La multipublicitada renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte emerge en la coyuntura como una tragicomedia sobre la imposición y la entrega impregnada de suspenso y un final incierto. Las conversaciones Canadá, Estados Unidos y México tienen dos características básicas: serán posicionales y asimétricas. Posicional, porque el presidente de EU, Donald Trump, […]
La multipublicitada renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte emerge en la coyuntura como una tragicomedia sobre la imposición y la entrega impregnada de suspenso y un final incierto.
Las conversaciones Canadá, Estados Unidos y México tienen dos características básicas: serán posicionales y asimétricas. Posicional, porque el presidente de EU, Donald Trump, puso a México como adversario a derrotar y a quien demandará concesiones sin querer ceder nada en sus posiciones. Canadá se cuece aparte. Y asimétrica, porque las economías que participan en la renegociación tienen distintos tamaños que juegan al momento de determinar qué entra o no al debate.
Adicionalmente, y lo que genera aún mayor complejidad, es que la renegociación del tratado tiene un alto contenido político y mediático, factor, este último, que dadas las características personales de Trump, presentará contradictorios picos de exacerbación y tirantez. En su inmensa mayoría, los expertos y comentaristas mexicanos ven las conversaciones sobre el TLCAN como un problema técnico-económico; Trump las ve como un asunto político.
En ese contexto, al margen de las formas de la diplomacia y fiel a su estilo bravucón y pendenciero, desde su campaña electoral, con la bandera «Estados Unidos primero», Trump fijó e impuso su agenda a los gobiernos de Canadá y México, bajo el falaz argumento de que se renegociaba el «peor tratado» suscrito por EU en su historia o Washington se salía del mismo. Ya desde la Oficina Oval, por capricho u obligado por su promesa electoral, pero como un negociador posicional nato, en una decisión autoritaria el jefe de la Casa Blanca elevó a sus contrapartes un pliego petitorio con un catálogo de «ganar-ganar» en función de los intereses de las corporaciones de su país. En virtud de la asimetría entre las partes, Trump quiere todo para EU y sus empresas, y para sus «socios» prácticamente nada, una lógica suma-cero.
En el caso mexicano, bajo presión y a la defensiva, sin estrategia ni alternativa propias, un pusilánime Enrique Peña Nieto respondió atándose a la mesa de negociaciones, aceptando acabar cuanto antes (febrero o marzo de 2018) el proceso de «modernización» o «actualización» de un acuerdo que, de concluir, derivará sin duda en una mayor dependencia y pérdida de soberanía nacional del eslabón más débil de esa «sociedad de amigos» conformada hace 23 años en Norteamérica, concebido como un espacio geopolítico bajo el paraguas militar del Pentágono y el control económico-financiero de los corporativos transnacionales e instituciones bancarias con casa matriz en EU.
Para peor, debido a que los negociadores acordaron un «pacto de confidencialidad» sobre los temas a discutir, la parte más sustantiva y geoestratégica de la trama permanecerá oculta o en suspenso durante cuatro años. La otra, de carácter diversionista y con base en exabruptos, estridencias y una retórica de odio propagandística patriotera, emergerá cada vez que Trump necesite inflamar los ánimos de sus seguidores con fines político-partidistas de cara a su reelección presidencial.
La colisión automotriz
Después de meses de explosiones verbales y bravatas del presidente Trump, y de un febril cabildeo por parte de corporaciones industriales de EU para salvar el pacto que sirve de base a cómo se hacen las negociaciones en más de un cuarto de la economía global, el 16 de agosto inició en Washington la primera ronda de conversaciones trilaterales.
Los propósitos de la administración Trump de modificar el tratado no han cambiado. Sus negociadores no sólo tratarán de establecer su propia regla de origen en la industria automotriz, sino que insistirán en la homologación de salarios, temas en que su contraparte mexicana ha adoptado una posición supuestamente inamovible. Otro asunto que desde un comienzo generó ruido y el rechazo canadiense, es el relativo al capítulo XIX sobre solución de controversias.
