La violación de los derechos humanos en la Pcia. de Buenos Aires en dos informes recientes. Un verdadero colapso humanitario provocado por las políticas de Scioli. Las palabras y los hechos. O será que el futuro es esto? Se acaban de publicar dos informes sobre la situación de los derechos humanos, uno de mirada nacional, […]
La violación de los derechos humanos en la Pcia. de Buenos Aires en dos informes recientes. Un verdadero colapso humanitario provocado por las políticas de Scioli. Las palabras y los hechos. O será que el futuro es esto?
Se acaban de publicar dos informes sobre la situación de los derechos humanos, uno de mirada nacional, el del Cels, pero con foco en la provincia de Buenos Aires, y el otro, el de la Comisión Provincial de la Memoria, centrado en la provincia pero con referencias nacionales. Es llamativo que con miradas ideológicas distintas se llegue a las mismas conclusiones que intentaré resumir en una primera nota (el problema es tan vasto que requerirá de una serie de artículos) con las conclusiones más generales.
Veamos algunas afirmaciones de la Comisión Provincial de la Memoria estampadas como apertura del Prólogo y a modo de anticipo general: «La política criminal impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha desencadenado una situación de colapso que se traduce en la mayor tasa de encarcelamiento registrada, la profundización del hacinamiento en cárceles y comisarías, y la vulneración masiva y sistemática de los derechos de amplios segmentos de la población, fundamentalmente los sectores populares. Esta situación se agravó durante la gestión del gobernador Scioli, cuya política de seguridad se focalizó en la persecución del delito desorganizado y/o de aquellas personas que integran los eslabones más débiles de las cadenas delictivas. Se intensificó también el histórico sesgo clasista del sistema penal, colmando las cárceles y acentuando la estigmatización y la violencia policial hacia los jóvenes de los sectores populares. Todo esto ha provocado que en la última década las políticas de seguridad se hayan constituido como un freno a las distintas políticas de inclusión a través del trato discriminatorio y la vulneración de derechos. Más aún, la intervención selectiva de las instituciones policiales, penitenciarias y judiciales en la vida de los pobres genera específicas y nuevas marcas de vulnerabilidad y sufrimiento que condicionan las trayectorias familiares. Al mismo tiempo, este tipo de políticas anacrónicas y violatorias de derechos humanos han sido incapaces de intervenir con eficacia frente al delito complejo y la diversificación de los mercados ilegales».
Más adelante agrega: «ha aumentado considerablemente el ejercicio de la violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de torturas y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza. La estrategia de saturación territorial a través de la presencia de efectivos y patrulleros en el espacio público de un sector de la población estigmatizado como peligroso, generando situaciones de hostigamiento, maltrato y persecución arbitraria por parte de la policía, lo que ha incrementado los niveles de violencia estatal y cercenamiento de derechos».
Ratifica lo denunciado tantas veces: «la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, es la regla. Las condenas por las torturas infligidas por la policía a Luciano Arruga y por el homicidio en manos de penitenciarios bonaerenses de Patricio Barros Cisneros son una excepción que la confirma.»
Puntualiza que «no albergamos ninguna duda que la declaración de la emergencia en seguridad, vía decreto en abril de 2014, fue la herramienta normativa que activó una aceleración profunda en el deterioro de la situación de los derechos humanos en la Provincia, producida por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales al tiempo que minó el financiamiento de las ya deficitarias políticas de promoción y protección porque reorientó el gasto a la política represiva. La ecuación no puede ser peor.»
Tentado de seguir citando, me limitaré a consignar las muertes por encierro: «durante 2013-2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos otros 18 en comisarías de la Policía Provincial.» Otras «111 personas «abatidas en enfrentamientos» entre abril y octubre de 2014.» y también en los neurosiquiatricos mueren ciudadanos, solo en el Korn «murieron 133 personas entre febrero de 2012 y 2014. Estas 548 muertes, que además son un sub registro, se produjeron por acción u omisión del Estado; algunas las produjeron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia y protección del Estado».
En el apartado «Democratización de las estructuras de seguridad como condición para la gobernabilidad y la inclusión social», Capitulo V del Informe 2015 del Cels (Págs. 203 en adelante ) se sigue la misma línea de reflexión y se llega a similares conclusiones, ampliando la mirada a lo nacional, sin dejar de destacar lo grave de las políticas de Scioli en la Provincia: «En los últimos años las iniciativas políticas no avanzaron en afectar de manera estructural los intereses corporativos de la fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios. Que este objetivo no haya estado entre las prioridades del gobierno nacional tuvo y tiene consecuencias graves para la vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad del sistema democrático».
