Evo Morales redobla el ataque a la derecha radical, pero también arremete contra la disidencia interna, mientras sus adversarios del centro-derecha comienzan a articularse contra la reelección. Los riesgos de nepotismo y la corrupción erosionan al MAS, que recurrirá al Presidente para frenarlos
La aprobación del presidente Evo Morales subió del 55 al 62 por ciento, casi igual que el tajante rechazo oficial a uno de los símbolos de los movimientos sociales, el campesino Román Loayza, convertido en marginado sobreviviente de la «humillada» Asamblea Constituyente, hoy abandonada.
El freno oficial a la tímida disidencia interna corre paralelo a los esfuerzos del entorno presidencial para contrarrestar no sólo una preocupante tendencia al ausentismo en el próximo referéndum (Encuestas Ipsos y Mori, Nov-2008)*, sino los votos blancos, nulos y en contra que, al parecer, podrían significar un rechazo abierto o disimulado a la propuesta del MAS por el «sí».
Entre otras agravantes que, aparte de las dificultades en la gestión de gobierno, muestran el natural desgaste del poder ejercido en casi tres años, Morales analiza también brotes de nepotismo y evidencias de corrupción.
Según trascendió en Gabinete, el mandatario «anunciará medidas» en los próximos días, sobre todo respecto de la corrupción en la estatal YPFB, denunciada por el mismo mandatario, y los casos de privilegios familiares detectados incluso entre algunos ministros, de acuerdo a versiones conocidas en medios diplomáticos.
La propuesta de nueva Constitución, que el gobierno capituló con sus adversarios del centro y la derecha, será sometida a referéndum el 25 de enero, y si es aprobada el Presidente podrá candidatear su reelección en el marco de las elecciones generales previstas para diciembre del 2009.
Pero a ocho semanas del referéndum, un lapso que incluye los dos largos «puentes» de Navidad-Año Nuevo-Reyes, además de la vacación colectiva de la burocracia estatal, el gobierno encabeza una todavía débil campaña por el «sí» -limitada a algunos afiches y mensajes audiovisuales que «socializan» las virtudes del texto-, confiando en reunir tanto los votos de su electorado aparentemente cautivo como los de sus ex detractores y ahora socios en el pacto con la derecha, que sin embargo apuestan por el «no».
En perspectiva debieran votar poco menos de cuatro millones de electores, de los casi 10 millones bolivianos. Observadores de los procesos electorales auguran un alto grado de ausentismo, que sin embargo podría reducirse, según la politóloga María Teresa Zegada, a medida que se acerque la fecha de la consulta.
Disidentes no
Contrariamente a algunos de sus ex colegas asambleístas que se han incorporado al Ejecutivo como ministros u otros altos cargos de la bucólica nomenclatura masista, Román Loayza parece haber sido alejado de Palacio, pero, preocupado por las concesiones a los terratenientes y lo intocable de sus privilegios, intentaba todavía algunos cambios al texto constitucional pactado hace seis semanas por el gobierno con la derecha.
«¿Qué opina de la decisión del MAS, de respetar las propiedades de los latifundistas de hoy?», pregunta, a tono con los cuestionamientos de Loayza, el portal de Erbol, la cadena informativa católica.
Pero el vocero gubernamental, Iván Canelas, insistió que los reclamos de Loayza -el mismo que el 2006 entró por horas en coma, tras caer en un foso de la Asamblea durante los virulentos debates con los radicales adversarios del gobierno- se realizan únicamente a «título personal» y no gozan del respaldo del MAS.
La posición oficial parece coherente con la aludida por la versión boliviana de «Le Monde Diplomatique», que en su última edición aborda las consecuencias del pacto con la derecha y afirma que la llamada «izquierda de la izquierda», no pudo resistir siquiera «los primeros embates de la previsible campaña militante y mediática del oficialismo para el cierre de filas en ‘defensa del proceso de cambio'».
Por el mismo rumbo, el ex constituyente Jorge Lazarte, un académico opositor al régimen, dijo recientemente que el gobierno demostró, «lo que quiere decir ‘mandar obedeciendo’, para imponer los cambios pactados con la derecha «sin consultar a sus propios constituyentes, varios de ellos cooptados por el poder», de manera que «la AC, después de haber sido exaltada, terminó humillada».
En todo caso, para los editores del componente boliviano de Le Monde Diplomatique, (que de paso fustigan «la revolución india y antioccidental que los indigenistas pachamámicos -muchos de ellos mestizos clasemedieros- imaginan»), el presidente Morales «actuó, en la negociación congresal, como lo que siempre fue: un político popular con fuertes dosis de realismo y reacio a proyectos de toma revolucionaria del poder».
