El 22 de enero Evo Morales cumplió un año en la presidencia de Bolivia. No se puede negar que en este tiempo, y a pesar de los problemas que ha tenido que enfrentar, hay mejoras claras en la mayoría de los indicadores económicos principales que han sido posibles gracias a que una de las primeras […]
El 22 de enero Evo Morales cumplió un año en la presidencia de Bolivia. No se puede negar que en este tiempo, y a pesar de los problemas que ha tenido que enfrentar, hay mejoras claras en la mayoría de los indicadores económicos principales que han sido posibles gracias a que una de las primeras medidas de su gobierno fue el terminar la relación con el Fondo Monetario Internacional. El permitir que expirase el acuerdo con el FMI le ha dado al gobierno de Morales una cierta libertad para impulsar nuevas políticas económicas y de desarrollo.
Una de las primeras medidas puestas en marcha por el gobierno de Evo Morales fue la de aumentar su control sobre los hidrocarburos. Los altos precios en el mercado internacional y el aumento de impuestos a las petroleras iban a demostrar a los bolivianos que los cambios podían llegar a sus bolsillos beneficiándose, además, de los planes sociales que han llegado hasta los lugares más alejados y abandonados: programas de alfabetización, créditos blandos para la compra de tractores en las cooperativas agrícolas, extensión de la sanidad gracias a la implicación de 2.000 médicos cubanos y otras mejoras.
Con sobresaltos en su aplicación y críticas por lo que se considera una tibia política a la hora de poner en práctica la nacionalización de los hidrocarburos, lo cierto es que ello ha permitido al país tener un crecimiento -siempre hablando en términos macroeconómicos- del 4’1% en este año, un porcentaje nunca visto en Bolivia en los 20 años que el país estuvo sujeto a las directrices del FMI y del Banco Mundial.
Sin embargo, no les falta razón a los críticos. Si bien es cierto que hay una posición antiimperialista, de independencia del FMI y del BM, se ha hecho todo lo posible por preservar la estabilidad macroeconómica. «Evaluando los contratos [con las multinacionales como la española Repsol, la brasileña Petrobras, la británica BG o la francesa Total] y sus alcances en función de los intereses del desarrollo nacional, resulta preocupante constatar que seguimos prioritariamente respondiendo al interés de las empresas que han encontrado en los nuevos términos del contrato, términos no solo aceptables, sino además, condiciones favorables a su carácter transnacional: conservan un papel estratégico en la industria de hidrocarburos del país y obtienen mayores ganancias cuanto más se consolide el papel que nos han asignado en su estrategia internacional, el de país primario exportador», se lee en un informe especializado publicado a finales de 2006.Y sigue diciendo algo más inquietante aún: «la posibilidad de iniciativas bolivianas para industrializar el gas y el petróleo, son posibles pero en todo caso, no prometen ser de gran impacto; en gran medida porque los recursos económicos que deberían destinarse a YPFB, están sino omitidos, sí francamente reducidos por un buen tiempo. Lo cierto es que bajo las nuevas condiciones que asumimos, la interrogante sobre con qué recursos se capitalizará YPFB para asumir el reto estratégico de la industrialización, queda sin respuesta. La industrialización en territorio nacional y a través de YPFB, pierde viabilidad pues se opta en los nuevos términos contractuales, por ratificar a YPFB como empresa supervisora y administradora de contratos; renunciando a que tome el control operativo de la industria y a que sea efectiva gestora de su desarrollo» (1).
El gobierno de Morales ha tenido un comportamiento más bien pragmático y no ha otorgado a la compañía estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), el papel predominante que viene jugando en Venezuela PDVSA, por ejemplo, para impulsar un cambio drástico en la mejora de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población. Una oportunidad perdida en la que hay que apuntar el importante papel que ha jugado el Brasil de Lula a la hora de «moderar» la aplicación de la medida nacionalizadora. No obstante, no son pocas las voces que piden una «refundación» de YPFB para que la producción y explotación de los hidrocarburos esté realmente en manos de esta institución estatal.