«Junto con la justicia penal, las policías y los servicios penitenciarios conforman los dispositivos centrales de la administración del castigo. Hoy son estructuras con amplios márgenes de autogobierno, atravesadas por un legado autoritario compartido que las organiza en forma militarizada y vertical y orientadas a combatir a un «enemigo» antes que a resolver conflictos y reducir la violencia. Se trata de fuerzas violentas y con gran capacidad de daño que concentran violaciones a los derechos humanos.»
«Durante 2013 y 2014, las decisiones de políticas de seguridad y penitenciarias implementadas en la nación y la provincia de Buenos Aires confirmaron, por acción u omisión, amplios márgenes de autonomía de las estructuras de seguridad. Las policías fueron dotadas de mayores recursos, aumentó su presencia en las calles y, en la provincia de Buenos Aires, las autoridades políticas cedieron mayores cuotas de poder a las cúpulas policiales. En los servicios penitenciarios, se advirtieron graves situaciones de desgobierno político y delegación del manejo de las unidades penitenciarias en estructuras militarizadas y violentas.»
«La falta de democratización de las estructuras de seguridad posibilita, en primer lugar, la persistencia de hechos graves y reiterados de violencia institucional, y el sostenimiento de redes de ilegalidad y corrupción insertas en las estructuras policiales y penitenciarias».
«En segundo lugar, implica la amenaza cíclica a la estabilidad política, en la reiteración de episodios en los que estas estructuras procuran extorsionar al sistema político para obtener ventajas corporativas o sumarse al juego desestabilizador de unos sectores contra otros.»
«Hay una tercera consecuencia crucial: las policías y los servicios penitenciarios actuales son un obstáculo insalvable para la inclusión social. Los jóvenes que pueblan los barrios pobres y las cárceles, quienes deberían ser los destinatarios privilegiados de un proyecto político-social que procura el crecimiento con inclusión, están sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria, que afectan a las políticas inclusivas que se pretenden desarrollar. De esta manera, la faz punitiva del Estado es una barrera que erosiona los esfuerzos inclusivos que se despliegan desde sus otros sectores».
Creo, con toda honestidad, que la simple lectura de los textos elaborados por el Cels y la Comisión Provincial de la Memoria son de una contundencia tal que casi me eximen de comentarios, y eso que ex profeso deje de lado los documentos de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre o de otras organizaciones y fuerzas como las que actúan en las causas del Puente Pueyrredón, la muerte de Luciano Arruga o las que luchan contra los desalojos, la minería a cielo abierto o las voces de los Qom de Formosa dado que muchos de nosotros hemos sido estigmatizados y descalificados por los nuevos «dueños» de los derechos humanos, algunos de los cuales ni habían nacido físicamente cuando la Liga ya luchaba contra la tortura de las dictaduras de 1930 o de 1943 o de 1955 o de 1966, solo para nombrar algo de nuestra historia.
Está claro que Scioli sí tiene una política hacia los derechos humanos, que no es otra que la que aquí se califica como responsable de un colapso humanitario.
A diferencia del gobierno nacional, Scioli casi ni tiene políticas de memoria o de apoyo a los juicios por delitos de lesa humanidad a pesar de contar con una Secretaría de Derechos Humanos de la que mucho no se sabe lo que hace, si hace algo.
Scioli asumió como propio el discurso de la derecha de considerar como la más grave violación a los derechos humanos el cúmulo de delitos menores que ellos llaman «inseguridad». La derecha clásica estuvo inhibida de defender la impunidad y el capitalismo neoliberal puro por la grave crisis de legitimidad que le generó la resistencia al neoliberalismo de los 90 y el estallido de la crisis del 2001. Pero encontró un camino sinuoso para reinstalar su discurso represor: fue Blumberg el primero en proclamar que la inseguridad era eso que él definía y que era «saturando» de policías las calles el modo de combatirlo. Fue Grondona el que perfeccionó el discurso atribuyendo al «garantismo» judicial, impuesto por los mismos que buscábamos «venganza» contra los represores de los 70 la «debilidad» de la Policía para combatir el delito. Que la propia presidenta llegara a hablar de la «puertas circulares» para los delincuentes da cuenta del recorrido que ha tenido ese discurso y del éxito cultural que han tenido al punto que algunos referentes de la lucha histórica por Verdad, Memoria y Justicia terminen avalando estas políticas abrazados a Generales con graves responsabilidades por el Genocidio.
Scioli fue liquidando paso a paso los pequeños pasos dados en la dirección contraria y asumiendo una política que proclama orgulloso como principal apuesta electoral. Que lo sepan los que llaman a votarlo en aras de un supuesto proyecto latinoamericano de liberación.
Su política, desarrollada a pleno desde el 2014 con la dupla Granados Casal y el apoyo total de Berni y la propia Presidenta de la Nación, se podría resumir en darle autonomía a las fuerzas policiales y penitenciarias (y a este gobierno de los territorios y de los lugares de encierro, la Comisión Provincial de la Memoria denomina «el sistema de la crueldad») para «saturar» con personas armadas por el Estado de modo tal de controlar de todos los modos posibles la población estigmatizada como culpable de la inseguridad: los jóvenes pobres, los migrantes y las mujeres. Un Poder Judicial mayoritariamente corrupto y articulado con la Bonaerense y los punteros políticos en una asociación múltiple para delinquir que suma a los mafiosos de la droga, el trafico de mujeres, niños y niñas para el comercio sexual y la venta de autos, garantiza impunidad y articula todo el sistema de la crueldad.
El resultado de tales políticas se podría resumir en tres consecuencias directas y fácilmente comprobables: a) la violación masiva y sistemática de los derechos humanos de cientos de miles de habitantes del cono urbano especialmente; b) la mayor capacidad de presión política que logran estas fuerzas que arrancan concesiones y producen alteraciones de la gobernabilidad (como fue la asonada policial de diciembre de 2013) y c) estas políticas de violencia institucional terminan afectando, neutralizando o esterilizando las políticas de inclusión social que el propio gobierna muestra como su mayor logro político de la década.
Los informes traen toneladas de datos y ejemplos de cada una de las afirmaciones aquí sostenidas. A ellos me remito en primer instancia, y a nuestra experiencia viva de acompañar las luchas cotidianamente desde hace décadas.
Este es Scioli y casi nadie, en el campo de los que luchan por los derechos humanos, se atrevería a discutirlo. Si dos polos de referencia ideológica tan distintos como el Cels y la Comisión Provincial de la Memoria lo afirman, no queda mucho espacio para relativizar la denuncia.
Pero ha surgido en estos días un argumento algo novedoso.
La alianza de Cristina con Scioli promete, según algunos compañeros, un sistema de acompañamiento que garantiza la vigencia de las políticas de derechos humanos del kirchnerismo.
En primer lugar, y eso será motivo de otra nota, los informes confirman un cambio radical, casi un viraje en las políticas de respeto a los derechos humanos que no sean de Memoria y estimulo a los juicios. La palabra y el accionar de Berni dan cuenta de ello.
Pero hay un episodio reciente que me resulta particularmente sugestivo y es el debate sobre las policías locales. Voy a citar el informe del Cels:
«A poco de asumir, Granados anunció la necesidad de aumentar la cantidad de efectivos de la Policía Bonaerense de los 55 mil actuales a 100 mil. Las políticas de saturación policial del Conurbano planteadas desde la provincia, convergentes con los operativos del gobierno nacional, se intensificaron a partir de la declaración del estado de «emergencia en seguridad» en la provincia, el 5 de abril de 2014.»
«Esto dio lugar a una serie de medidas de neto corte punitivista y a la concentración de más recursos en manos de la Bonaerense, en un contexto de ausencia o debilidad de los mecanismos de control sobre la fuerza. El otro sesgo de la gestión de Granados fue la creciente visibilidad de los intendentes en las discusiones sobre políticas de seguridad, sin que ello se traduzca necesariamente en una descentralización efectiva del poder de la fuerza provincial. La implementación de los Comandos de Prevención Comunitaria (CPC) y los debates por las policías locales y su posterior creación a través de un decreto muestran estas tendencias.»
