1° de mayo y en Bolivia, la dictadura del virus se conjuga con la dictadura del régimen y, en alianza perversa, esta vez no nos permiten llenar las calles marchando.
La imposibilidad física de acompañarnos, sin embargo, no apaga la reivindicación de la clase trabajadora y del pueblo organizado que este año tiene muchos motivos para manifestarse. El Golpe de Estado de noviembre ha generado una severa crisis política, social y económica que se ha magnificado con el brote del COVID-19. Mientras tanto, el régimen golpista apuesta por el miedo, por la represión y por el amedrentamiento al enemigo y a todo aquel que pretenda cuestionar su legitimidad.
Es en ese contexto que se afronta una crisis sanitaria sin ninguna medida que tenga que ver con la salud en sí misma y pareciera que, en la bifurcación del camino en la que se debe tomar decisiones para paliar la crisis política, social y económica, los golpistas optan por la salida de la derecha; la de la militarización, la de la persecución, la de la estigmatización, la del endeudamiento, la de la vulneración de los derechos de las y los trabajadores y la de la precarización de la vida.
La ilegitimidad de los que detienen el gobierno en este momento genera incertidumbre, malestar y descontento en la población que están muy cerca de ser móviles para la movilización y el desacato. Además, sin un escudo social integral que permita a la mayoría de los bolivianos cumplir adecuadamente con las medidas de prevención del coronavirus, cada vez más familias están al borde de tener que decidir entre la enfermedad y la precariedad.
Por tanto, desde las organizaciones sociales obreras, pero también indígena-originario-campesinas y urbano-populares y desde las organizaciones revolucionarias y partidos de izquierda, las voces se sintonizan para pedir que las elecciones presidenciales que debían llevarse a cabo este domingo y fueron pospuestas por la pandemia, sucedan lo antes posible. Se trata de la necesidad de que un gobierno con respaldo social asuma la conducción del país en tiempos de crisis. Se trata también de que el gobierno golpista que, en principio se pretendía “de transición”, cumpla con su deber único de llamar a elecciones y deje de desmantelar todo lo que se había logrado en 14 años por las organizaciones sociales en el gobierno del Movimiento al Socialismo.
El gobierno de Jeanine Añez vio en la pandemia la oportunidad de prorrogarse en el poder y no dudó en intentarlo. Al frente tiene a dos actores esenciales. Primero, está la Asamblea Legislativa Plurinacional con una bancada del Movimiento al Socialismo mayoritaria pero debilitada y con roces internos que cada vez son más visibles. Pero, sobre todo, tiene al frente al pueblo organizado que va trazando de a poco sus acciones y su agenda. Un claro ejemplo se dio en la víspera de este día en la que la Asamblea Legislativa Plurinacional promulgó, a pesar del rechazo de la presidencia, la ley que llama a elecciones en un plazo de hasta 90 días desde el día en el que debían llevarse a cabo las elecciones pospuestas (hasta el 3 de agosto) y, al mismo tiempo, miles de personas en distintas latitudes del territorio nacional se asomaron a sus ventanas haciendo sonar ollas y reventando petardos exigiendo salud, pan y prontas elecciones presidenciales.
Esta victoria (todavía no certera) del pueblo, ha generado que los medios de comunicación hegemónicos y el poder institucional contraataquen intentando instaurar en el imaginario colectivo la falsa dicotomía entre elecciones y salud. La batalla, en los siguientes días, deberá darse en el campo del sentido común. El reto será plantear, con las ollas, petardos y palabras, la necesidad de un gobierno legítimo emanado del voto popular en contraposición al gobierno golpista que no tiene respaldo social, que ejerce el poder mediante la violencia y la represión, y que, en el contexto del coronavirus, puede significar la profundización de una crisis que cueste muertos y precariedad.
@canela_cs