El juego de la oligarquía
La moderada nacionalización de los hidrocarburos no molestó expresamente a la oligarquía (según las encuestas el 90% de la población boliviana apoya la nacionalización), pero sí lo hizo la aprobación de una ley de reforma agraria que si se aplica en su literalidad supondría redistribuir entre los campesinos unos 123.000 kilómetros cuadrados de tierras ociosas e improductivas, una extensión equivalente a dos países, Austria y Suiza juntos, por dar un dato. Por el momento sólo se ha entregado a los campesinos el 11% de estas tierras ociosas en manos de terratenientes. No es una lucha frontal contra el latifundio, ni mucho menos, pero sí es una medida que la oligarquía consideró una amenaza vital para su status quo puesto que es donde se ubica todo su poder: la propia Conferencia Episcopal de Bolivia considera que el 90% de las tierras productivas de Bolivia están en manos de 50.000 personas.
A partir de entonces los intentos para derrocar al gobierno de Morales no han hecho más que tomar diferentes formas, entre la que la más novedosa es la reivindicación «autonomista» de una serie de departamentos: Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. Sólo en estos departamentos triunfó la propuesta de la oligarquía de autonomía regional, abrumadoramente derrotada en el resto del país, pero en el diseño de lo que está ocurriendo juega un papel crucial el embajador de EEUU en el país andino, Philip Goldberg. Este hombre ha ocupado cargos importantes en las representaciones diplomáticas estadounidenses en la ex Yugoslavia y en Kosovo, por lo que su nombramiento no fue casual puesto que se produjo sólo unos meses más tarde de que fracasase el referéndum autonomista impulsado por la oligarquía. En Bolivia se ha seguido muy detenidamente la trayectoria de este embajador y se habla del peligro de «balcanización» del oriente del país (2).
Desde ese momento, el objetivo es derrocar a Morales. La llamada oposición y la élite económica consideran que las reformas puestas en marcha son una amenaza para su forma de vida y se valen de todos los medios posibles para impedir que se consoliden. Es, además, una lucha racista: «si no nos unimos los cambas [blancos, habitantes mayoritarios de estos departamentos], los collas [indígenas] nos van a querer arruinar, ya que lamentablemente tenemos un presidente indígena» (3). Se puede decir más alto, pero no más claro.
Tras el fracaso parcial a la hora de impedir la aplicación de la ley de reforma agraria -aunque va muy lenta- la oligarquía ha optado por agitar la bandera de la autonomía de lo que en Bolivia se conoce como «la media luna», los departamentos más orientales, donde se incluyen las mayores reservas de gas del país y donde existen más tierras fértiles. Durante los meses de noviembre y diciembre la oligarquía lanzó varios ultimátum advirtiendo al gobierno que si no atendía sus demandas declararía la autonomía «de facto», a lo que Morales respondió con un llamamiento a las Fuerzas Armadas para que defendiesen la unidad nacional.
Alianza campesino-militar
Aunque la pretensión secesionista no es verosímil en un futuro inmediato, sí merece la pena detenerse en el papel que el gobierno de Evo Morales está otorgando al Ejército y que recuerda mucho a lo que hizo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, nada más ganar las elecciones de 1998: apoyarse en el Ejército como única institución implantada en todo el territorio.
Uno de los primeros objetivos de Morales tras ganar las elecciones fue neutralizar al Ejército como un hipotético obstáculo a su gobierno. El Ejército de Bolivia ha sido siempre clasista, fuertemente influido por la Doctrina de Seguridad Nacional que patrocinaba EEUU y que, en síntesis, consideraba al Ejército como el garante de la seguridad interior, es decir, el control de las movilizaciones sociales. Morales pretendió convertir al Ejército en su aliado y, siguiendo el modelo venezolano, «garante de la revolución democrática». Para ello aprovechó la «crisis de los misiles» -el envío a EEUU de misiles chinos en poder del Ejército de Bolivia durante el mandato de su antecesor en el ejecutivo- para pasar a retiro a 28 generales, ascender a mandos intermedios como coroneles, abrir las academias militares a cadetes indígenas (vetados hasta ese momento) y ganarse así una mayor fidelidad por parte del nuevo estamento militar.