¿Sálvese quien pueda?
El rechazo masista a la disidencia de izquierda coincide, al comenzar diciembre, con el contraataque a los principales líderes de la ultraderecha, dos de los cuales, el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y el presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, se encuentran presos; el primero desde hace siete semanas y el último desde el 27 pasado.
Junto a una veintena de sus presuntos secuaces, Fernández y Bayard están acusados, por separado, de la masacre de 18 personas, cerca de Cobija, en septiembre pasado; y de terrorismo, durante la escalada de violencia que recrudeció desde agosto, tras la ratificación del presidente Morales.
Sin embargo, la mira masista sigue al milímetro los pasos del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marincovic, y los del prefecto de este Departamento, Rubén Costas, expuestos a una eventual detención.
El Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, reiteró que Marinkovic tiene un proceso abierto del cual le aconsejó no huir a EEUU, y Costas está afectado por registros que probarían la forma en que comandó el asalto a las oficinas de la Policía, el día en que el jefe policial de este distrito fue golpeado por la turba.
Coincidencias: «es lo que hay»
Al margen de las acechanzas y de cara a los obstáculos para su reelección, el presidente Morales cree, pese al cambio de administración en la Casa Blanca, que la rearticulación de la derecha se realizará al influjo del gobierno de EE.UU.
Por lo pronto, el más empeñado en sacar una ventaja tempranera es el ex presidente Carlos Mesa, seguro de que el electorado le concederá una segunda oportunidad, no obstante las flaquezas de su gobierno transitorio (2003-2005). Menos acelerado, el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina no ha tenido respuestas claras a su propuesta de ensayar unas elecciones «primarias» para definir as candidaturas tanto al Ejecutivo como al nuevo Parlamento.
Otros dispuestos a lanzarse en la carrera por el poder nacional son el semi oculto ex presidente Tuto Quiroga y su fragmentado partido, Podemos, y el alcalde de Potosí René Joaquino junto a su aliado Filemón Escóbar (ex mentor del presidente Morales).
Una serie de nombres, entre los que se menciona al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, y los ex dirigentes campesinos Felipe Quispe y Alejo Véliz, además del ex presidente Rodríguez Veltzé conforman una lista que parecería actuar bajo la consigna de «todos contra Evo», sin que se tenga noticia de un candidato de la ultraderecha, ni siquiera para las próximas elecciones del Comité Cívico de santa Cruz.
Así, concluye Eduardo Paz Rada en «Patria Grande», el mayor resultado de los acuerdos con la derecha «es la prolongación de la gestión del Presidente hasta 2015».
En los hechos, se ha erigido, dicen los editores de Le Monde Diploma tique/Bolivia, una «nueva hegemonía nacional-popular, que quizás no es la soñada por todas las eclécticas bases del oficialismo. Pero es la que hay».
(Casi con la misma conclusión, pero refiriéndose a los excesos de la ultraderecha, Carlos Mesa escribió después de los disturbios de septiembre que esa «ya no es una oposición que represente la sensatez, el equilibrio y la búsqueda de respuestas posibles de futuro. Pero es lo que hay»)
Sumidos en la pugna por el ejercicio del poder, oficialistas y opositores -y sus medios allegados, cada uno por su lado- parecen haber olvidado deliberadamente uno de los objetivos centrales de las luchas sociales: el cuestionamiento real a los privilegios de los latifundistas, que a partir del pacto de octubre pasado ha quedado en ciernes.
En realidad, las vastas extensiones agrícolas, como las que detentan los ultristas cruceños y benianos, al estilo de Marinkovic con su «Laguna Corazón», «seguirán siendo latifundios y concentrarán poder económico y político en muy pocas manos», dice el ex ministro Migue Urioste,
«El simple hecho de que, desde que se apruebe la Nueva CPE en enero del 2009, todos los propietarios privados de tierras mayores a la pequeña propiedad tengan que ser manejadas como «empresas», es decir con libros contables, inventarios, flujos de caja, o que se tome como criterio exclusivo su rentabilidad financiera, no es argumento suficiente para convertir un latifundio de superficie ilimitada (50 mil, 80 mil o 100 mil hectáreas) en una empresa capaz de cumplir con la Función Económico Social y por ende compatible con el interés de la sociedad y del Estado».
* El respaldo a la gestión de gobierno muestra un salto al 59%, según Ipsos-Apoyo, Opinión y Mercado. Equipos Mori registra que los indecisos suman un 33 % en La Paz y un 29 % en Cochabamba.