vender la soja a precios competitivos.
Pero además los ingresos de la oligarquía oriental se acrecientan porque controlan todo el aparato burocrático de los Estados departamentales (prefecturas, poder judicial, cortes departamentales electorales, universidades públicas) y del nacional, cuando formaban parte de él, durante los gobiernos militares y neoliberales. Esto les ha permitido evadir impuestos y especular con el alza de los valores inmobiliarios de la tierra. Como ejemplo se puede señalar que estos sectores han accedido a créditos que nunca devolvieron, tal como ocurrió -entre otros- con los 500 millones de dólares del Banco Agrícola, que eran el ahorro de todos los bolivianos pero no sirvieron para invertir en Potosí, Oruro o Cochabamba, sino exclusivamente en el agro cruceño. Por otra parte un informe del Banco Mundial, léase bien, el mismo ente que los prohijó, señala que las reducciones de impuestos sobre la propiedad de empresas rurales que fueron introducidas por el Presidente Bánzer en 1998, promovió la falta de incentivo para la distribución y el uso racional de la tierra. Y aunque la Ley INRA de 1996 introdujo un impuesto sobre el valor de mercado de la tierra para propiedades medianas y grandes, los terratenientes presionaron para cambiarlo y este impuesto se redujo hasta el límite en el que ahora pocos, si hubiera alguno, paga algún gravamen significativo sobre la tierra. Aunque la agroexportación es el rubro más moderno de las oligarquías, existe un amplio sector de ganaderos medianos y grandes que buscan la defensa de la hacienda, y los indígenas sometidos a ella, para mantener su fuente de acumulación. Esta situación se da en numerosas haciendas de Oriente, pero la zona ganadera por excelencia son los estados de Beni y Pando.
Servidumbre en Oriente
En este marco de expansión de la frontera agrícola y ganadera, los latifundistas de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz mantienen indígenas «cautivos» sometidos a régimen de «servidumbre». En marzo 2008, comisiones del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), llegaron a Alto Parapeti, para verificar la Función Económica y Social de las haciendas de más de 500 hectáreas. En la región, encontraron que numerosas familias guaraníes se encontraban en estado de semi esclavitud como lo había denunciando la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Los «barones» del Oriente han establecido, en el caso del Chaco boliviano, una relación de patrón-siervo, que toma la forma del pongueaje; es decir la servidumbre al estilo de las viejas haciendas pre-revolución del ´52, se mantiene en estos Estados bolivianos. Ante las denuncias del INRA, se levantaron voces de protesta de diversos círculos del poder de la Media Luna, entre ellos el cardenal Julio Terrazas de Santa Cruz; sin embargo ha quedado demostrado que numerosas familias guaraníes viven en las haciendas y trabajan en forma gratuita para los terratenientes, a menudo pagando viejas deudas familiares que se pierden en el tiempo. Los ganaderos de la provincia Cordillera, a cuyo frente se encuentra el estadounidense Ronald Larsen, realizaron el 8 de marzo, un acuerdo con la elite político empresarial cruceña en la localidad de Lagunillas para tomar acciones conjuntas en defensa de «sus territorios», evitar el saneamiento de tierras en el Chaco cruceño, e impedir la creación de nuevas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) demandadas por comunidades indígenas guaraníes. En esa reunión además de los ganaderos participaron, miembros de primer nivel del Comité Cívico y de la Prefectura de Santa Cruz. El 27 de febrero de 2008, grupos de choque de los ganaderos cerraron las oficinas del INRA en Camiri y echaron a los técnicos. El 29 de febrero, el viceministro Almaraz, el director del INRA y el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Wilson Changaray, entre otros, fueron emboscados y amenazados de muerte en la puerta de entrada de la hacienda «Caraparicito» cuando se dirigían a la comunidad de Iviyeka para iniciar el saneamiento.
El 4 de abril, el Viceministro fue agredido nuevamente en el mismo lugar. El 10 de abril, una caravana de vehículos de las alcaldías de la provincia y de la Prefectura y Comité Cívico de Santa Cruz transportó a una turba de la Juventud Cruceñista hasta el Hotel JR de Camiri, donde se alojaba la comisión gubernamental. Estas acciones preanunciaban la masacre de Pando.
