No es la cantidad de casos acumulados ni los casos activos de coronavirus –lo realmente importante para medir el alcance de la pandemia- lo que empujó a los candidatos de la ultraderecha a plantear en la tarde de este lunes la postergación de las elecciones generales previstas para el 6 de septiembre en Bolivia.
El fondo de la cuestión es que la presidenta de facto, Jeaninne Añez, y Jorge Quiroga y Luis Fernando Camacho, no tienen ninguna posibilidad de ubicarse entre los dos primeros lugares de la competencia electoral.
A las tres candidaturas, todas respaldadas por diversos sectores de la ultraderecha norteamericana y que juntos no pasan el 20 por ciento del respaldo electoral, según diversos estudios, les preocupa que pese a todo lo que hicieron para descabezar al Movimiento al Socialismo (MAS) con el golpe de Estado del 10 de noviembre pasado, perseguir dirigentes sociales, encarcelar a más de un centenar de personas con “falsos positivos” y tener como rehenes a siete ex autoridades asiladas en la embajada de México, las encuestas de intención de voto realizadas hasta ahora colocan en primer lugar al partido de Evo Morales bastante cerca de lograr el objetivo de ser gobierno en primera vuelta, y ubican en segundo lugar al ex presidente Carlos Mesa, de tendencia liberal, quien podría, sin embargo, como ocurrió en octubre de 2019, finalmente beneficiarse del voto útil y forzar una segunda vuelta.
Tuto Quiroga, quien está acostumbrado a las frases hechas, se encargó de lanzar la bola en la tarde del lunes con un mensaje audiovisual en la que, tras hablar de su abuelito de 80 años y el riesgo que gente de esa edad correría al asistir a las urnas, propuso, sin dar fecha, una nueva postergación de las elecciones. Pocos minutos después, también fiel a su estilo, distinto al de Quiroga, frio y nada seductor, el empresario Samuel Doria Medina, aspirante a vicepresidente por la formula oficial, señaló que ante la imposibilidad de hacer campaña y debatir hay que considerar que las elecciones se realicen en una fecha posible. Añez no ha dicho nada sobre el pronunciamiento de sus correligionarios pues las consecuencias políticas serían altamente negativas después de que ella misma haya promulgada la ley de elecciones para el 6 de septiembre. Un juicio de responsabilidades por incumplimiento de deberes no podría ser evitado.
Pero la gente no es tonta y por eso no los respalda. Lo que los tres políticos ocultan con sus mensajes –uno al estilo de un conocido personaje de una mala comedia mexicana, otro que siempre tiene la dificultad de expresar emociones en su rostro y el último que se piensa en el Pablo Escobar de Bolivia-, es que el coronavirus le ganó al gobierno de facto desde el comienzo. La declaración de cuarentena no estuvo acompañada de una estrategia global que garantizara recursos humanos, equipos, pruebas y medicamentos suficientes como para enfrentar la pandemia con resultados. Todo lo contrario, a la ineficiencia y falta de experiencia en la gestión pública se acompañó con corrupción en la compra de respiradores que no sirven y con acciones de represión lideradas por un ministro que, por sus conocidas limitaciones políticas e intelectuales, no percibe que el país está en un momento distinto al de noviembre de 2019 y que duró hasta marzo o abril de este año. El gobierno de facto dilapidó en seis meses el capital político con el que nació, como bien afirma el politólogo Fernando Mayorga.
Que los contagios no le interesan a la derecha y que el uso de la pandemia se ha vuelto funcional a sus objetivos anti-democráticos se ha encargado de poner de manifiesto Camacho, el jefe de los grupos paramilitares cruceños, al sostener en su cuenta twitter: “no podemos permitir que las elecciones se conviertan en un mecanismo de resurrección y retorno de la dictadura”. El objetivo de postergar las elecciones no es, por tanto, que la pandemia baje, lo cual no será posible con un gobierno al que se le escapó el control, sino la anulación de la candidatura del MAS. Por lo demás, es demasiado sugerente que los tres políticos hayan salido casi al mismo tiempo. Algo se está tramando.
La violación de la Constitución boliviana ha sido la regla desde la forma como Añez fue posesionada como presidente y una nueva violación constitucional está cerca de producirse, ya que la Declaración Constitucional que avaló a la actual presidenta señala que este año debe constituirse el gobierno para el periodo 2020-2025. Y una segunda vuelta, en caso de que nadie gane el 6 de septiembre, debe ser organizada hasta máximo 45 días después de la primera. Es decir, el tiempo para aplazar las elecciones es muy pequeño.
Entretanto, el pueblo sigue dando muestras de recuperación y de que las palabras rabiosas del Ministro de Gobierno ya no asustan: masivas concentraciones sociales se realizaron en todo el país a convocatoria de la Central Obrera Boliviana en demanda de cese de despidos, renuncia del Ministro de Educación y otras medidas más que se suman a la exigencia de los sindicatos de elecciones el 6 de septiembre. Esta es la otra cara de la historia boliviana que la derecha ignora y que por subestimarla la pagó muy caro.