Los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso conformaron una comisión especial de concertación encargada de consensuar el texto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que será sometida a referéndum ciudadano. Diez congresistas (4 del MAS, 4 de Podemos, 3 de Unidad Nacional y 3 del MNR) trabajarán por tiempo y […]
Los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso conformaron una comisión especial de concertación encargada de consensuar el texto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que será sometida a referéndum ciudadano. Diez congresistas (4 del MAS, 4 de Podemos, 3 de Unidad Nacional y 3 del MNR) trabajarán por tiempo y materia desde este jueves, de manera ininterrumpida, incluidos los fines de semana. La misma comisión definirá el temario, los procedimientos y los límites de la negociación. El Ejecutivo evaluará el desempeño cada 48 horas, y este sábado fijará fecha de la próxima sesión de Congreso. El Presidente Evo Morales y los Prefectos opositores se enfrentaron en el primer tiempo de la negociación política entre el 18 de septiembre y el 5 de octubre en Cochabamba sin llegar a acuerdos oficiales. El martes, Morales y los presidentes del Senado Óscar Ortiz (Podemos) y de Diputados Edmundo Novillo (MAS) acordaron que los partidos políticos disputen en el Congreso el segundo tiempo del partido.
Se requiere compromiso y voluntad proactiva para articular la nueva CPE y las autonomías departamentales y avanzar en acuerdos y soluciones, sin imposiciones ni obstrucciones, declaró el presidente del Congreso Alvaro García Linera informó.
Novillo llamó a la racionalidad de las partes comprometidas en el diálogo para no exagerar, sobredimensionar ni dar cabida a los radicales de la oposición que dicen que el texto constitucional no sirve para nada y que hay que echarlo al basurero, y a los oficialismo que afirman que no se mueve ni una coma de la Constitución.
El presidente de la Cámara de Diputados cree necesario explicar en profundidad los alcances del texto como punto de partida, distinguiendo coincidencias y consensos, y luego concertar con amplitud y flexibilidad hasta encontrar un equilibrio, de manera que el proyecto de Constitución incluya a todas las fuerzas políticas en el Congreso.
La opinión dominante en el Ejecutivo y en los movimientos sociales es que el Congreso sólo puede modificar el capítulo de las autonomías y nada más. «Nuestra posición es que tiene que discutirse temas que hacen al fondo de la nueva Constitución como las garantías democráticas, los derechos y libertades ciudadanas y el sistema de justicia», recalcó el presidente del Senado Oscar Ortiz.
Novillo aclaró que el gobierno no se cierra frente a las observaciones de la oposición: «Yo quiero indicar claramente que en ningún momento el Gobierno se ha cerrado a las observaciones de la nueva Constitución, sino más bien se ha dicho que iniciemos la conversación para saber cuales son sus observaciones y si tienen fundamento real… Nosotros estamos flexibles y amplios a todo aquello que merezca racionalidad y que sea entendible (…) no nos cerramos a las observaciones».
La negociación enfrenta varios obstáculos. El senador Antonio Peredo (MAS) comentó que el Congreso no tiene atribuciones para modificar el proyecto de CPE, «incluso he escuchado una afirmación en sentido de que para que el Congreso tenga estas atribuciones había que hacer un Referéndum para que deleguen la potestad al Congreso».
El senador Carlos Borht (Podemos) ve un problema constitucional de procedimiento. En teoría, la única instancia autorizada a modificar el texto del proyecto aprobado en Oruro es la Asamblea Constituyente, la que enfrenta severas restricciones para reunirse, «no sé que cantidad de sus miembros están ya trabajando en otras funciones». Elegir nuevos constituyentes postergaría la resolución meses o años.
Según Borht, sólo resuelve el problema un acuerdo nacional en el seno del Congreso que incorpore nuevos textos al proyecto de Constitución. Hay otros aspectos que seguramente podrían modificarse, pero depende de las decisiones políticas. «Es posible hacer esto, no sería propiamente el referéndum dirimidor pero sí otro referéndum que legitimaría las modificaciones».
