La construcción subió 4,4 % en enero y 8,3% en febrero. Las ventas de insumos en el sector aumentaron 9,7% en marzo. Es el tercer mes consecutivo de expansión. Viene de una caída del 19,5%. Y la industria repuntó 2,4% en febrero y 4,8% en enero (-16,9% en 2018). Las proyecciones optimistas son de Econométrica […]
La construcción subió 4,4 % en enero y 8,3% en febrero. Las ventas de insumos en el sector aumentaron 9,7% en marzo. Es el tercer mes consecutivo de expansión. Viene de una caída del 19,5%. Y la industria repuntó 2,4% en febrero y 4,8% en enero (-16,9% en 2018).
Las proyecciones optimistas son de Econométrica y el Estudio Ferreres que anticipan un crecimiento interanual positivo del PBI para el segundo trimestre de 1,3% y 1,2%, respectivamente.
Para ese trimestre todas las fichas están puestas en el campo cuando la cosecha alcanzará los 142 millones de toneladas. En la industria el panorama sigue siendo negativo para la mayoría de los rubros.
También las expectativas del FMI que, pese a su optimismo sobre la inminencia de la recuperación, prevé una caída de 1,2% para todo el año.
Además, la suba del dólar, del riesgo país y la tasa en 73% hablan de un cambio de escenario negativo para la economía, más allá de algunos sectores como el turismo, agro y exportaciones.
Ecolatina, otra consultora, señala que para 2019 «las expectativas no son favorables. En la primera mitad del año, el aumento de tarifas y el fuerte componente inercial de la inflación no permitirá una recuperación significativa del poder adquisitivo». Sin embargo, «una buena cosecha y el dinamismo de las exportaciones permitirán una reactivación significativa en el segundo trimestre».
En lo que coinciden los analistas es que este año no habrá recuperación de los niveles de consumo. Según Econométrica, en el segundo trimestre, el consumo privado registrará una caída de 8,4% interanual. Para la consultora Scentia, las ventas en supermercados y almacenes bajaron 6,5% en el primer bimestre del año. El comercio en 2018 se contrajo un 20%. 2019 arrancó con una suba de los precios al consumidor vertiginosa, impulsada por los alimentos y los servicios públicos, lo que obligó a modificar las proyecciones del inflación del FMI para 2019 de 17% a 30,2%, que continúa siendo optimista. Para el Banco Central pasó de un 27,8% en octubre pasado al 40,1% en el último informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En tanto la canasta básica de alimentos supera el 60% interanual.
Frente a este panorama el acuerdo de precios del Gobierno con fabricantes y supermercados, en caso de cumplirse, equivale a una aspirina para tratar a un enfermo de cáncer. No obstante, en los súper hay marcas hasta 34% más baratas que los de Productos Esenciales. El 42% de los artículos son de baja calidad nutricional, según consigna La Nación del pasado jueves.
Frente a la caída del consumo, las ferias populares y la práctica del trueque en el Gran Buenos Aires se han revitalizado para poder acceder a productos o alimentos. Así ocurre en Merlo, Mariano Acosta, desde el Camino de Cintura hacia el oeste en La Matanza (Laferrere, Rafael Castillo, Virrey del Pino e Isidro Casanova). También en Villa Constructora entre San Justo e I. Casanova. En Quilmes y San Francisco Solano, en el sur del Conurbano bonaerense, se juntan miles de vecinos los fines de semana.
Mientras la crisis se profundiza, el conjunto de las fuerzas sociales, sindicales y políticas se inclinan hacia la moderación.
Un buen ejemplo, fue el paro dividido, aislado y de dudosa eficacia para cambiar las relaciones de fuerza y enfrentar la catástrofe que sufrimos los trabajadores y el pueblo del pasado 30 de abril. Seguido del ridículo paro del 1º de Mayo, que se reiterará el próximo feriado (sic) del 25 de Mayo, para modificar el Impuesto a las Ganancias.
Al opoficialismo peronista no le alcanzan los gestos y palabras para asegurar que si llega al gobierno harán macrismo, pero mejor. También Cristina envía señales de mesura como lo demuestra el libro que acaba de publicar y presentará en la Feria del Libro el próximo jueves.
El último globo de ensayo desde el Gobierno es el acuerdo de 10 puntos que más allá de su objetivo electoralista tiende a condicionar la renegociación del préstamo con el FMI por un futuro gobierno a reformas estructurales en materia impositiva, laboral y previsional.
Mientras, el FMI traza el plan económico y la fracción más concentrada del capital financiero condiciona el armado de las coaliciones políticas afines.
