La vicepresidenta Michetti y los ministros Bullrich y Garavano dieron como «verdad» la versión de las fuerzas de seguridad acerca de que habían sido atacados con armas de grueso calibre. La oposición pidió la remoción de Bullrich.
El Gobierno nacional conjugó de todas las formas posibles el verbo «justificar». Los funcionarios de Mauricio Macri salieron a defender el accionar de la Prefectura, que culminó con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, a menos de tres meses de la muerte violenta de Santiago Maldonado en otro operativo de fuerzas federales. En una conferencia de prensa, que encabezaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Germán Garavano, avalaron todo lo actuado por el Grupo Albatros, dijeron que no habrá diálogo con los mapuches y lanzaron advertencias para quienes «violen la ley». La ministra dijo que los uniformados fueron atacados con armas de fuego y, cuando le preguntaron si tenía pruebas, respondió que no eran necesarias. «Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos a la versión que nos da la Prefectura carácter de verdad», sentenció Bullrich. Antes de esa conferencia, la vicepresidenta Gabriela Michetti sentó una nueva doctrina: «Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad».
Pese a sus diferencias internas sobre cómo abordar el caso (ver aparte), Bullrich y Garavano se sentaron junto a los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Seguridad Interior, Gerardo Milman a ofrecer una conferencia de prensa en la que siguieron en la línea del primer comunicado oficial del Gobierno, que alertó sobre un rebrote de la «violencia armada».
Reiteraron la versión de los prefectos, que sostienen que fueron atacados por los mapuches con «armas de grueso calibre» y con tácticas militares. Cuando le pidieron pruebas, Bullrich primero dijo que no las necesitaba y luego afirmó: «Las armas aún están ahí, o ya las sacaron, porque no se pudo entrar y la patrulla de Prefectura, cuando quiso entrar al lugar, fue desarmada». También sostuvo que apedrearon a un grupo policial.
La funcionaria, bajo cuyo mando se encuentran las fuerzas de seguridad, no dio explicaciones sobre los niños que fueron esposados con precintos en la represión del jueves ni sobre el hecho de que Nahuel fue baleado por la espalda. En lugar de eso, se dedicó a agrandar la figura de «el grupo RAM», al que consideró no una organización concreta, sino «un nombre genérico de grupos que actúan violentamente». «Hubo más de 70 acciones violentas o atentados», sostuvo Bullrich, en plan de construir esta amenaza armada de mapuches que «no respetan la ley y no reconocen a la Argentina, ni a su constitución ni a su bandera». Remarcó que no habrá ninguna instancia de diálogo con ellos.
«No tenemos ningún límite más que los límites de la Constitución», remarcó la ministra, quien defendió la posibilidad de las fuerzas de seguridad de actuar sin orden judicial con la doctrina de la flagrancia. «Hay un Gobierno que los va a defender y no va a permitir ningún tipo de ilegalidad. Se acabó el mundo del revés», aseveró la ministra.
Presión al juez
Tanto el comunicado de prensa como la Bullrich de carne y hueso le indicaron al juez Gustavo Villanueva cómo investigar y en qué sentido debe hacerlo. El comunicado del domingo decía que el Gobierno «deposita la confianza en la investigación judicial para demostrar que actuó bajo todas las medidas operativas y protocolos que se utilizan en un enfrentamiento armado». En tanto, en la conferencia de prensa, tras señalar que ella no necesitaba pruebas para saber que los prefectos decían la verdad, afirmó: «El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. El Gobierno nacional ya ha definido que esto se realizó por una manda judicial. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad».
De paso, Bullrich lo apuró al magistrado: «El juez podrá buscar las pruebas que quiera pero está perdiendo bastantes días porque desde ese momento no se permitió entrar más y se va a hacer una investigación sobre este tema cuando en realidad hubo una decisión clara de ir hacia ese lugar», remarcó.
«Cada vez van a quedar menos pruebas porque en el lugar están todavía los grupos violentos», le señaló al juez. La funcionaria PRO cuestionó a los mapuches del lago Mascardi dado que, según ella, «le mintieron al juez porque le dijeron que ayer se entregaban y no se entregaron».
Con el gesto duro, Garavano, sentado a su lado, aseguró que «la violación de la ley tiene y va a tener consecuencias». Y destacó «la importancia de la investigación de la Justicia respecto a los grupos que no reconocen al Estado y no respetan la ley». Nada dijeron de la investigación del asesinato de Nahuel, del que los principales sospechosos son los prefectos.
A las diatribas en la conferencia de prensa se había sumado previamente Michetti, que sentó una tesis a favor de las policías en los casos en los que se sospecha que cometieron crímenes. «Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza del Estado para cuidarnos a todos y a los que viven en esa zona», remarcó la vicepresidenta.
Como adelantó este diario, el diagnóstico del Gobierno tras dos muertes en protestas de los mapuches no apunta a frenar el accionar violento de las fuerzas de seguridad, sino que lo alienta a partir de los discursos que buscan atacar a un enemigo terrorista que -según los funcionarios- es el único problema que hay en la Patagonia, cada vez más trágica.
Juicio político
Los funcionarios recibieron una andanada de críticas por su justificación del asesinato de Nahuel y varios bloques impulsan nuevamente la remoción de Bullrich. «Vamos a impulsar el pedido de juicio político a Patricia Bullrich desde la Cámara de Diputados», afirmó el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso. «Se ve con mucha crudeza que la única respuesta que tiene el Estado es la represión y el asesinato», indicó Grosso. «Basta de encubrir y justificar el accionar de un Estado represivo. La ministra de Seguridad defiende peligrosamente actos propios del peor totalitarismo. Es realmente preocupante que la responsable de cuidar y garantizar los derechos de todas y todos los argentinos se limite a defender a las fuerzas de seguridad a su cargo, que acaban de matar a una persona, sin ni siquiera iniciar una investigación seria», indicó el kirchnerista Martín Sabbatella.
En tanto, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, advirtió que «es preocupante que insistan con el argumento del enemigo terrorista que amenaza a la Nación. Los que estuvimos en la zona, sabemos que no existe ningún informe serio, ni una investigación judicial que describa o sitúe una amenaza real de grupos armados terroristas en la Patagonia». «La construcción de grupos armados mapuches es una actitud canalla y cobarde por parte del Estado», consideró Diego Morales, director de Litigio del CELS.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/78936-un-balazo-por-la-espalda-totalmente-justificado