El cambio en el Ejército, realizado no sin temores puesto que la oligarquía cuenta con importantes vínculos con un estamento que siempre le ha sido fiel, se visualizó el 1 de mayo de 2006, cuando Evo Morales decretó la nacionalización de los hidrocarburos y el Ejército ocupó los campos y refinerías de las multinacionales, provocando un no disimulado malestar en la Unión Europea, expresado a Morales a través del comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, y el ministro austríaco del mismo ramo, Martin Bartenstein (Austria ostentaba en ese momento la presidencia de turno de la UE). Medio año después la misma operación se ha realizado con la nacionalización de la minería simbolizada en la toma de control por el Estado de la planta de fundición de metales de Vinto, en Oruro, el pasado 9 de febrero. También aquí había efectivos del Ejército y Morales anunció que será esa institución quien se encargue de controlar 25 centros tecnológicos donde se capacitará a los futuros técnicos en minería.
Al mismo tiempo, Evo Morales ha otorgado a las Fuerzas Armadas de Bolivia la misión de extender el desarrollo social a todas las partes del país ante la incapacidad del Estado para garantizar su presencia en todo el territorio y garantizar la atención de las necesidades básicas de la población. Así, no es infrecuente ver a soldados en tareas de desparasitación, vacunación, alfabetización -en colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura- o construcción de carreteras. También el Ejército lleva adelante la «Campaña Cirugía de Mano Gratuita» en zonas apartadas, cubriendo el aspecto al que no llegan los médicos cubanos, encargados de la medicina preventiva.
Y ello en un momento en el que Morales ha decidido acelerar la alianza campesino-militar al otorgar el estatus militar a los «ponchos rojos», soldados campesinos aymaras de larga tradición combativa en Bolivia, a quienes encomendó defender la integridad del territorio «junto a las Fuerzas Armadas» (4).
La oligarquía ha visto en ellos una amenaza real y los considera «un grupo ilegal armado», amenaza con una guerra civil y afirma que hay que respetar el voto popular de los departamentos que aceptaron el planteamiento autonómico. He aquí una perla de manipulación informativa, muy del gusto de los defensores de las libertades al estilo Globovisión en Venezuela: «el Gobierno [de Evo Morales] promueve la violencia, la exclusión de las minorías, el racismo, el sectarismo, ahonda la diferencia de etnias, clases sociales, campesinos y citadinos, ricos y pobres y está polarizando peligrosamente al país en regiones. No tiene la visión de aceptar que la «media luna»quiere autonomía, que se la ganó con el voto. Quiere centralizar, copar el poder y las instituciones del Estado y carece de un programa de gobierno. La elección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia a dedo, significa comprar la justicia» (5).
Es el discurso universal de la oligarquía cuando ve peligrar sus privilegios, válido para cualquier país del mundo. El primer año de Evo Morales tiene luces y sombras, pero es necesario apoyar una experiencia que ha rescatado la soberanía y dignidad de Bolivia impulsando al mismo tiempo una democracia multicultural y participativa como no se ha visto nunca en ese país andino y ello contando con el rechazo oligárquico y estadounidense. Tal vez se podía haber hecho más y mejor, pero desde luego lo hecho hasta ahora no es poco.
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(1) Bolivia Press nº 12, 3 de diciembre de 2006.
(2) CEDIB, 15 de enero de 2007.
(3) Declaraciones de David Torrico, presidente del denominado Comité Cívico de Pando al diario La Razón el 4 de julio de 2006.
(4) La Razón, 24 de enero de 2007.
(5) La Razón, 25 de enero de 2007.
Alberto Cruz es analista del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo