Se trata de Juan Pintos, quien está en prisión hace 8 meses por una agresión a un guardia urbano en Barcelona. En declaraciones a Télam, denunció que le niegan la libertad provisional por haber nacido en Argentina y que la causa se trata de un «montaje».Juan Pintos, el joven argentino de 23 años que se […]
Se trata de Juan Pintos, quien está en prisión hace 8 meses por una agresión a un guardia urbano en Barcelona. En declaraciones a Télam, denunció que le niegan la libertad provisional por haber nacido en Argentina y que la causa se trata de un «montaje».
Juan Pintos, el joven argentino de 23 años que se encuentra en prisión desde el pasado 4 de febrero en Barcelona por su presunta implicación en la agresión a un guardia urbano, denunció que recibe un «trato injusto» por parte de la justicia española, que le niega la libertad provisional por haber nacido en Argentina.
«Siempre pensé que no iba a hacer falta recurrir al gobierno argentino porque, además de ser inocente, creía que en España con la doble nacionalidad me iban a tratar igual que a cualquier otro español», dijo Juan en entrevista con Télam en la prisión de menores de 25 años conocida como la «Trinidad».
Sin embargo, «siento que estoy en una especie de limbo legal, porque aquí la justicia afirma que soy argentino nacionalizado español -cuando en realidad legalmente soy español nacido en el exterior-, y utiliza ese argumento para negarme la libertad al decir que no estoy arraigado y me puedo fugar», agrega Juan, que lleva 9 meses en esta prisión del extrarradio de Barcelona.
Por otro lado, «como estoy en España y tengo nacionalidad española, las autoridades argentinas que están perfectamente informadas del caso no respondieron con ningún tipo de ayuda concreta», dijo el joven con tristeza.
Fuentes de la Cancillería argentina explicaron en Buenos Aires que «el hecho conmueve, y es por eso que estuvimos alerta y nos acercamos a la familia».
«Sin embargo -destacó un funcionario del Palacio San Martín- en todo el proceso no hay nada que nos haga suponer que haya denegación de justicia, con lo cual no podemos intervenir directamente».
«A él se lo está juzgando como ciudadano español. El está siendo considerado como español en el proceso. De todos modos, el consulado le está prestando asistencia y está en contacto permanente con su abogada y su familia», aseguró el diplomático.
Juan está acusado junto a otros ocho jóvenes de participar en la agresión a un guardia urbano que quedó en coma durante los disturbios ocurridos el pasado 4 de febrero en la puerta de una casa «ocupada», propiedad del ayuntamiento de Barcelona, donde se realizaba una fiesta ilegal.
Seis de los presuntos implicados, todos ellos europeos, quedaron en libertad hasta que se celebre el juicio, mientras que Juan y los chilenos Rodrigo Lanza y Alex Cisterna, señalado el primero como «instigador» de la agresión y los otros dos como autores materiales del hecho, llevan casi nueve meses en prisión.
La Audiencia Provincial número 8 de Barcelona, denegó la semana pasada todos los recursos presentados por los abogados de la defensa contra el cierre de procesamiento que dictó la juez Carmen García Martínez en junio, y confirmó la prisión provisional de los tres jóvenes sudamericanos.
En el caso de Juan dice textualmente que «aunque nacionalizado español dispone en Argentina de familiares próximos lo que facilita una eventual ocultación y alejamiento de la justicia española», y argumenta que todos carecen de «domicilio y una residencia de fiable localización».
Además, dice que con esta medida preventiva pretende evitar «conductas reiterativas», y en el caso de los dos chicos chilenos se justifica por «la gravedad de la conducta que se les imputa y la penalidad que pudiera comportar la misma».
«Está clarísimo que somos los chivos expiatorios», aseguró Juan luego de subrayar que ante la policía «éramos los más débiles y fáciles de inculpar».
«Fueron contra nosotros, tres chicos menores de 25 años y sudamericanos, como lo hubieran hecho contra un árabe», añadió el joven argentino, en referencia a la vulnerabilidad de los inmigrantes en España.
«Estoy seguro de que todo esto es un montaje. Simplemente necesitaban un culpable, y era más fácil con nosotros que nacimos fuera de España», afirmó Juan.
«Si miro la situación con frialdad, se que me lo van a hacer pagar», dijo el joven desviando la mirada para evitar que cayeran lágrimas de sus ojos.
«No tienen ni el coraje ni la humanidad para decir que no saben quién fue, tienen que justificar su trabajo», agregó.
No obstante, «también conservo las esperanzas, porque en un juicio oral, con un juez imparcial no tienen pruebas de donde agarrarse, hasta los únicos testigos, otros dos guardias urbanas, se contradicen», aseguró.
Los abogados de la defensa, apoyados por organizaciones sociales y de derechos humanos, consideran que «no existen las garantías para un juicio justo» en vista de las irregularidades de la instrucción, en la que no se aceptaron ni las pruebas ni testigos exculpatorios, así como por los «prejuicios» detectados en relación al origen y la estética «okupa» de los acusados.
«Llevaba rastas y pantalón ancho, me visto así desde los 12 años, pero si hubiera ido de cualquier otra forma no me hubieran detenido», dijo Juan, y agregó: «Incluso detuvieron gente en el hospital por su estética, unos chicos que se habían caído de la bicicleta».
Los jóvenes están procesados como presuntos autores de un delito de atentado a la autoridad con uso de arma peligrosa, que implica entre cuatro y seis años de prisión, y otro delito de lesiones, por el que se enfrentan a entre seis y doce años de cárcel.
«Si me condenan va a ser una noticia muy dura, pero creo que soy fuerte para superarlo», aseguró Juan Pintos.