Pese a que el actual Gobierno ha enarbolado una fuerte crítica a la política neoliberal, misma que se pone de manifiesto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en los hechos, es el propio Gobierno el que incumple los preceptos de este plan, pues lejos de devolverle la «dignidad» al trabajo de los obreros, contribuye […]
Pese a que el actual Gobierno ha enarbolado una fuerte crítica a la política neoliberal, misma que se pone de manifiesto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en los hechos, es el propio Gobierno el que incumple los preceptos de este plan, pues lejos de devolverle la «dignidad» al trabajo de los obreros, contribuye a la perpetuación de prácticas que permiten la obtención de grandes ganancias a las empresas privadas a costa de la superexplotación de la fuerza de trabajo.
Según el PND la reversión de esta situación se producirá en el largo plazo, cuando las condiciones estructurales de la economía, merced a la estructuración de una nueva matriz productiva, hayan cambiado. Empero, señala que en el corto plazo se encararán medidas destinadas a crear fuentes de trabajo y a mejorar la calidad de las mismas. Para ello, propone una serie de medidas «anticíclicas» como la subvención para la reconversión laboral, el otorgamiento de capital semilla y el empleo de emergencia.
Una de estas medidas tiene que ver con el relanzamiento de programas de empleo como el Plan Nacional de Emergencia (Plane), el Programa Intensivo de Empelo en El Alto (Pie) y el Programa de Lucha Contra la Pobreza y Apoyo a la Inversión Solidaria (Propaís).
En el caso del Propaís, programa creado durante el gobierno de Carlos Mesa como parte de la Red de Protección Social, su objetivo fue orientado «a la construcción de proyectos de infraestructura vecinal, comunal y de equipamiento, a través de entidades gubernamentales y no gubernamentales»1.
CON EL PROPAÍS PERSISTE EL DESEMPLEO
Si bien el PND responsabiliza a la política neoliberal y a la falta de inversión privada por el incremento de la desocupación, la puesta en marcha del Propaís no ha solucionado el problema del desempleo debido a que su impacto durante el 2006 fue reducido y se orientó a la absorción de fuerza de trabajo sub-ocupada2 o inactiva3.
En efecto, si se toma en cuenta que el desempleo es un fenómeno fundamentalmente urbano, la creación en el año 2006 de aproximadamente 23 mil puestos de trabajo en las ciudades habría absorbido sólo a un 8,8% de la población desocupada urbana (305 mil personas4) y los nuevos 58 mil puestos en el área rural habrían asimilado a más del 240% de los desocupados del campo (24 mil personas5).
Esta situación, aparentemente insólita, se debe a que en el área rural la tasa de desempleo abierto es, normalmente, muy baja (1.2% de la PEA rural), a diferencia de la desocupación urbana (11,3% de la PEA), por lo que los proyectos impulsados por el Propaís habrían utilizado fuerza de trabajo que ya estaba empleada en otras labores o que no estaba demandando trabajo activamente.
En términos de generación de empleo, el Propaís durante el año pasado habría generado algo más de 81 mil puestos de trabajo, de los cuales el 71% se ubicaba en el área rural y 29% en el área urbana. Además de ello, el 65% de ellos favoreció a los departamentos del eje central: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. .
El 2006 SE CREARON PUESTOS DE TRABAJO MÁS CAROS
Si se compara este resultado con los de años anteriores en que estuvo vigente el Propaís, resulta que se crearon menos puestos de trabajo que el 2004 y más que el 2005: 91 mil el primer año y cerca de 70 mil el segundo.
Sin embargo, el costo que asumió el Estado para crear este número de empleos fue, comparativamente, más alto que en las gestiones pasadas; mientras que cada puesto de trabajo insumió 103 dólares el 2004 y 111 dólares el 2005, para el 2006 la creación de cada puesto de trabajo significó 188 dólares de inversión.
Dentro de estos costos, se conoce por información extraoficial que sólo un 30% de la inversión está destinada al pago de salarios para los obreros, alrededor del 10% constituye la ganancia del contratista y 60% el costo de materiales.
SUBCONTRATACIÓN Y TERCIARIZACIÓN
De lo anterior se puede colegir que los proyectos tuvieron una limitada capacidad de generación de empleos por unidad monetaria de inversión. Contrariamente, debido a la forma en que se ha definido su administración, muchos recursos del programa han sido y son destinados al pago de comisiones y servicios de entidades privadas, bajo diversos conceptos. Según información del Fondo Productivo y Social (FPS) existían hasta junio del presente año: una entidad gerenciadora, dos mayoristas, seis evaluadores y seis supervisores que prestaban servicios remunerados en el marco del Propaís.