El gobierno del MAS y la Reforma Agraria
La propuesta de Reforma Agraria no es un aspecto aislado dentro de la política general del gobierno; por el contrario es una demanda de los sectores indígenas y campesinos y forma parte de un proceso histórico de cambios políticos, sociales y económicos que impulsa el gobierno. En ese marco, el modelo agrícola que promueve el MAS se asienta en el papel protagónico de las comunidades o ayllus, por sobre el de las grandes haciendas de terratenientes privados. Por esta razón es que se impulsa la diversificación productiva y la política agropecuaria se orienta a satisfacer la demanda nacional de productos alimenticios, en primer lugar, para exportar luego los excedentes. Esta actitud se opone a la creciente exigencia de los mercados internacionales –con precios cada vez más elevados– para producir soja y caña de azúcar con destino a la producción de los agro combustibles; esto a su vez determina el alza del precio de la tierra en el oriente y alienta la especulación inmobiliaria en la región. A mediados de mayo de 2006, el gobierno de Evo Morales anunció su decisión de revertir los latifundios improductivos del oriente y entregar gratuitamente tierras colectivas exclusivamente a campesinos e indígenas que no las poseyeran. El lanzamiento de esta Segunda Reforma Agraria se hizo en el marco de la Ley INRA con modificaciones en aspectos básicos, referidos principalmente a la capacidad del Estado para recuperar tierras ociosas (latifundios) que no están cumpliendo la Función Económica Social (FES). El 3 de junio el Presidente anunció el inicio de la Reforma Agraria mediante siete Decretos Supremos en los que se disponía que todas las tierras fiscales del país serían entregadas en forma colectiva exclusivamente a indígenas y campesinos; al mismo tiempo se establecía el saneamiento de tierras como prioridad nacional. El 28 de noviembre de 2006 se promulgó la Ley Nº 3545 de «RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA REFORMA AGRARIA» –modificatoria de la Ley INRA– que fue concebida como transitoria hasta que la ASAMBLEA CONSTITUYENTE definiera el marco constitucional para el tratamiento del tema tierra. Esta nueva ordenanza legal establece que las familias o empresas privadas, nacionales o extranjeras ya no recibirán del Estado en forma gratuita ni onerosa, ni un metro cuadrado de tierra. Solo podrán ser beneficiarios de las dotaciones de tierra o territorio las comunidades o pueblos indígenas pero exclusivamente en propiedad colectiva. Esta decisión del gobierno central, de otorgar títulos de propiedad a los pueblos indígenas del oriente no solo entró en conflicto con las medianas y grandes haciendas sino también con indígenas del occidente que emigraron al oriente en busca de tierras y no las encontraban. En el caso de estos últimos, como veremos más adelante la Nueva Constitución, tiene en cuenta que en Oriente se pueden considerar Territorios Comunitarios de Origen para aymaras y quechuas, que hayan emigrado del altiplano y que estén dispuestos a acceder en forma comunitaria a la tierra. A diferencia del ´53 ahora no se trataba sanear las haciendas feudales en el altiplano y valles sino los nuevos latifundios en las tierras bajas. Cuando los funcionarios del INRA comenzaron su trabajo se encontraron que las extensas tierras del oriente habían sido acaparadas por unas minorías y que no quedaban tierras disponibles. Incluso aquellas donde se encuentran asentadas las comunidades de los pueblos indígenas del oriente tenían nuevos dueños, a menudo con títulos fraguados dada su relación con las autoridades de los Estados orientales.
Uno de los puntos más contradictorios de la ley INRA, es que reconoce legal la propiedad de hasta 50 mil hectáreas, pero además no existe ni la definición ni la condena al latifundio. Por esa razón la Nueva Constitución del Estado, ha propuesto que las propiedades tengan como máximo 5 mil ó 10 mil hectáreas. Uno de los referéndum que se realizarán el 25 de enero de 2009, será para dirimir entre ambas propuestas. En tanto, pasados poco más de dos años del inicio de la Reforma Agraria lo cierto es que esta se encuentra estancada. A pesar de ello el gobierno del MAS está desarrollando una política tendiente a afectar la base material que sustenta el poder político de las oligarquías agroindustriales del oriente, mediante el progresivo debilitamiento del monocultivo de la soja. De esta manera, los grupos agroindustriales del departamento de Santa Cruz, antes privilegiados por políticas públicas de apoyo y subsidios están viendo como progresivamente se les retiran estos beneficios. Por otra parte, ha concluido el periodo de 10 años de preferencias arancelarias de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para la soja boliviana. A pesar del notable incremento del precio internacional de la oleaginosa, dado que los «sojeros» bolivianos deben competir con los productores brasileños, argentinos o norteamericanos a lo que se suma los altos costos del flete de transporte en Bolivia, es previsible que el ritmo de ampliación de la frontera agrícola de la soja y oleaginosas (1 millón de hectáreas el año 2008) tienda a estancarse, con todos los efectos de desaceleración de la economía en la región oriental. A pesar de las medidas enunciadas y aunque la voluntad política del gobierno de Evo Morales es clara, la iniciativa de la Reforma Agraria sólo se está intentando llevar adelante en el Oriente y marcha mucho más lentamente que lo que se esperaba. Atrincherados en sus prefecturas, y enarbolando la bandera autonomista, los latifundistas han logrado detener en muchas zonas la aplicación la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. A dos años del lanzamiento se percibe que los terratenientes que han logrado nuclear a productores del oriente desde una ideología étnica-regionalista anti-colla y anti-indígena. La aplicación de la Nueva Constitución del Estado, implicará la muerte del latifundio, de allí la oposición a ella por parte de las élites y su defensa de los Estatutos Autonómicos.
Los estatutos autonómicos defienden el latifundio
La contraofensiva oligárquica al saneamiento de tierras se plasmó, en el terreno jurídico-constitucional, en los Estatutos Autonómicos. Formalmente el artículo 104 del ESTATUTO AUTONÓMICO DE SANTA CRUZ afirma que «El latifundio, entendido como grandes extensiones de tierras improductivas, no está reconocido por el Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, se lo persigue y sanciona por ser contrario al interés colectivo y no cumplir ninguna función social ni económica social», sin embargo otros artículos contradicen a este. El Estatuto confiere al Gobierno Departamental, en verdad a su Gobernador, la potestad de definir sobre «la propiedad, la regularización de sus derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras del Departamento» y en la práctica elimina la figura de la reversión del latifundio (expropiación sin indemnización) vigente en la actual CPE y en la propuesta de NCPE. Al mismo tiempo crea un Consejo Agrario Departamental (CAD) cuyos miembros serán acreditados por el Gobernador y un Instituto Departamental de Tierras (IDT), para el saneamiento de las tierras, cuya máxima autoridad será designada por el Gobernador de una terna propuesta por el CAD.
