Los sueños de un desalojo violento atormentaron a Luisa la noche anterior al 11 de septiembre de 2018; la idea de que eran un mal presagio la acompañó toda la mañana. Ella tiene 75 años y vive desde los 16 en Tilzapote, comunidad indígena de Oaxaca colindante con la costa pacífica. Cuando llegó tenía que […]
Los sueños de un desalojo violento atormentaron a Luisa la noche anterior al 11 de septiembre de 2018; la idea de que eran un mal presagio la acompañó toda la mañana. Ella tiene 75 años y vive desde los 16 en Tilzapote, comunidad indígena de Oaxaca colindante con la costa pacífica. Cuando llegó tenía que caminar medio día para buscar agua; con los años al poblado además del agua llegó la luz, una escuela de preescolar, una de primaria, una capilla católica, un centro de salud y la carretera federal 200 que conecta entre sí a las urbes vecinas del océano, entre ellas Puerto Escondido y Huatulco.
Tilzapote actualmente reúne a 250 habitantes que se dedican a la siembra de sandía, cacahuate, maíz, ajonjolí y la pesca de ostiones y langostas; es un lugar de personas curtidas por los amaneceres de cosecha, los mediodías de soles disciplinadores y la soledad de largas estancias de trabajo en el gabacho. Si uno les pregunta qué es lo mejor de su comunidad los chicos dirán que es jugar a la pelota con la chamarra de Messi o Cristiano y los adultos la libertad que se tiene de andar tranquilos por donde sea.
Pero esa vida muy propia -aunque no exenta de carencias económicas- se complicó cuando en 2008 unos individuos de traje les informaron que se tenían que ir porque dos desconocidos llamados Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera tenían los títulos de propiedad de esas tierras. Luisa les explicó a los licenciados de aspiraciones monetarias que cómo era posible eso si ella con casi 60 años viviendo allí nunca los había visto.
Luisa tenía razón. Esas personas nunca habían vivido en el pueblo ni poseían algún título de propiedad, pero les respaldaba la ambición de una poderosa familia con intenciones de hacer un megaempredimiento turístico.
El caso de Tilzapote es una nueva afrenta hacia el México profundo, un ejemplo más de la sistemática política de dar vuelta a ɐʇɐdɐZ: sacarle la tierra al que la trabaja. El despojo de territorios para grandes emprendimientos hoy es una de las principales estrategias para la acumulación de capital en Oaxaca. Si en el Istmo se imponen a la fuerza proyectos eólicos, y en las sierras la megaminería contaminante, en la costa lo que predomina es el saqueo a comunidades para construir hoteles de lujo. El caso emblema es el de las bahías de Huatulco, paraíso de aguas cristalinas que expropió Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) en 1984.
No saber contra quien se peleaba, no poder conocer a esas personas de carne y hueso generó desconcierto entre los comuneros ¿Cómo luchar contra la sombra de un monstruo que no se ve? Pese a eso organizaron la resistencia. Hicieron una peregrinación hasta dónde descansa la Señora Inmaculada de Juquila, le solicitaron apoyo a las comunidades vecinas, y se movilizaron más de una vez exigiendo a las autoridades que intervengan en el caso.
El poder reaccionó con órdenes de aprehensión para los habitantes; luego, como es no alcanzó, en 2011 llevó a la cárcel a 3 comuneros. Entre ellos a una señora de 68 años llamada Luisa. Estuvo 32 días tras las rejas hasta que sus hijos, nietos y bisnietos reunieron el dinero necesario para sacarla. Pero el pago de la fianza dejó a la familia en una dramática situación económica. No fueron los únicos, la vida material producto de esta contienda se les ha resentido a varios.
A fines de 2017 la situación legal empeoró y la primera amenaza certera de desalojo desesperanzó las tardes tilzapoteñas. En eso se les ocurrió pedir ayuda a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; gremio que nuclea a los maestros de Oaxaca y tiene una larga trayectoria de lucha. Los aguerridos docentes acostumbrados a marchas, plantones y cánticos revolucionarios decidieron apoyar a los comuneros. Destinaron parte de su equipo jurídico a revertir el caso con lo que lograron tirar a bajo las órdenes de aprehensión que todavía existían y aprovecharon sus mesas de negociación con el gobernador para llevarle las peticiones de esa lejana comunidad asediada por el capital. Además avisaron que en caso de desalojo movilizarán a sus contingentes para impedirlo. La sección 22 alivió la situación.
-En la televisión dicen que son unos vándalos, pero yo lo que veo es que no tienen miedo. Me comenta una habitante de Agua Blanca -comunidad vecina de Tilzapote- refiriéndose a los vilipendiados maestros oaxaqueños.
La mañana del 11 de septiembre 400 comuneros, guaraches y machete en mano, se movilizaron para impedir el desalojo. Los malos presagios de los sueños de Luisa no se cumplieron y el Tribunal Unitario Agrario resolvió moverlo para el 16 de octubre próximo. Aunque en la nueva reprogramación del desalojo se agregó un dato de extrema gravedad: se solicitó la presencia de la Policía Federal y del 54 batallón de Infantería de la XXVIII Zona Militar. Como respuesta el comisariado de bienes comunales, el profesor Javier, dijo en la radio que el 16 de octubre no serán 400 sino miles resistiendo el desalojo.
Mariano Casco Peebles. Graduado de Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, y Máster en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara (UDG), México.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.