Varios legisladores coinciden en que el Congreso tiene la capacidad de lograr un acuerdo. El subjefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados Jorge Silva promete hacer votos para festejar la sanción del proyecto de Ley de convocatoria al Referéndum Dirimidor y Constituyente cuando llegue la marcha de los movimientos sociales a La Paz la próxima semana.
Dice Oscar Ortiz que el país necesita darse un tiempo para concertar una Constitución: «Creo que hay más de dos años de gobierno y podemos dedicar algunas semanas para concertar una Constitución de unidad y para hacer una auditoria al Padrón de tal manera fortalecer nuestra democracia, recuperando la confianza del ciudadano en su voto».
Avances
Los testigos y facilitadores nacionales e internacionales que participaron de las Mesas del Diálogo Nacional en Cochabamba manifestaron que los debates se desarrollaron en un «remarcable ambiente de tolerancia y pluralismo». En su criterio, el diálogo reforzó un clima de confianza y entendimiento entre los bolivianos que contrasta con el ambiente de tensión que prevalecía en el país antes del evento.
Más allá de sus diferencias, todos los participantes manifestaron su compromiso con la preservación de la unidad nacional, el fortalecimiento del estado de derecho y de la institucionalidad democrática, y el rechazo a la violencia.
«Reconocemos los avances que se han logrado en las dos Mesas Técnicas del Diálogo (IDH y Autonomía). Si bien no se ha concertado un documento de conclusiones finales entre todos los participantes, se han logrado valiosos acercamientos y acuerdos en estas difíciles temáticas. Esperamos que estos resultados no sean descartados y que sirvan como base para la resolución futura de estos problemas», dicen los observadores de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Unión Europea, Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas de Bolivia e Iglesia Católica en Bolivia.
Los observadores internacionales afirmaron que el hecho de no haber alcanzado un acuerdo en el primer tiempo de la negociación en ningún caso debe llevar al desaliento o a la apatía, pues el diálogo se mantiene abierto. Ciertamente no será fácil ni inmediato, pero la experiencia de estos días muestra que tampoco es imposible. La vía del diálogo y de la resolución pacífica de los conflictos es la única posible para resolver los problemas de Bolivia, dicen.
El comisionado de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) Juan Gabriel Valdés aseguró que «existen procesos de acercamiento mucho más grandes que lo que se pensaba en un inicio». «El diálogo no fracasó, al contrario». La UNASUR destacó la «generosidad» y «responsabilidad» del gobierno boliviano en sus conversaciones con cuatro prefectos opositores sobre las competencias autonómicas.
En términos generales, «el diálogo concluyó de manera positiva, beneficiando a que la paz y la calma retorne a la población, por lo que el gobierno queda satisfecho, ya que se logró culminar un trabajo técnico, en los dos puntos mas trascendentales, el IDH y el tema de autonomías», comentó el diputado Jorge Silva.
El senador Borht destaca que por primera vez queda claramente establecido que existirán tres niveles de autonomía completa y plena departamental, municipal e indígena, y una cuarta modalidad optativa de autonomía regional y/o provincial. Es un cambio sustancial que estas tres modalidades tengan potestad legislativa en sus materias.
El segundo avance sustancial, según Borht, es que ninguna autonomía, especialmente la autonomía indígena, implicaría una reconstitución territorial; es decir que nadie debía esperar reconstituir un hipotético territorio que hubiera existido antes de la llegada de los españoles.
El tercer aporte sustancial fue definir competencias de cada nivel autonómico. De manera concertada se definieron las competencias privativas y exclusivas del nivel nacional, la delimitación de competencias de las autonomías indígenas se avanzó en un 90%, y comienza el trabajo de las competencias departamentales y regionales.
«Tenemos todo un capitulo, una serie de 36 artículos reformulados casi todos ellos en su totalidad y con la posibilidad que sea aún mejorado al interior de este ente legislativo». Según Borht, inmediatamente de aprobada la nueva Constitución, en el oriente tendrían regímenes autonómicos cercanos a lo que pedían.