Además establece que será el Gobernador quien firmará todos los títulos de propiedad de las tierras del Departamento de Santa Cruz, en lugar del Presidente de la República. También, entre otros puntos, el Estatuto establece que el Departamento de Santa Cruz elaborará y aprobará su propia ley de tierras. En síntesis, el gobernador tendrá un poder prácticamente absoluto para resolver en el tema de tierras. Poder que inclusive estará por sobre el del presidente de la república. Al tiempo que niega el derecho a la tierra a sectores importantes de campesinos indígenas ya que sólo se reconoce a los pueblos indígenas oriundos del departamento el derecho a las Tierras Comunitarias de Origen, excluyendo así a la población migrante Quechua y Aymara, que constituye la mayoría indígena y campesina del departamento de Santa Cruz (los Quechuas y Aymaras son el 56 % del total de indígenas del departamento de Santa Cruz).
Referéndum revocatorio: las élites acusan el golpe
En el marco de la aguda lucha de clases y después que los Departamentos de la Media Luna realizaron sus referéndum -inconstitucionales- donde fueron aprobados los Estatutos Autonómicos, el presidente Morales promulgó la ley del Congreso que llamaba al referéndum revocatorio. Ese acto de singular valentía política, fue una respuesta inesperada para los prefectos fascistas y el imperialismo. En medio de rumores y acciones desestabilizadoras de todo tipo, de amenaza de los prefectos de no acatar el «revocatorio», de ataques de las bandas fascistas parapoliciales como la Unión Juvenil Cruceñista, se llegó al domingo 10 de agosto. Ante el estupor de la oligarquía ese día, el 67,7 % de los bolivianos refrendó al presidente Evo Morales y su vice, Álvaro García Linera, en un acto que fue sin duda una victoria del pueblo. No terminó allí la victoria popular, la oposición derechista sufrió una considerable pérdida de su legitimidad en las regiones de la Media Luna y dos importantes aliados en el Altiplano, los prefectos de Cochabamba y La Paz, fueron revocados por el voto popular. Las oligarquías pasaron a enfrentar a partir de ese domingo a un gobierno apoyado por dos tercios de la población nacional y que mantenía todos sus prefectos. Durante meses, se anunció el apocalípsis y la casi inminente partición de Bolivia; inclusive se criticó la táctica gubernamental de llamar al referéndum del 10 de agosto, con el argumento de que el «electoral» es el terreno en el que mejor se mueve la burguesía. En el mes de mayo hubo una primer señal de que la derecha tenía problemas para encolumnar detrás de sí a una base de masas importante, cuando en los referéndum autonómicos, el abstencionismo y los votos por el NO igualaron o se acercaron en varios Departamentos a los votos por el SI. El 10 de agosto la subjetividad de la élite señorial boliviana fue duramente castigada, aunque aún no ha sido derrotada definitivamente y por eso es más peligrosa.
La investigadora Ximena Sorucco afirma: «La élite hoy grita que lo único que tiene –y que defenderá hasta la muerte– es la tierra porque simboliza la hacienda, la relación con el indígena, el control político del poblado a látigo y pistola. También grita su odio al otro, al indio, porque no lo obedece más, porque ya no le tiene miedo; pero sobre todo porque no quiere ser como él, porque al no querer ser como él ha desquiciado su mundo, lo ha destruido» Y es que los «barones» latifundistas a pesar de «no entender» a esa masa humana que se le opone tenazmente, si comprendieron con claridad lo que cualquier ser humano se da cuenta sólo con proyectar los guarismos del 10 de agosto: en el próximo referéndum la NCPE elaborada por la Asamblea Constituyente sería aprobada. Esto implica lisa y llanamente la muerte del latifundio, y por eso las élites de Oriente huyeron hacia delante e impulsaron el golpe y la intentona de guerra civil que fue abortada por acción decidida la movilización de masas y del equipo gobernante. Sin embargo no se pudo evitar la masacre de Pando.
Pando, la enajenación oligárquica
La masacre de campesinos y estudiantes perpetrada el 11 de septiembre en El Porvenir a pocos km. de Cobija, capital del departamento de Pando, fue sin duda un acto de total enajenación de clase. Los prefectos de la Media Luna, Leopoldo Fernández entre ellos, no pueden concebir como se dice más arriba que «los collas» rompan la sumisión que se pretende de ellos. El punto culminante de la escalada que buscaba lanzar a Bolivia a la guerra civil fue la emboscada a un conjunto de pobladores y el asesinato, en ella, de los 18 campesinos, campesinas –entre los que encuentran niños– y estudiantes que marchaban a Cobija a participar de un acto en apoyo al presidente. Además continúa existiendo la certeza, que hasta la actualidad hay varios desaparecidos, presumiblemente muertos en las aguas del río Tahuamana o perdidos en la selva. La escalada desestabilizadora, había comenzado tres semanas antes con la toma violenta de instituciones de la administración pública en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, pasando por el cierre de válvulas de los gasoductos de Brasil y Argentina, y que bien pudo haber culminado con un enfrentamiento entre bolivianos de proporciones inimaginables. Sin duda ese era el objetivo buscado por la oligarquía para que los EEUU impusieran algún tipo de condicionamiento al gobierno nacional, a través de la OEA, o en su defecto terminaran reconociendo la «independencia» de la Media Luna. La respuesta del gobierno, fue contundente declarando el Estado de Sitio en Pando y enviando al ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana que dirigió el 16 de septiembre, la captura del Prefecto pandino y no precisamente por la masacre de El Porvenir (donde Fernández actuó sin duda alguna al menos como directo autor intelectual, hecho que justamente deberá establecer la Fiscalía); si no por haber organizado actos y reuniones para atacar el gobierno central, en la ciudad de Cobija, en pleno Estado de Sitio que restringe ese tipo de actividades. Este hecho sumado a la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg, el respaldo de UNASUR al gobierno boliviano, y la movilización de masas en apoyo al gobierno abortaron la escalada desestabilizadora y el intento de instaurar la guerra civil. Luego de instaurar el Estado de Sitio en Pando, Evo Morales convocó a la oposición a dialogar, y buscar una salida al enfrentamiento. En tanto los sindicatos agrarios y urbanos, junto a movimientos sociales marcharon sobre Santa Cruz para cercarla y exigir entre otros puntos a los participantes del diálogo «aprobar la convocatoria a Referéndum por la Nueva Constitución Política del Estado para la refundación de la Patria».
