La protesta comenzó con un bloqueo de caminos y de una vía férrea hace 5 días. Los movilizados exigen la ejecución de un proyecto de electrificación, la instalación de antenas de comunicación, la sede de la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE) en la localidad de Río Grande, y cobrar un impuesto por el consumo […]
La protesta comenzó con un bloqueo de caminos y de una vía férrea hace 5 días. Los movilizados exigen la ejecución de un proyecto de electrificación, la instalación de antenas de comunicación, la sede de la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE) en la localidad de Río Grande, y cobrar un impuesto por el consumo de agua a la empresa minera San Cristóbal.
Mina a cielo abierto de gran escala y uno de los yacimientos de zinc, plomo y plata más grandes del planeta, San Cristóbal se emplaza a unos 500 km al sur de la ciudad de La Paz y a 90 km al sudoeste de Uyuni. La dueña del negocio, la minera japonesa Sumimoto, una de las mayores productoras de plata del planeta.
De acuerdo con el ministro de Minería José Pimentel, Sumimoto, que sucedió en noviembre de 2008 a la estadounidense Apex Silver Mines en la explotación de San Cristóbal desde 1997, remueve al día 48.000 toneladas de material para lograr concentrados de plata, plomo y zinc y despacha 1.600 toneladas diarias de concentrados de plata, zinc y plomo por puertos de Chile a mercados de ultramar.
De acuerdo con cifras extraoficiales, Sumimoto ha obtenido ganancias por 1.000 millones de dólares año, 35 de los cuales percibió el erario público por concepto de impuestos.
El líder la protesta Mario Mamani exige compensaciones por el uso hasta ahora gratuito que la empresa hace de recursos hídricos para lixiviar la carga, y también por la contaminación de las reservas de agua de la región.
El viernes por la mañana, pobladores de la comarca Avaroa, en la frontera con Chile y en el departamento boliviano de Potosí, tomaron y quemaron las oficinas de la empresa minera San Cristóbal.
La noche del viernes al sábado mantenían el control de las instalaciones, los caminos de acceso a la zona y una crucial vía férrea. Según despachos de radio, destrozaron un motor de energía eléctrica y la mayor parte de las vidrieras de una caseta de control ferroviario, donde ha sido instalada una oficina de la Sumimoto, cerca del yacimiento de San Cristóbal.
Entrevistado por una radioemisora local, un vocero de la empresa nipona denunció que los comunarios «han intervenido la oficina, han entrado, han roto los vidrios, sacado equipos y están quemando documentación de control de carga».
«Convocamos a los pobladores involucrados en estos actos a replegarse y rápidamente acercar la convocatoria al dialogo que ha extendido el Prefecto del departamento de Potosí, para resolver los temas», dijo el viernes en la noche el Vicepresidente García Linera.
La autoridad aseguró que el Gobierno ha mostrado su voluntad para un acercamiento pero consideró que en ese problema «están en juego varios intereses locales y regionales».
El presidente del comité cívico de la región de Abaroa, en la provincia Nor Lípez de Potosí, y sector en conflicto, Mario Mamani, insistió que el problema no será solucionado si autoridades, tanto del Gobierno, la Prefectura y la empresa San Cristóbal no se presenten al lugar de conflicto.
Mamani insistió en que el problema no será solucionado si autoridades, tanto del Gobierno, la Prefectura y representantes de la Sumimoto, no se presentan en la zona de conflicto para formalizar una negociación.
El dirigente dio un plazo de 48 horas, de lo contrario, advirtió que se tomarán otras medidas extremas, como destruir el mineral que se encuentra en 80 contenedores. «Todo lo que pueda ocurrir de aquí en adelante no será responsabilidad nuestra», advirtió el dirigente.
Mamani aseguró que su sector permanecerá en el punto de bloqueo «hasta las últimas consecuencias y si tenemos que morir lo vamos a hacer», además de informar que otros sectores se están sumando a la medida.
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