De entrada, el representante de Comercio de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, alabó la agenda económica proteccionista de Trump. Fue directo al advertir que el TLCAN «ha fallado a muchos estadunidenses y necesita mejoras importantes, no sólo un simple retoque o la actualización de un par de capítulos», como proponen Canadá y México. Dijo que el tratado ha generado a su país un enorme déficit comercial, el cierre de empresas y la pérdida de 700 mil empleos.
Trump en persona ha cuestionado el déficit de la balanza comercial de EU con México, que desde la firma del TLCAN en 1994 pasó de un excedente de mil 300 millones de dólares a un déficit anual de 64 mil millones, y ha criticado la pérdida de empleos de calidad por el cierre de fábricas que se instalaron en México para aprovechar la mano de obra barata. La industria automotriz representa casi la totalidad de ese déficit (55 mil millones de dólares), y a México le preocupa que Washington pudiera tratar de requerir que una cierta cuota de la manufactura se realizara dentro del territorio de EU.
Otro punto clave de la renegociación tiene que ver con las «reglas de origen», particularmente en automóviles y refacciones. Según la regla de origen vigente en el TLCAN, cada automóvil producido en la región de América del Norte debe contener al menos 62.5 de partes fabricadas y producidas dentro del área, para que los tres países le otorguen preferencia comercial; es decir, que pueda comerciarse libre de aranceles.
Trump ha calificado las reglas de origen del tratado como «obsoletas», y argumenta que han contribuido a una migración de la manufactura a México. Y de acuerdo con versiones periodísticas, EU mantuvo su exigencia de incrementar el contenido regional de las exportaciones de ese ramo industrial (autopartes, componentes, materiales de carrocería) de 62.5 por ciento hasta un 70 u 80 por ciento, pero cargando la balanza a un contenido mayor de producción y manufactura nacional estadunidense.
La posibilidad impulsada por EU de que se establezcan reglas de origen por país, y no comunes a todos los países miembros, es algo que ningún acuerdo comercial ha contemplado; presenta un escenario ajeno a la ortodoxia, que habría sido rechazado por su contraparte mexicana.
Según el presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de México, Guillermo Prieto Treviño, ese 62.5 por ciento de contenido regional es uno de los más altos y estrictos que hay dentro del TLCAN. Y en promedio, todos los automóviles que México exporta a EU traen piezas y componentes estadunidenses estimados entre 40 y 45 por ciento. Pero «ellos quieren más, quieren sacar a México de la jugada», aseguró Prieto.
El factor China, presente
No obstante, según el columnista estadunidense Roger Jordan, citado por el influyente diario mexicano El Financiero, los principales objetivos del enfoque agresivo y la dura retórica del jefe negociador de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, no son Canadá y México, sino los rivales geopolíticos y económicos de EU: China y Alemania. Eso se derivaría de que entre los puntos álgidos de la renegociación, además de las reglas de origen, EU haya incluido la adopción de medidas para protegerse de la manipulación cambiaria, la preocupación por el tema de empresas del Estado y los subsidios gubernamentales para ciertas industrias.
Washington ha acusado a su socio mexicano de no tener los debidos controles para la verificación de las reglas de origen, de manera que se exportan a EU productos supuestamente «Hechos en México» que no cumplen con el contenido regional beneficiando a empresas chinas y asiáticas.
A su vez, Trump ha denunciado a China de manipular su moneda y ha iniciado investigaciones por el supuesto dumping de acero en el mercado estadunidense. Por su parte, el ajuste propuesto para las empresas propiedad del Estado tiene como objetivo evitar que empresas chinas accedan a las oportunidades de inversión que se ofrecen en Norteamérica.
Visto así, la consigna America First (Estados Unidos primero), busca restablecer un bloque comercial trilateral dominado por Washington, pero lejos de ser una estrategia defensiva, Trump y Lighthizer esperan que el nuevo TLCAN siente las bases para la proyección del poderío económico estadunidense en el mundo, en especial competencia con los otros dos megabloques regionales: la región Asia-Pacífico y Europa, que se han beneficiado del tratado suscrito en 1994 vía las importaciones de bienes intermedios que realiza México.