El periodista argentino Marcos Salgado que describió con singular belleza épica el cerco a Santa Cruz comienza su nota del 27 de septiembre, en el portal REBELIÓN diciendo: «¿Y cuándo carajo? ¡Ahora Carajo! Así culmina cada grito de los campesinos que marcharon hacia Santa Cruz y conjuraron, junto con otros movimientos sociales, un intento de golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, ratificado hace semanas por el 67 por ciento de la población en un inédito referéndum. Una vez más, ante la coyuntura más difícil, quedó claro que la legitimidad y a la vez la única garantía de éxito del proceso político boliviano es la capacidad de organización y movilización de los postergados. La marcha de los campesinos bolivianos triunfó, pero habrá otras batallas. Por ahora, el proceso de cambios en Bolivia logró algo muy importante: mostró los alcances concretos de su impresionante apoyo popular». Una de las consecuencias de esta crisis fue la fractura interna del bloque de los prefectos «autonomistas», que terminó de consumarse el 20 de octubre cuando además se dividió la bancada parlamentaria del principal partido derechista PODEMOS y ya no existe como agrupación política formal reconocida por la Corte Nacional Electoral. En tanto la derecha autonomista de tierras bajas desconoció a Jorge «Tuto» Quiroga como su representante en el Congreso. Cívicos autonomistas y sus grupos de choque como la Unión Juventud Cruceñista tienen menos apoyo popular y empresarial, y se han distanciado de las esferas políticas de las prefecturas, especialmente en Santa Cruz. En síntesis, en el corazón de la resistencia oligárquica hay una ruptura entre el Comité Cívico (cuyo líder es Branco Marinkovic) y la Prefectura (cuyo líder es el prefecto Rubén Costas), y entre los que continúan la lucha por principios y los que se fijan en sus intereses.
De Pando a Caracollo
«Para que (la Corte Nacional Electoral) no tenga pretextos, estamos enviando al Congreso Nacional hoy el proyecto para que la próxima semana pueda trabajar y aprobar esa ley», señaló Morales en un mensaje transmitido por televisión, el sábado 6 de septiembre, al enviar la propuesta de ley de convocatoria al referéndum constitucional y el dirimidor. La actual crisis boliviana y su resolución tiene variadas lecturas y propuestas. Desde aquellos que afirman que Evo Morales es un cretino como lo hizo James Petras en una entrevista con una radio uruguaya, en la semana en que la oligarquía se jugó a fondo. Allí Petras sostuvo que mientras la derecha era dueña de media Bolivia; el presidente boliviano se encontraba en el Altiplano «encastrado, impotente, incapaz de mantener el orden constitucional y la integridad del país. Mientras las masas populares empiezan a tomar su propia acción, independiente de este Presidente que hasta ahora sigue reclamando el diálogo […]». «Ese es el cretinismo del Presidente frente a la abierta intervención norteamericana, al golpe de Estado que ya está ocurriendo, la toma de poder por parte de la ultraderecha» En tanto otros sectores críticos al presidente boliviano -como el portal econoticiasbolivia.org- concluyen que «Ya en el poder, Morales atemperó los ánimos populares sobre la expulsión de las transnacionales y logró nuevos acuerdos con las petroleras, legalizando sus contratos y garantizando sus propiedades, sus inversiones y ganancias» […] y que «Todo ello agrada a Washington, aunque no es suficiente para anular el creciente apoyo estadounidense a la causa de la oposición oligárquica».
A su vez algunas voces del campo popular boliviano condenan «el fundamentalismo indigenista de la Nueva Constitución Política del Estado que otorgaría derechos exclusivos a los pueblos indígenas sobre la totalidad de los recursos naturales renovables en sus territorios indígenas» y la «innecesaria agresividad verbal del gobierno que ayudó a construir una respuesta de parte de quienes controlan comités cívicos, prefecturas, cooperativas de servicios y medios de comunicación». Además según estos sectores, «el MAS, en lugar fortalecer la alianza de indígenas y mestizos contra oligarcas, aisló a los indígenas al querer enfrentarlos con mestizos y agentes del imperialismo». Por su parte desde el gobierno la visión es distinta. En 2007 en Montreal (Canadá) el vicepresidente Álvaro García Linera afirmaba: «los indios en Bolivia han decidido ser actores políticos y tomar decisiones, este es el hecho político más importante de la historia republicana y que ha dado muerte al modelo neoliberal». Dicho en otras palabras a partir de la asunción del MAS lo que ha sucedido en Bolivia es que se le quitó a las élites, que desde la independencia manejaron el país como un negocio propio, el manejo de lo político y ahora las masas populares se están apropiando del espacio democrático burgués». En el mismo el vicepresidente boliviano sostuvo «Dicen que ha llegado el momento en que este proceso de insurgencia indígena boliviana se ha gastado, ya no tiene energía, ya no tiene fuerza para continuar avanzando, que la derecha se está endureciendo, se ha reorganizado, que los cambios están siendo frenados por el imperialismo, y que sería tiempo de pactar, de concertar, que sería el tiempo de la madurez, de la inteligencia para pactar» … «Yo -dice Álvaro García Linera- afirmo tajantemente que vamos a dar un paso adelante y nosotros como gobierno no vamos a frenar este proceso, sino que vamos a facilitar la movilización de las masas y serán ellas las que digan hasta dónde ir, nosotros tenemos que seguir hasta donde las masas nos conduzcan, es nuestra obligación como intelectuales, como políticos y como ciudadanos acompañar a las masas hasta donde vayan, facilitar a los movimientos sociales a que den el ritmo del proceso y ojalá que los movimientos sociales nos rebasen»… Podríamos continuar trayendo citas hasta el infinito de cualquiera de los sectores citados. Sin embargo en los últimos días han sido las organizaciones de masas las que impugnaron en la práctica a los detractores del gobierno. Con el mismo olfato de clase que las llevó a votar masivamente por Evo Morales para la presidencia y a ratificarlo el 10 de agosto, ahora se movilizan cerrando filas junto al gobierno. Como afirma Álvaro García Linera, los indios en Bolivia han decidido ser actores políticos y tomar decisiones.