Si el Congreso incorpora los avances de Cochabamba al texto constitucional, los estatutos se viabilizarían grandemente y lo que no esté compatibilizado entre ambos textos, los estatutos en su momento se modificarían o serían sometidos a control de constitucionalidad, explicó el senador de Podemos.
Temas observados
Podemos tiene observaciones a nueve temas fundamentales de la Constitución, entre ellos conceptos de democracia pluralista, ciudadanía con derechos iguales en todo el territorio nacional, un solo Estado que respete a todas las culturas, un sistema que permita progresar económica y socialmente… «Unidad nacional, democracia, libertad, propiedad privada y autonomía», revindica la derecha.
En la derecha hay matices: El diputado ganadero Antonio Franco opina que la Constitución debería echarse a la basura; el senador Böhrt propone algunas modificaciones al proyecto oficialista; Jorge Quiroga defiende como principios la democracia, la libertad, las instituciones de la propiedad privada y la libertad de expresión.
Ortiz aclaró que nunca dijo que los 400 artículos del proyecto de CPE estén mal, pero aseguró que hay suficientes temas estructurales de esa Constitución que convertirían a la democracia en una fachada de un régimen de partido único que tendría todo el control del Congreso, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral.
El senador opositor señala que es fundamental que la Constitución no se cambie en cualquier momento. «No estamos de acuerdo con que a cuenta de control social se le de a organizaciones que se presentan como organizaciones sociales, pero en realidad forman parte del mismo partido de gobierno, una especie de supra poder que estaría por encima de autoridades electas por el voto popular».
Tuto Quiroga: «No podemos tener una República con milicias a nombre de sectores sociales que estén por encima de jueces, de parlamentarios y de ministros y que verifiquen si la prensa informa responsablemente y cuando no lo haga los linchen y apedreen los canales de televisión».
No se trata sólo de una gestión que intenta afectar el régimen agrario con la confiscación de tierras en Santa Cruz, y limitar la iniciativa privada buscando la supremacía del Estado en la economía, sino de utilizar la nueva Constitución para convertir a los sectores sociales en su mejor aliado y ocupar todos los poderes del Estado consolidando su proyecto de poder, critica la derecha en pleno.
La gran preocupación de los conservadores es que se privilegie la Nación por encima del individuo bajo el título de plurinacionalidad y comunitarismo, «sacrificando el modelo democrático», según el presidente del Colegio Nacional de Abogados Edwin Rojas.
El senador Carlos D’arlach (Podemos) opina que el proyecto de Constitución no es bueno para los bolivianos porque es «absolutamente discriminatorio, busca la consolidación del poder y la reelección del Presidente».
«Menciono solo un artículo para que vean lo discriminatorio que es: para ser funcionario público, una vez se aprueba esta nueva Constitución, hay que hablar dos idiomas oficiales y ¿cuáles son los idiomas oficiales? El castellano y 36 idiomas nativos. Un altísimo porcentaje de los bolivianos no hablamos dos idiomas oficiales, hablamos solo castellano. Con ese artículo se excluye también a los sectores urbanos, se elimina la inmunidad parlamentaria de suerte que cualquier parlamentario en el futuro que se oponga a los designios del MAS, va a ser acusado por los fiscales, le van a inventar cualquier cosa para levantarle su inmunidad y condenarlo, eliminarlo de la lista de opositores», afirma D’arlach.
Carlos Börth reflexionó a sus colegas que no es el momento de continuar con posiciones del pasado. «Ya no es momento para seguir líneas sólo porque se las tuvo hasta el día de hoy. El futuro del país está en juego y hay que tomar decisiones mirando hacia adelante y ya no atrás, el retrovisor ya no sirve».
Börth y otros disidentes de Podemos informaron que no están de acuerdo con la posición ideológica de la extrema derecha y que quieren viabilizar el acuerdo.
En Tarija, el líder cívico Nilson Valdez pidió serenar ánimos en la oposición y negociar con el gobierno: «Hay que ser lo suficientemente hidalgos y reconocer que hubo excesos y que nuestras medidas no lograron nada; el gobierno no cedió y la última opción es que el Congreso llegue a un acuerdo mínimo, tal vez no la totalidad pero de una parcialidad».