Tlatelolco vs Ayotzinapa

Vientos de 1968

Movimiento estudiantil

El mundo cambió de entonces

Revirar la impunidad

Presión por la Libertad.

(Extracto: 10-14/octubre/2008)

La tapadera es doble. No de ahora -aparte corroída-, del sistema político mexicano. La impunidad es la constante. Tlatelolco, plaza de las Tres Culturas, el saldo criminal de 1968, el asesinato de estudiantes -oleada mundial libertaria y democratizadora- a fuego cruzado. Ayotzinapa, de 2014, es la desaparición en Iguala de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Guerrero, México. Sospechas, todas. El calificativo es «crimen de Estado». ¿Implicados? El sistema.

Antes: el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y el titular de gobernación Luis Echeverría Álvarez, así como el Ejército, estaban la «policía secreta» o «guardias blancas» y los grupos del «guante blanco» de la DFS (Dirección Federal de Seguridad), la policía del DDF (Departamento del Distrito Federal), los «granaderos» se inauguraban; y la «brigada blanca» (conformada por «ladrones, exmilitares y militares») que creó Francisco Quiroz Hermosillo, a cuyas órdenes estuvo Miguel Sánchez Ordoñez, El Doc, por encomienda del Secretario de Sedena, Marcelino García Barragán.

Ahora, por Ayotzinapa: las policías municipal, estatal y federal, el Ejército, los cuerpos de seguridad del presidente municipal José Luis Abarca; ¡y los Guerreros Unidos!, el cartel que controla el negocio de la heroína en el estado de Guerrero, para el abastecimiento del mercado estadounidense. ¿La DEA está implicada?

De Tlatelolco y el halconazo, de 1971, sigue pendiente el gran juicio: a Echeverría y a los generales implicados, así estén muertos ya, como García Barragán, Manuel Díaz Escobar y Humberto Bermúdez Dávila. Sin olvidar a los implicados del DDF: a Alfonso Corona del Rosal, Alfonso Martínez Domínguez, Manuel Díaz Escobar, Humberto Dávila, Eliud Ángel Casiano Bello, Luis Gutiérrez Oropeza, ¿y los halcones?, entre otros.

De Ayotzinapa siguen las líneas de investigación sobre el tema del «5° autobús». Los militares, las autoridades, ¿y los narcos? El caso es que el gobierno de Enrique Peña Nieto no aclara nada todavía; la versión de PGR vs CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Las concepciones son encontradas. En tanto al sistema político se le acumulan los pendientes. Impunidad que nadie olvida: los 43 se ha vuelto consigna popular, y mundial. La violación de los derechos humanos está detrás.

La versión de GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) es contraria a la «oficial» que dio a conocer rápidamente la PGR en voz del entontes titular Jesús Murillo Karam. Eso ha confrontado todavía más a la sociedad con el gobierno. No únicamente a los padres de los desaparecidos, como a todos los jóvenes -encabezados por muchos exlíderes del 68- que se movilizaron este 2 de octubre 2015 para recordar que la sociedad «no olvida», al igual que los 43 cuando hace un año se preparaban para llegar a Tlatelolco, en el DF.

Los pendientes para el Estado se acumulan. La impunidad campea en el sistema político tan descompuesto como la corrupción que le corroe. Las violaciones a los derechos humanos no paran. Se manifiestan, diría el presidente de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, «en las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, abuso de autoridad, torturas como método de investigación, la tensión entre el combate a la delincuencia y la promoción del derecho, la violación de los derechos de los migrantes, trata de personas e impunidad de los ataques a periodistas».

Desde que el clima de violencia se ha instalado en el país, entrado el nuevo siglo -año 2000 con la llegada de la «alternancia en el poder»- hasta la fecha, en la justicia campea la opacidad. Las estructuras de justicia en el país no se reforman, se deforman; es el caso de la procuración e impartición de justicia. La ausencia de aplicación de las leyes alimenta «cifras» como las 22 mil desapariciones en el país ¡desde 2012!, para las 300 averiguaciones que hay abiertas nada más, como reconoce la PGR. Cifras. Los datos de periodistas se acumulan. No importa lo que mandata la Constitución.

¿Hacia dónde va el sistema político mexicano?: hacia su descomposición. Los gobiernos no proponen salidas. Por ello a la sociedad es a quien le corresponde tomar las riendas. Por eso las protestas. De lo contrario, ¿cuándo se juzgará a los implicados en las matanzas del 68, o se dará respuesta a las demandas de los desaparecidos en Iguala? El 2 de octubre sigue presente, en tanto la historia no ajuste la memoria popular. Lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre 2014, que se desconoce todavía, acumula los agravios en la gente. Por eso las protestas no paran.

El sistema político no sabe qué hacer con sus pendientes. De antaño el PRI siempre acomodó las cosas a su manera, no para resolverlas sino para taparlas. La impunidad es doble, decíamos, porque a Tlatelolco se acumula Ayotzinapa, ¡y tantas ofensas más! Si el anterior era un gobierno autoritario, ¿el actual es democrático? En dónde queda el respetuoso por los derechos humanos. A este gobierno se le acumulan miles de preguntas, y las respuestas que no llegan. A cambio acelera la carrera presidencial 2018.

A falta de respuestas, aumento de preguntas. Por eso no falta quien califique a «Tlatelolco y Ayotzinapa (como) parte de la misma historia» (Sergio Aguayo en su libro De Tlatelolco a Ayotzinapa. Las violencias del Estado). Historia de impunidades. Porque «el Estado es el principal responsable de las perversiones que ha vivido su monopolio legítimo de la violencia», dice en la página 17. Como justificaría Max Weber, en su definición de Estado, que se trata de una organización respaldada por el denominado monopolio de la violencia «legítima» (¡sic!). ¿Y si el Estado no es legítimo, por qué ejerce la violencia?

Por lo mismo, «el Estado (mexicano) es el principal responsable de las perversiones que ha vivido el monopolio legítimo de la violencia», dice Aguayo (p. 143). «Los presidentes mexicanos han fallado desde el 68 porque no se han preocupado por entender la lógica del crimen organizado, por la indolencia con la cual lo han tratado (siempre reactivos, rara vez proactivos) y por su indiferencia al costo humano». Por eso Ayotzinapa. Porque el crimen organizado ha sido el principal beneficiario, y «demostró haber alcanzado algunos de los atributos de un estado paralelo» (Idem.).

En cambio, diremos que Tlatelolco y Ayotzinapa no están unidos por la lógica de «no entender» al crimen organizado, sino por la impunidad del sistema político mexicano.

Twitter: @sal_briceo

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