Empleo
Solo el 44,1% de la población económicamente activa tiene un empleo pleno de derechos, según los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA correspondiente al tercer trimestre de 2018. El 27,2% cuenta con un empleo precario regular y con niveles de ingreso superiores al de subsistencia, pero sin afiliación alguna al sistema de seguridad social; el 18,6% está sometido a un subempleo inestable, realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación. Por último el 9,9% está desocupado.
La estructura productiva incluye un importante sector micro informal, caracterizado por una baja productividad y retribuciones. Allí se reúne la mayor parte del empleo precario y el subempleo inestable que según Eduardo Donza, autor del informe, es «lo más precario dentro de la precariedad».
«Por lo general, los trabajadores de este sector están ocupados en actividades precarias o inestables, con condiciones de trabajo deficitarias, bajos ingresos, falta de protecciones sociales y limitaciones para ejercer los derechos laborales», explica el informe «Heterogeneidad y fragmentación del mercado de Trabajo (2010-8), elaborado por el Observatorio de la UCA.
A finales de 2018, el sector micro informal reunía el 49,3% de los ocupados, frente al 14,9% del sector público y el 35,8% del sector formal. Observando la serie 2010-2018, el sector micro informal creció 3,4 pp. y el formal decreció 3,3 pp. En cambio el sector público se mantuvo estable.
El ingreso medio mensual de los trabajadores del sector micro-informal fue un 41% menor que el ingreso del total de ocupados: $ 10.283 contra $ 17.454. Además, el ingreso medio mensual del sector privado formal fue de $ 24.985 y el del sector público $ 22.987.
«En el trimestre enero-marzo los despidos y suspensiones ascienden a 19.882 casos, una cantidad sensiblemente mayor a la del mismo período del año anterior, que sumaron 14.068 casos», afirma el informe del Centro CEPA (Centro de Economía Política Argentina). Esto representa un incremento de 41 % en el primer trimestre de 2019 respecto de 2018.
«Pero la distribución de esos casos resulta sensiblemente distinta. Mientras que en 2018 los despidos se concentraron mayoritariamente en el sector público, en 2019 se producen casi exclusivamente en el sector privado «, indica el informe. A empleo público corresponden solo 125 casos, en tanto que 19.757 se contabilizaron en el sector privado.
En total, fueron 11.587 despidos y 8.295 las suspensiones del primer trimestre. Según el informe, estos representan el peor registro del primer trimestre de los últimos tres años.
Más de 50.000 trabajadores formales que quedaron desocupados pidieron, y pasaron a cobrar, la prestación por desempleo en los últimos tres meses de 2018. Así, la cantidad de trabajadores formales despedidos sin causa que están cobrando el seguro por desempleo alcanzó el récord mensual de 118.268 personas, según los datos de la ANSeS a diciembre pasado, de la serie que arranca en enero de 2013.
También es récord el número de desocupados que están solicitando esa prestación. En noviembre se les otorgó a 17.953 trabajadores y en diciembre a 17.276, frente a 11.614 en noviembre de 2017 y 10.791 en diciembre de 2017. Esta mayor demanda de la prestación por desempleo está en línea con el aumento del desempleo que reportó el INDEC, elevando a 1.750.000 el total de los desocupados urbanos.
El monto de la prestación por desempleo equivale a la mitad de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos 6 meses trabajados. Sin embargo, en promedio, en diciembre, los 118.268 desocupados cobraron $ 3.845, un 12% del sueldo promedio de los activos. Eso pasa porque actualmente ese beneficio que es transitorio, encuentre o no el trabajador un nuevo empleo, desde marzo pasado tiene un tope de $4.428,77, que anula el de la mitad del promedio salarial semestral.
Se estima que el número de trabajadores que van a solicitar este beneficio debería aumentar más. Es que el Ministerio de Producción y Trabajo informó que, a febrero pasado, se perdieron 31.800 empleos y en un año hubo una disminución de 159.400 asalariados privados ocupados.
La Unión Industrial de Santa Fe dio a conocer los datos del informe del primer trimestre de este 2019. Según detalla, en ese período el sector sufrió «una contracción de -8,3% interanual, extendiendo a cuatro trimestres consecutivos la actual etapa de aguda crisis fabril».
El estudio expone que la capacidad instalada en la industria regional también está en retroceso: «alcanzó en el primer trimestre del año al 59,4% de los recursos, un nivel visiblemente por debajo del 63,2% registrado en igual período de 2018.»
Ante esta situación cada vez hay menos Pymes Industriales en el centro norte de la provincia y, en consecuencia, más trabajadores desempleados: «en diciembre de 2018 se registraron 280 empresas menos» que en el mismo mes del año anterior.
Las empresas de menor tamaño muestran un franco retroceso en materia de trabajo registrado: «En diciembre de 2018 se constataron 3.211 puestos de trabajo registrados menos en relación al nivel observado en el mismo mes del año anterior».
Pobreza: el peor escenario posible
Según el informe «Pobreza, derechos e infancias en la Argentina» elaborado por la UCA, durante el 2018 hubo 4,7 millones de niños y niñas de entre 0 y 17 que son pobres porque en sus hogares los ingresos no alcanzan, y que a raíz de esto sufren la privación de otros derechos fundamentales.
A su vez, la indigencia pasó de 4,1% a 5,1%, con lo cual afecta a 590.000 infantes. Pero además la UCA mide diversas dimensiones a las cuales no pueden acceder algunos niños y niñas. Estas son alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y estimulación/educación. Las cifras revelan que la cantidad de chicos que tienen al menos una privación en estos derechos asciende a 7,5 millones, es decir el 63,4%.
De todos esos ítems, algunos los que peor se encuentran son alimentación, salud y educación. 483.000 niños y niñas pasaron hambre durante el año pasado, y los sectores que sufren más vulneraciones de derechos son los que tienen entre 13 y 17 años.
En paralelo a esta desesperante situación, el gobierno continúa impulsando y discutiendo bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Se apunta a perseguir a la juventud y la niñez como si fueran los culpables de la inseguridad, cuando de manera permanente son ellos y ellas los que viven en la inseguridad a causa de derechos básicos insatisfechos.
A raíz de esto, distintas organizaciones sociales ya anunciaron que el próximo 8 de mayo movilizarán al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires para reclamar políticas públicas, presupuesto y medidas inmediatas para abordar la crisis que golpea a la niñez y adolescencia.
La sociedad registra en la actualidad los niveles de pobreza por ingreso más altos de la presente década, que supera el 33-34% de la población.
Estos valores son similares a los niveles entre la crisis financiera del Tequila (1994) y hasta antes de la crisis 2001-2, o a los vigentes antes y durante 2009 y más altos que los producidos por las devaluaciones de 2014 o 2016.
Los hogares pobres no logran salir de la pobreza porque sus ingresos, ya sea por trabajo o programas sociales, siguen por detrás al resto de los precios de la economía y la oferta de buenos empleos es limitada. Además, la posibilidad de tener un empleo pleno de derecho depende de factores estructurales como nivel socioeconómico y lugar de residencia. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de nivel educativo bajo tienen más inconvenientes en la obtención de ese tipo de empleo.
Ese deterioro social profundiza sus efectos sobre la salud pública, en enfermedades cuyo índice había mejorado notablemente años atrás. En 2017, a menos de dos años de gestión macrista, la tasa de infectados por tuberculosis había crecido un 6% respecto de 2015. Los profesionales de la salud enfatizan que el aumento es sostenido, sobre todo desde abril del año pasado, cuando la crisis empezó a resquebrajar el tejido social.
Automotrices
La automotriz Volkswagen confirmó la suspensión de todo el personal de su planta de Pacheco, en provincia de Buenos Aires, durante 8 días de mayo.
La decisión de la automotriz afectará a 3.900 trabajadores de la planta donde actualmente se fabrica el modelo Amarok. Según la empresa, la decisión fue forzada tanto por la constante caída en la demanda de unidades, producto de la recesión económica que golpea al mercado interno, como por la decisión de dejar de producir allí el modelo Surán (que recién será reemplazado a fin de año por las pre series del nuevo SUV Tarek).
El mes pasado ya Volkswagen había aplicado un esquema de suspensiones rotativas para 300 operarios de dicha planta, medida que se iba a revisar mes a mes y que en principio apuntaba a no afectar el plan de producción. La planta cordobesa de la empresa que arma cajas de cambio no anunció medidas de reducción de personal o suspensiones.
Además VW comenzó conversaciones la semana pasada con el Smata luego de que su casa matriz, ubicada en la ciudad alemana de Wolfsburg, exigiera a su filial argentina que deje de aplicar suspensiones y las convierta en despidos definitivos para reducir los costos fijos.
Se habla de al menos 120 cesantías y eso es lo que se está negociando. Se espera que una porción se trate de empleados mensualizados para paliar el impacto en la planta.
Volkswagen no es la única firma del sector con severas dificultades y varias otras automotrices también llevaron adelante planes de suspensión durante los meses de mayo y abril de este año debido a la recesión local.
Es el caso de Toyota, una de las firmas que hasta el momento parecía mantenerse a flote de la debacle general. A principios de abril Toyota comenzó un plan de suspensiones para compensar la caída de las ventas.
La firma japonesa suspendió a sus operarios el 1º de abril, el 18 del mismo mes y el 29. Lo que hizo que se detenga su planta de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, e impacte en sus más de 5.000 empleados agremiados al sindicato de mecánicos (Smata).
La empresa, que le había comunicado al personal que mes a mes irá viendo las necesidades de parar la producción de acuerdo al ritmo de las ventas, informó que le dedicará medio lunes a otras jornadas por lo que se detendrá en esas horas la producción. Esa determinación se sostendrá hasta el 21 de junio, al menos.
Además Toyota cortó con la actividad de los sábados, día que los empleados aprovechaban para hacer horas extra y la firma para abultar la cantidad de unidades fabricadas.
Según los últimos datos sectoriales, la producción automotriz se ubicó en marzo en 29.227 vehículos, lo cual representa una caída de 10,5 % con respecto de febrero y de 41,1 % en la comparación interanual. En el primer trimestre, la baja de producción es de 30,7 %.
Ese resultado se explicó tanto por caída de las ventas a los concesionarios del mercado local (-56,8 % acumulada en tres meses) como por el lado de las exportaciones (-16,4 %). La utilización de la capacidad instalada en el sector automotor es de 42 % según el Indec.
«Perdimos 8.000 puestos de trabajo en lo que va del año y hay otros 13.000 en riesgo», había advertido hace menos de un mes el propio Ricardo Pignanelli, titular del Smata.
Conflictos por despidos y suspensiones
Zanella anunció que reducirá su personal en las cuatro fábricas que tiene en el país. José Luis Rocha, secretario general de la UOM de Mar del Plata, lugar donde Zanella tiene emplazada una de sus plantas, anunció que «si esto no se revierte, si esta situación económica no cambia, será difícil que las empresas vendan motos. Y acá el problema no es que Zanella no vende, no se venden motos en general en todo el país».
En vísperas del 1º de mayo, los directivos del frigorífico Rioplatense despidieron a 3 trabajadores. Desde la Comisión Interna afirman que los despidos son ilegales y persecutorios, dado que la razón de los mismos habría sido la de participar en una asamblea. El jueves, las y los trabajadores protagonizaron un corte en Pacheco.
En horas de la madrugada del viernes, un chofer de la línea 378 conducía su colectivo por el barrio de Virrey del Pino. En la intersección de ruta 3 y el kilómetro 38, dos pasajeros intentaron robarlo, sin embargo, el chofer se resistió y los atacantes le dispararon dos veces: un tiro le dio en la mano y el otro le rozó la cara. Los atacantes huyeron y el chofer quedó herido.
El chofer, de 42 años y de apellido Temis, se encuentra internado fuera de peligro. Tras el hecho, sus compañeros de la empresa Almafuerte paralizaron los servicios de las líneas 622, 218, 284, 315 y 378, bloqueando los 22 ramales de la misma. A su vez, protagonizaron un piquete sobre la ruta 3. Exigen que le sean garantizadas las medidas de seguridad para poder brindar el servicio.
De acuerdo a los datos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se denuncian 15 ataques diarios contra los trabajadores del volante. Los choferes, por su parte, denuncian zonas liberadas por la policía y la inacción de parte del sindicato y de los gobernantes.
El paro del martes pasado, más el feriado por el 1º de Mayo y el trabajo a reglamento de los recolectores de residuos del jueves y viernes, dejaron a la Ciudad de Buenos Aires llena de basura. Se acumularon 21.000 toneladas de residuos. El conflicto se destrabó porque se resolvió que los recolectores cobrarán un adicional.
La semana pasada, ocho trabajadores fueron despedidos de Biblioteca Nacional. ATE Nacional denuncia que esto ocurre en el marco del desguace del organismo que, desde que asumió el Gobierno de Mauricio Macri, y bajo el brazo ejecutor de la Directora Elsa Barber, sufrió 300 despidos, jubilaciones forzadas, no renovaciones de contratos y recorte presupuestario.
Esta semana ATE realizará medidas de fuerza para exigirle a Barber, al secretario de Cultura, Pablo Avelluto; al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro y al Ministerio de Trabajo, la reincorporación inmediata de los despedidos y el cese de la persecución sindical.
La Asociación Bancaria, junto a la Comisión Gremial Interna (CGI) del Banco Cetelem, lleva acumuladas varias jornadas de lucha de afichadas, volanteadas y asambleas contra los despidos de sus 40 trabajadores y el desguace. La empresa de capitales franceses, con sede en Vicente López, manifestó en una reunión en la Secretaría de Trabajo su voluntad de irse del país.
A partir de hoy las dos plantas de la Campagnola ubicadas en el departamento de San Martín, en Mendoza, cerrarán sus puertas y alrededor de 140 familias se quedarán sin trabajo.
Antonio Moyano, referente del Sindicato de Alimentación en la zona, afirmó que desde la Campagnola aseguraron que se les pagará el 100% de las indemnizaciones y que también se les ofreció seguir vinculados a la empresa pero en otra planta de Arcor que se encuentra en Villa Mercedes, Provincia de San Luis.
Arcor frenó la producción en su planta de Arroyito, en Córdoba. Hace algunos días hizo lo mismo en la ciudad bonaerense de San Pedro por todo mayo. La compañía adelantó las vacaciones a 70 trabajadores hasta el próximo 13 de mayo con el objetivo de reducir los stocks acumulados.
Durante la mañana del jueves, un centenar de empleados de Alijor se manifestaron en la puerta de la fábrica ubicada en Garín, reclamando en contra del ajuste y los despidos sin causa.
Semanas anteriores despidieron a diez trabajadores, incluyendo miembros de la Comisión Interna con fuero gremial, lo cual es totalmente ilegal.
Los últimos tres años hubo más de 20.000 puestos de trabajo que se perdieron en la alimentación.
En la mañana del jueves, trabajadores del Ingenio Santa Bárbara cortaron la vieja traza de la ruta 38, a la altura del acceso sur de Aguilares (Tucumán). Lo hicieron para visibilizar el conflicto por las suspensiones y la incertidumbre por el inicio de la zafra. Desde el jueves están suspendidos todos los trabajadores transitorios, que ingresaron en la fábrica hace más de un mes. Las suspensiones serían, en primera instancia, por una quincena.
La protesta también estuvo motivada por atraso en el pago de sueldos, deudas por vacaciones e incrementos salariales con un sector de los 450 trabajadores. El Grupo Colombres se comprometió a saldar las deudas el viernes.
Claudio Musacchio, empleado jerárquico de la cadena Coto durante nueve años, fue despedido junto con dos de sus hijos, tras haber sido elegido delegado gremial. Un compañero de trabajo, Miguel Erquicia, quiso difundir el reclamo en las redes sociales y también fue despedido. «Todo esto es para sembrar el miedo y tener a raya a sus empleados», aseguró Musacchio, que ya realizó acciones legales para recuperar su puesto de trabajo.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 21 de la provincia del Chaco falló a favor de la medida cautelar (según expediente 2908/19) de ATE, obligando a la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) a reincorporar en sus puestos de trabajo, a los compañeros despedidos en el organismo.
El poderoso grupo multinacional de capitales chilenos Cencosud anunció una tanda de cesantías hormiga en la zona metropolitana.
El martes la noticia llegó primero al local que el Grupo tiene en Avenida Rivadavia al 4900, donde los despedidos fueron en total 4.
Sin embargo con el correr de las horas, desde el Sindicato de Empleados de Comercio constataron que eso era una constante en cada uno de los locales y no se trataba de un caso aislado. Los despidos rondarían los 50 y afectarían prácticamente a todos los establecimientos de la cadena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Recuperadas
Los ceramistas resolvieron en asamblea cortar la ruta 7 a la altura de Zanón en Neuquén desde las 6 de la mañana del viernes.
«Las fábricas ceramistas necesitamos créditos para renovar maquinarias, respuestas para la situación energética y compre privilegiado para la obra pública para dar impulso a la producción y mantener las fuentes de trabajo. Como medida paliativa mínima, el gobierno había comprometido la compra anticipada de materiales y no cumplió», informó Andrés Blanco, secretario adjunto del Sindicato Ceramistas.
Y denunció: «El no cumplimiento paraliza las posibilidades de seguir produciendo y el gobierno es consciente de esto. Las gestiones obreras buscamos abrir un diálogo por distintas vías y el gobierno lo cerró».
Después de casi 3 años de lucha, lxs trabajadorxs de Roux Ocefa consiguieron que la justicia les otorgara la continuidad laboral. El laboratorio se conformará como cooperativa y quedará en manos de sus trabajadorxs.
Día Mundial de la Libertad de Prensa
A los por lo menos 4.000 empleos que se perdieron en todo el país entre los trabajadores de prensa, hay que sumarle la incertidumbre, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral que sufren quienes aún mantienen sus puestos de trabajo o de quienes son trabajadores eventuales. En un panorama donde abundan los despidos, retiros «voluntarios» y el cierre de medios se ve afectada la pluralidad.
Los medios comunitarios y autogestivos son discriminados. El 2 de mayo, en todo el país se realizaron protestas para denunciar el recorte al fomento de medios comunitarios, indígenas y de frontera (FoMeCA) que asciende a más de 1.000 millones de pesos y para exigir que se incluyan en la grilla de cable a los canales comunitarios, que cese la persecución y decomiso de radios comunitarias y que se los incluya en el reparto de la pauta publicitaria.
A lo largo del actual gobierno al menos 57 trabajadores de prensa recibieron perdigonazos mientras estaban trabajando, mientras 24 fueron detenidos, y varios de ellos procesados con cargos falsos.
Despidos de 74 empleados en la planta gráfica de La Nación y 37 en Editorial Atlántida; el embargo de la cuenta sueldo de los trabajadores de C5N; los salarios impagos de Radio del Plata y los 65 desvinculados en Clarín, la situación más emblemática de los últimos días, con multitudinarias protestas en su puerta, fueron los casos más recientes.
Con mucha menos repercusión, en ANSA también se viven horas de desguace. El 11 de febrero, tras una comunicación telefónica desde Roma, el encargado del sector de Recursos Humanos de la agencia italiana comunicó que debían despedir a la mitad de los trabajadores de la oficina de Buenos Aires, la cual supo ser sede central de las oficinas de Latinoamérica. La decisión se tomó tras la reducción del 20 % del aporte que percibía la agencia del Estado italiano. La propuesta que ofrecieron desde Italia fue que la decisión de a quién despedir y a quién no, la debían tomar los propios periodistas en el plazo de un mes.
Tras negociaciones con la empresa y audiencias en el Ministerio de Trabajo, los empleados han logrado que los cuatro compañeros que optaron por finalizar su compromiso con la agencia, firmara en el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) un retiro voluntario donde se acordó una cifra indemnizatoria superior a la establecida por la ley.
«Hoy no hay nadie con ganas de aceptar un retiro. De ninguna manera vamos a pelearnos entre nosotros para decidir quién se va, sino que vamos a defender nuestro puesto de trabajo», comenta Alejandro Curotto, que tiene 60 años y ha dedicado 36 de su vida a la redacción de artículos para ANSA.
Paritarias y luchas por el salario
Metalúrgicos reclamó una suba del 20 % para los primeros tres meses del año, pero no fue aceptado por las Cámaras empresariales. Antonio Caló sostuvo que si en la próxima audiencia no se llega a un acuerdo se lanzará un plan de lucha. Dentro de la UOM hay malestar por la «paciencia» en el reclamo, y por no sumarse al paro nacional del martes pasado.
Algunos dirigentes recuerdan por lo bajo que en un congreso realizado en la localidad de Mar del Plata se habló de realizar protestas si no habían avances en la negociación. «De ese congreso, de ese plan de lucha no quedó nada. Hay que salir cuanto antes a la calle a defender los salarios», dijo un dirigente enrolado en la oposición a Caló.
Sobre la paritaria de los docentes universitarios, en un nuevo encuentro el gobierno nacional ofreció una suba del 15 % en blanco, dividido en tres partes: 5 % en junio, 5 % en agosto y 5 % en octubre. Además, se incluyó una cláusula gatillo de actualización automática y el adelantamiento del blanqueo de los montos en negro otorgados hasta hoy, ambas recién se aplicarían en diciembre.
Desde CONADU Histórica consideraron que la nueva oferta es claramente insuficiente e inaceptable, por cuanto es muy extendida en el tiempo y no contempla ningún incremento salarial hasta julio de este año: «Este proceso sigue afectando el poder adquisitivo de nuestros salarios, desfinanciando nuestras obras sociales y sin ningún incremento a los jubilados. En los hechos, esta oferta supone una nueva reducción salarial en un escenario de altos índices de inflación». La paritaria pasó a cuarto intermedio para el miércoles 8, ese día los docentes realizarán una jornada nacional de lucha. Los resultados de la nueva reunión serán discutidos y evaluados en las asambleas docentes que mandatarán al Plenario Nacional de Secretarios/as Generales a realizarse el jueves 9 de mayo. De no haber mejoras sustanciales en la oferta del gobierno, la Federación discutirá la realización de medidas de fuerza para la semana del 13.
El gremio bancario liderado por Sergio Palazzo acordó el vienes con las entidades financieras un «nuevo adelanto de emergencia» del 19,5% en dos tramos «a cuenta» de las paritarias, que incluye una compensación de 12.500 pesos en dos cuotas. Fue luego de rechazar la oferta de una suba para todo el año en línea con la pauta oficial, del orden del 28%.
De esa manera, el salario conformado inicial asciende al 1º de abril a 44.941 pesos, lo que sumado a los 2.029 pesos previstos por la participación en las ganancias representa un total de 46.970 pesos.
Luego de la contundencia de las medidas de fuerza del 22 y el 30/04, y de la difusión mediática acerca de la precarización laboral, el gobierno de la provincia de Santa Fe anunció una mejora en los salarios de los monotributistas.
SiPrUS, como gremio mayoritario de la salud, viene reclamando la equiparación salarial y el pase a planta para monotributistas desde hace 2 años mediante diferentes medidas de fuerza (paros generales y en las guardias, movilizaciones, carteles, notas en los diarios, etc.).
Desde SiPrUS siguen reclamando por salarios dignos para todos los trabajadores. Por la equiparación salarial para los monotributistas con la aplicación de la cláusula gatillo automática. Por el pase a planta PARA TODXS los profesionales sin discriminación de la tarea que realizan. La semana del 6 de mayo realizarán asambleas con desafectación y reuniones de delegados para discutir los pasos a seguir.
La UOCRA cerró su paritaria. Será un 10% de reajuste para 2018 más 5% en mayo «a cuenta de inflación futura por el período abril-junio». En julio se abonará la diferencia entre el 5% pagado en mayo y la inflación real. En agosto habrá un nuevo anticipo del 5%.
La paritaria petrolera cerró en un 54,7% para el año pasado. Para 2019 el incremento base será del 28% en 3 cuotas: un 10% a partir del 1/6, un 9% en noviembre y el 9% restante en marzo de 2020. Habrá cláusula de revisión de acuerdo a la escala inflacionaria en las últimas dos cuotas.
Las organizaciones agrarias, junto a representantes de organismos educacionales, de investigación, gremiales y sociales convocan a los pequeños y medianos productores de todo el país, organizados e independientes, a discutir y elaborar un programa agrario para el sector y el conjunto de la sociedad. La cita será el 7 y 8 de mayo en el Microestadio de Ferro.
Sica-Apma denuncia que «todos los técnicos y técnicas intervinientes en la realización de los spots de campaña electoral en Santa Fe han trabajado en condiciones precarizadas», esto es «sin cobertura de ART, sin aportes jubilatorios (importantísimos desde el logro del régimen de trabajo discontinuo, código 500) y sin aportes de obra social».
Asimismo, el gremio indicó que trabajadoras y trabajadores «percibieron salarios por debajo de lo estipulado por la paritaria vigente para el convenio rector», y que «todas las productoras, excepto Pez Cine, han incumplido las condiciones de trabajo previstas».
En la mañana del jueves, los trabajadores de la empresa metalúrgica Impulsora Noroeste de Palpalá (Jujuy), realizaron un paro y corte de calle en reclamo por la falta de pago del salario hace cuatro quincenas. Son 15 trabajadores los afectados por la falta de pago de sus haberes, además del bono de 5.000 pesos, aguinaldo y vacaciones. Además, la empresa no actualizó los salarios de acuerdo al convenio suscripto por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de 2018 y no realizó los pagos de la obra social, por lo que tanto los trabajadores como sus familiares están actualmente sin cobertura médica.
Según anunciaron los trabajadores, la medida continuaría en el interior de la fábrica, sin realizar tareas y a la espera de una respuesta desde el Ministerio de Trabajo a las presentaciones realizadas por el Secretario General de la UOM – Jujuy, Froilán Peloc.
Muerte en Vaca Muerta
Minutos después de las 22 de este domingo se confirmó el fallecimiento de dos trabajadores petroleros. Con estas dos nuevas víctimas fatales suman 8 las muertes obreras en Vaca Muerta en el año, constituyendo un triste nuevo récord histórico de muertes en el sector petrolero.
Según trascendió los operarios fallecieron en una pileta de gasolina en las instalaciones de Tecpetrol, perteneciente al grupo Techint, en Fortín de Piedra. Las víctimas fatales serían oriundos de Cutral Có y Centenario. Al parecer uno de ellos cayó cuando se giró una tapa y el otro se arrojó para rescatarlo indicaron fuentes del sindicato petrolero.
Vaca Muerta es la principal formación de shale oil y shale gas de Argentina y una de las más «atractivas» del mundo. Se ha repetido hasta el cansancio que tiene una superficie de 30.000 km2, es decir, 145 veces la Ciudad de Buenos Aires, o el 30% de la superficie total de Neuquén.
En 2016 dos especialistas del Concerned Health Professionals of New York y de Physicians for Social Responsibility de Estados Unidos visitaron Argentina, en esa oportunidad subrayaron que, entre otros riesgos, el fracking genera una alta tasa de mortalidad laboral. «Las tasas de muerte en los Estados Unidos a causa de la industria del fracking son siete veces más altas que en otras industrias y dos veces más altas que en la fuerza policial, que se considera una de las más peligrosas», sostuvo la médica Sandra Steingraber. En aquel momento, esas apreciaciones parecían exageradas.
Dos años después, y tras un relanzamiento de las inversiones desde 2017, los números de mortalidad laboral parecen empezar a concordar con aquel vaticinio: en 2018 fallecieron cinco petroleros en la cuenca neuquina. La cifra se corresponde con la reactivación de la actividad de Vaca Muerta, y los nuevos regímenes y esquemas laborales que el fracking exige.
El periodista especializado Marcelo García vincula la muerte de esos obreros con la aplicación de la «adenda» del Convenio colectivo de trabajo para el aumento de la productividad, que impulsaron el Gobierno nacional, la administración neuquina, las operadoras del sector y los sindicatos petroleros. Señala también que los últimos dos decesos se produjeron el último de los 12 días que los operarios permanecen en el campo. «Es el momento en que el trabajador se encuentra con un profundo desgaste físico, ya con su percepción deteriorada».
Judicialización de la protesta social
La APDH, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, CORREPI, CADEP, Liberpueblo, la AEDD, la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Nicolás del Caño y Luis Zamora, junto a una gran diversidad de personalidades realizaron una caravana hasta el penal de Marcos Paz, donde está detenido el trabajador Daniel Ruiz. «Fue detenido cuando regresaba de una marcha en apoyo al Astillero Río Santiago. Lo detienen por participar de la movilización del 18 de Diciembre del 2017 contra la Reforma Previsional. Está preso sin ningún argumento que justifique su detención. El 12 de Mayo se cumplirán 8 meses de prisión, fecha en que debería quedar en libertad ya que nadie puede permanecer preso sin condena más de un tercio de lo que implicaría la pena en caso de encontrarse culpable», sostienen los organizadores.
Ya pasó más de un mes de las detenciones de Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi. Ellos fueron arrestados el pasado 3 de abril por una orden de la fiscal Virginia Bravo -cumpliendo indicaciones del gobierno provincial y municipal- y acusados por supuestos hechos sucedidos el lejano 16 de marzo de 2017, sin estar siquiera notificados de la causa en su contra.
Nuevamente familiares, amigos y compañeros se movilizaron el viernes hasta la Gobernación para pedir la absolución y anulación de las causas de los ex choferes detenidos, acompañados por organizaciones sociales, sindicales y políticas, con la participación de los partidos de izquierda nucleados en la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.
El pasado 29 de abril se logró la prisión domiciliaria y los ex trabajadores del transporte pudieron volver a sus casas y estar acompañados de sus familias y seres queridos.
La arbitrariedad de la causa -donde solo existe la declaración de la empresa inculpando a los trabajadores- armada a gusto de Osmar Corbelli (dueño de «El Expreso») y con la complicidad de la UTA, deja al descubierto la alianza entre la justicia, el Gobierno, la empresa y el sindicato para atacar el derecho de los trabajadores.
Como si esta situación de persecución no fuera demasiado, los 26 días que pasaron los choferes detenidos, fueron paseados de una dependencia a otra, fueron hostigados física y psicológicamente, y fueron aislados de sus familias. Llegando al colmo de que uno de los detenidos, Sebastián Mac Dougall, fuera papá en estas circunstancias y lo dejaran ver a su hijo solo unos minutos «acompañado» por 8 policías.
Trabajadores despedidos de Electrolux (Rosario) realizaron un almuerzo en la puerta de la fábrica para seguir visibilizando los despidos en el Día Internacional del Trabajador.
Al día siguiente la patronal realizó una denuncia y amenazó desalojar con la policía de la puerta de la fábrica a los trabajadores despedidos. Es un conflicto que involucra a 20 trabajadores.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personalidades y organizaciones de DD HH, exigieron mediante un comunicado que el conflicto no sea «resuelto» con el uso de la fuerza y la represión contra los trabajadores que fueron injustamente despedidos, como pretende la empresa.
«Apoyamos su pedido de reincorporación y rechazamos cualquier variante represiva, que sentaría un precedente nefasto para una situación que no podrá resolverse con violencia contra quienes ya sufren la pérdida de sus puestos de trabajo», concluye el comunicado.
Fuentes: www.sinmordaza.com, www.lacapital.com.ar, La Nación, Anred, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Página12, Clarín, marcha.org.ar, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, argentina.indymedia, APU, www.ate.org.ar, Infogremiales, Diario Popular, RedacciónEDA.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.