Según Jordan, pese a los conflictos por el descarado intento de Trump de renegociar el TLCAN en función de los intereses de las corporaciones estadunidenses, «es un hecho que el imperialismo canadiense y la clase gobernante en México están de acuerdo con la agenda proteccionista de Trump», en aras de evitar que China siga siendo el «cuarto socio» furtivo del tratado.
El salario del miedo
En ese mar de contradicciones, EU habría jugado una segunda carta para colocar en situación desventajosa a México: la asimetría salarial disfrazada bajo el título de «justicia laboral». Según los reportes de prensa, a regañadientes de México Lighthizer logró meter en las conversaciones un «salario mínimo equiparable» para los trabajadores de la región norteamericana, como remedio de lo que Washington considera una fuga de empleos estadunidenses a México.
De que los salarios en México son abismalmente bajos en comparación de los de sus socios comerciales no hay duda, pero las autoridades y los empresarios mexicanos se niegan a revisar el piso salarial; lo consideran una «política doméstica»
Según Jerry Dias, presidente de Unifor, uno de los sindicatos más influyentes de Canadá, no se puede tener un acuerdo trilateral «donde el salario mínimo de México es de 0.90 la hora; no podemos tener un acuerdo por debajo de cuatro dólares la hora». De acuerdo con un documento del Colegio de México, en 2016, en la industria automotriz el diferencial salarial entre los países del TLCAN arrojaba que por cada dólar la hora que un trabajador mexicano ganó en las empresas armadoras, un estadunidense ganó 9.1 dólares y un canadiense 8.4. En la industria de partes automotrices la brecha fue mayor: de 11.8 y 12.8 dólares, respectivamente.
«Si cae la renegociación, será por culpa de México», dijo Dias. El tema se baraja desde dos escenarios: los bajos salarios en México han servido de imán para atraer inversión estadunidense y, al mismo tiempo, se convirtieron en un elemento expulsor de mano de obra barata hacia EU.
Es previsible que en la mesa de negociaciones EU y Canadá presionarán a México con los convenios pactados con la Organización Mundial de Comercio, firmados por el ex presidente Felipe Calderón en 2012 para ingresar al frustrado Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. En particular el Convenio 98, conocido como Convenio de Sindicalización y Negociación Colectiva, que protege la libertad de afiliación sindical y prohíbe los llamados «contratos de protección» de sindicatos blancos, tan comunes en México, que aceptan atenuar el peso de los contratos laborales para favorecer la causa patronal a cambio de propinas o «mordidas»; corrupción, pues.
En México, el 98 por ciento de las empresas maquiladoras carecen de sindicatos, al igual que las armadoras de automóviles de reciente llegada. Asimismo, ninguna de las firmas de outsourcing o tercerías existentes en el país tiene la posibilidad de sindicalizarse, lo que deviene en la violación de la Ley Federal del Trabajo vigente.
El reloj político avanza
Pese al secretismo de las negociaciones, trascendió que las tres partes establecieron un ambicioso calendario para que la renegociación del TLCAN culmine a principios del próximo año. La razón principal de ese apremio es política, y tiene que ver con los comicios mexicanos de julio de 2018 y las elecciones de medio mandato en EU, de noviembre de ese año.
Según el Financial Times, los negociadores de EU y México están preocupados, en particular, por las encuestas que muestran al dirigente centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador liderando la carrera presidencial. Si las conversaciones del TLCAN se retrasan, los funcionarios mexicanos temen que puedan verse envueltas en la campaña electoral. A su vez, el equipo de Robert Lighthizer preferiría no tener que negociar con López Obrador, quien ha acusado a Trump de conducir una «campaña de odio» contra México y «abusar» de la debilidad de Enrique Peña Nieto.
A su vez, sobre las prisas de México, el ex canciller Jorge G. Castañeda −activo miembro de la comentocracia local en sus espacios en Televisa, El Financiero y medios del exterior− dijo que tras conversar con personas muy inteligentes y bien informadas del curso de la negociaciones, el argumento «oficial» más sensato y creíble que escuchó tiene que ver con la «inestabilidad psicológica» del presidente Trump y sus ansias por lograr alguna victoria inminente y económica en su gestión gubernamental. La idea sería que si no terminan las negociaciones en muy corto plazo −inicios del año próximo−, Trump es capaz de recurrir al capítulo de salida del tratado o de planear exigencias desorbitadas que obligarían a México a invocar la misma cláusula. En cambio, su necesidad de exhibir un triunfo, podría llevarlo a ceder en algunos puntos difícilmente aceptables para Canadá y México.
