Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez
Ha sido difícil recabar información fiable sobre el Acuerdo Comercial contra la Piratería (ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement), pero el pasado lunes 11 de enero Google auspició una mesa redonda sobre el ACTA en sus oficinas de Washington D.C.. Gran parte de la discusión versó sobre la transparencia y sobre los motivos de que haya tan poca en el ACTA, aun viniendo de una administración que la ha convertido en uno de sus objetivos esenciales.
La razón era evidente: se sabe muy poco del contenido del acuerdo, y tanto los abogados asistentes como los ponentes que tenían conocimiento de una pequeña parte del mismo estaban sometidos a un contrato de confidencialidad.
En la mayoría de los contextos, la ausencia de cualquier tipo de información solvente desembocaría en una discusión de una generalidad e irrelevancia entumecedoras; en buena medida porque, en la mesa redonda, uno de quienes trataba de hacer valer sus argumentos era también uno de los integrantes más influyentes de un grupo de presión del ámbito de la propiedad intelectual.
Steven Metalitz representa a clientes como la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, Motion Pictures Association of America) o la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, Recording Industry Association of America), y hace bastante bien su trabajo. Si en Washington D.C. se discute algún asunto relacionado con la propiedad intelectual, está metido en ello. Durante el pasado año ha utilizado su cargo para defender que los consumidores no deberían tener capacidad para eliminar la gestión de derechos digitales (DRM, Digital Rights Management) derivados de obras musicales o piezas de video; ni siquiera en el caso de que una tienda de Internet registre sus servidores de autentificación.
También se ha mostrado contrario a la posición de la administración Obama en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), donde se opone a la firma de un acuerdo sobre exenciones para los ciegos. El motivo es este: la legislación internacional sobre propiedad intelectual solo debería imponer garantías y obligaciones sobre propiedad intelectual a titulares individuales, pero nunca se debe hacer más que «consentir» las exenciones a la propiedad intelectual.
Metalitz se enfrentó a otros tres ponentes y un moderador, ninguno de los cuales simpatizaba demasiado con sus puntos de vista, y realizó la defensa más extensa que hemos escuchado tanto del ACTA como del secreto que lo rodea. También resultó asombrosamente poco convincente.
Analizar lo desconocido
Actualmente hay 40 países discutiendo el ACTA al margen de cualquier proceso internacional en curso, como los desarrollados por la OMPI o la OMC. Ningún gobierno va a dar a conocer borradores del texto del acuerdo, aunque parece probable que se presente alguno a la opinión pública una vez concluidas las negociaciones (cuando ya sea demasiado tarde para realizar cambios sustanciales).
Lejos de tener encomendado ocuparse de la «piratería», el ACTA se ocupa de multitud de asuntos, entre los que se encuentra la utilización en Internet no autorizada de obras sujetas a derechos de propiedad intelectual. Metalitz afirmó que eso era fundamental, puesto que en Estados Unidos uno de cada diez puestos de trabajo depende de la protección de los derechos de propiedad intelectual.
Un asesor legal de la congresista Zoe Lofgren (Demócrata, elegida por California) replicó que esas mismas estadísticas demuestran exactamente igual la cantidad de empresas que dependen de su utilización honesta, de las excepciones a la propiedad intelectual, de las salvaguardas de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA, Digital Millenium Copyright Act) y de las garantías de la Communications Decency Act estadounidense [Ley de Moralidad de las Comunicaciones]. El ACTA «no puede limitarse a imponer las obligaciones máximas», dijo.
Pero como es difícil argumentar con detalle cuando se trata del ACTA, la conversación viró hacia la pregunta de por qué no se puede conocer el texto. Jamie Love, de Knowledge Ecology International, un grupo que ha tenido acceso a gran parte de las filtraciones de documentos del ACTA, señaló que los 40 países implicados pueden leer el texto, «todos los grupos de presión de K Street(1) que tengan el número de teléfono de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, United States Trade Representative) pueden acceder al contenido de la propuesta, y cualquiera de los mil integrantes de los consejos asesores [de la USTR] que obtengan autorización para hacerlo puede solicitar el acceso a los documentos»; pero los votantes, no.
Si el futuro global de nuestra economía depende de la protección de las industrias de la creación, ¿por qué se está forjando un acuerdo intelectual «como si fuera un secreto vergonzoso»?