«El debate sobre la creación de cuerpos de policías municipales en los partidos del Gran Buenos Aires se reactivó durante la campaña electoral de 2013. De inmediato se hizo evidente una puja entre propuestas muy diversas: algunas buscaron aprovechar la coyuntura para crear policías con una orientación democrática, mientras que otros proyectos, entre ellos el promovido por el ministro de Seguridad Alejandro Ganados, plantearon la creación de otra fuerza policial que se sumaría a las ya actuantes (Bonaerense y Gendarmería) en el esquema de saturación policial del Conurbano. Distintos sectores del oficialismo provincial llegaron a un proyecto de consenso que fue presentado el 9 de abril de 2014 y que propiciaba la creación de policías locales en distritos con más de 70 mil habitantes. Se trataba de policías de prevención, que dependerían orgánica y funcionalmente del intendente. El proyecto además disponía que los cuerpos de la Policía Bonaerense que actuaran en los distritos donde se crearan las policías locales también dependieran operativamente del intendente. A partir de críticas de La Cámpora y Nuevo Encuentro se incorporaron a la propuesta particularidades interesantes».
«El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y también, en general, por el Senado provincial el 5 de junio de 2014, pero de inmediato comenzaron las disputas, centradas, por un lado, en los mecanismos de financiamiento y de transferencia de fondos desde la provincia hacia los municipios, y por otro, en el modelo de policía que se pretendía crear.»
«El Frente Renovador se opuso a los artículos que preveían límites para el ejercicio del uso de la fuerza, a través de la prohibición de la portación de armas fuera de servicio, y a las facultades discrecionales, a través de la prohibición de realizar detenciones por averiguación de identidad.. Las declaraciones de otros referentes políticos mostraron que los alineamientos en torno a este tema no coincidían con las fronteras partidarias y que los sectores que respondían al gobernador Scioli compartían con el Frente Renovador su disconformidad con las limitaciones que la ley imponía a la arbitrariedad policial.».
«La discusión en particular del articulado de la ley quedó en punto muerto en el Senado. Finalmente, el gobierno provincial hizo caso omiso al debate parlamentario y creó el 2 de julio de 2014 las Unidades de Policía de Prevención Local a través del Decreto 373/14 del Poder Ejecutivo provincial y de la Resolución 835 del Ministerio de Seguridad.»
«De esta manera, ocurrió lo que ya había sucedido con la Policía Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires. La creación de las policías locales en la provincia de Buenos Aires significó otra oportunidad perdida para instrumentar fuerzas con nuevos estándares, más democráticos y adecuados a un trabajo local de cercanía. En lugar de ello, se creó otra fuerza cuyo marco normativo es el mismo que el de la Policía Bonaerense, y nada indica que vaya a poder sustraerse de la influencia de una fuerza policial que maneja los territorios y regula negocios legales e ilegales.»
A pesar de lo largo de la cita creo que ilustra mi pregunta: ¿Si Scioli aplicó estas políticas de violación a los derechos humanos siendo solo Gobernador y teniendo un Poder Ejecutivo por encima de él y supuestamente sosteniendo otras políticas, por qué razón cambiará de políticas si llegará a Presidente?
¿No habrá que buscar en este cambio de paradigma en el uso de las fuerzas policiales y en la búsqueda de relegitimación de las Fuerzas Armadas la razón del acuerdo que coloca a Scioli en la carrera presidencial bendecido por una fuerza que se jacta de su compromiso con los derechos humanos?
La Comisión Provincial afirma que «las torturas y las muertes padecidas por las personas captadas por el sistema penal son de una dimensión y gravedad que socavan los cimientos del propio orden democrático. Argentina padece una profunda disociación entre su condición de referencia internacional por el proceso de enjuiciamientos de los crímenes de la dictadura y los ataques planificados, sistemáticos generalizados que se implementan contra una parte de la sociedad civil sobre los que judicialmente se consagrará la impunidad. Las torturas y muertes actuales son crímenes que interpelan los valores de verdad, justicia y memoria».
O dicho de otro modo, se puede mantener la tensión entre la coexistencia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia para el pasado con un ataque masivo y sistemático a los derechos humanos de los ciudadanos pobres del presente. Pero no por mucho tiempo. O al menos, no por todo el tiempo.
El avance de Scioli hacia la Casa Rosada pondrá este dilema teórico en el terreno donde se resuelven los enigmas de este tipo que no es otro que el de la lucha de clases y allí cada quien dirá de que lado está de la cuestión: si de los torturadores o de los torturados. Todo lo demás serán palabras sin importancia.
José Ernesto Schulman, Secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, publica en cronicasdelnuevosiglo.
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