El miércoles 19 de agosto de 1936 fue una jornada histórica para el movimiento obrero boliviano: el gobierno nacionalista de David Toro decretó la «sindicalización obligatoria». Esa medida permitió la organización de sindicatos contestatarios que luego iban a liderar la revolución de 1952. En la posguerra del Chaco, los regímenes nacionalistas militares se identificaron con […]
El miércoles 19 de agosto de 1936 fue una jornada histórica para el movimiento obrero boliviano: el gobierno nacionalista de David Toro decretó la «sindicalización obligatoria». Esa medida permitió la organización de sindicatos contestatarios que luego iban a liderar la revolución de 1952.
En la posguerra del Chaco, los regímenes nacionalistas militares se identificaron con los asalariados. Toro encabezó ese proceso con la formación del Ministerio de Trabajo dirigido por el obrero Waldo Álvarez; la fundación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, y la organización de la primera Convención de Jefes del Trabajo, que sentó las bases legales de la Ley General del Trabajo.
La sindicalización obligatoria, empero, fue su medida estrella.
Decreto progresista
Gustavo Rodríguez, en su obra El socavón y el sindicato, afirmó que esa medida, pese a sus rasgos «corporativistas», otorgó plena «libertad y cobertura que fueron aprovechadas por los obreros para emprender su propia organización».
La normativa «contribuyó decisivamente a la consolidación y legalización de los sindicatos de las minas y a la aparición de los primeros sindicatos campesinos (…) Los mineros inauguraron un nuevo tipo de sindicalismo», agregó Magdalena Cajías, en su ensayo Sobre los pasos de la vida y la agonía de la COB.
Guillermo Lora, en su obra Historia del movimiento obrero boliviano, coincidió que el decreto fue uno de los «más importantes» de ese momento porque desencadenó «una gran discusión» que permitió la maduración política del proletariado.
Vanguardia sindical
De acuerdo a la obra Choledad Antiestatal: el anarcosindicalismo en el movimiento obrero boliviano (1912-1965) de Huáscar Rodríguez, el desarrollo del sindicato comprendió las etapas pre-sindical (1825-1912) y sindical (1912 hacia adelante). La primera, se definió por la influencia de las estructuras propias del feudalismo: el «gremio» y la «mutual». La segunda, dio origen al sindicalismo impugnador con la apertura de la Federación Obrera Internacional (1912), la Federación Obrera del Trabajo (1918), la Federación Obrera Central de Uncía (1921), la Federación Obrera Local (1923), entre otras.
Sin embargo, la guerra del Chaco (1932-1935) interrumpió ese proceso. Fue entonces que la sindicalización obligatoria jugó un rol clave en la causa del remozado movimiento obrero, que de ahí para adelante iba a ser vanguardia social. Los gremios y las mutuales, poco a poco, fueron desapareciendo.
Gran polémica
La aprobación del decreto no fue fácil, pues, los empresarios y sus medios pegaron el grito al cielo.» Así, el periódico El Diario, el 22 de julio de 1936, en el artículo El peligro inminente de la sindicalización obligatoria, calificó la norma como «exótica» y poco aplicable:
«La sindicalización será un arma que el proletariado no sabrá hacer uso y que manejará con primitividad, (…) constituirá un atentado a la libertad individual. A nadie puede obligarse a pertenecer a organismos que no le satisfagan, que no le convengan y que a su entender no necesita (…) Se trata de una medida exótica que ha nacido de la iniciativa de uno o dos personajes que tratan de establecer sistemas exóticos cuya necesidad se ignora».
En contraposición, el matutino La Calle, el 26 de julio, respaldó la sindicalización obligatoria. Tras afirmar que «lo que se busca es aliviar la función social de los trabajadores para obtener un mejor rendimiento en las labores colectivas de los mismos», la publicación titulada El proyecto de sindicalización obligatoria y sus resonancias en la opinión pública explicó que el sindicalismo que persigue el Gobierno es «mesurado y no implica exageraciones (…) No hay bolcheviquismo en esta tarea. No se trata tampoco de imbuir abstrusos sistemas de conceptos en la mentalidad popular».
En medio de esa batahola discursiva, se formularon dos propuestas para redactar el decreto. El hecho fue narrado por Waldo Álvarez, en su libro Memorias del primer Ministro obrero: «En el mes de julio de 1936 (…) se presentaron dos proyectos: uno del Ministerio de Trabajo, preparado por los asesores José Antonio Arze y Ricardo Anaya, y otro del Ministro de Gobierno, Julio Viera, respaldado por Javier Paz Campero y Carlos Romero».
Al final, se redactó un decreto consensuado por ambas partes.
Obligados a sindicalizarse
Pese a que El Diario, La Razón y Última Hora aseguraron que la sindicalización obligatoria era un «precepto comunista», «ridículo» e «inaplicable», la normativa se aprobó el 19 de agosto de 1936 [1].
El decreto fue taxativo. Resolvió que todo poblador «hombre o mujer que de cualquier modo participe en la producción, distribución y uso de la riqueza está obligado a sindicalizarse (…)».
«El carnet sindical, que recabará todo poblador a tiempo de inscribirse en los registros, será requisito esencial para extenderle su carta de ciudadanía», agregó, para luego establecer que los sindicatos «estarán bajo la tuición y control del Gobierno Socialista» y serán incorporados al Estado «para la constitución funcional de los poderes públicos».
Los sindicatos, además, debían recabar el «reconocimiento expreso del Gobierno por conducto del Ministerio del Trabajo, previa presentación de sus estatutos y de la nómina de sus asociados, para adquirir personería jurídica». En la actualidad, este procedimiento aún sigue vigente.
Lo nuevo y lo viejo
Con la progresiva aplicación de esas medidas que integraron la sindicalización obligatoria, el «gremio» y la «mutual» pasaron, como diría Lenin, al museo de las antigüedades, junto con la rueca y el hacha de piedra.
Sobre el tema, el Boletín del Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salubridad, en septiembre de 1937, subrayó que con la sindicalización obligatoria se transformó «la organización de las masas laboriosas del país, no sólo para garantizar sus reivindicaciones muy propias, sino, para hacer de ellas verdaderas instituciones sociales y económicas dentro de la vida nacional».
No obstante, el cumplimiento de dicha norma provocó molestia en los sectores conservadores del gobierno. Frente a esto, el ministro de Trabajo, Waldo Álvarez, se vio obligado a renunciar, en noviembre de 1936.
Pero un nuevo proceso de cambios estaba en curso.
Grecia Gonzales Oruño es periodista.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.