En el 2011, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciaron la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM), compuesto por dos termoeléctricas, un acueducto de 12 km, un ducto para transportar el gas natural, a través de Pemex, de 150 km y un acueducto de 20 km, con una inversión cercana a los 1 600 millones de dólares. El proyecto atraviesa por más de 60 comunidades y el trazo se ubica en un área de alto riesgo, en las faldas del volcán Popocatépetl.
La construcción fue iniciada en el año 2012, a finales el gobierno de Calderón y principios del de Peña Nieto. Actualmente está construido el 90% del proyecto, pero la organización de los pueblos afectados reunidos en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en un conflicto de 10 años, han logrado frenar la operación a través de la pelea jurídica (con 17 amparos, de los cuales 15 se mantienen activos) y la organización social que se opone al despojo de la tierra y del agua del río Cuautla que se encuentra en territorio ejidal, es decir, en el régimen de propiedad social, que cuenta con personalidad jurídica y reconocimiento nacional e internacional de la autodeterminación de los pueblos.
En mayo del 2014, cuando el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) era candidato, en el municipio de Yecapixtla, Morelos, se manifestó en contra de “ese gasoducto, esa termoeléctrica […] nada más van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas”, pero, el 10 de septiembre de 2020, en la conferencia matutina, señaló que “están próximos a reiniciarse los trabajos de la termoeléctrica en Morelos”.
En dicho conflicto, graves violaciones a los derechos humanos por comisión y aquiescencia del Estado han ocurrido, como la criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias, presos políticos y la más grave: el asesinato de Samir Flores en el año 2019, a tres días de que arrancara la consulta ciudadana en los tres estados, consulta que se acusa de ilegal al no estar reglamentada. Surgen muchas preguntas al respecto del PIM: ¿por qué AMLO cambió de opinión? ¿Qué intereses hay detrás del PIM? ¿Quiénes son los beneficiarios?
AMLO sostiene que el PIM debe de operar para resolver la generación de energía eléctrica para la zona, y para que no se pierdan 25 mil millones de pesos invertidos en la termoeléctrica. El gobierno federal ha señalado que está obligado a pagar ocho mil millones de dólares al mes por concepto de operación del PIM a las empresas concesionarias. Y ¿cuáles son estas empresas que siguen cobrando a costa del pueblo mexicano cantidades exorbitantes de dinero?
Son las españolas Elecnor y Enagas, concesionarias del gasoducto. La primera es una empresa global en el sector energético que inició operaciones en México en 1999. Fue acusada de sobornos en Venezuela para obtener contratos en el 2007 y los contratos en México le han dejado una ganancia de 1 003 millones de dólares. La segunda es también una trasnacional española ligada al sector de infraestructura para el gas natural, en 2017 estuvo involucrada al escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht en el Perú y acusada de soborno.
Ambas tienen un largo historial de irregularidades financieras, favoritismo y fueron acusadas de atentar contra los derechos de los pueblos originarios de México. Por otra parte, tenemos a la también española Abengoa, especializada en infraestructura de energía renovable, que inició a operar en el país en 1981, es concesionaria de la Central de Ciclo Combinado del PIM y es la responsable, bajo licitación, del diseño, ingeniería, construcción y operación de la central, terminada en el 2017. Desde 2016 inició la caída de la empresa y en 2018 fue acusada por sus acreedores que denunciaban la deuda que tiene y se rehúsa a pagar.
Estas son al menos tres de las empresas involucradas en el Proyecto Integral Morelos y el verdadero interés escondido de éstas es la ganancia. Recalcamos también que el esquema de inversión para el gasoducto es a través del financiamiento conocido como Pidiregas (Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público, financiado por el sector privado o social), que quiere decir de inversión pública y privada, que faculta a las empresas para la concesión durante años después de que empieza a operar el proyecto, lo cual permite que las empresas se hagan cada vez más ricas en territorio mexicano, es decir, que con recursos públicos se sirve a intereses privados.
Los megaproyectos en México se ejecutan en territorios de régimen de propiedad social: el 54.1% del país se encuentra en manos de ejidos y comunidades agrarias, así que son indígenas y campesinos quienes se enfrentan a la voracidad del imperialismo encarnado en la burguesía transnacional. Por eso es que exigimos, en el punto 3 de nuestro Programa Mínimo de Lucha, la recuperación de la soberanía nacional y el control por parte del gobierno de nuestros recursos naturales para el beneficio del pueblo, para que la oligarquía financiera devuelva lo robado de forma legal o ilegal al pueblo.
Hacemos un llamado a la clase campesina para que nos vinculemos con los trabajadores de la ciudad para luchar por la transformación radical de la sociedad.
¡Contra el despojo, la explotación y la represión; resistencia, organización y lucha por el socialismo!
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección Debate del No. 58 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), octubre, 2020.