Una segunda razón gubernamental mexicana sería la de la «contaminación» recíproca de la renegociación del TLCAN y la campaña electoral local. Además de que cerrar la negociación del tratado a comienzos del año próximo, sin una ratificación legislativa en los tres países antes de finales de 2018, no sirve absolutamente de nada; sobre todo si gana López Obrador y su partido o alianza consigue un tercio en el Senado, con lo que podría bloquear su aprobación. Lo que también podría ocurrir en Washington si los republicanos pierden su mayoría en la Cámara de Representantes y/o el Senado. Cualquier firma protocolaria sin valor jurídico alguno realizada durante 2018 podría ser revertida por alguno de esos actores.
Un tercer argumento manejado por Castañeda y otros comentaristas, no ajeno a la «contaminación política», es que Peña Nieto y algunos «presidenciables» de su gabinete (el canciller Luis Videgaray y los secretarios de Gobernación, Hacienda, Turismo, Salud y Educación, Miguel Osorio Chong, José A. Meade, Enrique de la Madrid, José Narro y Aurelio Nuño, respectivamente) tienen prisa por dos motivos: el primero se refiere a los plazos para la selección del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia. El segundo, porque un éxito en la renegociación del tratado a más tardar en febrero próximo, le daría a Peña Nieto la posibilidad de empujar al candidato priísta y llevarlo a la victoria. Lo que para Castañeda es un argumento creíble, pero completamente delirante y falso.
El cordero de los inocentes
El 19 de agosto, al término de la primera ronda de conversaciones en Washington, EU, Canadá y México pactaron que América del Norte irá a «ritmo acelerado» por un TLCAN actualizado. En su comunicado conjunto los tres países no revelaron detalles de lo discutido, ni dieron a conocer los temas que se trataron durante los cinco días de negociaciones.
Tres días después, en Phoenix, Arizona, el presidente Trump volvió a vociferar: «Personalmente, pienso que no podremos llegar a un acuerdo porque ambos países han tomado tanta ventaja, especialmente México, que creo que daremos por terminado el TLCAN en algún momento. Dije desde un principio que, o renegociábamos el TLCAN o nos vamos». El hecho es que Trump puede abandonar el tratado sin complicaciones, pues el artículo 2205 establece que una de las partes podrá renunciar al mismo, seis meses después de notificar por escrito a las otras su intención de hacerlo.
Frente al catálogo trumpiano y su odio contra México, Peña Nieto sigue mostrando una mansedumbre autista e insiste en «modernizar» el actual modelo de integración subordinada con EU. Apuesta a Norteamérica como la región más «competitiva» y «dinámica» del mundo.
De manera patética, los «representantes» de México han disfrazado su parálisis negociadora con la explicación infantil de que «no revelarán sus estrategias, porque no se deben mostrar las cartas a la contraparte». Y como ha sido la posición del gobierno a lo largo de los últimos meses, la recomendación a los medios fue que no hay que hacer caso a los discursos ni a los tuits de Trump, y deben concentrarse en lo que se dice en la mesa de negociaciones y en los documentos oficiales estadunidenses. El mensaje fue: el balance es «positivo». Sólo que el 24 de agosto se conoció que los tres países firmaron un acuerdo de confidencialidad con el que pretenden evitar filtraciones y mantener en reserva por cuatro años, a partir de la entrada en vigor de los resultados, los documentos del TLCAN II.
