La líder de Tupac Amaru, detenida hace más de un año, denunció al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al secretario de DDHH, Leandro Despouy, por un intercambio de correos electrónicos en el que habrían acordado los argumentos para justificar su prisión preventiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El juez Julián Ercolini se […]
La líder de Tupac Amaru, detenida hace más de un año, denunció al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al secretario de DDHH, Leandro Despouy, por un intercambio de correos electrónicos en el que habrían acordado los argumentos para justificar su prisión preventiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El juez Julián Ercolini se declaró incompetente.
Sala, denunció al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y al secretario de Derechos Humanos de la Cancillería, Leandro Despouy; entre otros, por un supuesto intercambio de correos electrónicos en el que habrían acordado los argumentos para justificar su prisión preventiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La denuncia fue presentada ante la justicia federal porteña y recayó en el juzgado de Julián Ercolini quien se declaró incompetente y tenía previsto enviar la demanda a la justicia de Jujuy, según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.
En la denuncia presentada por la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, se aludió a supuestos intercambios de correos electrónicos entre todos los señalados para «coordinar» una presentación ante la CIDH y «justificar la prisión preventiva» dictada a la dirigente jujeña.
Con respecto a la denuncia de Milagro Sala contra el Morales y Despouy, por delinear una estrategia para legitimar su detención ante la visita de la CIDH, el Gobernador respondió a Télam que todavía no recibió ninguna notificación de la demanda.
En tanto, Despouy dijo que niega «terminantemente haber participado en actividades tendientes a interferir en la visita que próximamente realizara la CIDH en la Argentina». «También niego haber mantenido reuniones a ese efecto con funcionarios de Jujuy, o con testigos vinculados a la causa», añadió.
Además, el secretario de Derechos Humanos de la Cancillería justificó: «cuando he sido requerido por mis funciones en la Cancillería, en vistas a llevar adelante entrevistas con la CIDH, en todos los casos he señalado que dichas gestiones deben ser realizadas directamente ante la CIDH, que cuenta con un sistema de procedimientos propios para recibir testimonios tanto de las víctimas y como de las Organizaciones de la Sociedad Civil».
Despouy señalo además «que la CIDH cuenta con una vasta experiencia en la visita a países que la pone a resguardo de cualquier tipo de interferencias, tanto de autoridades nacionales como provinciales, querellantes, fiscales o defensores, y debemos tener la garantía de que en su visita decidirá, como siempre, su propia agenda de actividades como así también las personas y entidades a las que deberá recibir».
La denuncia de la abogada de Sala alcanza a Morales, Despouy, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara De Langhe de Falcone;el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda y el apoderado del gobernador, Federico Wagner.