El alcance político de las revelaciones de Edward Snowden gira alrededor de la obligación del estado para transparentar sus acciones y del derecho del ciudadano a su vida privada. El sistema de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA en inglés) fue denunciado precisamente por intervenir todo tipo de comunicaciones privadas mientras que se […]
El alcance político de las revelaciones de Edward Snowden gira alrededor de la obligación del estado para transparentar sus acciones y del derecho del ciudadano a su vida privada. El sistema de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA en inglés) fue denunciado precisamente por intervenir todo tipo de comunicaciones privadas mientras que se mantiene en las cárceles clandestinas a decenas de personas sin acusaciones formales y ajenas al escrutinio público.
En un momento en el que se discuten las características de una nueva Ley de Transparencia y la Ley General para la protección de Datos Personales en nuestro país habrá que tener muy presente las tendencias de los estados nacionales a espiar a sus gobernados y a ocultar lo mejor que puedan buena parte de sus actividades. La seguridad nacional como elemento central para justificar la opacidad del poder político y económico y, al mismo tiempo, permitirles que exijan al ciudadano transparencia absoluta debe reformularse. De no hacerlo será muy difícil garantizar el disfrute de los derechos fundamentales. Los límites tienen que estar contemplados en las leyes mencionadas y antes habrá que incluirlos como puntos de discusión en foros y coloquios.
Si bien es cierto que el estado liberal como construcción histórica surge en un ambiente impregnado por la defensa de los derechos, no es menos cierto que en la actualidad las tendencias apuntan a debilitarlos para fortalecer la recuperación del modelo económico. El contexto mundial, al reconfigurarse en términos económicos, ha provocado gran incertidumbre entre los estados nacionales, lo que ha provocado intensas protestas por parte de la sociedad así como conflictos entre sus élites. En su afán por mantener el modelo económico, los gobiernos han echado mano del espionaje interno, procurando ganar control en el ciberespacio y limitando su uso a los ciudadanos.
Pero además, crece exponencialmente la tendencia a clasificar información pública alentada por la necesidad de ocultarle al ciudadano datos que pueden impulsar las protestas o que simplemente son considerados estratégicos para la seguridad del estado, o que -como se ha venido argumentando recientemente- violan la privacidad de altos funcionarios. La protección de los datos personales se ha convertido en un arma de doble filo que por un lado protege a los fuertes y deja en el desamparo a los débiles. La mayoría de los últimos están sujetos, por ejemplo, a que la información que proporcionan a las instituciones privadas y públicas sea vendida al mejor postor y que no tengan elementos legales para evitarlo o sancionar a los que lucran con ella. Dicho de otro modo, los datos personales son una oportunidad de lucro para las empresas y de control político por parte de los gobiernos, ni más ni menos.
Legislar sin tener en cuenta el contexto y las tendencias negativas relacionadas con la transparencia y la protección de la privacidad sólo las fortalecerá. La sociedad requiere un debate de altura que ponga en la balanza a la seguridad nacional y a los derechos humanos. Sin pretender negar la necesidad de prevenir agresiones a la paz pública es indispensable poner en primer lugar a los derechos, partir de ellos para ponerlos en su justa relación. Una sociedad vigilada y un estado opaco son una gran amenaza para la seguridad nacional, entendida ésta como la destinada a garantizar condiciones de vida digna a la población. La seguridad nacional no puede ser entendida en términos de la capacidad del estado para defenderse de sus ciudadanos, para ocultarle, en aras de la protección de la nación, que existe un sistema que lo vigila violando sistemáticamente su derecho a la privacidad.
La seguridad nacional después de la Segunda Guerra mundial estuvo enmarcada en el conflicto entre la desaparecida Unión Soviética y los EE. UU. y tuvo como eje la protección del enemigo externo. Hoy por hoy, finiquitada la primera Guerra Fría, la seguridad nacional en México ha desplazado su foco hacia los conflictos internos que puedan amenazar a las instituciones democráticas, de acuerdo con la renovación del concepto que efectuó el desaparecido Adolfo Aguilar Zínzer cuando fue asesor de seguridad nacional de Vicente Fox. Resulta contradictorio que teniendo como valor republicano fundamental a la democracia se violen los derechos que le dan vida.
El conflicto no es menor ya que de acuerdo con Samuel Huntington, el «… poder se mantiene fuerte cuando permanece en la sombra; expuesto a la luz, comienza a evaporarse. » Así las cosas, no será el estado quien el actor principal que promueva la el derecho a la información y el respeto a la privacidad sino la sociedad en su conjunto, quien además está obligada a defender su derecho a la privacidad para enfrentar ésa batalla que viene, una vez que se consume la privatización de nuestros recursos naturales. Y dadas las circunstancias no será una batalla menor.
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