Metalitz dijo que, hasta el momento, el ACTA ha sido mucho más transparente que otras muchas rondas de negociación comercial, pero Love señaló que la mayoría de los tratados internacionales sobre este tipo de cuestiones (el acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, o los de la OMPI) se han alcanzado con mucho menos oscurantismo. Y, ante las presiones de que no se oculten los hechos, a lo largo de la última década tanto la OMPI como la OMC han permitido que las organizaciones no lucrativas de la sociedad civil tengan acceso a los debates y negociaciones; y, de repente, los acuerdos emanados de esos organismos acabaron siendo más favorables al consumidor. La OMPI también cuelga en Internet borradores, documentos de trabajo y propuestas.
Los acuerdos de libre comercio anteriores se han gestionado de modo similar.
«A Steve le avergüenza desvelar el contenido de la negociación; de lo contrario, apoyaría más la transparencia», afirmó Love sin que nadie pusiera freno a su retórica. Mantener las negociaciones en secreto es la manera de que «usted reciba unos emolumentos tan cuantiosos como miembro de un grupo de presión», ya que solo los «enterados» tienen acceso al conjunto del proceso.
Discusiones francas
Metalitz nunca ofreció una argumentación contundente sobre por qué había que aceptar que la negociación de semejante acuerdo sea secreta, cuando hay tanta población que quiere participar abiertamente. Cuando se le insistió al respecto, contestó con evasivas y criticó a quienes se oponían a la defensa de la propiedad intelectual.
Pero también hizo la noble aclaración de que no es el único que participa en la negociación. El Representante Comercial de Estados Unidos que gestiona el ACTA es el responsable último. Aunque este ha prometido transparencia una y otra vez, todavía no ha hecho acto de presencia. Pasando revista a los pocos documentos de que disponemos, Michael Geist, profesor canadiense de Derecho, cree que Estados Unidos es uno de los obstáculos principales para esa transparencia.
Hasta la MPAA, uno de los clientes más importantes de Metalitz, ha solicitado públicamente transparencia al ACTA para erradicar las «interferencias» que han acabado por distraer del fondo de la cuestión. Esa transparencia requeriría la conformidad de todos los gobiernos implicados en las negociaciones. Como ha señalado el director de la USTR, si las conversaciones del ACTA no fueran secretas, podrían fracasar estrepitosamente, y está claro que lo cierto es que hay muchos gobiernos que no quieren que su población conozca las propuestas que se hacen y pueda intervenir en el resultado.
No debe extrañarnos, como es natural, porque ya existen organismos internacionales como la OMPI o la OMC para abordar este tipo de cuestiones. Pero esos organismos serían más transparentes que el proceso desarrollado por el ACTA, y obligarían a países como Estados Unidos, Canadá y Japón o a la Unión Europea a implicar a más naciones. En cambio, es mucho más fácil crear una «coalición de obedientes».
La USTR ha afirmado que necesita privacidad para poder disponer de «un intercambio franco de puntos de vista», aunque la OMPI ha conseguido elaborar legislación de primera magnitud sobre propiedad intelectual sin un secreto tan absoluto. Nadie sostiene que todos los instantes de las sesiones de negociación tengan que difundirse a través de YouTube, ni que no haya jamás un lugar en el que se puedan intercambiar puntos de vista sin que se grabe; pero, en las últimas semanas, representantes de ambas cámaras estadounidenses como Mike Doyle (Demócrata, por Pensilvania), Sherrod Brown (Demócrata, por Ohio), Bernie Sanders (Independiente, por Vermont) o Ron Wyden (Demócrata, por Oregon) han arremetido contra la USTR por no adoptar una serie de medidas elementales, como dar a conocer los borradores a la opinión pública.
Varios ponentes coincidieron en que estaría bien, porque la población no apoyará lo que se está haciendo en su nombre; pero todos, incluido Metalitz, creen que el asunto de la transparencia ejercerá en última instancia presión real sobre la USTR para que lo haga más público. Sin embargo, sigue siendo un misterio si llegará a suceder.
Notas
(1) Avenida de Washington D.C. en la que se concentran las oficinas de los gabinetes de especialistas y grupos de presión que tratan de ejercer influencia política. (N. del T.)