La movilización por el referéndum constitucional
Días más tarde del cerco a Santa Cruz, el lunes 13 de octubre, la COORDINADORA NACIONAL PARA EL CAMBIO (Conalcam) convocó a varios miles de campesinos agrupados en torno a 95 organizaciones sociales y sindicales de todo el territorio nacional, para marchar hacia La Paz. La movilización contó en el inicio con la presencia del presidente Evo Morales y el objetivo era que el Congreso apruebe el llamado al referéndum constitucional. Sin embargo la presencia que mostró un cambio cualitativo, en esta histórica manifestación con respecto a otras, fue la presencia de la COB, con su secretario general Pedro Montes, que afirmó: «Desde la COB, les instruimos a todos los trabajadores del país a concentrarse el día lunes 13 a las 9.00 en Caracollo. Con todos nuestros estatutos vamos a castigar al primer indisciplinado» en obvia alusión a Jaime Solares que no acompañó la movilización. Hay que recordar la COB, tuvo serios encontronazos con el MAS y el presidente Evo Morales, prácticamente desde el inicio de la gestión. El cambio comenzó a darse cuando las organizaciones campesinas e indígenas originarias, a las que se sumo la COB, cercaron Santa Cruz para detener la escalada desestabilizadora. El 20 de octubre, llegaron a la ciudad de La Paz al menos 30 mil personas, según calculaban algunos legisladores del MAS; otros estiman que marcharon más de 60 mil. Las imágenes áreas difundidas por medios de información mostraban que la densa columna humana, que esa mañana llegó a El Alto, tenía una longitud cercana a los ocho kilómetros. Al saludar la lucha y compromiso de los movimientos sociales, Morales Ayma, expresó: «La refundación de Bolivia nos ha unido…Saludo la decisión de la COB de unirse a la CONALCAM». A las 16 horas del 20 de octubre, el pueblo boliviano continuaba descendiendo hacia el centro de La Paz, por la autopista que une la capital con El Alto; pero a esa hora la Plaza Murillo y las calles y avenidas aledañas ya estaban abarrotadas de manifestantes. A las cinco de la tarde los medios comentaban que más de 100 mil personas participaron en la histórica marcha por la constitución plurinacional. Finalmente, el 21 el Congreso aprobó la ley de convocatoria al referéndum sobre la Nueva Constitución Política del Estado, para el próximo 25 de enero.
Al promulgar la ley, el propio presidente Evo Morales afirmó: «No volverá el neoliberalismo a Bolivia». Por su parte, la oligarquía y sus aliados intentaron, una vez, más desconocer al pueblo que se movilizaba por sus reivindicaciones más profundas y desplegaron una estrategia comunicacional por todos los medios comerciales, en la que afirmaban que sólo pasando por sus cadáveres aprobarían la constitución masista. La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, ex masista, dijo. «Los que apoyaron en el Congreso Nacional son traidores. No podemos aprobar esa constitución venezolana, haremos campaña por el no»; en tanto el diputado derechista Pablo Klinsky; del Comité Cívico de Santa Cruz rechazó los acuerdos congresales y declaró: «No fuimos tomados en cuenta […] el tema competencial las autonomías no fue definido plenamente» La batalla hasta el 25 de enero será larga y dura.
La NCPE, el latifundio y el polémico artículo 399
Para lograr el acuerdo en el Congreso, que permitiera la convocatoria al referéndum constituyente y el dirimidor se consensuaron aproximadamente 146 artículos aprobados por la Asamblea Constituyente. Aunque sólo unos 40 recibieron cambios sustanciales. Esta constitución que había sido presentada desde los balcones del Palacio presidencial El Quemado, el 15 de diciembre de 2007, a pesar de las reformas introducidas, tiene un articulado muy claro que otorga la soberanía sobre la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente al pueblo boliviano; al tiempo que reconoce el Estado plurinacional. En el Capítulo II, cuyo título es Recursos Naturales, la NCPE expresa en el artículo 348: «I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país». Y en el artículo 349 dice: «Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo». Y en el título Tierras el artículo 393 expresa: «El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y colectiva de la tierra, en tanto cumplan una función social o una función económica social, según corresponda» En tanto que el siguiente, 394, afirma en el sub punto III: «El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad».