Con ese pacto de silencio en curso, el jefe de los negociadores mexicanos, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo, declaró que «el gobierno (de EPN) cuenta con un ‘plan B’ sobre el TLCAN. No podemos descartar que pueda haber alguna situación donde tengamos que hacer uso de esa alternativa (…) México tiene un plan de respaldo». A su vez, el canciller Luis Videgaray dijo que las «advertencias» de Trump sobre el TLCAN «son una estrategia de negociación. No hay sorpresa, porque está negociando con su muy particular estilo. Tenemos que reaccionar con serenidad, con cabeza fría, entender que este es un proceso de negociación. Si el presidente Trump quisiera hacerlo (abandonar el TLCAN), no creo que desperdiciaría ocho meses en un proceso complejo». El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, también opinó: «Habremos de conducirnos en la negociación con seriedad, temple, sin estridencias y con la certeza de lo mucho que México aporta al dinamismo de la región norteamericana».
En particular, las expresiones de Guajardo sobre la presunta existencia de un plan B resultaron más que novedosas y atractivas, porque los mexicanos aún no conocen el plan A. Menos saben sobre las presiones de EU para abrir un capítulo en el tratado de lo que llaman «la seguridad energética e independencia de Norteamérica». Trascendió que en la primera ronda no se incluyó el tema energético, porque los tres gobiernos buscan cómo incluir ese delicado asunto para «asegurar» incluso, ante un probable cambio de gobierno en México, que se «protejan» las inversiones de los socios y que «no se modifique» la reforma alcanzada por Peña Nieto en 2015.
Bajo el signo de la opacidad, el Trump racional, calculador y que sólo está jugando para sacar el mejor provecho en las negociaciones, pintado a la opinión pública mexicana por Videgaray, parece no tomar en cuenta que el jefe de la Oficina Oval es también volátil, mercurial y de mecha corta, y que dado que tiene un caos en su gobierno y está herido, necesita obtener victorias a corto plazo.
Esa situación habría moldeado su beligerante discurso antiTLCAN en Phoenix y los mensajes en su cuenta de Twitter del domingo 27 de agosto -a cuatro días de que empiece la segunda ronda de negociaciones en México−, donde insistió en sacar a EU del tratado porque México y Canadá «se pusieron difíciles en la mesa» de negociación. También insistió que México, «por su gran violencia criminal, pagará el muro»
La falta de detalles específicos en México sobre los contenidos de la primera ronda de Washington, contrasta con los relatos de la prensa en Canadá y EU sobre la posición radical de Lighthizer, quien representa de la manera más pura los deseos de Tump: reducir el déficit comercial a partir de la manufactura, a través de medidas radicales aplicadas a la industria automotriz. Negociadores canadienses dijeron al corresponsal del Globe and Mail de Toronto, que no se puede descartar la posibilidad de que todo el sector automotriz saliera del TLCAN. Lo que sería terminar con el sueño del «México maquilador» en el traspatio de EU, papel que por cierto se le asignó en las negociaciones del tratado en 1992, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari prometió a los mexicanos llevar al país al «primer mundo».
El TLCAN no es un simple tratado de libre comercio, sino un documento que conlleva una entrega sin precedente de la economía nacional mexicana. El tratado comprometió la salida del Estado de la economía, la privatización de los bienes públicos y de los recursos de la Nación, la desarticulación industrial del país y su reconfiguración maquiladora por el capital extranjero, la desnacionalización de la banca y de todo el sistema de pagos, incluyendo el gigantesco ahorro social de las afores (régimen de pensiones), y la privatización/extranjerización de todo (o casi) lo valioso, incluyendo el tequila y la cerveza, el petróleo y la energía.
Cabe concluir que la «seguridad energética» que impulsa Trump es la de EU, ya que aunque producen 10 millones de barriles diarios de petróleo, consumen 20 y quieren los hidrocarburos mexicanos (petróleo y gas) para procesarlo y venderle a México, en el mejor de los casos, los petrolíferos que requiere, como ocurre actualmente, y que en buena parte no se producen aquí por una política absurda, desnacionalizada y entreguista de los últimos cinco gobiernos neoliberales.
Para el caso de México cabría glosar ¡Estúpidos! ¡Es la energía!, y recordar que Trump es una fiera herida que no cumple compromisos, que sólo genera incertidumbres y que tiene una mano muy dura que le gusta usar. Eso no hay que olvidarlo, aunque Peña Nieto, Videgaray y compañía traten de esconderlo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.