Si bien el PND señala que el contexto neoliberal se caracterizó por la ausencia de estabilidad laboral, bajos salarios e incumplimiento de la legislación laboral -asociada a la presencia mayoritaria de pequeñas y microempresas «informales»- con la continuidad de programas de empleo como el Propaís y bajo los supuestos de eficiencia empresarial de las concepciones neoliberales, la política oficial acaba privilegiando la terciarización o subcontratación en la ejecución de obras, de modo que los trabajadores no dependan directamente del Estado sino de un contratista privado, generalmente un pequeño empresario individual o un «maestro» constructor de la misma localidad donde se ejecuta la obra. Así, las condiciones de trabajo que prevalecen en los proyectos dependen de la negociación privada entre los contratistas y los trabajadores y se atienen estrictamente a las restricciones presupuestarias definidas por el programa.
Más aún, los contratos de obra que los contratistas suscriben con los mayoristas6 estipulan que los temas referidos a las cuestiones laborales están excluidos de las posibles controversias que se pudiesen atender por estar sometidas a normas legales diferentes a las que rigen para estos contratos de naturaleza civil.
Empero, existen algunas normas que, se supone, deberían brindar cierta protección a la fuerza de trabajo pero que no son sino la reiteración de normas legales genéricas. Por un lado, está la obligación de la Dirección Única de Fondo (DUF) de verificar el respeto del salario mínimo nacional como remuneración mínima vigente en los diferentes contratos; por otro, se establece que los mayoristas provean a los trabajadores de cada proyecto de un seguro de vida y contra accidentes de trabajo.
EMPEORAN LAS CONDICIONES LABORALES
Según el PND algunos de los resultados de la aplicación de políticas neoliberales en el campo laboral durante las últimas dos décadas, se traducen en la precarización creciente de las condiciones laborales. Esto, debido a la incapacidad de la inversión privada para generar suficientes fuentes de trabajo y en buenas condiciones que absorban la oferta anual de fuerza de trabajo.
Con el actual Gobierno esto no ha cambiado porque son las propias normas establecidas para la aprobación de estos proyectos, las que determinan la precariedad de las condiciones laborales. Al tratarse de pequeñas obras de construcción, su duración no puede prolongarse más allá de los tres meses y las condiciones técnicas requieren de un tipo de trabajador poco calificado.
En la práctica se ha verificado una elevada precarización de las condiciones laborales. En primer lugar, está ausente la elaboración de contratos escritos de trabajo entre obreros y contratistas, agudizando la vulnerabilidad de los trabajadores. En segundo lugar, al burlarse el carácter laboral de las relaciones entre trabajadores y contratistas, y considerarlas como relaciones de naturaleza civil, los obreros de los proyectos no gozan de ningún beneficio social, establecido por la legislación laboral vigente en el país. Tercero, la duración del empleo es extremadamente corta: 90 días. Cuarto, los salarios mensuales de los trabajadores oscilarían entre 600 y 840 bolivianos para los obreros y entre 960 y 1.200 bolivianos para los maestros7.
RATIFICACIÓN DE LA POLÍTICA NEOLIBERAL
El Propaís bajo la gestión del actual Gobierno no ha sufrido cambios sustanciales y recién en los meses de junio (DS 29152) y agosto (DS 29246) del presente año, se ha dispuesto la transferencia de las responsabilidades de ejecución de la DUF al FPS, la conclusión del con-trato de gerenciamiento con la Cooperación Técnica Belga (CTB), y su inclusión en la Red de Programas de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario – RPS-DIC; medidas que no modifican las principales características del programa.
Se puede concluir, por tanto, que la asunción por parte del Gobierno de los programas concebidos por anteriores gobiernos neoliberales, está ratificando su orientación reformista, pues se adecua de manera complaciente a las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo que el capitalismo en su etapa neoliberal ha impuesto.
NOTAS
1. D.S. 27331 de enero de 2004.
2. Personas ocupadas, pero sometidas a condiciones laborales irregulares y precarias: bajos salarios, jornadas extendidas, etc.
3. Según las concepciones convencionales, son personas que no participan del mercado de trabajo: jubilados, estudiantes, amas de casa y otros grupos. .
4. Estimación de Cedla para el 2006.
5. Dato estimado por Udape para el 2006. .
6. Según información del sitio web del FPS, estas entidades son las micro-financieras Idepro y Aned, que ya prestaban los mismos servicios al Plane.
7. Para el cálculo se toman en cuenta testimonios de trabajadores de dos municipios rurales de La Paz, según los cuales los jornales diarios variarían de 25 bolivianos a 35 bolivianos en el caso de los obreros y de 40 a 50 bolivianos en el caso de los maestros y se trabajarían seís días a la semana. .