El artículo 398, le pone límites al latifundio, sin embargo como los asambleístas no pudieron ponerse de acuerdo sobre la extensión de lo que se considera latifundio, hay dos versiones que deberán ir a referéndum dirimitorio. El texto dice: «Se prohibe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso superficie máxima podrá exceder las diez mil hectáreas». La otra opción tiene la misma redacción pero dice: «En ningún caso superficie máxima podrá exceder las cinco mil hectáreas». La decisión de establecer el tamaño máximo en 5 mil o 10 mil hectáreas no es técnica es una decisión política y de la elección de una de ellas dependerá el nuevo modelo de reforma agraria y el tipo de estructura productiva que se piensa poner en marcha en el agro boliviano. Será el pueblo y no las élites oligárquicas quienes tomarán la decisión. En las negociaciones realizadas entre el 3 y el 20 de octubre de 2008, entre las fuerzas con representación parlamentaria, MAS, UN, PODEMOS y MNR, acordaron las modificaciones al artículo 398 que se plasmaron en el artículo 399 que dice: «I. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley. II. Las superficies excedentes que cumplan la Función Económico Social serán expropiadas. . La doble titulación prevista en el artículo anterior se refiere a las dobles dotaciones tramitadas ante el ex – Consejo Nacional de Reforma Agraria, CNRA. La prohibición de la doble dotación no se aplica a derechos de terceros legalmente adquiridos». El vicepresidente Álvaro García Linera relata así: «Lo que (era) la preocupación de muchas empresas productivas que sentían que iban a ser afectadas por el resultado de ese dirimidor no van a ser afectadas en tanto las empresas productivas están cumpliendo la función económica y social en sus 5 mil, 7 mil 10 mil, 15 mil o 20 mil hectáreas hasta antes del referéndum dirimidor no van a ser afectadas sus propiedades». Este acuerdo es el que desató la polémica en distintos sectores populares. Las polémicas que se desataron tras la inclusión del artículo 399, están dejando de lado la importancia del artículo 397 que no puede ser minimizada ni desconocida, en los análisis que se hacen de ahora en más sobre el proceso boliviano. Y las leyes que se implementarán para su aplicación plena dependerán de la correlación de fuerzas entre las clases, esta sin duda será la disputa más aguda en el futuro.
La Función Económica Social
Cabe preguntarse cuál es el eje central en lo que respecta a las tierras para el gobierno boliviano y sus aliados. A lo largo de este trabajo se ha visto como los terratenientes no sólo avanza sobre los territorios originarios, sino que usan sus propiedades para especular en el mercado de tierras o enriquecerse depredando la naturaleza y las vidas humanas. Esto se destierra al otorgarle rango constitucional a la Función Económica Social (FES) y la Función Social (FS) que hasta ahora eran sólo leyes, que por otra parte los latifundistas las sorteaban con distintas argucias legales. Dice el artículo 397 en su apartado III. «La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social». Por su parte el artículo 401 dice: «I. El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano». La polémica está instalada. Mientras tanto hay quienes acusan de traición al MAS y a Evo Morales, inclusive avanzan más allá y hablan de la vuelta a los tiempos de la «rosca» es decir de los arreglos a puertas cerradas entre las fuerzas políticas.
Ciudadanos plenos
El tronco central de la NCPE, que se expresa en el preámbulo dice: «Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario», expresa claramente hacia donde se dirige Bolivia, y eso no se alteró en las negociaciones. Junto a esta definición del nuevo Estado, se encuentra el reconocimiento al papel protagónico de las comunidades indígenas originarias y campesinas que se expresa en su artículo 403: «Se reconoce la integridad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígena originario y campesinos podrán estar compuestos por comunidades». Como también se ha legislado sobre formas de democracia directa y participativa, que confrontará en el futuro con la democracia representativa que también es reconocida por la constitución. El proyecto de la NCPE -como programa del sector hegemónico -, es el resultado de lo posible en las actuales condiciones de la lucha de clases en Bolivia. Ese resultado seguramente sufrirá modificaciones en el futuro y podrá virar hacia propuestas más radicales o conservadoras que serán el resultado de esa confrontación entre las clases. Pero más allá de los cambios que pueda tener la NCPE en el futuro o la implementación práctica de la misma a través de las leyes que se promulgarán; el actual proceso boliviano ya ha producido un cambio cualitativo de singular importancia en la vida política del país; por primera vez en siglos, las masas indígenas originarias y campesinas adquieren rol de ciudadanos plenos. En el pasado toda unidad, cohesión social y sentimiento de intereses que alcanzaban las masas en sus luchas terminaba disolviéndose y atomizándose en el mercado político, donde los ciudadanos particulares sólo podían aspirar a influir tardíamente sobre el Estado por intermedio de los partidos políticos, que en general no los tenían en cuenta. Tras la irrupción, durante los últimos años, en la lucha social y política y la conquista del gobierno en 2005, los «nuevos ciudadanos» ya no se pueden definir simplemente en función de sus derechos individuales o de las relaciones que se establecen dentro de la sociedad política.
Ahora, la lucha por sus derechos sociales en el orden de la política implica inevitablemente cambio social. Ahora, los anónimos individuos, invisibles para las élites de las clases dominantes, se han transformado en una fuerza material con peso objetivo sobre la realidad. La Nueva Constitución Política del Estado, les otorga derecho de ciudadanía plena a las 36 naciones indígenas, reconoce a las comunidades y la propiedad comunitaria, como uno de los pilares de la nueva Bolivia, es decir se transforman en visibles, adquieren dimensión nacional por derecho propio. Ese es el cambio profundo del que no se podrá retroceder. Cuando se critica el retroceso en el articulado de la NCPE, se está desconociendo que todo el proceso que comienza en 2005 está signado por una aguda lucha de clases. Y en este sentido hay dos elementos que juegan y pesan. El primero es el quiebre que se produce en la conciencia de las masas. Esto que se expresa más arriba, el papel visible y protagónico que comienzan a tener las masas indígenas originarias y campesinas, es un hecho determinante, que abre la posibilidad de la construcción de una nueva conciencia. Una conciencia revolucionaria, que está en gestación. El otro elemento importante, es definir con claridad qué clase o sector de clase hegemoniza este proceso, quién dirige. En Bolivia, no dirige ni la clase obrera ni los indígenas originarios y campesinos; tampoco la derecha oligárquica e imperialista. Dirige y gobierna la pequeña burguesía democrática que no está ganada por el imperialismo. Que cuenta entre algunos de sus rasgos característicos el oscilar de posiciones muy radicales a otras conservadoras. Esta característica es la que se expresa a diario cuando figuras como García Linera pasan de un indigenismo radical a acuerdos con los sectores de la burguesía, casi sin solución de continuidad, como ha sucedido por ejemplo en temas referentes a los hidrocarburos. Al mismo tiempo hay un rasgo más que distingue esta pequeña burguesía radicalizada, y que le es inherente como sector de clase, sea que actúen en Bolivia, Argentina, Venezuela o cualquier otro lugar del planeta: ellos son los protagonistas de la historia, no las masas; aún cuando en su discurso se las reivindique en forma constante y explícita. Estos son hechos objetivos, que sólo podrán ser modificados, en la medida que la conciencia y la práctica de las masas incline la balanza en la dirección de cambios más radicales e impulse ha este sector dirigente a radicalizar su programa y aceptar subordinarse a la vanguardia revolucionaria. Vanguardia que por otra parte, en Bolivia está por construirse y su ausencia es determinante en el actual proceso de cambios. En el camino que transitó el pueblo boliviano para abortar la guerra civil y la intentona desestabilizadora fue auspiciosa la unidad de los trabajadores sindicalizados en la COB con los campesinos e indígenas. Pedro Montes, al expresar: «los neoliberales deben cavar su tumba para ser enterrados. El pueblo boliviano ahora ha triunfado y debemos organizarnos y prepararnos para gobernar y tomar el poder en los próximos 20 años» está trazando una línea al futuro, cuyo tránsito exitoso requerirá del esfuerzo y el trabajo cotidiano de las masas y los revolucionarios bolivianos.
Cabe preguntarse, si en ese camino Evo Morales y su gobierno ¿son enemigos del proceso de cambio que se desarrollará en los próximos años?. O dicho de otra manera ¿son un freno a la revolución? Si las palabras tienen algún valor, el mensaje que el presidente boliviano hizo llegar a los movimientos sociales reunidos en Guatemala en el marco del III Foro Social Américas, adquiere el valor de un compromiso a favor de los pueblos y las transformaciones profundas de la sociedad. Dadas las definiciones que hay en este documento, se lo transcribe en forma completa. Dice la carta: «Hermanas y hermanos, a nombre del pueblo de Bolivia, saludo a los movimientos sociales del continente, presentes en este acto de la Jornada Continental de Solidaridad con Bolivia. Acabamos de sufrir la violencia de la oligarquía, que tuvo su mas brutal expresión en la masacre en Pando, hecho que nos enseña que ostentar el poder en base a la plata y las armas para oprimir el pueblo no es sostenible. Fácilmente se derrumba, si no es basado en un programa y la conciencia del pueblo. Estamos viendo que la refundación de Bolivia afecta a los mezquinos intereses de unas cuantas familias de grandes terratenientes, que rechazan como agresión las medidas a favor del pueblo como la distribución más equilibrada de los recursos del gas para nuestros abuelos y abuelas, igual que la distribución de tierras, las campañas de salud y alfabetización, y otras. Para resguardar su poder y privilegios y evadir el proceso de cambio, las oligarquías latifundistas de la llamada media luna se encubren en las autonomías departamentales y la división de la unidad nacional, prestándose a los intereses yanquis de acabar con la refundación de Bolivia. Pero, en el referendo revocatorio del 10 de agosto, acabamos de recibir el mandato de dos tercios del pueblo boliviano, para consolidar este proceso de cambio, para seguir avanzando en la recuperación de nuestros recursos naturales, en asegurar el Vivir Bien para todas las bolivianas y bolivianos, y unir a los distintos sectores del campo y la ciudad, de oriente y de occidente. Hermanas y hermanos, lo que ha pasado en el referendo revocatorio en Bolivia es algo importante no solamente para los bolivianos sino para todos los latinoamericanos. Lo dedicamos a todos los revolucionarios de Latinoamérica y del mundo, reivindicando la lucha de todos los procesos de cambio. Yo venía a expresar la forma de cómo recuperar la vivencia de nuestros pueblos, llamado el Vivir Bien, recuperar nuestra visión sobre la madre tierra, que para nosotros es vida, porque no es posible que un modelo capitalista convierta a la madre tierra en mercancía. Cada vez más vemos profundas coincidencias entre el movimiento indígena y las organizaciones de los movimientos sociales, que apuestan también por el Vivir Bien. Saludamos a ellos para que de manera conjunta podamos buscar cierto equilibrio en el mundo. Y dentro ese marco, quiero compartir y proponer para un debate unos 10 mandamientos para salvar al planeta, a la humanidad y la vida, no solamente a este nivel sino también para debatir con nuestras comunidades, con nuestras organizaciones.
Primero, si queremos salvar al planeta tierra para salvar la vida y a la humanidad, estamos en la obligación de acabar con el sistema capitalista. Los graves efectos del cambio climático, de las crisis energéticas, alimentarias y financieras, no son producto de los seres humanos en general, sino es del sistema capitalista vigente, inhumano con su desarrollo industrial ilimitado. Segundo: renunciar a la guerra, porque de las guerras no ganan los pueblos, solo ganan los imperios, no ganan las naciones, sino las transnacionales. Las guerras benefician a pequeñas familias y no a los pueblos. Los trillones de millones que se destinan a la guerra deben ser destinados para reparar y curar a la madre tierra que esta herida por el cambio climático. Tercera propuesta para el debate: un mundo sin imperialismo ni colonialismo, donde las relaciones deben estar orientadas en el marco de la complementariedad, y tomar en cuenta las profundas asimetrías que existen de familia a familia, de país a país, y de continente a continente. El cuarto punto esta orientado al tema del agua, que debe ser garantizada como derecho humano y evitar su privatización en pocas manos, ya que el agua es vida. Como un quinto punto, quiero decirles que debemos buscar cómo acabar con el derroche de energía. En 100 años estamos acabando con la energía fósil creada durante millones de años. Como algunos presidentes reservan tierras para automóviles de lujo y no para el ser humano, debemos implementar políticas para frenar los agrocombustibles y de esta manera evitar hambre y miseria para nuestros pueblos. Como sexto punto: respecto a la Madre Tierra. El sistema capitalista trae a la Madre Tierra como una materia prima, pero la tierra no puede ser entendida como una mercancía, ¿quién podría privatizar o alquilar, fletar a su madre? Propongo que organicemos un movimiento internacional en defensa de la Madre Naturaleza, para recuperar la salud de la Madre Tierra y restablecer la vida armónica y responsable con ella. Un tema central como séptimo punto para el debate, es que los servicios básicos, sea agua, luz, educación, salud, deben ser tomados en cuenta como un derecho humano.
Como octavo punto, consumir lo necesario, priorizar lo que producimos y consumimos localmente, acabar con el consumismo, el derroche y el lujo. Debemos priorizar la producción local para el consumo local, estimulando el auto sostenimiento y la soberanía de las comunidades dentro de los límites que la salud y los recursos menguados del planeta permitan. Como penúltimo punto, promover la diversidad de culturas y economías. Vivir en unidad respetando nuestras diferencias, no solamente fisonómicas, también económicas, economías manejadas por las comunidades y las asociaciones. Hermanas y hermanos, como décimo punto, planteamos el Vivir Bien, no vivir mejor a costa del otro, un Vivir Bien basado en la vivencia de nuestros pueblos, las riquezas de nuestras comunidades, tierras fértiles, agua y aire limpios. Se habla mucho del socialismo, pero hay que mejorar ese socialismo del siglo XXI, construyendo un socialismo comunitario o sencillamente el Vivir Bien, en armonía con la Madre Tierra, respetando las formas de vivencia de la comunidad. Finalmente, hermanas y hermanos, seguramente ustedes están haciendo seguimiento sobre los problemas que existen. Llego a la conclusión que siempre habrá problemas, pero quiero decirles que estoy muy contento, no decepcionado ni preocupado porque esos grupos que permanentemente esclavizaron a nuestras familias durante la colonia, la república y en la época del neoliberalismo, siguen agrupados en algunas familias, resistiéndome. Es nuestra lucha enfrentar esos grupos que viven en el lujo y no quieren perder el lujo, perder sus tierras. Es una lucha histórica y sigue aún esta lucha. Hermanas y hermanos, esperando que esta Jornada Continental del III Foro Social Américas culmine con fuertes lazos de unidad entre todos ustedes y con un firme Plan de Acción a favor del pueblo de Bolivia y todos nuestros pueblos, reitero mi saludo fraternal».
La contradicción principal todavía está irresuelta: La tierra
La contradicción entre la visión de los pueblos indígenas originarios y campesinos con la de la burguesía del Oriente es antagónica. Y su resolución, más o menos violenta, dependerá de la relación de fuerzas en la sociedad, de los consensos que construyan las clases y pueblos en lucha, del papel que jueguen los imperialistas. En tanto las organizaciones campesinas e indígenas, ya sean las influidas por el MAS, pero también aquellas pertenecientes a sectores críticos al gobierno mantienen una presión activa sobre este y al mismo tiempo se encuentran alertas ante los embates de la derecha, como lo demostraron en sus últimas acciones. Sin embargo esto no alcanza. La alianza de la oligarquía y el imperialismo yanqui, con el visto bueno de las transnacionales petroleras, es un enemigo poderoso que va a requerir más que algo de presión para ser derrotada. Para los pueblos indígenas originarios, la clase obrera boliviana, los campesinos, los revolucionarios, continúa a la orden del día la necesidad de construir el Frente Único. En el cerco a Santa Cruz, en la marcha de Caracollo a La Paz, existieron elementos fundacionales que son auspiciosos y preanuncian una mayor unidad del pueblo boliviano.
Frente al magnífico hecho de las movilizaciones crecientes de masas en apoyo al gobierno, a la NCPE y en repudio a los «barones» de Oriente y contra el intento desencadenar la guerra civil, queda la convicción que más allá de las debilidades o desaciertos que pueda tener el gobierno, las masas bolivianas, los pueblos indígenas originarios y campesinos junto con los trabajadores urbanos están construyendo una sociedad distinta, muchas veces preanunciada como el despertar de los pueblos originarios. «Ahora, esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el Continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora, por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o en el tráfico de las ciudades o en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de razones, con los puños calientes de deseos de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos casi quinientos años burlados por unos y por otros».(fragmento SEGUNDA DECLARACIÓN DE LA HABANA)
Fuentes: De Bolivia: Bolpress, Fundación Tierra, Constituyente Soberana, Econoticiasbolivia. Diarios bolivianos: La Razón, Los Tiempos, La Prensa, El Deber, El Mundo Diarios argentinos: Página 12, La Nación, Clarín Otros: Rebelión, El Insurgente, Visiones latinoamericanas del colectivo militante Bases Socialistas